¿Más armas, más seguridad? El debate que México ya no puede seguir evitando

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Durante décadas, en México la discusión sobre la portación de armas de fuego ha sido casi un tema tabú. Cada vez que alguien la pone sobre la mesa, el debate se polariza de inmediato, las alarmas se encienden y todo mundo empieza a correr como gallina sin cabeza: unos hablan del derecho legítimo de defenderse; otros advierten que sería el principio de una espiral de violencia aún mayor. La reciente postura del polémico empresario (y algunas veces polarizante) Ricardo Salinas Pliego (Alias “Tío Richie”), quien ha insinuado públicamente aspiraciones presidenciales y ha manifestado que, de llegar a la Presidencia, impulsaría una reforma para ampliar la portación legal de armas, volvió a colocar el tema en la conversación nacional.

Más allá de simpatías o antipatías hacia el empresario (y al personaje “Tío Richie”), la propuesta merece un análisis serio. Porque hablar de armas no es hablar únicamente de pistolas; es hablar del modelo de Estado que queremos construir.

México no parte de una hoja en blanco. La Constitución reconoce (aunque usted no lo crea), en su artículo 10, el derecho de los ciudadanos a poseer armas en su domicilio para su legítima defensa, mientras que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece un régimen altamente restrictivo para la portación fuera del hogar. En otras palabras, la posesión ya es legal bajo determinadas condiciones; lo extraordinario sigue siendo portar un arma en espacios públicos. Esa diferencia jurídica suele perderse en el debate político.

Los argumentos de quienes apoyan flexibilizar la legislación parecen sencillos. Si los delincuentes ya están armados (dicen), resulta injusto que los ciudadanos honestos permanezcan indefensos. En un país donde millones de personas han sido víctimas de delitos patrimoniales, extorsiones, secuestros o ataques violentos, esa idea encuentra un terreno fértil. La percepción de abandono institucional genera que muchos comiencen a considerar la autodefensa como una alternativa. Además sería infantil pretender que el 100% del tráfico ilegal de armas van exclusivamente a grupos delincuenciales. La verdad es (aunque no se quiera ver y/o aceptar) es que muchos sectores de la sociedad civil se está  armando para tratar de alguna forma, estar más seguros (aunque en muchos casos sea solo a través de la percepción de seguridad que da la posesión de un arma de fuego).

Sin embargo, las políticas públicas no pueden diseñarse únicamente con base en percepciones. Deben construirse sobre evidencia. El problema es que evidencia es lo que sobra, en lo personal se me hace incoherente hacer campañas de “despistolización” cuando, como ya se expresó hace unas líneas, es un derecho constitucional.

Los estudios internacionales muestran un panorama mucho más complejo. En Estados Unidos, donde la disponibilidad de armas es significativamente mayor que en cualquier otro país desarrollado, existe abundante literatura académica que asocia una mayor presencia de armas con incrementos en homicidios por arma de fuego, suicidios y accidentes domésticos, aunque el efecto sobre ciertos delitos patrimoniales es mucho más discutido. La evidencia está lejos de ser uniforme y continúa siendo objeto de intenso debate entre investigadores. Organismos como los “Centers for Disease Control and Prevention” y la “RAND Corporation” coinciden en que muchas preguntas siguen sin respuestas concluyentes debido a la complejidad del fenómeno y estadísticas del Departamento de Justicia muestran que hay un descenso significativo de delitos en estados de la unión americana que no tienen regulaciones complejas a comparación de los estados más restrictivos como California o Nueva York.

El problema es que México tampoco puede compararse mecánicamente con Estados Unidos. Nuestro país enfrenta condiciones muy distintas: presencia de organizaciones delincuenciales altamente armadas, corrupción institucional en distintos niveles, tráfico ilícito permanente de armas desde las fronteras norte y sur, impunidad elevada y capacidades policiales profundamente desiguales entre municipios, estados y federación.

En ese contexto, ampliar la portación legal implicaría resolver primero preguntas fundamentales. ¿Cómo reeducar a la sociedad sobre este tópico? ¿Quién evaluaría psicológicamente a los solicitantes? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Qué estándares de capacitación serían obligatorios? ¿Quién supervisaría el almacenamiento seguro? ¿Cómo se evitaría que permisos legales terminaran alimentando el mercado ilegal mediante robos o ventas clandestinas? ¿Qué ocurriría en conflictos familiares, riñas vecinales o incidentes de tránsito donde hoy predominan los insultos (y uno que otro derechazo) y mañana podrían intervenir armas de fuego? (¡ojo! que a falta de arma de fuego salen a relucir los filos y puntas).

La experiencia comparada demuestra que la legislación sobre armas nunca funciona de manera aislada. Depende de un ecosistema institucional compuesto por controles administrativos, sistemas de licencias confiables, evaluaciones médicas, bases de datos interoperables, capacitación permanente, supervisión policial y un sistema judicial capaz de sancionar abusos con rapidez. Sin ese entramado, cualquier reforma corre el riesgo de convertirse en una medida simbólica más que efectiva.

Existe además un aspecto pocas veces mencionado: la cultura del uso de la fuerza. Portar un arma exige mucho más que saber disparar. Requiere comprender principios de proporcionalidad, legítima defensa, manejo de crisis, control emocional y toma de decisiones bajo estrés. Son competencias que incluso representan un desafío para policías profesionales después de meses de formación continua. Pensar que bastaría entregar permisos a ciudadanos sin desarrollar una cultura nacional sobre el uso responsable de la fuerza sería, cuando menos…optimista.

Tampoco debe ignorarse el impacto político del debate. Las propuestas relacionadas con armas suelen generar enorme atención mediática porque apelan a una emoción primaria: el miedo. En sociedades golpeadas por la violencia, prometer que los ciudadanos podrán defenderse resulta un mensaje poderoso. Pero una política pública no puede evaluarse por su capacidad para generar aplausos (aunque en nuestro país esto suele ser bastante debatible) , sino por su capacidad para reducir la violencia de manera medible.

