Decapitar no es desarticular: el verdadero reto tras la caída del líder del CJNG

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Este domingo 22 de febrero de 2026 ocurrió el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes (“El Mencho”) en Tapalpa, Jalisco, identificado por autoridades mexicanas y de EE. UU. como líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Dicho eso, cuando un hecho de este tamaño ocurre, la diferencia entre “se dice” y “se confirma” es crucial: identificación forense, cadena de custodia y postura institucional que podría tardar desde horas hasta días. Es por ello que, con esa cautela, vale analizar lo que significaría un abatimiento así y por qué, aun si se confirma, sería apenas la punta del iceberg.

El titular sería estruendoso por una razón simple: el CJNG es, desde hace años, una maquinaria criminal con capacidad de violencia armada, control territorial, proyección transnacional y una arquitectura financiera que no depende de un solo hombre para sobrevivir. Se ha descrito el ascenso del CJNG como el de un “imperio criminal” capaz de rivalizar con el Cártel de Sinaloa y operar más allá de México. La propia narrativa oficial estadounidense lo ubica como un actor central del tráfico de drogas y la violencia asociada (usando tácticas terroristas), con recompensas y sanciones dirigidas a su cúpula.

Ahí está el primer engaño del “golpe maestro”: la lógica de decapitación (matar o capturar al líder) produce efectos inmediatos, pero no necesariamente estratégicos. Sí puede desorganizar mandos, disparar desconfianzas, abrir fisuras y, en ocasiones, facilitar capturas. Pero también puede detonar lo contrario: sucesiones violentas, pulverización de organizaciones en “micro cárteles”, reacomodos con más terror selectivo, o una profesionalización clandestina para blindar finanzas y comunicaciones. La historia reciente en México sugiere que el poder real de una organización no es solo su cúpula, sino sus cadenas de reemplazo, su control de rentas y su capacidad de cooptación. Es decir, se han profesionalizado en verdaderas empresas criminales, lo que les ha permitido no depender de un “líder supremo” si no de un CEO temporal, quien puede ser remplazado en caso de muerte y/o captura.

Ahora bien, este tipo de actividades delincuenciales genera investigaciones tridimensionales: la primera a la actividad delincuencial en si (narcotráfico por ejemplo); la segunda a la red de lavado de activos que permiten la inserción del dinero sucio al sistema financiero, lo que genera investigaciones a empresarios que facilitan éstas, las llamadas ORPI´s (Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) y por último, investigaciones hacia los operadores políticos que permiten la flexibilidad del andamiaje legal para que dichas operaciones sean factibles y como extra se benefician de ello,

Porque el CJNG no es únicamente un fenómeno “delincuencial” en el sentido clásico. Su expansión ha tocado lo social, lo económico y lo político por una vía concreta: las rentas. Cuando una organización cobra “piso”, controla mercados, impone reglas de convivencia y castiga públicamente, ya no solo disputa rutas; disputa autoridad. En paralelo, diversifica ingresos: combustible robado/contrabando (el llamado huachicol), extorsión, secuestro, control de economías locales. Un ejemplo ilustrativo es la investigación periodística sobre redes de contrabando de crudo y combustible vinculadas al CJNG y a actores empresariales y funcionarios, que muestra cómo la economía ilegal necesita engranes “legales” para moverse. Y cuando aparecen casos de corrupción y extorsión en gobiernos municipales con presuntos vínculos al CJNG, el problema deja de ser “narco vs. Estado” y se vuelve “Estado infiltrado compitiendo contra sí mismo”.

Además, el CJNG opera en ecosistemas de violencia donde la rivalidad con otros grupos es un multiplicador. Guanajuato lo vive: masacres y ataques públicos se insertan en disputas entre organizaciones (como Santa Rosa de Lima y CJNG) que convierten a la población en rehén del mensaje. En ese contexto, el abatimiento de una cabeza puede ser leído por las células como señal para “probar fuerza”, escalar violencia y renegociar territorios a sangre y fuego.

Entonces, si el abatimiento del líder del CJNG se confirmara con evidencia institucional robusta, ¿qué sigue? Lo esencial: entender que el objetivo real no es “tumbar a un hombre”, sino desmantelar un sistema. Eso exige cuatro frentes sincronizados.

1.      Finanzas: congelamiento, extinción de dominio, trazabilidad de prestanombres, empresas fachada, comercio exterior y cadenas logísticas. Las sanciones de OFAC muestran que se puede mapear estructura de liderazgo y redes; el reto es traducirlo a expedientes sólidos y decomisos sostenibles en México.

 

2.      Gobernanza local: limpiar aduanas, policías municipales, licencias, inspecciones, reglamentos y cajas recaudatorias donde la extorsión se institucionaliza. El caso del alcalde de Tequila investigado por extorsión y presuntos vínculos ilustra por dónde se incrustan estas redes: permisos, cierres, “gestión” del mercado y coerción a empresarios.

 

3.      Control territorial con inteligencia: no es solo despliegue; es sostener presencia, proteger testigos, reconstruir denuncias, y quitarle al grupo su capacidad de “arbitrar” conflictos cotidianos. Cuando el crimen regula la vida diaria, desmantelarlo implica reemplazar esa falsa gobernanza con servicios reales.

 

4.      Dimensión social: prevención focalizada, atención a jóvenes en zonas de reclutamiento, protección a víctimas de extorsión, y mecanismos rápidos para evitar que el miedo silencie la cooperación ciudadana. Sin comunidad que hable, la organización se recicla.

Si el abatimiento se confirma podríamos enfrentar tres probabilidades: a) Fragmentación con escalada de violencia (0–6 meses). La ausencia del líder abre disputa interna por plazas y rentas; algunas facciones intentan legitimarse con demostraciones de fuerza, ataques públicos y terror selectivo. En estados con disputa activa, la violencia podría repuntar, como ocurre en dinámicas de rivalidad donde cualquier “vacío” se llena con balas. b) Sucesión ordenada y “corporativización” criminal (0–12 meses). La organización activa protocolos de continuidad: mandos regionales preservan ingresos, bajan el perfil mediático, refuerzan seguridad interna y blindan finanzas. Se mantiene el poder real porque las rentas (extorsión, economías locales, contrabando) siguen fluyendo, incluso con nuevos rostros. La experiencia internacional sugiere que estructuras con presencia transnacional pueden sobrevivir al reemplazo de la cúpula si conservan logística y capital. c) Ventana estratégica para desmantelamiento integral (0–24 meses). El Estado aprovecha el shock: judicializa redes, golpea finanzas, desarticula operadores políticos y reduce la impunidad local. Aquí la clave no es el “operativo”, sino lo que se sostiene después: casos bien armados, decomisos, protección a denunciantes y depuración institucional. Sin ese paquete, el golpe se vuelve simbólico y el iceberg permanece.

La lección de fondo es incómoda pero necesaria: una organización como el CJNG no se derrumba por gravedad mediática. Se derrumba cuando se le corta el oxígeno financiero, se le quita la gobernanza criminal, se le rompe la protección política y se le reduce el margen de impunidad. Un abatimiento puede ser el inicio de una historia distinta, sí. Pero solo si el país decide contarla con instituciones, no con titulares.

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