Cuando la lista de organizaciones terroristas extranjeras mexicanas crece, también crece el riesgo para los políticos

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Durante años, la discusión sobre los cárteles mexicanos estuvo concentrada en los enfrentamientos armados, el tráfico de drogas, las cifras de homicidios o la cantidad de abrazos que las autoridades podían darles a los miembros de estos grupos delincuenciales (lo último es sarcasmo). Sin embargo, el escenario ha cambiado de manera importante, nuestro vecino del norte decidió ampliar el número de organizaciones delincuenciales mexicanas consideradas organizaciones terroristas extranjeras (Foreign Terrorist Organizations, FTO). La reciente incorporación del Cártel de Juárez y Los Viagras elevó a ocho los grupos mexicanos con esa designación, además de otras organizaciones delincuenciales latinoamericanas incluidas en el mismo esquema jurídico.

Más allá del número, lo verdaderamente relevante es el mensaje político y jurídico que envía Washington. La estrategia estadounidense dejó de centrarse exclusivamente en perseguir cargamentos de droga o detener capos. Ahora el objetivo es reconstruir ecosistemas completos de colaboración: operadores financieros, empresas fachada, prestanombres, redes de lavado de dinero, proveedores logísticos y cualquier persona física o moral que pueda ser considerada como apoyo material a una organización designada.

Este cambio modifica por completo las reglas del juego (en este juego, como en un reality show muy famoso hace más de una década “aquí…las reglas cambian”). Durante décadas, la corrupción política relacionada con el crimen organizado fue vista principalmente como un problema interno de México. Hoy comienza a adquirir una dimensión internacional. Si una autoridad estadounidense lograra acreditar que un funcionario, un alcalde, un gobernador, un legislador o incluso un dirigente partidista colaboró deliberadamente con una organización catalogada como terrorista, las consecuencias jurídicas y diplomáticas serían radicalmente distintas a las que existían hace apenas unos años. Las herramientas legales disponibles para investigar, sancionar y congelar activos son considerablemente más amplias bajo el marco de las designaciones FTO y las sanciones financieras asociadas. Y es aquí donde, cómo dicen en mi rancho, la puerca torció el rabo…

Conviene hacer una precisión indispensable. La existencia de una designación no significa, por sí misma, que exista evidencia contra la clase política mexicana ni permite asumir responsabilidades individuales. En un Estado de derecho, cualquier acusación debe sustentarse con pruebas suficientes (que aquí los gabachos son especialistas) y respetar el debido proceso (en esto no tanto). Lo que sí cambia es el nivel de exposición y el alcance de las investigaciones cuando existen indicios verificables.

En este contexto, la clase política mexicana (de todooooodos los movimientos y/o partidos políticos) enfrenta quizá uno de los periodos de mayor vulnerabilidad de las últimas décadas.

Ya no importa el color del partido, no importa si se trata del gobierno federal, de gobiernos estatales o municipales; tampoco importa si las conductas ocurrieron hace algunos años. Si llegaran a demostrarse vínculos de colaboración, financiamiento ilícito, protección institucional o cualquier forma de apoyo consciente a organizaciones ahora catalogadas como terroristas, el impacto político podría trascender las fronteras nacionales.

La historia reciente demuestra que la captura de gobiernos locales por parte del crimen organizado no constituye una hipótesis académica (ni historias de la oposición, si no toda una realidad). Diversas investigaciones han documentado cómo organizaciones delincuenciales buscan influir en procesos electorales, controlar administraciones municipales y obtener protección para sus actividades ilícitas.

La diferencia es que ahora esos posibles vínculos podrían ser analizados bajo un enfoque completamente distinto. Washington ya no observa únicamente a los líderes delincuenciales, observa las redes, los flujos financieros, los contratos, las empresas y sí (aunque no lo crean y les cale), las alianzas políticas.

En otras palabras, la pregunta dejó de ser quién dispara y pasó a ser quién facilita que el sistema delincuencial funcione. Eso explica por qué, en los últimos meses, el Departamento del Tesoro estadounidense ha incrementado las sanciones contra personas físicas y empresas relacionadas con organizaciones delincuenciales, ampliando la presión sobre las estructuras financieras que permiten operar a los cárteles.

México enfrenta entonces un desafío que va mucho más allá de la cooperación bilateral en materia de seguridad. Se trata de fortalecer sus propias instituciones, una fiscalía verdaderamente autónoma, un sistema robusto de inteligencia financiera, procesos transparentes de fiscalización electoral, mecanismos eficaces para investigar el enriquecimiento ilícito. Y, sobre todo, una separación real entre la agenda política y la agenda de seguridad ciudadana (cómo ya lo hemos explicado en entregas anteriores).

Porque si la persecución penal depende de intereses electorales, cualquier investigación perderá credibilidad tanto dentro como fuera del país (cómo la neta ha pasado últimamente). Paradójicamente, esta coyuntura también representa una oportunidad.

La presión internacional puede convertirse en un incentivo para profesionalizar las instituciones encargadas de investigar la corrupción y la delincuencia organizada. No porque otro país deba definir las prioridades de México, sino porque ningún Estado puede aspirar a combatir eficazmente al crimen organizado mientras persistan espacios de impunidad para quienes eventualmente lo protejan desde el poder.