Eso obliga a formular una pregunta incómoda como polvo “pica pica” en los calzones es: ¿el problema central de México es que los ciudadanos tienen pocas armas o que el Estado no ha logrado garantizar seguridad, investigación criminal eficaz y acceso a la justicia? Porque si el diagnóstico es equivocado, también lo será la solución.

La verdadera discusión no debería reducirse a un "sí" o un "no" a la portación. Debería girar en torno a qué condiciones institucionales necesita México para que cualquier decisión (sea mantener el modelo actual o modificarlo) contribuya realmente a disminuir la violencia.

Las armas pueden cambiar el equilibrio de fuerzas en un enfrentamiento individual. Lo que difícilmente pueden sustituir son policías profesionales, fiscalías técnicas, análisis criminal, controles fronterizos eficaces y tribunales capaces de sancionar con oportunidad. La seguridad ciudadana nunca ha dependido exclusivamente del calibre de un arma. Históricamente ha dependido mucho más de la fortaleza de las instituciones que la regulan. Ahora, yo se que usted no me preguntó, peeeeeeeeeero lo mejor sería mejorar el andamiaje legal de las fiscalías y policías y ser menos restrictivos para las armas de fuego.

¿Por qué? Prohibirlas es inútil, porque las prohíbes a los ciudadanos no a los delincuentes, éstos se dedican a (¿a que cree?)…delinquir, si no las consiguen de forma legal lo harán como lo han hecho desde hace décadas, ilegalmente y la ciudadanía comienza a exigir cambios de paradigmas.

hidalgomontes@gmail.com

Cuando la lista de organizaciones terroristas extranjeras mexicanas crece, también crece el riesgo para los políticos

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Durante años, la discusión sobre los cárteles mexicanos estuvo concentrada en los enfrentamientos armados, el tráfico de drogas, las cifras de homicidios o la cantidad de abrazos que las autoridades podían darles a los miembros de estos grupos delincuenciales (lo último es sarcasmo). Sin embargo, el escenario ha cambiado de manera importante, nuestro vecino del norte decidió ampliar el número de organizaciones delincuenciales mexicanas consideradas organizaciones terroristas extranjeras (Foreign Terrorist Organizations, FTO). La reciente incorporación del Cártel de Juárez y Los Viagras elevó a ocho los grupos mexicanos con esa designación, además de otras organizaciones delincuenciales latinoamericanas incluidas en el mismo esquema jurídico.

Más allá del número, lo verdaderamente relevante es el mensaje político y jurídico que envía Washington. La estrategia estadounidense dejó de centrarse exclusivamente en perseguir cargamentos de droga o detener capos. Ahora el objetivo es reconstruir ecosistemas completos de colaboración: operadores financieros, empresas fachada, prestanombres, redes de lavado de dinero, proveedores logísticos y cualquier persona física o moral que pueda ser considerada como apoyo material a una organización designada.

Este cambio modifica por completo las reglas del juego (en este juego, como en un reality show muy famoso hace más de una década “aquí…las reglas cambian”). Durante décadas, la corrupción política relacionada con el crimen organizado fue vista principalmente como un problema interno de México. Hoy comienza a adquirir una dimensión internacional. Si una autoridad estadounidense lograra acreditar que un funcionario, un alcalde, un gobernador, un legislador o incluso un dirigente partidista colaboró deliberadamente con una organización catalogada como terrorista, las consecuencias jurídicas y diplomáticas serían radicalmente distintas a las que existían hace apenas unos años. Las herramientas legales disponibles para investigar, sancionar y congelar activos son considerablemente más amplias bajo el marco de las designaciones FTO y las sanciones financieras asociadas. Y es aquí donde, cómo dicen en mi rancho, la puerca torció el rabo…

Conviene hacer una precisión indispensable. La existencia de una designación no significa, por sí misma, que exista evidencia contra la clase política mexicana ni permite asumir responsabilidades individuales. En un Estado de derecho, cualquier acusación debe sustentarse con pruebas suficientes (que aquí los gabachos son especialistas) y respetar el debido proceso (en esto no tanto). Lo que sí cambia es el nivel de exposición y el alcance de las investigaciones cuando existen indicios verificables.

En este contexto, la clase política mexicana (de todooooodos los movimientos y/o partidos políticos) enfrenta quizá uno de los periodos de mayor vulnerabilidad de las últimas décadas.

Ya no importa el color del partido, no importa si se trata del gobierno federal, de gobiernos estatales o municipales; tampoco importa si las conductas ocurrieron hace algunos años. Si llegaran a demostrarse vínculos de colaboración, financiamiento ilícito, protección institucional o cualquier forma de apoyo consciente a organizaciones ahora catalogadas como terroristas, el impacto político podría trascender las fronteras nacionales.

La historia reciente demuestra que la captura de gobiernos locales por parte del crimen organizado no constituye una hipótesis académica (ni historias de la oposición, si no toda una realidad). Diversas investigaciones han documentado cómo organizaciones delincuenciales buscan influir en procesos electorales, controlar administraciones municipales y obtener protección para sus actividades ilícitas.

La diferencia es que ahora esos posibles vínculos podrían ser analizados bajo un enfoque completamente distinto. Washington ya no observa únicamente a los líderes delincuenciales, observa las redes, los flujos financieros, los contratos, las empresas y sí (aunque no lo crean y les cale), las alianzas políticas.

