Cuando la política captura la seguridad
Por:
Guillermo Alberto Hidalgo Montes
La seguridad ciudadana
en una democracia no puede depender de ciclos electorales, lealtades
partidistas ni cálculos políticos de corto plazo que pueden dar pie a tratos
delincuenciales (¡cof, cof!). Cuando eso ocurre, el Estado comienza a perder
una de sus capacidades esenciales: garantizar justicia imparcial y seguridad
ciudadana. Hoy, lamentablemente ya quedó demostrado que nuestro querido México
enfrenta, desde hace mucho tiempo, esa
amenaza.
Los últimos
meses han estado marcados por acusaciones de probables vínculos entre actores
políticos y organizaciones delincuenciales, tensiones diplomáticas en materia
de seguridad y cuestionamientos públicos sobre la autonomía real de las
instituciones encargadas de investigar y perseguir delitos. El caso del
gobernador de Sinaloa y las recientes declaraciones del Departamento de Justicia
de Estados Unidos sobre futuras acusaciones contra políticos mexicanos por probables
nexos con organizaciones delincuenciales han colocado nuevamente sobre la mesa
un tema incómodo pero inevitable (y en algunos casos, innegable): la
infiltración delincuencial en estructuras políticas e institucionales.
Este grave
problema ya no es únicamente delincuencial, es profundamente democrático. Cuando
las instituciones de seguridad y procuración de justicia se subordinan a
intereses políticos, el combate a la delincuencia pierde continuidad,
credibilidad y eficacia (y en México somos expertos para descubrir el hilo
negro cada cambio de administración). Las prioridades cambian cada seis años,
los mandos se reemplazan por afinidades políticas y no por capacidades
técnicas, y las investigaciones pueden terminar condicionadas por conveniencias
electorales o pactos de poder.
La seguridad ciudadana
requiere exactamente lo contrario: estabilidad institucional,
profesionalización permanente y autonomía operativa (que la neta, la neta, en
la historia reciente de nuestro México nunca se ha tenido). Llevamos años
hablando de depuración policial, profesionalización y fortalecimiento
institucional. Sin embargo, en muchos casos, las instituciones siguen atrapadas
en dinámicas de improvisación administrativa y dependencia política. El propio
marco jurídico mexicano reconoce la importancia del Servicio Profesional de
Carrera Policial como un sistema obligatorio y permanente basado en mérito,
profesionalización, permanencia y evaluación (pero rara vez se aplica).
Desgraciadamente,
la realidad suele ser distinta. Cada cambio de administración (no importa el
orden de gobierno) implica frecuentemente la sustitución masiva de mandos, la
interrupción de proyectos institucionales y, en ocasiones, la llegada de
perfiles cuya principal credencial no es técnica sino política. Esto genera un
mensaje devastador hacia las instituciones: la lealtad política pesa más que la
capacidad profesional.
El resultado
es predecible. Policías debilitadas, instituciones vulnerables a la corrupción
y espacios fértiles para la infiltración delincuencial.
La
delincuencia organizada entiende perfectamente esta fragilidad institucional.
Diversos estudios académicos han advertido cómo las organizaciones delincuenciales
buscan capturar gobiernos locales, influir en procesos electorales y construir
redes de protección política para garantizar impunidad. En otras palabras: no
buscan solamente controlar territorios; buscan influir en el poder público.
Por ello,
separar la agenda política de la agenda de seguridad no es un lujo técnico. Es
una necesidad de supervivencia democrática. Esto implica, primero, consolidar
verdaderos servicios civiles de carrera policial y ministerial. Ascensos
basados en mérito, evaluaciones permanentes (según el grado de mando),
estabilidad laboral condicionada al desempeño y esquemas sólidos de control
interno pueden reducir la dependencia política de las instituciones.
Segundo,
implica fortalecer la autonomía real de las fiscalías. Y la palabra clave es
“real”, porque la autonomía constitucional no sirve de mucho si los
nombramientos, presupuestos o decisiones estratégicas continúan sujetos a
presiones políticas. Una fiscalía dependiente del poder político difícilmente
investigará corrupción política con profundidad. Y una fiscalía incapaz de
investigar redes políticas de protección delincuencial termina dejando intacto
el verdadero corazón financiero y operativo de las organizaciones delictivas.
El desafío es
enorme porque México enfrenta simultáneamente presión internacional, expansión
de la delincuencia organizada y desgaste institucional. Las recientes tensiones
con Estados Unidos sobre “narcopolítica” reflejan precisamente esa preocupación
internacional sobre la penetración delincuencial (y negarlo sería infantil) en
estructuras de gobierno.
Sin embargo,
el problema no puede resolverse únicamente con operativos o despliegues de
fuerza. La experiencia internacional demuestra que los países que lograron
fortalecer su seguridad ciudadana construyeron instituciones técnicas
relativamente blindadas frente a la coyuntura política.
Colombia, por
ejemplo, profesionalizó unidades especializadas. Italia fortaleció fiscalías
antimafia con autonomía operativa. España consolidó estructuras policiales
permanentes altamente profesionalizadas. Ninguno de esos modelos es perfecto,
pero todos entendieron algo fundamental: la seguridad del Estado no puede
administrarse como propaganda política.
Ahora bien, México
necesita llegar a esa conclusión antes de que sea demasiado tarde. Porque
cuando las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía comienzan a
contaminarse por intereses políticos o delincuenciales, el problema deja de ser
únicamente de seguridad. Se convierte en una amenaza directa para la salud
democrática del país.
Y las
democracias no suelen colapsar de golpe. Se erosionan lentamente, institución
por institución. Ahora, la reflexión es: ¿necesitamos más tiempo para darnos
cuenta de que estamos en el hoyo? ¿necesitamos más tiempo para pasar de los
dichos a los hechos? ¿Cuántas pérdidas humanas, sociales y económicas
necesitamos para reconocer que estamos mal?
hidalgomontes@gmail.com