Los próximos meses probablemente no estarán marcados únicamente por operativos espectaculares o nuevas capturas de líderes delincuenciales. Podrían estar definidos por investigaciones financieras, expedientes de cooperación internacional y reconstrucciones de redes políticas cuya existencia, en caso de acreditarse judicialmente, tendría consecuencias mucho más profundas que la caída de cualquier capo. Porque los cárteles sobreviven cuando reemplazan a sus dirigentes. Las democracias, en cambio, se debilitan cuando quienes deberían combatirlos terminan siendo parte de su estructura.

hidalgomontes@gmail.com

 Lo que lo mexicanos necesitamos de forma urgente es: seguridad sin política y justicia sin consignas

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Hace apenas unas semanas, durante la Cumbre del G7 celebrada en Francia, el mandatario estadounidense Donald Trump volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: colocar un mensaje político en el centro de la conversación internacional. Entre declaraciones sobre conflictos globales, comercio y seguridad, el presidente estadounidense reiteró que el combate contra los cárteles mexicanos seguirá siendo una prioridad estratégica para Washington. No fue una frase improvisada ni un comentario aislado. Forma parte de una narrativa que su administración ha venido construyendo desde hace meses y que cada vez encuentra más respaldo en acciones concretas de las agencias estadounidenses. Situación casi calcada a las maniobras realizadas por la administración norteamericana antes de las conocidas acciones tomadas en Venezuela, Cuba e Irán (no lo digo yo, con una pequeña googleada basta para que no digan que ando de hablador).

 En México, sin embargo, aquellas palabras pasaron casi desapercibidas. Quizá porque estamos acostumbrados a interpretar los discursos de Trump únicamente desde la óptica electoral. Pero esta vez, sería un error. Más allá del estilo confrontativo del mandatario estadounidense (que ya todos conocemos), la política de seguridad de Estados Unidos suele enviar señales antes de ejecutar movimientos de mayor alcance (ya se la Sanborns, aquello de “el que avisa no es traidor”). Y cuando esas señales comienzan a coincidir con investigaciones judiciales, sanciones financieras, procesos de extradición y acusaciones contra integrantes del crimen organizado, conviene prestar atención.

Ahora bien queridos lectores, ustedes dirán: “Bueno ajá, todo muy interesante pero eso pasó hace dos semanas, ¿eso ahora qué?” A lo que su servidor contestará: ¡Haaaaaa! Lo que pasa es que, en las últimas semanas, también han aumentado las versiones periodísticas, las filtraciones y los análisis que apuntan hacia una posible colaboración de integrantes de organizaciones delincuenciales mexicanas, así como políticos con autoridades estadounidenses (consagrando aquel dicho que reza: “el miedo no anda en burro”). Conviene ser claros: muchas de esas versiones permanecen sin confirmación oficial y no pueden asumirse como hechos consumados. Sin embargo, sí existe un elemento objetivo que no admite discusión. Durante los últimos años diversos líderes delincuenciales extraditados a Estados Unidos (y últimamente políticos con nexos bastante cuestionables) han optado por convertirse en testigos cooperantes, proporcionando información a fiscales federales a cambio de beneficios procesales. Esa práctica forma parte del sistema de justicia estadounidense y ha permitido desmantelar organizaciones delincuenciales internacionales en casos de narcotráfico, corrupción y delincuencia organizada (práctica que en México conocemos como el “ayúdame a ayudarte”).

Si esa tendencia continúa, el alcance de las investigaciones difícilmente se limitará a los propios delincuentes. La experiencia demuestra que el interés de las fiscalías federales estadounidenses suele dirigirse hacia las redes completas que hicieron posible la operación de esas organizaciones: operadores financieros, empresarios, prestanombres, funcionarios públicos y, cuando existen elementos probatorios suficientes, actores políticos (¿ahora me entienden por qué es relevante a estas alturas?).

No sería la primera ocasión que ocurre. Casos como los de funcionarios mexicanos procesados en cortes estadounidenses demuestran que Washington está dispuesto a judicializar expedientes cuando considera que existen pruebas para hacerlo, independientemente de las consecuencias diplomáticas. La diferencia es que hoy la presión política parece mayor y la prioridad estratégica de combatir a la delincuencia organizada transnacional ocupa un lugar central en la agenda de seguridad nacional estadounidense.

Frente a ese escenario, México tiene dos caminos. El primero consiste en esperar, como tantas veces, a que las investigaciones extranjeras terminen exhibiendo las debilidades de nuestras instituciones (que lamentablemente sí las tenemos). El segundo, mucho más complejo pero también más responsable (y alentador), implica aprovechar este momento para corregir problemas estructurales que durante décadas han debilitado la procuración de justicia.

Quizá la reforma más urgente no sea crear nuevas instituciones, modificar nuevamente el organigrama gubernamental o endurecer las penas (como cada seis años ocurre). El verdadero cambio de paradigma consiste en separar definitivamente la agenda de seguridad de la agenda política.

Mientras las decisiones de seguridad dependan de calendarios electorales, intereses partidistas o cálculos de popularidad, será prácticamente imposible construir políticas públicas, policiológicas y criminológicas de largo plazo. La delincuencia organizada no cambia de estrategia cada tres o seis años; el Estado tampoco debería hacerlo (pero somos bien ocurrentes y nos encanta buscarles las patitas a las víboras).

Lo mismo ocurre con las fiscalías. En una democracia madura (madura, no de Maduro), el Ministerio Público no investiga para favorecer gobiernos ni para perjudicar opositores. Investiga porque existen hechos posiblemente constitutivos de delito. Nada más. Nada menos.