En otras palabras, la pregunta dejó de ser quién dispara y pasó a ser quién facilita que el sistema delincuencial funcione. Eso explica por qué, en los últimos meses, el Departamento del Tesoro estadounidense ha incrementado las sanciones contra personas físicas y empresas relacionadas con organizaciones delincuenciales, ampliando la presión sobre las estructuras financieras que permiten operar a los cárteles.

México enfrenta entonces un desafío que va mucho más allá de la cooperación bilateral en materia de seguridad. Se trata de fortalecer sus propias instituciones, una fiscalía verdaderamente autónoma, un sistema robusto de inteligencia financiera, procesos transparentes de fiscalización electoral, mecanismos eficaces para investigar el enriquecimiento ilícito. Y, sobre todo, una separación real entre la agenda política y la agenda de seguridad ciudadana (cómo ya lo hemos explicado en entregas anteriores).

Porque si la persecución penal depende de intereses electorales, cualquier investigación perderá credibilidad tanto dentro como fuera del país (cómo la neta ha pasado últimamente). Paradójicamente, esta coyuntura también representa una oportunidad.

La presión internacional puede convertirse en un incentivo para profesionalizar las instituciones encargadas de investigar la corrupción y la delincuencia organizada. No porque otro país deba definir las prioridades de México, sino porque ningún Estado puede aspirar a combatir eficazmente al crimen organizado mientras persistan espacios de impunidad para quienes eventualmente lo protejan desde el poder.

Los próximos meses probablemente no estarán marcados únicamente por operativos espectaculares o nuevas capturas de líderes delincuenciales. Podrían estar definidos por investigaciones financieras, expedientes de cooperación internacional y reconstrucciones de redes políticas cuya existencia, en caso de acreditarse judicialmente, tendría consecuencias mucho más profundas que la caída de cualquier capo. Porque los cárteles sobreviven cuando reemplazan a sus dirigentes. Las democracias, en cambio, se debilitan cuando quienes deberían combatirlos terminan siendo parte de su estructura.

hidalgomontes@gmail.com

 Lo que lo mexicanos necesitamos de forma urgente es: seguridad sin política y justicia sin consignas

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Hace apenas unas semanas, durante la Cumbre del G7 celebrada en Francia, el mandatario estadounidense Donald Trump volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: colocar un mensaje político en el centro de la conversación internacional. Entre declaraciones sobre conflictos globales, comercio y seguridad, el presidente estadounidense reiteró que el combate contra los cárteles mexicanos seguirá siendo una prioridad estratégica para Washington. No fue una frase improvisada ni un comentario aislado. Forma parte de una narrativa que su administración ha venido construyendo desde hace meses y que cada vez encuentra más respaldo en acciones concretas de las agencias estadounidenses. Situación casi calcada a las maniobras realizadas por la administración norteamericana antes de las conocidas acciones tomadas en Venezuela, Cuba e Irán (no lo digo yo, con una pequeña googleada basta para que no digan que ando de hablador).

 En México, sin embargo, aquellas palabras pasaron casi desapercibidas. Quizá porque estamos acostumbrados a interpretar los discursos de Trump únicamente desde la óptica electoral. Pero esta vez, sería un error. Más allá del estilo confrontativo del mandatario estadounidense (que ya todos conocemos), la política de seguridad de Estados Unidos suele enviar señales antes de ejecutar movimientos de mayor alcance (ya se la Sanborns, aquello de “el que avisa no es traidor”). Y cuando esas señales comienzan a coincidir con investigaciones judiciales, sanciones financieras, procesos de extradición y acusaciones contra integrantes del crimen organizado, conviene prestar atención.

Ahora bien queridos lectores, ustedes dirán: “Bueno ajá, todo muy interesante pero eso pasó hace dos semanas, ¿eso ahora qué?” A lo que su servidor contestará: ¡Haaaaaa! Lo que pasa es que, en las últimas semanas, también han aumentado las versiones periodísticas, las filtraciones y los análisis que apuntan hacia una posible colaboración de integrantes de organizaciones delincuenciales mexicanas, así como políticos con autoridades estadounidenses (consagrando aquel dicho que reza: “el miedo no anda en burro”). Conviene ser claros: muchas de esas versiones permanecen sin confirmación oficial y no pueden asumirse como hechos consumados. Sin embargo, sí existe un elemento objetivo que no admite discusión. Durante los últimos años diversos líderes delincuenciales extraditados a Estados Unidos (y últimamente políticos con nexos bastante cuestionables) han optado por convertirse en testigos cooperantes, proporcionando información a fiscales federales a cambio de beneficios procesales. Esa práctica forma parte del sistema de justicia estadounidense y ha permitido desmantelar organizaciones delincuenciales internacionales en casos de narcotráfico, corrupción y delincuencia organizada (práctica que en México conocemos como el “ayúdame a ayudarte”).

Si esa tendencia continúa, el alcance de las investigaciones difícilmente se limitará a los propios delincuentes. La experiencia demuestra que el interés de las fiscalías federales estadounidenses suele dirigirse hacia las redes completas que hicieron posible la operación de esas organizaciones: operadores financieros, empresarios, prestanombres, funcionarios públicos y, cuando existen elementos probatorios suficientes, actores políticos (¿ahora me entienden por qué es relevante a estas alturas?).

No sería la primera ocasión que ocurre. Casos como los de funcionarios mexicanos procesados en cortes estadounidenses demuestran que Washington está dispuesto a judicializar expedientes cuando considera que existen pruebas para hacerlo, independientemente de las consecuencias diplomáticas. La diferencia es que hoy la presión política parece mayor y la prioridad estratégica de combatir a la delincuencia organizada transnacional ocupa un lugar central en la agenda de seguridad nacional estadounidense.

Frente a ese escenario, México tiene dos caminos. El primero consiste en esperar, como tantas veces, a que las investigaciones extranjeras terminen exhibiendo las debilidades de nuestras instituciones (que lamentablemente sí las tenemos). El segundo, mucho más complejo pero también más responsable (y alentador), implica aprovechar este momento para corregir problemas estructurales que durante décadas han debilitado la procuración de justicia.

