¿Menos drogas o más influencia? El examen de Washington

 

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Dicen que la historia es cíclica y hoy, pareciera que se repiten escenas que México conoce demasiado bien: Washington evalúa, reparte reconocimientos y advierte que la cooperación todavía no alcanza. Cambian los presidentes y las drogas que dominan la conversación, pero permanece una pregunta incómoda: ¿quién evalúa al evaluador?

 

En un análisis publicado por InSight Crime el pasado 24 de septiembre devuelve esa discusión a la mesa. Deborah Bonello y Jeremy McDermott examinan las recientes decisiones antidrogas de Estados Unidos y encuentran una mezcla de resultados, afinidades políticas y presión diplomática (¡qué raro!). Venezuela salió (sospechosamente) del grupo de países señalados por incumplimiento, mientras Colombia y Bolivia permanecieron. Para México hubo reconocimiento por mayores decomisos, acompañado de una exigencia de acciones adicionales contra las organizaciones delincuenciales. La lectura de esto es clara: la calificación también sirve para orientar el comportamiento de otros gobiernos.

 

La escena recuerda a los fosforescentes años noventa, aunque conviene precisar algo: Estados Unidos no está resucitando un mecanismo que hubiera desaparecido por completo. La certificación por cumplir con la lucha contra el narcotráfico establecida en a la Ley Antidrogas de 1986 del Congreso norteamericano y la cual fue modificada en 2002. Cambió el procedimiento, pero se conservó la facultad presidencial de señalar a los países que incumplen manifiestamente sus compromisos antidrogas y restringir determinada asistencia. La evaluación unilateral sobrevivió a la reforma.

 

También hay que distinguir dos cosas que suelen confundirse. Figurar entre los principales países de producción o tránsito de drogas no equivale a estar descertificado. Una clasificación identifica la relevancia de un territorio para esos mercados; la otra cuestiona los esfuerzos de su gobierno. México aparece en la primera, pero no entre los países señalados por incumplimiento en la determinación para el año fiscal 2027. Presentarlo como un país ya descertificado sería incorrecto.

 

En los noventa tampoco hubo una descertificación de México, aunque sí fuertes intentos de revertir las decisiones favorables de la Casa Blanca. El Servicio de Investigación del Congreso estadounidense documentó que México recibió la certificación durante todo el periodo de 1986 a 2002. En 1997, la confrontación legislativa llegó especialmente lejos: se discutieron exigencias sobre extradiciones, cooperación con agentes estadounidenses y operaciones marítimas. La disputa servía para negociar condiciones concretas de la relación bilateral.

 

Ese antecedente ayuda a entender el presente. La presión puede producir efectos antes de que llegue una sanción. Basta con mantener abierta la posibilidad de una mala evaluación para intentar influir en prioridades, tiempos, decisiones (probablemente operativas) así como apoyos (de los cuales muchas instituciones policiales podrían verse afectadas). Mi lectura (mía de mí) es que ahí está el parecido más importante con aquella época: Washington conserva la capacidad de convertir su reconocimiento en una herramienta de negociación (o presión).

 

La dimensión política, además, está incorporada al propio mecanismo. La legislación permite mantener determinada asistencia a un país señalado si el presidente considera que resulta vital para los intereses nacionales estadounidenses. Esa excepción puede tener razones legítimas, pero demuestra que el resultado no depende exclusivamente de decomisos, investigaciones o sentencias. También interviene lo que Washington considera conveniente para sí mismo.

 

Para México, el riesgo es terminar administrando la seguridad con la mirada puesta en el siguiente examen estadounidense. Una captura de alto perfil puede ofrecer una respuesta inmediata a la presión diplomática. Desarrollar policías investigadoras, protección a testigos colaboradores, profesionalizar peritos y construir expedientes sólidos exige continuidad, presupuesto y años de trabajo. Si los incentivos favorecen únicamente lo que produce un anuncio, lo que sostiene una investigación puede quedar relegado.

 

Esto no significa que México deba desentenderse de sus obligaciones o responder a cada señalamiento con un discurso de soberanía. Investigar la protección institucional a la delincuencia, perseguir sus recursos y llevar a los responsables ante los tribunales son deberes propios. Deben cumplirse por las comunidades afectadas, independientemente de la opinión que merezcan en Washington.