La autonomía constitucional de las fiscalías representa un avance importante, pero la autonomía jurídica no siempre se traduce en independencia operativa. Los procesos de designación, los presupuestos, las permanencias en el cargo e incluso las prioridades institucionales continúan sujetas, en muchos casos, a presiones políticas. Mientras esa realidad no cambie, seguirá existiendo la percepción de que algunas investigaciones avanzan y otras permanecen congeladas dependiendo del contexto político.

Paradójicamente, la presión internacional podría convertirse en una oportunidad para fortalecer nuestras propias instituciones. No porque Estados Unidos deba marcar la agenda mexicana, sino porque el costo de no hacerlo comienza a ser demasiado alto.

La cooperación bilateral en materia de seguridad seguirá profundizándose. El tráfico de fentanilo, el lavado de dinero, el tráfico de armas, la migración irregular y las organizaciones delincuenciales ya no son problemas exclusivamente nacionales. Son fenómenos transnacionales que exigen instituciones igualmente sólidas a ambos lados de la frontera.

México necesita demostrar que puede investigar con el mismo rigor a un integrante de un grupo delincuencial que a cualquier servidor público, empresario o actor político que eventualmente haya facilitado sus operaciones, siempre bajo el principio irrenunciable del debido proceso, la presunción de inocencia, los derechos humanos y la existencia de pruebas suficientes. Esa es precisamente la diferencia entre un Estado de derecho y un Estado que administra coyunturas políticas.

Las declaraciones de Trump en el G7 probablemente pasarán pronto al archivo de los discursos diplomáticos. Lo verdaderamente importante no será recordar lo que dijo, sino preguntarnos por qué esas palabras parecen encajar cada vez con mayor facilidad en un rompecabezas que lleva años construyéndose.

Tal vez la discusión ya no sea si Estados Unidos seguirá investigando. La pregunta verdaderamente relevante es si México decidirá fortalecer sus propias instituciones antes de que otros continúen haciendo el trabajo que, por mandato constitucional, corresponde a las nuestras y que por intereses de todo tipo se obstaculizan.

hidalgomontes@gmail.com

La fragmentación criminal: el nuevo mapa del crimen organizado (y dolor de cabeza) en México

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Durante décadas, el debate sobre la seguridad en México giró en torno a grandes organizaciones criminales encabezadas por figuras casi míticas. Desde nombres como Miguel Ángel Félix Gallardo, Amado Carrillo Fuentes (“El Señor de los Cielos”), pasando por Joaquín Guzmán Loera (“El Chapo”), Ismael Zambada García (“El Mayo”) y Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho) marcaron una etapa histórica donde el poder criminal se concentraba en estructuras relativamente verticales, capaces de controlar extensos territorios, coordinar cadenas internacionales de suministro de drogas y mantener interlocución con actores políticos, económicos y criminales. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos meses sugieren que esa etapa está llegando a su fin.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ocurrida durante un operativo de fuerzas federales mexicanas apoyado por inteligencia estadounidense (aunque no se quiera a veces reconocer) en febrero de 2026, representó mucho más que la caída de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Significó el golpe definitivo contra el último gran liderazgo criminal capaz de mantener cohesionado un aparato delictivo de alcance nacional e internacional.

Paralelamente, la situación del llamado Cártel de Sinaloa evidencia una transformación igualmente profunda. Diversas investigaciones periodísticas y documentos judiciales estadounidenses han confirmado que integrantes de la facción de Los Chapitos, incluidos Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, han entrado en procesos formales de cooperación con autoridades federales de Estados Unidos.

Lo anterior no significa que el narcotráfico haya desaparecido ni que las organizaciones criminales hayan sido derrotadas, significa algo más complejo: el modelo tradicional de los grandes cárteles está dejando de existir. La pregunta importante (odiosa por cierto) bajo esta premisa sería: ¿Está el Estado Mexicano para dar frente a esta mutación delincuencial?

Por ejemplo, hablar hoy del “Cártel de Sinaloa” como una organización monolítica resulta cada vez menos preciso. La confrontación entre las facciones de Los Chapitos y los grupos leales a Ismael Zambada, las rupturas internas, las capturas, extradiciones y acuerdos judiciales han provocado una fragmentación que recuerda procesos observados anteriormente en Colombia tras la caída del Cartel de Medellín o en México después de la desintegración de los Beltrán Leyva.

Aquí surgen otras dos preguntas relevantes (jodonas como piedrita en el zapato): ¿Quién controlará el próximo gran cártel? y ¿Qué ocurrirá cuando ya no existan grandes cárteles?.

La experiencia internacional muestra que la fragmentación criminal rara vez produce paz. Por el contrario, suele generar un ecosistema compuesto por decenas o cientos de células más pequeñas, menos visibles, más violentas y con fuertes raíces territoriales.

En ese escenario, el narcotráfico deja de ser la única actividad relevante, tal y como ya se ha empezado a ver en México. Las organizaciones diversifican riesgos y ganancias mediante extorsión, secuestro, cobro de piso, tráfico de migrantes, tala ilegal, minería clandestina, robo de hidrocarburos, fraude, explotación sexual y control de mercados locales.

Es decir, pasan de ser empresas criminales orientadas a la exportación a convertirse en depredadores de las economías regionales. En pocas palabras “le tiran a lo que se mueva” …como amigo con pie plano: “pisan parejo”. Ya existen señales de esta transición en diversas regiones del país. Mientras las grandes rutas internacionales continúan siendo importantes, el control de territorios, comunidades, actividades económicas locales y cadenas logísticas se ha convertido en un activo estratégico tan valioso como el tráfico de drogas.