Quizá la reforma más urgente no sea crear nuevas instituciones, modificar nuevamente el organigrama gubernamental o endurecer las penas (como cada seis años ocurre). El verdadero cambio de paradigma consiste en separar definitivamente la agenda de seguridad de la agenda política.

Mientras las decisiones de seguridad dependan de calendarios electorales, intereses partidistas o cálculos de popularidad, será prácticamente imposible construir políticas públicas, policiológicas y criminológicas de largo plazo. La delincuencia organizada no cambia de estrategia cada tres o seis años; el Estado tampoco debería hacerlo (pero somos bien ocurrentes y nos encanta buscarles las patitas a las víboras).

Lo mismo ocurre con las fiscalías. En una democracia madura (madura, no de Maduro), el Ministerio Público no investiga para favorecer gobiernos ni para perjudicar opositores. Investiga porque existen hechos posiblemente constitutivos de delito. Nada más. Nada menos.

La autonomía constitucional de las fiscalías representa un avance importante, pero la autonomía jurídica no siempre se traduce en independencia operativa. Los procesos de designación, los presupuestos, las permanencias en el cargo e incluso las prioridades institucionales continúan sujetas, en muchos casos, a presiones políticas. Mientras esa realidad no cambie, seguirá existiendo la percepción de que algunas investigaciones avanzan y otras permanecen congeladas dependiendo del contexto político.

Paradójicamente, la presión internacional podría convertirse en una oportunidad para fortalecer nuestras propias instituciones. No porque Estados Unidos deba marcar la agenda mexicana, sino porque el costo de no hacerlo comienza a ser demasiado alto.

La cooperación bilateral en materia de seguridad seguirá profundizándose. El tráfico de fentanilo, el lavado de dinero, el tráfico de armas, la migración irregular y las organizaciones delincuenciales ya no son problemas exclusivamente nacionales. Son fenómenos transnacionales que exigen instituciones igualmente sólidas a ambos lados de la frontera.

México necesita demostrar que puede investigar con el mismo rigor a un integrante de un grupo delincuencial que a cualquier servidor público, empresario o actor político que eventualmente haya facilitado sus operaciones, siempre bajo el principio irrenunciable del debido proceso, la presunción de inocencia, los derechos humanos y la existencia de pruebas suficientes. Esa es precisamente la diferencia entre un Estado de derecho y un Estado que administra coyunturas políticas.

Las declaraciones de Trump en el G7 probablemente pasarán pronto al archivo de los discursos diplomáticos. Lo verdaderamente importante no será recordar lo que dijo, sino preguntarnos por qué esas palabras parecen encajar cada vez con mayor facilidad en un rompecabezas que lleva años construyéndose.

Tal vez la discusión ya no sea si Estados Unidos seguirá investigando. La pregunta verdaderamente relevante es si México decidirá fortalecer sus propias instituciones antes de que otros continúen haciendo el trabajo que, por mandato constitucional, corresponde a las nuestras y que por intereses de todo tipo se obstaculizan.

hidalgomontes@gmail.com

La fragmentación criminal: el nuevo mapa del crimen organizado (y dolor de cabeza) en México

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Durante décadas, el debate sobre la seguridad en México giró en torno a grandes organizaciones criminales encabezadas por figuras casi míticas. Desde nombres como Miguel Ángel Félix Gallardo, Amado Carrillo Fuentes (“El Señor de los Cielos”), pasando por Joaquín Guzmán Loera (“El Chapo”), Ismael Zambada García (“El Mayo”) y Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho) marcaron una etapa histórica donde el poder criminal se concentraba en estructuras relativamente verticales, capaces de controlar extensos territorios, coordinar cadenas internacionales de suministro de drogas y mantener interlocución con actores políticos, económicos y criminales. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos meses sugieren que esa etapa está llegando a su fin.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ocurrida durante un operativo de fuerzas federales mexicanas apoyado por inteligencia estadounidense (aunque no se quiera a veces reconocer) en febrero de 2026, representó mucho más que la caída de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Significó el golpe definitivo contra el último gran liderazgo criminal capaz de mantener cohesionado un aparato delictivo de alcance nacional e internacional.

Paralelamente, la situación del llamado Cártel de Sinaloa evidencia una transformación igualmente profunda. Diversas investigaciones periodísticas y documentos judiciales estadounidenses han confirmado que integrantes de la facción de Los Chapitos, incluidos Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, han entrado en procesos formales de cooperación con autoridades federales de Estados Unidos.

Lo anterior no significa que el narcotráfico haya desaparecido ni que las organizaciones criminales hayan sido derrotadas, significa algo más complejo: el modelo tradicional de los grandes cárteles está dejando de existir. La pregunta importante (odiosa por cierto) bajo esta premisa sería: ¿Está el Estado Mexicano para dar frente a esta mutación delincuencial?

Por ejemplo, hablar hoy del “Cártel de Sinaloa” como una organización monolítica resulta cada vez menos preciso. La confrontación entre las facciones de Los Chapitos y los grupos leales a Ismael Zambada, las rupturas internas, las capturas, extradiciones y acuerdos judiciales han provocado una fragmentación que recuerda procesos observados anteriormente en Colombia tras la caída del Cartel de Medellín o en México después de la desintegración de los Beltrán Leyva.

Aquí surgen otras dos preguntas relevantes (jodonas como piedrita en el zapato): ¿Quién controlará el próximo gran cártel? y ¿Qué ocurrirá cuando ya no existan grandes cárteles?.

La experiencia internacional muestra que la fragmentación criminal rara vez produce paz. Por el contrario, suele generar un ecosistema compuesto por decenas o cientos de células más pequeñas, menos visibles, más violentas y con fuertes raíces territoriales.