 

Tampoco sería razonable aceptar una evaluación que deje fuera las responsabilidades estadounidenses. Un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, publicado en 2021, encontró que el 70 por ciento de las armas recuperadas en México entre 2014 y 2018 y sometidas a rastreo provenía de fuentes estadounidenses. El universo importa: se trata de armas recuperadas y enviadas a rastreo, no de todas las armas ilegales existentes en México. Aun con esa limitación, el hallazgo documenta una parte indispensable del problema bilateral.

 

Por eso, una cooperación seria tendría que medir compromisos de ambos lados: investigaciones sobre tráfico de armas, persecución del lavado de dinero, control de precursores, atención al consumo y resultados judiciales. México debe poder demostrar qué hace contra las organizaciones delincuenciales y exigir evidencia equivalente sobre las redes que operan al norte de la frontera.

 

También necesitamos discutir qué entendemos por éxito. Los kilos decomisados dicen cuánto se interceptó; por sí solos no explican cuánto disminuyó el mercado. Las detenciones deben evaluarse junto con las sentencias, la recuperación de activos y la capacidad de impedir que una organización reemplace a sus operadores. Para una familia, el resultado más importante puede ser mucho más concreto: dejar de pagar extorsión o poder denunciar sin abandonar su comunidad.

 

También se hace necesario entender el contexto actual donde, en los 90´s las organizaciones dedicadas al narcotráfico se dedicaban exclusivamente a ello, hoy en día pasamos de cárteles de drogas a instituciones delincuenciales transnacionales multipropósito. Es decir teniendo un amplio abanico de actividades delincuenciales tales como: narcotráfico, trata de personas, piratería, lavado de activos, minado de criptomonedas, tráfico de armas, extorsión, sicariato y un amplio etcétera; agregando como cereza al pastel que han sido señaladas por parte de la administración norteamericana como grupos terroristas.

 

La semejanza con los noventa merece atención porque plantea una vieja tentación: confundir una buena relación con Washington con una buena política de seguridad. Ambas pueden coincidir, pero una no garantiza la otra. México necesita cooperación, intercambio de información y responsabilidades compartidas (nos guste aceptarlo o no). Y necesita instituciones capaces de sostener esos acuerdos sin depender de la simpatía entre presidentes (¡esto sí a la voz de ya!).

 

La calificación decisiva tendría que venir de quienes viven con las consecuencias de la violencia y la delincuencia. El proceso de mejora continua de las instituciones policiales y de procuración de justicia debería ser más allá de una política de Estado, debería ser parte de la cultura organizacional Conseguir un reconocimiento extranjero mientras una comunidad sigue bajo amenaza sería aprobar el examen equivocado.

 

hidalgomontes@gmail.com

 

 Terroristas, narcos y fronteras: La herencia del 11 de septiembre 25 años después

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

Hay fechas que sirven para dividir la historia en un antes y un después. El 11 de septiembre de 2001 es una de ellas. Quienes tenemos edad suficiente (jamás pensé en decir esto) para recordar aquella mañana sabemos exactamente dónde estábamos cuando vimos el segundo avión impactar contra la Torre Sur del World Trade Center. En cuestión de minutos quedó claro que no estábamos viendo un accidente. Tampoco era solamente un ataque contra Nueva York o Washington. Era el inicio de una transformación profunda de la seguridad internacional…su servidor recuerda vívidamente (con el español refinado que me caracteriza) solamente decir… “¡Ya valió madre!

A 25 años de este suceso, resulta difícil dimensionar cuántas cosas que hoy consideramos normales comenzaron a cambiar a partir de aquel martes: controles aeroportuarios (que odio más que aquellos individuos que ponen los frijoles en el refri en tóper de yogurt de fresa), listas de pasajeros, intercambio de inteligencia, seguimiento de operaciones financieras, vigilancia fronteriza, cooperación policial internacional, biometría, protección de infraestructura crítica y una larguísima lista de medidas que terminaron modificando incluso la vida cotidiana.

Estados Unidos reorganizó buena parte de su aparato de seguridad. En 2003 comenzó a operar el Department of Homeland Security (DHS), que integró 22 agencias y oficinas federales bajo una estructura creada precisamente como respuesta al nuevo escenario posterior al 11-S. Pero existe otra consecuencia del 11 de septiembre de la que hablamos mucho menos.