Por ello, el Estado mexicano debe evitar caer en una lectura triunfalista de los acontecimientos recientes. En primer lugar porque bajo ningún motivo se han desmantelado estas estructuras delincuenciales, aún existen operadores de las mismas que no han sido detenidos, enjuiciados y sentenciados y por último es que (desgraciadamente) parte de los buenos resultados que en esta administración se han tenido, han sido parte de presión externa (de Washington concretamente) y no de verdadera voluntad interna.

La captura o muerte de líderes históricos representa un éxito operativo importante. Sin embargo, la historia demuestra que la decapitación de organizaciones delincuenciales no garantiza por sí misma una reducción sostenible de la violencia. Diversos estudios académicos han advertido que la simple eliminación de liderazgos suele generar reacomodos internos, disputas sucesorias y nuevas dinámicas de reclutamiento criminal.

La siguiente fase exigirá capacidades distintas. México necesitará fortalecer la inteligencia territorial, las investigaciones patrimoniales, la persecución financiera, los mecanismos anticorrupción y la coordinación interinstitucional. También deberá consolidar policías locales profesionales capaces de comprender dinámicas delincuenciales específicas de cada región, algo imposible de lograr mediante estrategias uniformes aplicadas desde el centro del país. Debemos aceptar que la fenomenología delincuencial en México es heterogénea y necesitamos mandos policiales con verdadera capacidad de generar estrategias diferenciadas para ello.

Asimismo, será indispensable fortalecer fiscalías autónomas (pero autónomas de verdad), sistemas de análisis criminal e instrumentos de prevención social que reduzcan la capacidad de reclutamiento de estas nuevas estructuras fragmentadas.

La cooperación bilateral (y también la presión) con Estados Unidos seguirá siendo un factor determinante (nos guste o no). Los recientes resultados operativos muestran niveles de intercambio de inteligencia sin precedentes entre ambos gobiernos. Sin embargo, la verdadera medida del éxito no será cuántos líderes son capturados o abatidos, sino, si el Estado logra impedir que las organizaciones fragmentadas ocupen nuevamente los espacios que dejan quienes caen.

La era de los grandes capos parece estar terminando. Sin embargo, la era de las redes criminales fragmentadas apenas comienza y esa puede ser una amenaza mucho más difícil de combatir (si no nos ponemos truchas).

hidalgomontes@gmail.com

La guerra de los símbolos: Trump, el Tren de Aragua y el mensaje para los cárteles mexicanos

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

El pasado 12 de junio, las fuerzas armadas y las agencias de inteligencia de Estados Unidos en coordinación (forzada) de autoridades venezolanas lanzaron un ataque quirúrgico en el estado venezolano de Bolívar. Una imagen que enfoca una casa con techumbre de color verde, es un bonito día soleado y de repente… ¡Pum!, onda, expansiva y humo que develan un camino de muerte y destrucción (y un craterzote del tamaño del carajo)…la víctima, el líder de la organización criminal transnacional de origen venezolano “Tren de Aragua”, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”. Su partida de este plano terrenal marca un punto de inflexión no solo en la evolución de esta estructura delincuencial, sino también en la forma en que los gobiernos comunican sus éxitos en materia de seguridad. El hecho habría pasado a formar parte de la larga lista de operaciones contra objetivos de alto valor alrededor del mundo, de no ser porque el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió anunciarlo personalmente mediante un video difundido en sus redes sociales, acompañado de un mensaje triunfalista que presentó la operación como una victoria estratégica contra una de las organizaciones criminales más violentas del continente.

 

De acuerdo con información difundida por el gobierno estadounidense y confirmada posteriormente por autoridades venezolanas, Guerrero murió durante una operación coordinada entre el Comando Sur de Estados Unidos y fuerzas de seguridad venezolanas. Trump calificó la acción como un “ataque rápido y letal” (literal: ¿on´ ta’ la casa?….¡ya no ta’ la casa!) contra quien describió como uno de los criminales más peligrosos del hemisferio occidental, difundiendo incluso imágenes del supuesto ataque.

 

Desde la perspectiva policiológica y criminológica, la desaparición física de un líder criminal raramente implica la desaparición de la organización que encabeza (si no pregúntenle al cartel de Sinaloa, al CJNG). La experiencia internacional demuestra que las estructuras criminales modernas poseen mecanismos de resiliencia, descentralización y sucesión que les permiten sobrevivir a la captura o muerte de sus dirigentes ya que son “empresas delincuenciales”. Ocurrió con organizaciones mafiosas italianas, con grupos insurgentes colombianos y con numerosos cárteles latinoamericanos. El Tren de Aragua, cuya expansión alcanzó países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil, México y Estados Unidos, ha evolucionado desde una pandilla penitenciaria venezolana hacia una red delincuencial multinacional dedicada a la trata de personas, extorsión, tráfico de migrantes, secuestro, narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero.

 

A corto plazo, la muerte de Guerrero probablemente generará disputas internas por el control de rutas, mercados ilícitos y estructuras de mando (como casi siempre ocurre). Estas luchas sucesorias suelen traducirse en incrementos temporales de violencia, fragmentación operativa y aparición de nuevas facciones. Sin embargo, también pueden representar oportunidades para las autoridades si logran explotar las fracturas internas mediante inteligencia financiera, cooperación internacional y persecución judicial coordinada (como decía la vieja táctica romana “dividem et imperam”/”divide y vencerás”).

