El Departamento de Estado afirme que se violan Derechos Humanos en México por parte de las Corporaciones de Seguridad ¿Será?
Por: Guillermo Alberto Hidalgo
Montes
Al inicio de esta
semana se reavivó la tensión entre Estados Unidos y México (como cada 15 días
últimamente). Lo anterior, ocurrió a través de un informe elaborado por el Departamento
de Estado dirigido al Congreso norteamericano donde se advierte sobre la
existencia de abusos significativos en materia Derechos Humanos en nuestro país
(aunque usted no lo crea).
En el mencionado
documento se asienta que, en el 2022 las Fuerzas Armadas y de Seguridad
actuaron independientes al control civil y cometieron violaciones a los Derechos
Humanos tales como homicidios, desapariciones forzadas, ejecuciones
extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias además de pobres investigaciones
en violencia de género.
El reporte de Estados
Unidos también destaca que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) bajo
el mando de Rosario Piedra Ibarra ha omitido pronunciarse sobre el papel de las
Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública. Por estos y más casos Washington
alertó que la impunidad en México es el mayor problema en estos delitos (lo
anterior coincide con los últimos resultados del Índice Global de Impunidad y
la OCDE). Esto es una evidencia de que Estados Unidos está demostrando su
inconformidad y duros reclamos al gobierno del Presidente López Obrador por
todas las vías posibles. Incluso, el reporte asegura que el presidente mexicano
desacredita a periodistas y organizaciones de la sociedad civil. El Departamento
de Estado contabilizó el asesinato de 15 periodistas el año pasado de los
cuales 11 crímenes estuvieron relacionados con su oficio con su profesión
considera este informe que la impunidad en estos delitos genera autocensura y
reduce la libertad de expresión y prensa. Washington dice que el Presidente
López Obrador ha reprendido a defensores de Derechos Humanos sobre el crimen
organizado.
Estados Unidos alertó
que continúan los delitos violentos como homicidios tortura esto que ya le
decía al secuestro las extorsiones el tráfico de personas hay reportes de
ataques contra migrantes no solo por parte de criminales sino también por parte
de policías y agentes migratorios y los resultados contra las redes de tráfico
de personas han sido limitados todo esto es lo que dice este informe en su
versión anual.
Sin embargo esto es
solo una cara de la moneda. Sería irrisorio negar que no existen casos de abuso
policial en Estados Unidos. La gran diferencia es que existen un sinnúmero de
controles internos y externos que hacen patente que las acciones erróneas ya
sean por comisión u omisión de unos cuantos servidores públicos no es el sentir
ni actuar de todos. Aunque el movimiento Black Live Matters fundado en 2013 han
tomado fuerza y han señalado abusos policiales (algunas veces sacándolos de
contexto), Según Sprout Social (empresa que se dedica a medir impactos de
comunicación de empresas e instituciones), las corporaciones policiales son
unas de las instituciones que tienen más credibilidad hacia la población con el
segundo puesto (caso contrario en México).
El motivo de que en
México las instituciones policiales sean tan mal vistas se debe a cómo se ven y
se tratan. Aquí se ven como trampolín político para muchos (a veces sin el
perfil necesario ni preparación suficiente) o caja chica para otros tantos. Por
otro lado, además que se lucra y engaña con aquellos que quieren ingresar de
buena fe y por vocación de servicio con el fin de hace un cambio positivo en la
sociedad. Caso como el de la Guardia Nacional donde no se cumplen los
estándares mínimos que pide el Programa Rector de Profesionalización del Sistema
Nacional de Seguridad Pública para la formación de Funcionarios Encargado de
Hacer Cumplir la Ley (FEHCL). Lo que hace altamente probable que el elemento
que se encuentra en la calle cometa delitos por omisión (al desconocer la
norma) o se ponga él o a la sociedad a la que sirve en riesgos innecesarios. Otro
factor gravísimo es el abandono sistemático de las policías locales del orden
estatal o municipal que son el primer contacto de la ciudadanía con el Estado.
Los principios que
rigen el uso de la fuerza policial emanan de dos instrumentos internacionales como
el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1979)
así como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y
de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la
Ley (1990) y créalo o no, todas las legislaciones en la materia a nivel global se
parecen entre un 90 un 95%, la diferencia más significativa es como se aplican.
En los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y
de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la
Ley se genera lo que se le conoce como trinidad del Uso de la Fuerza (así lo
bautizo nuestro amigo y hermano de sangre azul el Comandante Jesús Díaz de la
Policía Nacional del Perú), el cual se compone de Legislación, Capacitación y Equipamiento.
La Ley Nacional de Uso de la Fuerza no es compatible con el protocolo debido a
que desde un principio, en la administración federal pasada se contemplo el
protocolo (lo se porque tuve el honor de participar en ese ejercicio) y la ley
fue una “Necesidad” que se subsano en esta administración haciendo una copia de
la anacrónica ley de uso de la fuerza publicada en el 2008 en el entonces
Distrito Federal, así que si usted hace un ejercicio comparativo el protocolo
nada tiene que ver con la ley. ¿A que va todo esto? A que si el marco legal no
es el correcto, la capacitación es pobre, el equipo es escaso y el modelo de
seguridad ciudadana no lo siguen ¿Cómo nos podemos ofender de lo escrito por el
Departamento de Estado? Porqué mejor no dejamos de inventar el hilo negro cada
seis años, hacemos una reingeniería integral al modelo de seguridad y
fortalecemos a las instituciones encargadas de esta desde lo local donde se
comenten la mayoría de delitos. A veces la verdad no peca, pero incomoda
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