Los ataques obligaron a mirar con otros ojos algo que América Latina conocía desde hacía años: las fronteras entre terrorismo, delincuencia organizada, narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, trata de personas, falsificación de documentos y lavado de dinero podían ser bastante menos claras de lo que tradicionalmente suponíamos. Y aquí conviene hacer una precisión fundamental. El 11-S no descubrió el terrorismo en América Latina ni creó la relación entre organizaciones terroristas y actividades delincuenciales. Esa historia había comenzado mucho antes. Basta recordar Buenos Aires.

En 1992 fue atacada la Embajada de Israel en Argentina. Dos años después, el 18 de julio de 1994, una bomba destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Murieron 85 personas además de 151 heridos como consecuencia directa de la explosión.

El Departamento de Justicia estadounidense ha acusado a integrantes de Hezbollah de participar en la planeación y ejecución del atentado contra la AMIA, mientras que el Departamento del Tesoro ha documentado posteriormente redes vinculadas con esa organización que desarrollaron actividades comerciales y financieras en Sudamérica. Es decir, cuando cayeron las Torres Gemelas ya existían en nuestro continente antecedentes que obligaban a mirar mucho más allá del delincuente tradicional.

Otro caso emblemático es el de Perú que con la organización “Sendero Luminoso” oriundo de la región de Ayacucho en aquella región andina fue tristemente ícono del terrorismo político en América Latina. Otro caso importante es el de Colombia que durante años, organizaciones armadas combinaron objetivos políticos, control territorial, secuestro, extorsión y violencia con economías delincuenciales. Es aquí que comenzó a cobrar fuerza una palabra que después sería utilizada hasta el cansancio: “narcoterrorismo”. El problema es que repetirla muchas veces no necesariamente ayuda a entender el fenómeno.

Terrorismo y delincuencia organizada no son sinónimos. Un grupo terrorista utiliza la violencia fundamentalmente como instrumento para alcanzar determinados objetivos políticos, ideológicos o religiosos. Una organización delincuencial busca primordialmente beneficios económicos, mercados ilícitos, protección de sus operaciones y, en numerosos casos, control territorial. Pero una cosa es que sean fenómenos distintos y otra muy diferente que vivan en universos separados.

Naciones Unidas lo reconoce expresamente. UNICRI identifica dos dinámicas particularmente importantes en América Latina: organizaciones terroristas que recurren a actividades delincuenciales para financiar sus objetivos y organizaciones delincuenciales que emplean técnicas y tácticas asociadas al terrorismo para obtener beneficios económicos. Narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero pueden encontrarse de un lado; asesinatos, secuestros, extorsiones y ataques contra civiles o infraestructura crítica, del otro.

En febrero de 2026, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas volvió sobre el problema. Su planteamiento es particularmente útil: terrorismo y crimen organizado siguen siendo fenómenos distintos, pero pueden cooperar, coexistir e incluso aprender tácticas uno del otro. Esa probablemente sea la palabra que mejor describe lo que estamos observando: convergencia (no, el partido político que sostenía este nombre, aguante y ahorita explico). Y el 11 de septiembre hizo que Estados Unidos comenzara a observar esa convergencia como un asunto directamente relacionado con su seguridad nacional.

México inevitablemente entró en esa ecuación, antes del 11-S, la conversación bilateral estaba fuertemente concentrada en migración, comercio y narcotráfico. De hecho, Vicente Fox y George W. Bush habían iniciado 2001 hablando de construir una relación migratoria diferente. Los atentados cambiaron las prioridades. El Congressional Research Service documentó posteriormente cómo las conversaciones migratorias se estancaron después de septiembre de 2001 mientras la seguridad fronteriza adquiría un peso mucho mayor. La frontera dejó de ser observada solamente como una línea por la que cruzaban personas, mercancías y drogas. Comenzó a entenderse también como una posible vulnerabilidad para la seguridad nacional estadounidense. Desde entonces, narcotráfico, migración irregular, tráfico de armas, lavado de dinero, terrorismo e inteligencia fueron acercándose dentro de la agenda bilateral. Y entonces apareció otra transformación: las organizaciones delincuenciales mexicanas comenzaron a utilizar métodos de violencia que, visualmente, podían parecerse a los empleados por organizaciones terroristas.