 

No obstante, el aspecto más relevante de este episodio quizá no sea la eliminación del líder criminal, sino la forma en que fue comunicada. Trump no permitió que la operación hablara por sí misma. La convirtió en un mensaje político. Al aparecer como el principal vocero del éxito operativo, el mandatario estadounidense proyectó una imagen de liderazgo, capacidad ofensiva y determinación. El destinatario inmediato fue la opinión pública estadounidense. Sin embargo, existieron otros receptores igualmente importantes: las organizaciones criminales de toda América Latina.

 

La comunicación estratégica forma parte de cualquier conflicto. Los gobiernos buscan enviar mensajes de disuasión a quienes consideran amenazas. Al exhibir públicamente la neutralización de un objetivo de alto valor, Washington construye una narrativa donde ningún líder criminal puede considerarse fuera de su alcance. El mensaje es sencillo: si Estados Unidos considera que una organización representa una amenaza directa a su seguridad nacional, sus dirigentes pueden convertirse en blancos prioritarios independientemente de la frontera donde se encuentren.

 

Es precisamente aquí donde México debe prestar atención ("Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar"). Durante los últimos años, la administración Trump ha elevado progresivamente el discurso contra organizaciones criminales mexicanas, impulsando su tratamiento bajo esquemas propios de la lucha contra el terrorismo. La designación de diversas organizaciones criminales transnacionales como amenazas de seguridad nacional y el lenguaje utilizado por funcionarios estadounidenses apuntan hacia una narrativa cada vez más agresiva. Desgraciadamente el discurso de la administración federal mexicana así como las pruebas tangibles de las acciones hacia grupos delincuenciales no ha sido congruente en algunas ocasiones. Sería absurdo no reconocer que se han hecho avances significativos, sobre todo, después de la pésima política de “abrazos y no balazos” Sin embargo, dichos avances son mínimos a ojos del inquilino de la casa blanca

 

La difusión pública de la muerte de “Niño Guerrero” puede interpretarse como un ejercicio de marketing político, pero también como una demostración de capacidades (un…¿ya ven lo que podemos hacer?). El verdadero valor del video no radica en mostrar la operación, sino en construir un precedente psicológico. Los líderes criminales mexicanos observan ahora un escenario en el que la persecución internacional puede trascender los mecanismos tradicionales de extradición y cooperación judicial para transformarse en una campaña permanente de presión política, financiera, tecnológica y mediática.

Sin embargo, existe un riesgo inherente a esta estrategia. Cuando las operaciones de seguridad se convierten en espectáculos mediáticos, la línea que separa la comunicación institucional de la propaganda política puede volverse difusa. La historia demuestra que la excesiva personalización de los éxitos gubernamentales genera incentivos para privilegiar acciones de alto impacto mediático sobre estrategias de largo plazo orientadas al fortalecimiento institucional. La eliminación de un líder puede producir titulares; la construcción de instituciones sólidas produce resultados duraderos.

Para México, la lección es doble. Por un lado, la caída de “Niño Guerrero” confirma que la cooperación internacional sigue siendo una herramienta indispensable frente a organizaciones criminales transnacionales. Peeeeeeeeeeeeeeeeeero, por otro, evidencia que la seguridad ciudadana contemporánea también se libra en el terreno de la comunicación estratégica. Hoy los gobiernos no solo capturan o eliminan criminales; también administran narrativas (y la neta, la neta en México andamos fallones en eso).

La pregunta de fondo no es si la muerte del líder del Tren de Aragua debilitará a esa organización. La pregunta es si estamos observando el inicio de una nueva etapa en la que la exhibición pública de objetivos criminales abatidos se convierta en una herramienta sistemática de presión psicológica contra los grandes capos de América Latina. Si esa es la intención, los líderes de las organizaciones criminales mexicanas seguramente ya entendieron el mensaje…no importa donde se escondan o quien los proteja, sabemos en donde están y se encuentran a un click de computadora de tener la oportunidad de entregar en primera persona el equipo al creador.

hidalgomontes@gmail.com

 Goles para la delincuencia: piratería, lavado de dinero y mercados ilícitos en tiempos de Mundial

 

Por Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Cuando pensamos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 solemos imaginar estadios llenos, fiesta desenfrenada, hoteles con reservaciones al 100%, restaurantes repletos y millones de turistas recorriendo (y gastando) en las calles de México. Sin embargo, existe otra economía que también se prepara para el evento deportivo más importante del planeta: la economía delincuencial.

Mientras gobiernos, empresas y ciudadanos esperan una derrama económica histórica, organizaciones delincuenciales ya visualizan (y se relamen los bigotes) oportunidades de negocio que poco tienen que ver con el deporte y mucho con la obtención de ganancias ilícitas. Las actividades que generan dichas ganancias destacan la trata de personas (con fin de explotación sexual), el narcotráfico, y muchas otras más, entre estas destaca una actividad que frecuentemente es minimizada por la opinión pública: la piratería.

Para muchos consumidores, adquirir una camiseta apócrifa (pirata, pa´los compas), una gorra falsificada o recuerdos no autorizados puede parecer una falta menor o incluso una práctica culturalmente aceptada (al menos en México). Sin embargo, detrás de una parte importante de estos productos existe una compleja estructura financiera que permite a grupos delincuenciales generar recursos, ocultar ganancias ilícitas y fortalecer economías paralelas que compiten directamente con la economía formal.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que el comercio mundial de mercancías falsificadas y pirateadas alcanzó aproximadamente 467 mil millones de dólares, equivalentes al 2.3% de las importaciones mundiales. Estudios previos elaborados conjuntamente por la OCDE y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) habían calculado incluso montos cercanos a los 509 mil millones de dólares anuales. Estas cifras no incluyen la producción local ni el comercio digital ilegal, por lo que el fenómeno real es considerablemente mayor.

