El Departamento de Estado afirme que se violan Derechos Humanos en México por parte de las Corporaciones de Seguridad ¿Será?

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Al inicio de esta semana se reavivó la tensión entre Estados Unidos y México (como cada 15 días últimamente). Lo anterior, ocurrió a través de un informe elaborado por el Departamento de Estado dirigido al Congreso norteamericano donde se advierte sobre la existencia de abusos significativos en materia Derechos Humanos en nuestro país (aunque usted no lo crea).

 

En el mencionado documento se asienta que, en el 2022 las Fuerzas Armadas y de Seguridad actuaron independientes al control civil y cometieron violaciones a los Derechos Humanos tales como homicidios, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias además de pobres investigaciones en violencia de género.

 

El reporte de Estados Unidos también destaca que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) bajo el mando de Rosario Piedra Ibarra ha omitido pronunciarse sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública. Por estos y más casos Washington alertó que la impunidad en México es el mayor problema en estos delitos (lo anterior coincide con los últimos resultados del Índice Global de Impunidad y la OCDE). Esto es una evidencia de que Estados Unidos está demostrando su inconformidad y duros reclamos al gobierno del Presidente López Obrador por todas las vías posibles. Incluso, el reporte asegura que el presidente mexicano desacredita a periodistas y organizaciones de la sociedad civil. El Departamento de Estado contabilizó el asesinato de 15 periodistas el año pasado de los cuales 11 crímenes estuvieron relacionados con su oficio con su profesión considera este informe que la impunidad en estos delitos genera autocensura y reduce la libertad de expresión y prensa. Washington dice que el Presidente López Obrador ha reprendido a defensores de Derechos Humanos sobre el crimen organizado.

 

Estados Unidos alertó que continúan los delitos violentos como homicidios tortura esto que ya le decía al secuestro las extorsiones el tráfico de personas hay reportes de ataques contra migrantes no solo por parte de criminales sino también por parte de policías y agentes migratorios y los resultados contra las redes de tráfico de personas han sido limitados todo esto es lo que dice este informe en su versión anual.

 

Sin embargo esto es solo una cara de la moneda. Sería irrisorio negar que no existen casos de abuso policial en Estados Unidos. La gran diferencia es que existen un sinnúmero de controles internos y externos que hacen patente que las acciones erróneas ya sean por comisión u omisión de unos cuantos servidores públicos no es el sentir ni actuar de todos. Aunque el movimiento Black Live Matters fundado en 2013 han tomado fuerza y han señalado abusos policiales (algunas veces sacándolos de contexto), Según Sprout Social (empresa que se dedica a medir impactos de comunicación de empresas e instituciones), las corporaciones policiales son unas de las instituciones que tienen más credibilidad hacia la población con el segundo puesto (caso contrario en México).

 

El motivo de que en México las instituciones policiales sean tan mal vistas se debe a cómo se ven y se tratan. Aquí se ven como trampolín político para muchos (a veces sin el perfil necesario ni preparación suficiente) o caja chica para otros tantos. Por otro lado, además que se lucra y engaña con aquellos que quieren ingresar de buena fe y por vocación de servicio con el fin de hace un cambio positivo en la sociedad. Caso como el de la Guardia Nacional donde no se cumplen los estándares mínimos que pide el Programa Rector de Profesionalización del Sistema Nacional de Seguridad Pública para la formación de Funcionarios Encargado de Hacer Cumplir la Ley (FEHCL). Lo que hace altamente probable que el elemento que se encuentra en la calle cometa delitos por omisión (al desconocer la norma) o se ponga él o a la sociedad a la que sirve en riesgos innecesarios. Otro factor gravísimo es el abandono sistemático de las policías locales del orden estatal o municipal que son el primer contacto de la ciudadanía con el Estado.

 

Los principios que rigen el uso de la fuerza policial emanan de dos instrumentos internacionales como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1979) así como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1990) y créalo o no, todas las legislaciones en la materia a nivel global se parecen entre un 90 un 95%, la diferencia más significativa es como se aplican. En los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley se genera lo que se le conoce como trinidad del Uso de la Fuerza (así lo bautizo nuestro amigo y hermano de sangre azul el Comandante Jesús Díaz de la Policía Nacional del Perú), el cual se compone de Legislación, Capacitación y Equipamiento. La Ley Nacional de Uso de la Fuerza no es compatible con el protocolo debido a que desde un principio, en la administración federal pasada se contemplo el protocolo (lo se porque tuve el honor de participar en ese ejercicio) y la ley fue una “Necesidad” que se subsano en esta administración haciendo una copia de la anacrónica ley de uso de la fuerza publicada en el 2008 en el entonces Distrito Federal, así que si usted hace un ejercicio comparativo el protocolo nada tiene que ver con la ley. ¿A que va todo esto? A que si el marco legal no es el correcto, la capacitación es pobre, el equipo es escaso y el modelo de seguridad ciudadana no lo siguen ¿Cómo nos podemos ofender de lo escrito por el Departamento de Estado? Porqué mejor no dejamos de inventar el hilo negro cada seis años, hacemos una reingeniería integral al modelo de seguridad y fortalecemos a las instituciones encargadas de esta desde lo local donde se comenten la mayoría de delitos. A veces la verdad no peca, pero incomoda

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