Carros bomba, artefactos explosivos improvisados, drones con explosivos y/o agentes químicos, decapitaciones, cuerpos exhibidos públicamente, ataques contra instalaciones categorizadas como críticas, asesinatos de funcionarios, bloqueos de ciudades, amenazas contra periodistas, videos propagandísticos, vehículos blindados artesanalmente, emboscadas contra policías y militares seguidos de un lamentable etcétera.

La violencia dejó de servir exclusivamente para eliminar al adversario, también comenzó a servir para comunicar y ahí está una de las claves del problema. Cuando una organización abandona la violencia discreta y convierte la brutalidad en espectáculo, busca producir algo adicional a la muerte de su víctima: miedo colectivo (Sun Tzu sostenía: “matar a uno para asustar a cien mil”). El cadáver deja de ser únicamente el resultado de un homicidio y se convierte en mensaje; el vehículo incendiado deja de ser solamente daño material y se transforma en advertencia; el video difundido en redes sociales deja de ser únicamente evidencia de un delito y se convierte en propaganda. Eso no convierte automáticamente a una organización delincuencial en organización terrorista pero sí explica por qué la discusión comenzó a trasladarse desde los círculos académicos y policiales hasta las decisiones políticas.

La culminación de todo este relajito llegó en Estados Unidos en 2025, el 20 de enero de ese año, el presidente Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 14157, que abrió el procedimiento para designar determinados cárteles y otras organizaciones como Foreign Terrorist Organizations y Specially Designated Global Terrorists. Un mes después, la decisión dejó de ser retórica (es decir, nos la dejaron caer…y como consuelo no solo a México).

En aquel primer movimiento, el Departamento de Estado designó al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, además del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha, bajo mecanismos estadounidenses de designación terrorista y entonces aquella discusión que durante décadas parecía reservada para especialistas adquirió consecuencias jurídicas, financieras, diplomáticas y de seguridad nacional.

El Estado mexicano señaló que combatiría a esas organizaciones, pero rechazó que la denominación estadounidense pudiera utilizarse como fundamento para intervenir en territorio mexicano. Su fórmula política fue sencilla: “coordinación y colaboración, pero sin subordinación ni injerencia”. Ese desacuerdo conceptual no ha impedido la cooperación. En septiembre de 2025, ambos gobiernos reafirmaron públicamente una agenda conjunta contra la delincuencia organizada transnacional basada en intercambio de inteligencia, combate a los flujos financieros ilícitos, seguridad fronteriza y acciones contra el tráfico de drogas y armas, señalando expresamente el respeto a la soberanía y la integridad territorial.

Aquí aparece quizá la mayor lección que nos dejó el 11 de septiembre. Las amenazas actuales difícilmente caben en los cajones institucionales que construimos durante el siglo XX ya que el terrorista puede lavar dinero, el narcotraficante puede utilizar explosivos, una organización delincuencial puede controlar territorio, una estructura terrorista puede financiarse mediante contrabando, un grupo armado puede traficar drogas para financiar objetivos políticos y una organización dedicada fundamentalmente al lucro puede emplear tácticas destinadas a aterrorizar comunidades enteras para garantizar impunidad, controlar mercados o doblegar autoridades. Eso es precisamente lo que vuelve tan peligroso el fenómeno no porque todos sean terroristas sino porque las herramientas, capacidades y métodos comienzan a mezclarse.

La diferencia parece pequeña, pero para policías, fiscales, analistas de inteligencia y responsables de políticas públicas es enorme. Confundir delincuencia organizada con terrorismo puede llevar a respuestas jurídicas y operativas equivocadas. Pero ignorar que organizaciones delincuenciales están incorporando tácticas tradicionalmente asociadas con actores terroristas resulta igualmente irresponsable.