La fiesta del Mundial de Fútbol representa un escenario ideal para este mercado ilícito. La demanda de camisetas, gorras, bufandas, banderas, souvenirs, productos electrónicos, transmisiones digitales ilegales y artículos coleccionables se multiplica exponencialmente. La enorme cantidad de visitantes dificulta la fiscalización, mientras que el volumen de transacciones permite ocultar mercancía ilegal entre actividades aparentemente legítimas.

Las autoridades mexicanas parecen ser conscientes de este riesgo. Durante los meses previos a la cita mundialista ya se han registrado operativos contra mercancía falsificada relacionada con el torneo, particularmente en algunos de los mercados más emblemáticos del país. Las acciones gubernamentales responden no solamente a la protección de derechos de propiedad intelectual (que la FIFA se ha puesto particularmente “quisquillosa” para esta edición), sino también a la necesidad de evitar que estos mercados se conviertan en fuentes masivas de financiamiento para estructuras delincuenciales.

El problema va más allá de la simple venta de productos piratas. La piratería constituye un mecanismo eficaz para el lavado de activos. El modelo es relativamente sencillo: recursos obtenidos mediante actividades ilícitas como narcotráfico, extorsión o contrabando pueden mezclarse con ingresos derivados de la venta masiva de mercancía falsificada. El resultado es una aparente actividad comercial legítima que dificulta rastrear el origen real del dinero. En pocas palabras, se disfrazan las ganancias de delitos graves y violentos a través de una actividad socialmente aceptada y muchas veces tolerada.

Desde la perspectiva criminológica, esta práctica forma parte de lo que algunos especialistas denominan mercados delincuenciales convergentes. Es decir, estructuras delincuenciales que participan simultáneamente en diversas actividades ilícitas aprovechando las mismas redes logísticas, financieras y de corrupción. Los mismos corredores utilizados para introducir mercancía falsificada pueden emplearse para el contrabando de otros productos ilegales (drogas, armas, medicamentos falsificados, precursores químicos controlados), mientras que las redes de distribución clandestina permiten mover dinero y mercancías con relativa facilidad.

La experiencia internacional demuestra que la piratería no debe analizarse únicamente como una infracción comercial. Diversos organismos especializados han documentado vínculos entre el comercio de productos falsificados y redes de delincuencia organizada transnacional. El atractivo es evidente: se trata de una actividad con altos márgenes de ganancia, menores riesgos operativos que otros delitos y una percepción social relativamente tolerante.

México enfrenta además una condición geográfica particularmente compleja (pa´acabarla de fregar). Además de ser un importante mercado consumidor, diversos estudios internacionales lo identifican como país de tránsito para mercancía falsificada proveniente principalmente de Asia con destino hacia Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Esto convierte al país en un punto estratégico dentro de cadenas globales de comercio ilícito.

El desafío para las autoridades no consiste únicamente en decomisar productos. La verdadera tarea es seguir la ruta del dinero. Cada camiseta falsificada vendida en las inmediaciones de un estadio puede representar una pequeña fracción de una estructura financiera mucho más amplia. La persecución delincuencial efectiva requiere inteligencia financiera, cooperación internacional (que la neta, la neta andamos un poco bajones en estos días), fortalecimiento aduanero (aquí si estamos en el hoyo), vigilancia del comercio electrónico y coordinación entre instituciones de seguridad, fiscalización y procuración de justicia.

Desde una perspectiva de política pública, el Mundial 2026 representa una oportunidad única para fortalecer capacidades institucionales que permanecerán mucho después de que termine el torneo. Si nuestro país logra desarrollar mecanismos eficaces contra la economía ilícita asociada a la piratería, los beneficios trascenderán el ámbito deportivo y contribuirán al debilitamiento de organizaciones delincuenciales que hoy encuentran en estos mercados una fuente constante de ingresos.

Al final de cuentas, la discusión no trata únicamente de proteger marcas registradas o derechos comerciales de las mega corporaciones. Se trata de comprender que detrás de una economía paralela aparentemente “inofensiva” existen redes que erosionan la recaudación fiscal, afectan empleos formales, distorsionan mercados y, en algunos casos, contribuyen al fortalecimiento financiero de organizaciones delincuenciales que perpetua sus actividades principales (tráfico de drogas, personas, armas y un amplio etcétera).

Mientras millones de aficionados celebren los goles dentro de los estadios, el verdadero reto para las autoridades será evitar que, fuera de ellos, la delincuencia organizada también salga victoriosa.

hidalgomontes@gmail.com

 La ruta invisible del dinero: migración, remesas y la batalla contra el lavado de activos

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Por años, las remesas han representado uno de los vínculos más sólidos entre millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y sus familias en México (Y también el bálsamo que inyecta dinero a gobiernos locales que se han vuelto haraganes para mejorar y/o aumentar sus ingresos) . En 2025, México recibió más de 64 mil millones de dólares por este concepto, convirtiéndose nuevamente en uno de los principales receptores de remesas del mundo. Para millones de hogares, estos recursos significan alimentación, educación, salud y vivienda. Sin embargo, detrás de este enorme flujo financiero también existe una realidad menos visible (“convenientemente”): la posibilidad de que organizaciones delincuenciales utilicen los mismos canales para ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas.

Uno de los mecanismos más utilizados para este propósito es el denominado “pitufeo” o “smurfing” (para los que nos leen en el gabacho), técnica clásica de lavado de activos que consiste en fragmentar grandes cantidades de dinero ilícito en múltiples operaciones de bajo monto para evitar controles regulatorios y alertas automáticas de los sistemas financieros.