En ese escenario, el narcotráfico deja de ser la única actividad relevante, tal y como ya se ha empezado a ver en México. Las organizaciones diversifican riesgos y ganancias mediante extorsión, secuestro, cobro de piso, tráfico de migrantes, tala ilegal, minería clandestina, robo de hidrocarburos, fraude, explotación sexual y control de mercados locales.

Es decir, pasan de ser empresas criminales orientadas a la exportación a convertirse en depredadores de las economías regionales. En pocas palabras “le tiran a lo que se mueva” …como amigo con pie plano: “pisan parejo”. Ya existen señales de esta transición en diversas regiones del país. Mientras las grandes rutas internacionales continúan siendo importantes, el control de territorios, comunidades, actividades económicas locales y cadenas logísticas se ha convertido en un activo estratégico tan valioso como el tráfico de drogas.

Por ello, el Estado mexicano debe evitar caer en una lectura triunfalista de los acontecimientos recientes. En primer lugar porque bajo ningún motivo se han desmantelado estas estructuras delincuenciales, aún existen operadores de las mismas que no han sido detenidos, enjuiciados y sentenciados y por último es que (desgraciadamente) parte de los buenos resultados que en esta administración se han tenido, han sido parte de presión externa (de Washington concretamente) y no de verdadera voluntad interna.

La captura o muerte de líderes históricos representa un éxito operativo importante. Sin embargo, la historia demuestra que la decapitación de organizaciones delincuenciales no garantiza por sí misma una reducción sostenible de la violencia. Diversos estudios académicos han advertido que la simple eliminación de liderazgos suele generar reacomodos internos, disputas sucesorias y nuevas dinámicas de reclutamiento criminal.

La siguiente fase exigirá capacidades distintas. México necesitará fortalecer la inteligencia territorial, las investigaciones patrimoniales, la persecución financiera, los mecanismos anticorrupción y la coordinación interinstitucional. También deberá consolidar policías locales profesionales capaces de comprender dinámicas delincuenciales específicas de cada región, algo imposible de lograr mediante estrategias uniformes aplicadas desde el centro del país. Debemos aceptar que la fenomenología delincuencial en México es heterogénea y necesitamos mandos policiales con verdadera capacidad de generar estrategias diferenciadas para ello.

Asimismo, será indispensable fortalecer fiscalías autónomas (pero autónomas de verdad), sistemas de análisis criminal e instrumentos de prevención social que reduzcan la capacidad de reclutamiento de estas nuevas estructuras fragmentadas.

La cooperación bilateral (y también la presión) con Estados Unidos seguirá siendo un factor determinante (nos guste o no). Los recientes resultados operativos muestran niveles de intercambio de inteligencia sin precedentes entre ambos gobiernos. Sin embargo, la verdadera medida del éxito no será cuántos líderes son capturados o abatidos, sino, si el Estado logra impedir que las organizaciones fragmentadas ocupen nuevamente los espacios que dejan quienes caen.

La era de los grandes capos parece estar terminando. Sin embargo, la era de las redes criminales fragmentadas apenas comienza y esa puede ser una amenaza mucho más difícil de combatir (si no nos ponemos truchas).

hidalgomontes@gmail.com

La guerra de los símbolos: Trump, el Tren de Aragua y el mensaje para los cárteles mexicanos

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

El pasado 12 de junio, las fuerzas armadas y las agencias de inteligencia de Estados Unidos en coordinación (forzada) de autoridades venezolanas lanzaron un ataque quirúrgico en el estado venezolano de Bolívar. Una imagen que enfoca una casa con techumbre de color verde, es un bonito día soleado y de repente… ¡Pum!, onda, expansiva y humo que develan un camino de muerte y destrucción (y un craterzote del tamaño del carajo)…la víctima, el líder de la organización criminal transnacional de origen venezolano “Tren de Aragua”, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”. Su partida de este plano terrenal marca un punto de inflexión no solo en la evolución de esta estructura delincuencial, sino también en la forma en que los gobiernos comunican sus éxitos en materia de seguridad. El hecho habría pasado a formar parte de la larga lista de operaciones contra objetivos de alto valor alrededor del mundo, de no ser porque el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió anunciarlo personalmente mediante un video difundido en sus redes sociales, acompañado de un mensaje triunfalista que presentó la operación como una victoria estratégica contra una de las organizaciones criminales más violentas del continente.

 

De acuerdo con información difundida por el gobierno estadounidense y confirmada posteriormente por autoridades venezolanas, Guerrero murió durante una operación coordinada entre el Comando Sur de Estados Unidos y fuerzas de seguridad venezolanas. Trump calificó la acción como un “ataque rápido y letal” (literal: ¿on´ ta’ la casa?….¡ya no ta’ la casa!) contra quien describió como uno de los criminales más peligrosos del hemisferio occidental, difundiendo incluso imágenes del supuesto ataque.

 

Desde la perspectiva policiológica y criminológica, la desaparición física de un líder criminal raramente implica la desaparición de la organización que encabeza (si no pregúntenle al cartel de Sinaloa, al CJNG). La experiencia internacional demuestra que las estructuras criminales modernas poseen mecanismos de resiliencia, descentralización y sucesión que les permiten sobrevivir a la captura o muerte de sus dirigentes ya que son “empresas delincuenciales”. Ocurrió con organizaciones mafiosas italianas, con grupos insurgentes colombianos y con numerosos cárteles latinoamericanos. El Tren de Aragua, cuya expansión alcanzó países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil, México y Estados Unidos, ha evolucionado desde una pandilla penitenciaria venezolana hacia una red delincuencial multinacional dedicada a la trata de personas, extorsión, tráfico de migrantes, secuestro, narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero.