Después del 11-S entendimos algo que los atentados de Buenos Aires, el conflicto colombiano, el peruano y posteriormente la violencia delincuencial mexicana ya venían advirtiendo: terrorismo y delincuencia organizada pueden tener motivaciones diferentes y continuar siendo jurídicamente fenómenos distintos, pero eso no impide que compartan dinero, rutas, mercados, conocimientos, métodos o simplemente oportunidades. El error sería pensar que para combatirlos debemos llamarlos igual y el desafío verdadero consiste en aprender a identificar dónde termina uno, dónde comienza el otro y, sobre todo, dónde se encuentran.

hidalgomontes@gmail.com

 Explosivos: La amenaza para la que debemos preparar a nuestros policías

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Hay noticias que deberían encender las alarmas mucho más allá del estado donde ocurrieron. Lo sucedido este fin de semana en Chihuahua es una de ellas. Permítame ponerlo en contexto: En una brecha del municipio de Maguarichi, en plena Sierra Tarahumara, elementos del Ejército, Guardia Nacional y autoridades estatales localizaron tres vehículos con reporte de robo en Estados Unidos (nada fuera de lo “usual”). Lo preocupante no eran solamente las camionetas, sino lo que había dentro (sonido de redoble de tambor por favor): 6 mil 324 piezas de alto explosivo, 1.1 toneladas de agente explosivo, mil 710 metros de material de iniciación y detonación y 5 mil 234 estopines o detonadores eléctricos. Se presume que, parte de ese material sería empleado por grupos criminales mediante drones.

 

Este caso no es precisamente aislado, el punto es que poco o nada se habla cuando ocurren los robos de explosivos en México y las cantidades de estos obligan a dimensionar el problema. SI a esto le sumamos el reciente robo de 348 drones al Grupo HB (operador de DJI Store México) al salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el pasado 19 de agosto, ya no estamos hablando únicamente del delincuente que porta un fusil de asalto, de convoyes de camionetas blindadas artesanalmente o de grupos que disputan una plaza a balazos. Estamos frente a organizaciones que han incorporado explosivos, minas antipersonales, artefactos improvisados, drones y otros recursos a su capacidad de violencia. Y eso, queridos lectores, cambia las reglas del juego.

 

Como comentamos al principio, lo ocurrido en Chihuahua no puede verse como un hecho aislado. Apenas unos días antes, el Gabinete de Seguridad federal habría informado que en esa misma entidad elementos del Ejército y de la Policía Estatal habían asegurado 27 piezas de explosivos y 37 tubos con detonadores.

 

Michoacán ofrece quizá el ejemplo más claro de hasta dónde puede evolucionar esta amenaza. La Secretaría de Seguridad Pública de ese estado informó que solamente durante 2025 fueron asegurados mil 645 artefactos explosivos y que su agrupamiento especializado localizó y desactivó mil 117.

 

No es una estadística menor. En enero de este año, autoridades localizaron y desactivaron otros 48 artefactos explosivos improvisados en una zona serrana de Apatzingán; los dispositivos habían sido modificados para utilizarse con drones. La propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, entre noviembre y diciembre de 2025, dentro de las operaciones realizadas en Michoacán se aseguraron 152 artefactos explosivos y 53 kilogramos de material explosivo.

 

Estamos, por tanto, ante algo que difícilmente puede seguir tratándose como una extravagancia del crimen organizado para volverse, desgraciadamente, en una constante. Los explosivos se están convirtiendo en una herramienta dentro de su repertorio de violencia. Y aquí aparece una palabra particularmente delicada: “terrorismo”. Hay que utilizarla con cuidado.

 

No toda explosión provocada por un grupo criminal constituye jurídicamente terrorismo, como tampoco todo acto extremadamente violento puede recibir automáticamente esa clasificación. En México, el artículo 139 del Código Penal Federal establece elementos específicos para configurar este delito. Entre ellos contempla el empleo de explosivos u otros medios violentos contra bienes, servicios o personas cuando intencionalmente se produzca alarma, temor o terror en la población o en un sector de ella y exista alguna de las finalidades previstas por la propia norma, entre ellas atentar contra la seguridad nacional o presionar a una autoridad o a un particular para obligarlo a tomar una determinación. Esa diferencia jurídica importa.

 

Pero también importa comprender que, desde el punto de vista policial, un artefacto explosivo no pregunta qué clasificación penal tendrá posteriormente la carpeta de investigación. Simplemente explota. Mata policías, soldados y civiles. Destruye vehículos e instalaciones. Bloquea caminos. Modifica la manera de patrullar un territorio y, quizá lo más importante, puede generar miedo suficiente para cambiar el comportamiento de una comunidad.