La lógica es sencilla: en lugar de transferir una suma considerable que pudiera despertar sospechas de las autoridades de inteligencia finaciera, los grupos delincuenciales dividen el dinero en decenas o incluso cientos de envíos menores realizados por distintas personas, en diferentes lugares y momentos. Individualmente parecen operaciones legítimas; en conjunto constituyen una sofisticada estrategia de ocultamiento financiero.

Diversos estudios y análisis especializados han documentado cómo organizaciones delincuenciales han reclutado a ciudadanos mexicanos, migrantes e incluso residentes estadounidenses para realizar múltiples transferencias internacionales a cambio de pequeñas comisiones. Posteriormente, esos recursos son mezclados con remesas legítimas y entregados a estructuras delincuenciales en territorio mexicano. En pocas palabras, bajan armas y dinero y suben drogas y personas (trata de personas)

Desde la perspectiva criminológica, el pitufeo constituye una manifestación de la fase conocida como “estratificación” (“layering”) dentro del proceso de lavado de activos. Después de colocar el dinero ilícito en el sistema financiero, los delincuentes generan múltiples transacciones destinadas a dificultar la identificación de su origen antes de reintegrarlo a la economía formal.

El fenómeno no es nuevo. Lo que sí resulta novedoso es la creciente atención que está recibiendo por parte de las autoridades estadounidenses.

Durante los últimos meses, la administración del presidente Trump ha colocado el control financiero de la migración irregular y de la delincuencia organizada transnacional como uno de los ejes centrales de su estrategia de seguridad nacional. En noviembre de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) emitió una alerta formal dirigida a empresas de servicios monetarios para incrementar la vigilancia sobre transferencias transfronterizas potencialmente vinculadas con migrantes en situación irregular y fondos de origen ilícito.

La alerta recuerda que las empresas transmisoras de dinero están obligadas a reportar operaciones sospechosas y advierte específicamente sobre transferencias internacionales relacionadas con ingresos obtenidos ilícitamente o que presenten patrones compatibles con actividades delincuenciales. Sin embargo, debido a los montos pequeños y la cantidad de personas que se utilizan para este fin, son muy difíciles de identificar

Paralelamente, el Departamento del Tesoro anunció operaciones de análisis masivo de datos enfocadas en empresas de servicios monetarios ubicadas en la frontera suroeste de Estados Unidos, utilizando inteligencia artificial y nuevas capacidades tecnológicas para identificar patrones asociados con lavado de dinero, tráfico de personas y financiamiento delincuencial.

Más recientemente, una orden ejecutiva emitida por la administración Trump busca restringir el acceso de migrantes indocumentados a determinados servicios financieros y mecanismos de envío de remesas, incluyendo mayores requisitos de identificación y controles sobre el uso de documentos consulares para la apertura y operación de servicios financieros.

En otras palabras, el próximo gran objetivo de Washington parece no limitarse únicamente al control fronterizo físico. También se dirige hacia las rutas financieras utilizadas tanto por redes de tráfico humano como por organizaciones delincuenciales que aprovechan la enorme masa de transferencias internacionales para ocultar movimientos ilícitos.

El desafío para México será enorme. Por un lado, existe una necesidad legítima de combatir el lavado de dinero y las finanzas de la delincuencia organizada. La evidencia internacional demuestra que seguir la ruta del dinero suele ser más efectivo que perseguir exclusivamente a los operadores de bajo nivel (y la evidencia ha demostrado que solo trae un aumento considerable de la violencia).  Sin recursos financieros, las organizaciones delincuenciales pierden capacidad para corromper funcionarios, adquirir armamento, reclutar integrantes y expandir sus operaciones. O sea, se queda sin queso la quesadilla (chiste no aplicable para la CDMX, aunque siempre defenderé la obligatoriedad del queso en las mismas).

Por otro lado, también existe el riesgo de que medidas excesivamente restrictivas afecten a millones de migrantes honestos que utilizan los canales de remesas para sostener a sus familias. De acuerdo con diversos análisis económicos, la mayoría de las remesas tienen origen legítimo y continúan siendo una fuente esencial de ingresos para millones de hogares mexicanos (Y uno que otro gobierno local holgazán).

La respuesta no debe ser criminalizar al migrante ni estigmatizar las remesas. Debe centrarse en fortalecer los mecanismos de inteligencia financiera, mejorar el intercambio binacional de información, incrementar la supervisión de empresas transmisoras de dinero y desarrollar capacidades analíticas que permitan distinguir entre transacciones legítimas y operaciones vinculadas al lavado de activos.

La verdadera batalla no se libra contra quien envía cien dólares para apoyar a su familia. Se libra contra quienes aprovechan esos mismos canales para ocultar ganancias provenientes del narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes y otras actividades delincuenciales.

En los próximos años veremos una transformación profunda en la supervisión financiera transfronteriza entre México y Estados Unidos. La pregunta ya no es si habrá mayores controles, sino qué tan capaces serán ambos países de implementarlos sin afectar a millones de familias que dependen legítimamente de las remesas para sobrevivir.

La tensión sobre nuestro país va en aumento y parece que la retórica de “es todo dinero de nuestros paisanos para sus familias” se está quedando corto. Porque cuando el dinero ilícito logra disfrazarse de ayuda familiar, la línea entre economía y seguridad nacional se vuelve prácticamente invisible.