 

A corto plazo, la muerte de Guerrero probablemente generará disputas internas por el control de rutas, mercados ilícitos y estructuras de mando (como casi siempre ocurre). Estas luchas sucesorias suelen traducirse en incrementos temporales de violencia, fragmentación operativa y aparición de nuevas facciones. Sin embargo, también pueden representar oportunidades para las autoridades si logran explotar las fracturas internas mediante inteligencia financiera, cooperación internacional y persecución judicial coordinada (como decía la vieja táctica romana “dividem et imperam”/”divide y vencerás”).

 

No obstante, el aspecto más relevante de este episodio quizá no sea la eliminación del líder criminal, sino la forma en que fue comunicada. Trump no permitió que la operación hablara por sí misma. La convirtió en un mensaje político. Al aparecer como el principal vocero del éxito operativo, el mandatario estadounidense proyectó una imagen de liderazgo, capacidad ofensiva y determinación. El destinatario inmediato fue la opinión pública estadounidense. Sin embargo, existieron otros receptores igualmente importantes: las organizaciones criminales de toda América Latina.

 

La comunicación estratégica forma parte de cualquier conflicto. Los gobiernos buscan enviar mensajes de disuasión a quienes consideran amenazas. Al exhibir públicamente la neutralización de un objetivo de alto valor, Washington construye una narrativa donde ningún líder criminal puede considerarse fuera de su alcance. El mensaje es sencillo: si Estados Unidos considera que una organización representa una amenaza directa a su seguridad nacional, sus dirigentes pueden convertirse en blancos prioritarios independientemente de la frontera donde se encuentren.

 

Es precisamente aquí donde México debe prestar atención ("Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar"). Durante los últimos años, la administración Trump ha elevado progresivamente el discurso contra organizaciones criminales mexicanas, impulsando su tratamiento bajo esquemas propios de la lucha contra el terrorismo. La designación de diversas organizaciones criminales transnacionales como amenazas de seguridad nacional y el lenguaje utilizado por funcionarios estadounidenses apuntan hacia una narrativa cada vez más agresiva. Desgraciadamente el discurso de la administración federal mexicana así como las pruebas tangibles de las acciones hacia grupos delincuenciales no ha sido congruente en algunas ocasiones. Sería absurdo no reconocer que se han hecho avances significativos, sobre todo, después de la pésima política de “abrazos y no balazos” Sin embargo, dichos avances son mínimos a ojos del inquilino de la casa blanca

 

La difusión pública de la muerte de “Niño Guerrero” puede interpretarse como un ejercicio de marketing político, pero también como una demostración de capacidades (un…¿ya ven lo que podemos hacer?). El verdadero valor del video no radica en mostrar la operación, sino en construir un precedente psicológico. Los líderes criminales mexicanos observan ahora un escenario en el que la persecución internacional puede trascender los mecanismos tradicionales de extradición y cooperación judicial para transformarse en una campaña permanente de presión política, financiera, tecnológica y mediática.

Sin embargo, existe un riesgo inherente a esta estrategia. Cuando las operaciones de seguridad se convierten en espectáculos mediáticos, la línea que separa la comunicación institucional de la propaganda política puede volverse difusa. La historia demuestra que la excesiva personalización de los éxitos gubernamentales genera incentivos para privilegiar acciones de alto impacto mediático sobre estrategias de largo plazo orientadas al fortalecimiento institucional. La eliminación de un líder puede producir titulares; la construcción de instituciones sólidas produce resultados duraderos.

Para México, la lección es doble. Por un lado, la caída de “Niño Guerrero” confirma que la cooperación internacional sigue siendo una herramienta indispensable frente a organizaciones criminales transnacionales. Peeeeeeeeeeeeeeeeeero, por otro, evidencia que la seguridad ciudadana contemporánea también se libra en el terreno de la comunicación estratégica. Hoy los gobiernos no solo capturan o eliminan criminales; también administran narrativas (y la neta, la neta en México andamos fallones en eso).

La pregunta de fondo no es si la muerte del líder del Tren de Aragua debilitará a esa organización. La pregunta es si estamos observando el inicio de una nueva etapa en la que la exhibición pública de objetivos criminales abatidos se convierta en una herramienta sistemática de presión psicológica contra los grandes capos de América Latina. Si esa es la intención, los líderes de las organizaciones criminales mexicanas seguramente ya entendieron el mensaje…no importa donde se escondan o quien los proteja, sabemos en donde están y se encuentran a un click de computadora de tener la oportunidad de entregar en primera persona el equipo al creador.

hidalgomontes@gmail.com

 Goles para la delincuencia: piratería, lavado de dinero y mercados ilícitos en tiempos de Mundial

 

Por Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Cuando pensamos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 solemos imaginar estadios llenos, fiesta desenfrenada, hoteles con reservaciones al 100%, restaurantes repletos y millones de turistas recorriendo (y gastando) en las calles de México. Sin embargo, existe otra economía que también se prepara para el evento deportivo más importante del planeta: la economía delincuencial.

Mientras gobiernos, empresas y ciudadanos esperan una derrama económica histórica, organizaciones delincuenciales ya visualizan (y se relamen los bigotes) oportunidades de negocio que poco tienen que ver con el deporte y mucho con la obtención de ganancias ilícitas. Las actividades que generan dichas ganancias destacan la trata de personas (con fin de explotación sexual), el narcotráfico, y muchas otras más, entre estas destaca una actividad que frecuentemente es minimizada por la opinión pública: la piratería.