 

México ya tuvo una advertencia brutal. En julio de 2023, una emboscada con artefactos explosivos en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, provocó la muerte de cuatro policías y dos civiles. El Departamento de Estado de Estados Unidos describió posteriormente aquel episodio como el ataque con explosivos más letal contra fuerzas de seguridad mexicanas en dos décadas. El mismo informe advertía que las organizaciones criminales transnacionales habían ampliado el uso de explosivos contra sus rivales, ocasionando también víctimas entre policías y civiles. Tres años después, los decomisos continúan.

 

Por eso existe otra discusión que México necesita comenzar seriamente: ¿estamos formando al policía que necesitamos para enfrentar esta nueva realidad? Porque el primer servidor público que encuentra un posible artefacto explosivo rara vez será un especialista antibombas. Puede ser un policía municipal atendiendo una llamada al 911, un policía estatal recorriendo una brecha, un investigador llegando a una escena, un elemento de tránsito observando un vehículo abandonado. o una patrulla respondiendo a un reporte que, como ya ocurrió en Jalisco, puede incluso haber sido utilizado para atraer policías hacia una emboscada.

 

Eso significa que la formación básica necesita evolucionar. No estoy planteando (y sería irresponsable hacerlo) que todos los policías mexicanos deban aprender a desactivar bombas. La neutralización de explosivos exige personal altamente especializado, entrenamiento específico, procedimientos rigurosos y equipamiento que no corresponde al policía convencional.

 

La formación inicial debe perseguir algo distinto y mucho más elemental: que un policía sea capaz de reconocer indicadores de riesgo, entender que se encuentra frente a una amenaza potencial, evitar aproximaciones innecesarias, establecer aislamiento y seguridad, solicitar inmediatamente apoyo especializado y proteger a compañeros y población.

 

En otras palabras: enseñarle qué hacer, pero también qué no hacer. Puede parecer una diferencia pequeña hasta que una patrulla encuentra un paquete sospechoso, un vehículo abandonado, un dron derribado o algún objeto aparentemente inofensivo en una zona donde opera la delincuencia organizada. Ahí, una mala decisión puede costar varias vidas.

 

Nuestro sistema de profesionalización policial permite perfectamente avanzar en esa dirección. El Programa Rector de Profesionalización (PRP) contempla la formación continua y establece la especialización precisamente para profundizar las capacidades del personal en funciones que se encuentran fuera de sus actividades cotidianas.

 

    

    El problema entonces no es solamente normativo. Es anticipatorio. Las academias policiales tradicionalmente preparan a sus alumnos para detener personas, preservar lugares de intervención, hacer uso de la fuerza, conducir vehículos policiales, elaborar informes y responder a delitos convencionales. Todo ello sigue siendo indispensable. Pero la fenomenología criminal cambió.

 

El sentido común (que es el que comúnmente menos se usa) nos dice que: “Si cambió el adversario, debe cambiar la capacitación”. La formación inicial policial debería incorporar, dentro de las competencias de primer respondiente, contenidos básicos sobre amenazas explosivas y artefactos explosivos improvisados. No para intervenirlos ni manipularlos, sino para reconocer riesgos, proteger la escena, establecer una respuesta inicial segura y saber cuándo retirarse y solicitar especialistas.

 

Después debe existir otro nivel. México necesita desarrollar y fortalecer unidades policiales especializadas capaces de trabajar coordinadamente con Defensa, Guardia Nacional, fiscalías y demás autoridades competentes en incidentes relacionados con explosivos. Ya existen experiencias que demuestran que esto es posible.

 

Michoacán, por ejemplo, cuenta con un Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos cuyos integrantes han recibido capacitación de agencias estadounidenses. Para mayo de 2025, las autoridades estatales reportaban que las acciones institucionales habían permitido asegurar más de cuatro mil artefactos explosivos improvisados, incluidos dispositivos destinados a ser lanzados desde drones. Chihuahua también tiene antecedentes importantes. Desde 2017 se formó allí un comando estatal especializado en neutralización de explosivos con apoyo de la ATF y otras instituciones estadounidenses. La cooperación binacional vuelve a ser particularmente relevante.