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 Cuando la política captura la seguridad

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

La seguridad ciudadana en una democracia no puede depender de ciclos electorales, lealtades partidistas ni cálculos políticos de corto plazo que pueden dar pie a tratos delincuenciales (¡cof, cof!). Cuando eso ocurre, el Estado comienza a perder una de sus capacidades esenciales: garantizar justicia imparcial y seguridad ciudadana. Hoy, lamentablemente ya quedó demostrado que nuestro querido México enfrenta, desde hace  mucho tiempo, esa amenaza.

Los últimos meses han estado marcados por acusaciones de probables vínculos entre actores políticos y organizaciones delincuenciales, tensiones diplomáticas en materia de seguridad y cuestionamientos públicos sobre la autonomía real de las instituciones encargadas de investigar y perseguir delitos. El caso del gobernador de Sinaloa y las recientes declaraciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre futuras acusaciones contra políticos mexicanos por probables nexos con organizaciones delincuenciales han colocado nuevamente sobre la mesa un tema incómodo pero inevitable (y en algunos casos, innegable): la infiltración delincuencial en estructuras políticas e institucionales.

Este grave problema ya no es únicamente delincuencial, es profundamente democrático. Cuando las instituciones de seguridad y procuración de justicia se subordinan a intereses políticos, el combate a la delincuencia pierde continuidad, credibilidad y eficacia (y en México somos expertos para descubrir el hilo negro cada cambio de administración). Las prioridades cambian cada seis años, los mandos se reemplazan por afinidades políticas y no por capacidades técnicas, y las investigaciones pueden terminar condicionadas por conveniencias electorales o pactos de poder.

La seguridad ciudadana requiere exactamente lo contrario: estabilidad institucional, profesionalización permanente y autonomía operativa (que la neta, la neta, en la historia reciente de nuestro México nunca se ha tenido). Llevamos años hablando de depuración policial, profesionalización y fortalecimiento institucional. Sin embargo, en muchos casos, las instituciones siguen atrapadas en dinámicas de improvisación administrativa y dependencia política. El propio marco jurídico mexicano reconoce la importancia del Servicio Profesional de Carrera Policial como un sistema obligatorio y permanente basado en mérito, profesionalización, permanencia y evaluación (pero rara vez se aplica).

Desgraciadamente, la realidad suele ser distinta. Cada cambio de administración (no importa el orden de gobierno) implica frecuentemente la sustitución masiva de mandos, la interrupción de proyectos institucionales y, en ocasiones, la llegada de perfiles cuya principal credencial no es técnica sino política. Esto genera un mensaje devastador hacia las instituciones: la lealtad política pesa más que la capacidad profesional.

El resultado es predecible. Policías debilitadas, instituciones vulnerables a la corrupción y espacios fértiles para la infiltración delincuencial.

La delincuencia organizada entiende perfectamente esta fragilidad institucional. Diversos estudios académicos han advertido cómo las organizaciones delincuenciales buscan capturar gobiernos locales, influir en procesos electorales y construir redes de protección política para garantizar impunidad. En otras palabras: no buscan solamente controlar territorios; buscan influir en el poder público.

Por ello, separar la agenda política de la agenda de seguridad no es un lujo técnico. Es una necesidad de supervivencia democrática. Esto implica, primero, consolidar verdaderos servicios civiles de carrera policial y ministerial. Ascensos basados en mérito, evaluaciones permanentes (según el grado de mando), estabilidad laboral condicionada al desempeño y esquemas sólidos de control interno pueden reducir la dependencia política de las instituciones.

Segundo, implica fortalecer la autonomía real de las fiscalías. Y la palabra clave es “real”, porque la autonomía constitucional no sirve de mucho si los nombramientos, presupuestos o decisiones estratégicas continúan sujetos a presiones políticas. Una fiscalía dependiente del poder político difícilmente investigará corrupción política con profundidad. Y una fiscalía incapaz de investigar redes políticas de protección delincuencial termina dejando intacto el verdadero corazón financiero y operativo de las organizaciones delictivas.

El desafío es enorme porque México enfrenta simultáneamente presión internacional, expansión de la delincuencia organizada y desgaste institucional. Las recientes tensiones con Estados Unidos sobre “narcopolítica” reflejan precisamente esa preocupación internacional sobre la penetración delincuencial (y negarlo sería infantil) en estructuras de gobierno.

Sin embargo, el problema no puede resolverse únicamente con operativos o despliegues de fuerza. La experiencia internacional demuestra que los países que lograron fortalecer su seguridad ciudadana construyeron instituciones técnicas relativamente blindadas frente a la coyuntura política.

Colombia, por ejemplo, profesionalizó unidades especializadas. Italia fortaleció fiscalías antimafia con autonomía operativa. España consolidó estructuras policiales permanentes altamente profesionalizadas. Ninguno de esos modelos es perfecto, pero todos entendieron algo fundamental: la seguridad del Estado no puede administrarse como propaganda política.

Ahora bien, México necesita llegar a esa conclusión antes de que sea demasiado tarde. Porque cuando las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía comienzan a contaminarse por intereses políticos o delincuenciales, el problema deja de ser únicamente de seguridad. Se convierte en una amenaza directa para la salud democrática del país.

Y las democracias no suelen colapsar de golpe. Se erosionan lentamente, institución por institución. Ahora, la reflexión es: ¿necesitamos más tiempo para darnos cuenta de que estamos en el hoyo? ¿necesitamos más tiempo para pasar de los dichos a los hechos? ¿Cuántas pérdidas humanas, sociales y económicas necesitamos para reconocer que estamos mal?

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