Para muchos consumidores, adquirir una camiseta apócrifa (pirata, pa´los compas), una gorra falsificada o recuerdos no autorizados puede parecer una falta menor o incluso una práctica culturalmente aceptada (al menos en México). Sin embargo, detrás de una parte importante de estos productos existe una compleja estructura financiera que permite a grupos delincuenciales generar recursos, ocultar ganancias ilícitas y fortalecer economías paralelas que compiten directamente con la economía formal.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que el comercio mundial de mercancías falsificadas y pirateadas alcanzó aproximadamente 467 mil millones de dólares, equivalentes al 2.3% de las importaciones mundiales. Estudios previos elaborados conjuntamente por la OCDE y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) habían calculado incluso montos cercanos a los 509 mil millones de dólares anuales. Estas cifras no incluyen la producción local ni el comercio digital ilegal, por lo que el fenómeno real es considerablemente mayor.

La fiesta del Mundial de Fútbol representa un escenario ideal para este mercado ilícito. La demanda de camisetas, gorras, bufandas, banderas, souvenirs, productos electrónicos, transmisiones digitales ilegales y artículos coleccionables se multiplica exponencialmente. La enorme cantidad de visitantes dificulta la fiscalización, mientras que el volumen de transacciones permite ocultar mercancía ilegal entre actividades aparentemente legítimas.

Las autoridades mexicanas parecen ser conscientes de este riesgo. Durante los meses previos a la cita mundialista ya se han registrado operativos contra mercancía falsificada relacionada con el torneo, particularmente en algunos de los mercados más emblemáticos del país. Las acciones gubernamentales responden no solamente a la protección de derechos de propiedad intelectual (que la FIFA se ha puesto particularmente “quisquillosa” para esta edición), sino también a la necesidad de evitar que estos mercados se conviertan en fuentes masivas de financiamiento para estructuras delincuenciales.

El problema va más allá de la simple venta de productos piratas. La piratería constituye un mecanismo eficaz para el lavado de activos. El modelo es relativamente sencillo: recursos obtenidos mediante actividades ilícitas como narcotráfico, extorsión o contrabando pueden mezclarse con ingresos derivados de la venta masiva de mercancía falsificada. El resultado es una aparente actividad comercial legítima que dificulta rastrear el origen real del dinero. En pocas palabras, se disfrazan las ganancias de delitos graves y violentos a través de una actividad socialmente aceptada y muchas veces tolerada.

Desde la perspectiva criminológica, esta práctica forma parte de lo que algunos especialistas denominan mercados delincuenciales convergentes. Es decir, estructuras delincuenciales que participan simultáneamente en diversas actividades ilícitas aprovechando las mismas redes logísticas, financieras y de corrupción. Los mismos corredores utilizados para introducir mercancía falsificada pueden emplearse para el contrabando de otros productos ilegales (drogas, armas, medicamentos falsificados, precursores químicos controlados), mientras que las redes de distribución clandestina permiten mover dinero y mercancías con relativa facilidad.

La experiencia internacional demuestra que la piratería no debe analizarse únicamente como una infracción comercial. Diversos organismos especializados han documentado vínculos entre el comercio de productos falsificados y redes de delincuencia organizada transnacional. El atractivo es evidente: se trata de una actividad con altos márgenes de ganancia, menores riesgos operativos que otros delitos y una percepción social relativamente tolerante.

México enfrenta además una condición geográfica particularmente compleja (pa´acabarla de fregar). Además de ser un importante mercado consumidor, diversos estudios internacionales lo identifican como país de tránsito para mercancía falsificada proveniente principalmente de Asia con destino hacia Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Esto convierte al país en un punto estratégico dentro de cadenas globales de comercio ilícito.

El desafío para las autoridades no consiste únicamente en decomisar productos. La verdadera tarea es seguir la ruta del dinero. Cada camiseta falsificada vendida en las inmediaciones de un estadio puede representar una pequeña fracción de una estructura financiera mucho más amplia. La persecución delincuencial efectiva requiere inteligencia financiera, cooperación internacional (que la neta, la neta andamos un poco bajones en estos días), fortalecimiento aduanero (aquí si estamos en el hoyo), vigilancia del comercio electrónico y coordinación entre instituciones de seguridad, fiscalización y procuración de justicia.

Desde una perspectiva de política pública, el Mundial 2026 representa una oportunidad única para fortalecer capacidades institucionales que permanecerán mucho después de que termine el torneo. Si nuestro país logra desarrollar mecanismos eficaces contra la economía ilícita asociada a la piratería, los beneficios trascenderán el ámbito deportivo y contribuirán al debilitamiento de organizaciones delincuenciales que hoy encuentran en estos mercados una fuente constante de ingresos.

Al final de cuentas, la discusión no trata únicamente de proteger marcas registradas o derechos comerciales de las mega corporaciones. Se trata de comprender que detrás de una economía paralela aparentemente “inofensiva” existen redes que erosionan la recaudación fiscal, afectan empleos formales, distorsionan mercados y, en algunos casos, contribuyen al fortalecimiento financiero de organizaciones delincuenciales que perpetua sus actividades principales (tráfico de drogas, personas, armas y un amplio etcétera).

Mientras millones de aficionados celebren los goles dentro de los estadios, el verdadero reto para las autoridades será evitar que, fuera de ellos, la delincuencia organizada también salga victoriosa.

hidalgomontes@gmail.com

 La ruta invisible del dinero: migración, remesas y la batalla contra el lavado de activos

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Por años, las remesas han representado uno de los vínculos más sólidos entre millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y sus familias en México (Y también el bálsamo que inyecta dinero a gobiernos locales que se han vuelto haraganes para mejorar y/o aumentar sus ingresos) . En 2025, México recibió más de 64 mil millones de dólares por este concepto, convirtiéndose nuevamente en uno de los principales receptores de remesas del mundo. Para millones de hogares, estos recursos significan alimentación, educación, salud y vivienda. Sin embargo, detrás de este enorme flujo financiero también existe una realidad menos visible (“convenientemente”): la posibilidad de que organizaciones delincuenciales utilicen los mismos canales para ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas.