 

El pasado 14 de agosto, la ATF informó que su National Center for Explosives Training and Research (NCETR), en Huntsville Alabama (del cual soy orgullosamente graduado), recibió a 21 integrantes de instituciones mexicanas para un curso intensivo sobre investigación posterior a explosiones. Participaron miembros de corporaciones policiales, instituciones de procuración de justicia y personal militar mexicano.

 

La explicación de la agencia estadounidense resulta reveladora: señaló que las instituciones mexicanas enfrentan cada vez más incidentes relacionados con altos explosivos y ataques con granadas. La capacitación incluyó identificación de explosivos, reconocimiento de componentes de artefactos explosivos improvisados, análisis de explosiones y recolección de evidencia forense. Esa cooperación debería ampliarse.

 

México y Estados Unidos llevan décadas trabajando conjuntamente contra narcóticos, tráfico de armas, lavado de dinero y delincuencia organizada. Los explosivos necesitan convertirse también en una prioridad de cooperación técnica: investigación postexplosión, inteligencia sobre componentes y cadenas de suministro, intercambio de información, capacitación de instructores, desarrollo de unidades especializadas y fortalecimiento de capacidades forenses. Pero existe una condición indispensable. México no puede depender permanentemente de enviar pequeños grupos de policías al extranjero para adquirir estas capacidades. Necesitamos multiplicarlas dentro del país. Eso significa formar instructores nacionales, crear programas homologados, certificar competencias, establecer niveles diferenciados de capacitación para primer respondiente, investigadores y especialistas así como llevar esos conocimientos a las academias estatales y municipales.

 

El decomiso de Chihuahua debería entenderse, entonces, como algo más que un aseguramiento espectacular. Es información de inteligencia, nos está diciendo qué están adquiriendo los grupos criminales, qué capacidades están desarrollando y probablemente qué tipo de violencia debemos prepararnos para enfrentar. Durante muchos años medimos la capacidad de fuego de una organización criminal contando rifles, ametralladoras, cargadores y cartuchos, hoy esa fotografía está incompleta. Hay que contar también drones, sistemas de comunicación, inhibidores y explosivos. En operaciones recientes contra integrantes del CJNG en Michoacán, por ejemplo, las autoridades mexicanas aseguraron artefactos explosivos improvisados y un dron junto con armas de alto poder.

       El arsenal criminal está evolucionando, eso indica que las instituciones policiales también tienen que hacerlo porque esperar a que una amenaza se vuelva cotidiana para comenzar a capacitar a nuestros policías es exactamente lo contrario de una política de prevención. Las academias policiales no pueden enseñar únicamente cómo enfrentar los delitos que conocimos ayer. Tienen que preparar a los policías para sobrevivir y responder profesionalmente a los que ya están apareciendo hoy.

 

hidalgomontes@gmail.com

 

 Armas por fentanilo: el crimen mexicano empieza a jugar en otra liga

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Durante décadas se describió buena parte del problema delincuencial entre México y Estados Unidos con una ecuación bastante sencilla: las drogas suben y las armas bajan. No era una frase hecha. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos norteamericana (ATF) ha documentado sistemáticamente el tráfico de armas de fuego desde Estados Unidos hacia México y el papel de la frontera suroeste dentro de esas redes. Este un fenómeno real, vigente y que continúa siendo uno de los puntos más delicados de la relación bilateral.

Pero algo acaba de ocurrir que obliga a ampliar el mapa. El pasado 11 de agosto, el Departamento de Justicia estadounidense hizo pública una acusación contra cuatro mexicanos probablemente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Hasta ahí podría parecer otro expediente relacionado con narcotráfico, sin embargo, lejos dista de serlo.

Según los fiscales estadounidenses, Edgar Alejandro López Velasco, Noé Díaz Jiménez, Leobardo Gaxiola López y José Miguel Alvarado Morales probablemente participaron en una operación para obtener armamento procedente de la República Checa destinado a México. Dos de los acusados, ya fueron extraditados a Estados Unidos y los otros permanecen sujetos a procesos de extradición. Como corresponde jurídicamente señalar, reiteramos que estamos hablando de una acusación: los imputados conservan la presunción de inocencia mientras los hechos no sean probados ante un tribunal.

