Delito, Dinero y Poder

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

¡Si ya se, ya se! El nombre seleccionado en esta ocasión parece de novela noventera en horario estelar. Sin embargo, revela la complejidad de las investigaciones contra la Delincuencia Organizada. El reciente operativo llevado de manera conjunta entre el Estado Mexicano y la administración del presidente Trump en Tapalpa, Jalisco donde resultó abatido Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho” quien fuera líder y fundador del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) más allá de ser punto final a una de las organizaciones más violentas del hemisferio occidental, se vuelve tan solo la punta del iceberg. La delincuencia organizada en este hemisferio no es un fenómeno lineal. Es un sistema adaptativo que opera en múltiples capas y que, si se investiga únicamente desde el delito visible (el cargamento de droga asegurado, el laboratorio desmantelado o la célula detenida, según sea el caso), se termina combatiendo el síntoma y no la estructura. Diversos organismos internacionales han documentado que las economías ilícitas prosperan cuando convergen tres dimensiones: mercado criminal, lavado de activos y captura o tolerancia política. Si las investigaciones no son tridimensionales, el desmantelamiento es parcial.

 

Primera dimensión: el delito primigenio y su red de corrupción operativa

 

El narcotráfico (por utilizar el ejemplo más documentado) es una economía transnacional que integra producción, tránsito, distribución y reinversión. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha sostenido en sus Informes Mundiales sobre Drogas que los mercados de cocaína y metanfetaminas funcionan mediante cadenas logísticas altamente especializadas, con nodos de transporte, financiamiento y protección institucional (UNODC, World Drug Report 2023–2024).

 

La primera dimensión de investigación debe abarcar no sólo la conducta típica (tráfico, producción o posesión con fines de comercio) sino las redes de facilitación pública que permiten su operación. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional obliga a los Estados Parte a tipificar la participación en grupos delictivos organizados y a perseguir la corrupción asociada.

 

Asimismo, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la corrupción pública es un facilitador directo del crimen organizado. En términos prácticos, investigar narcotráfico sin investigar policías, aduanas, autoridades portuarias o funcionarios regulatorios vinculados es dejar intacta la infraestructura de protección criminal.

 

Segunda dimensión: el lavado de activos y la responsabilidad empresarial

 

El dinero ilícito no puede permanecer indefinidamente en efectivo. Debe integrarse al sistema financiero o a la economía formal y para ello los grupos delincuenciales necesitan a empresarios para poder generar las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI´s) necesarias para blanquear el capital fruto de la actividad ilegal de la organización delincuencial. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha documentado que el lavado de activos se articula en tres fases clásicas: colocación, estratificación e integración.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han estimado que el lavado de dinero puede representar entre 2% y 5% del PIB mundial (IMF, 1998). Este volumen no se sostiene sin intermediarios: empresas fachada, desarrolladores inmobiliarios, importadoras/exportadoras, despachos contables y, en ocasiones, instituciones financieras que incumplen debidamente los estándares de debida diligencia.

 

La Convención de Palermo (celebrada en el año 2000 y entrada en vigor en el 2003) y las 40 Recomendaciones del GAFI obligan a los Estados a imponer responsabilidades a personas jurídicas y a fortalecer unidades de inteligencia financiera. Sin esta segunda dimensión, la investigación penal se agota en el operador logístico y deja intacto al beneficiario económico. Perseguir únicamente el cargamento, sin desmantelar la arquitectura financiera, es permitir la resiliencia del grupo criminal.

 

Es decir, cortar la cabeza de la “Hydra”, gracias a la estructura empresarial de los grupos de delincuencia organizada, permite que, si la cabeza es cercenada, se tenga una rápida recuperación. Sin embargo, si de forma paralela a la investigación del delinto en sí, se congelan los activos con los cuales la organización realiza todas sus actividades (delincuenciales y logísticas) la estructura muere ya que es la “sangre y el corazón del monstruo”.

 

Tercera dimensión: la red política de impunidad y el andamiaje normativo permisivo

 

La tercera dimensión es la más incómoda (y la que menos se toca): la política. Transparencia Internacional ha documentado de forma sistemática la correlación entre altos niveles de corrupción y penetración del crimen organizado (Índice de Percepción de la Corrupción, ediciones recientes).

 

Cuando redes criminales financian campañas, influyen en nombramientos de procuración de justicia o promueven reformas regulatorias favorables a determinados sectores económicos opacos, o generan el andamiaje legal necesario para poder facilitar el lavado de activos, así como las ORPI´s el problema deja de ser exclusivamente penal y se convierte en estructural. La captura del Estado (concepto desarrollado por el Banco Mundial) describe precisamente este fenómeno: actores privados que moldean leyes y políticas en su beneficio.

 

En este punto, la investigación tridimensional implica revisar financiamiento político, conflictos de interés, reformas regulatorias atípicas y patrones de impunidad selectiva. Sin esta tercera capa, el sistema reproduce el ciclo: delito–lavado–protección política.

 

La delincuencia organizada no es solo una red de sicarios ni un flujo de droga; es un ecosistema económico y político. Las normas internacionales vigentes (Convención de Palermo, Convención Interamericana contra la Corrupción y estándares del GAFI) ya establecen la obligación de abordarlo de manera integral.

 

La pregunta no es si sabemos qué hacer. La pregunta es si existe la voluntad institucional para investigar en tres dimensiones simultáneamente: delito, dinero y poder. Sin esa tridimensionalidad, cualquier victoria será táctica; nunca estratégica.

 

hidalgomontes@gmail.com