Uno de los mecanismos más utilizados para este propósito es el denominado “pitufeo” o “smurfing” (para los que nos leen en el gabacho), técnica clásica de lavado de activos que consiste en fragmentar grandes cantidades de dinero ilícito en múltiples operaciones de bajo monto para evitar controles regulatorios y alertas automáticas de los sistemas financieros.

La lógica es sencilla: en lugar de transferir una suma considerable que pudiera despertar sospechas de las autoridades de inteligencia finaciera, los grupos delincuenciales dividen el dinero en decenas o incluso cientos de envíos menores realizados por distintas personas, en diferentes lugares y momentos. Individualmente parecen operaciones legítimas; en conjunto constituyen una sofisticada estrategia de ocultamiento financiero.

Diversos estudios y análisis especializados han documentado cómo organizaciones delincuenciales han reclutado a ciudadanos mexicanos, migrantes e incluso residentes estadounidenses para realizar múltiples transferencias internacionales a cambio de pequeñas comisiones. Posteriormente, esos recursos son mezclados con remesas legítimas y entregados a estructuras delincuenciales en territorio mexicano. En pocas palabras, bajan armas y dinero y suben drogas y personas (trata de personas)

Desde la perspectiva criminológica, el pitufeo constituye una manifestación de la fase conocida como “estratificación” (“layering”) dentro del proceso de lavado de activos. Después de colocar el dinero ilícito en el sistema financiero, los delincuentes generan múltiples transacciones destinadas a dificultar la identificación de su origen antes de reintegrarlo a la economía formal.

El fenómeno no es nuevo. Lo que sí resulta novedoso es la creciente atención que está recibiendo por parte de las autoridades estadounidenses.

Durante los últimos meses, la administración del presidente Trump ha colocado el control financiero de la migración irregular y de la delincuencia organizada transnacional como uno de los ejes centrales de su estrategia de seguridad nacional. En noviembre de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) emitió una alerta formal dirigida a empresas de servicios monetarios para incrementar la vigilancia sobre transferencias transfronterizas potencialmente vinculadas con migrantes en situación irregular y fondos de origen ilícito.

La alerta recuerda que las empresas transmisoras de dinero están obligadas a reportar operaciones sospechosas y advierte específicamente sobre transferencias internacionales relacionadas con ingresos obtenidos ilícitamente o que presenten patrones compatibles con actividades delincuenciales. Sin embargo, debido a los montos pequeños y la cantidad de personas que se utilizan para este fin, son muy difíciles de identificar

Paralelamente, el Departamento del Tesoro anunció operaciones de análisis masivo de datos enfocadas en empresas de servicios monetarios ubicadas en la frontera suroeste de Estados Unidos, utilizando inteligencia artificial y nuevas capacidades tecnológicas para identificar patrones asociados con lavado de dinero, tráfico de personas y financiamiento delincuencial.

Más recientemente, una orden ejecutiva emitida por la administración Trump busca restringir el acceso de migrantes indocumentados a determinados servicios financieros y mecanismos de envío de remesas, incluyendo mayores requisitos de identificación y controles sobre el uso de documentos consulares para la apertura y operación de servicios financieros.

En otras palabras, el próximo gran objetivo de Washington parece no limitarse únicamente al control fronterizo físico. También se dirige hacia las rutas financieras utilizadas tanto por redes de tráfico humano como por organizaciones delincuenciales que aprovechan la enorme masa de transferencias internacionales para ocultar movimientos ilícitos.

El desafío para México será enorme. Por un lado, existe una necesidad legítima de combatir el lavado de dinero y las finanzas de la delincuencia organizada. La evidencia internacional demuestra que seguir la ruta del dinero suele ser más efectivo que perseguir exclusivamente a los operadores de bajo nivel (y la evidencia ha demostrado que solo trae un aumento considerable de la violencia).  Sin recursos financieros, las organizaciones delincuenciales pierden capacidad para corromper funcionarios, adquirir armamento, reclutar integrantes y expandir sus operaciones. O sea, se queda sin queso la quesadilla (chiste no aplicable para la CDMX, aunque siempre defenderé la obligatoriedad del queso en las mismas).

Por otro lado, también existe el riesgo de que medidas excesivamente restrictivas afecten a millones de migrantes honestos que utilizan los canales de remesas para sostener a sus familias. De acuerdo con diversos análisis económicos, la mayoría de las remesas tienen origen legítimo y continúan siendo una fuente esencial de ingresos para millones de hogares mexicanos (Y uno que otro gobierno local holgazán).

La respuesta no debe ser criminalizar al migrante ni estigmatizar las remesas. Debe centrarse en fortalecer los mecanismos de inteligencia financiera, mejorar el intercambio binacional de información, incrementar la supervisión de empresas transmisoras de dinero y desarrollar capacidades analíticas que permitan distinguir entre transacciones legítimas y operaciones vinculadas al lavado de activos.

La verdadera batalla no se libra contra quien envía cien dólares para apoyar a su familia. Se libra contra quienes aprovechan esos mismos canales para ocultar ganancias provenientes del narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes y otras actividades delincuenciales.

En los próximos años veremos una transformación profunda en la supervisión financiera transfronteriza entre México y Estados Unidos. La pregunta ya no es si habrá mayores controles, sino qué tan capaces serán ambos países de implementarlos sin afectar a millones de familias que dependen legítimamente de las remesas para sobrevivir.

La tensión sobre nuestro país va en aumento y parece que la retórica de “es todo dinero de nuestros paisanos para sus familias” se está quedando corto. Porque cuando el dinero ilícito logra disfrazarse de ayuda familiar, la línea entre economía y seguridad nacional se vuelve prácticamente invisible.

hidalgomontes@gmail.com