Lo verdaderamente preocupante está en los detalles. La acusación sostiene que los involucrados negociaron ametralladoras, lanzagranadas propulsados por cohete, morteros, municiones y otros pertrechos. Según el Departamento de Justicia, las armas serían utilizadas contra organizaciones rivales, civiles y miembros de las fuerzas policiales y militares mexicanas.

Peeeeeeeero en este tema, todavía falta la parte más interesante de la historia, el pago (“el cochino dinero que todo lo corrompe” dijese una tía amargada que tengo) Los probables operadores habrían ofrecido fentanilo y metanfetamina destinados al mercado estadounidense como contraprestación por las armas. Ahí cambia todo, es en este pequeño detalle donde “la puerca tuerce el rabo”. Ya no tenemos únicamente el conocido circuito Estados Unidos-México. Tenemos una operación que conecta a México, Estados Unidos y Europa dentro de una misma cadena delincuencial: drogas mexicanas destinadas al mercado estadounidense utilizadas como moneda para conseguir armamento europeo que eventualmente terminaría nuevamente en México.

Eso es mucho más que narcotráfico, es una muestra de cómo algunas organizaciones delincuenciales mexicanas están aprendiendo a funcionar como redes transnacionales diversificadas. Durante años se cometió el error de imaginar a los cárteles como organizaciones dedicadas esencialmente a transportar drogas. Pero el CJNG, al igual que otras estructuras delincuenciales, hace tiempo dejó atrás ese modelo.

En julio, el mismo Departamento del Tesoro sancionó a más de 50 personas y entidades mexicanas vinculadas con la organización, en lo que describió como la mayor acción emprendida hasta ese momento contra el CJNG.

La imagen del narcotraficante tradicional comienza a quedar vieja…estereotipada. Hoy estamos frente a estructuras con proveedores, intermediarios financieros, empresas, operadores logísticos, mercados internacionales y capacidad para diversificar actividades ilegales.

Y ahora aparece otro elemento: proveedores internacionales de armamento, esto plantea tres problemas para México:

1)      El geográfico. Durante años nuestra discusión sobre armas se concentró, justificadamente, en Estados Unidos. El problema continúa ahí. Pero el caso europeo demuestra algo bastante elemental sobre cualquier mercado ilícito: cuando existe demanda, aparecen proveedores alternativos. Si las autoridades estadounidenses consiguieran reducir significativamente el tráfico ilegal de armas hacia México, eso no significa necesariamente que las organizaciones delincuenciales dejarían de buscarlas, buscarían en otro lugar y aparentemente algunas ya comenzaron a hacerlo (es herramienta de trabajo y a eso se dedican…a delinquir).

 

2)      El económico. La operación descrita por los fiscales estadounidenses plantea un mecanismo particularmente interesante: utilizar drogas como moneda de cambio. Tradicionalmente imaginamos el negocio del narcotráfico mediante dos secuencias sencillas: a) droga, venta, dinero, lavado y reinversión ó b) drogas, armas y violencia.

 

3)      El armamento. No estamos hablando exclusivamente de pistolas o rifles adquiridos mediante prestanombres. Estamos hablando, de acuerdo con la acusación estadounidense, de ametralladoras, morteros y lanzagranadas. Eso no convierte automáticamente a un cártel en un ejército ni significa que tenga capacidades equivalentes a las Fuerzas Armadas. Exagerarlo sería irresponsable. Pero sí muestra el interés de determinadas estructuras delincuenciales por aumentar cualitativamente su capacidad de fuego. Y eso debería preocupar especialmente a nuestras policías en México (que sufren por la cantidad y calidad del equipo de trabajo).

Mientras algunas organizaciones delincuenciales diversifican ingresos, internacionalizan proveedores, incorporan drones y buscan armamento cada vez más sofisticado, buena parte de nuestras policías municipales continúa enfrentando problemas elementales: bajos salarios, poca o nula seguridad social, rotación de personal, equipamiento insuficiente, escasa capacidad de investigación y profesionalización desigual.

Es innegable que la delincuencia se globaliza. Muchas policías siguen siendo estrictamente locales. Ahí tenemos un problema de seguridad ciudadana que tarde o temprano termina convirtiéndose en uno de seguridad nacional. El caso hoy descrito también deja otra enseñanza: ningún país puede investigar solo una organización que opera de esta manera.

La investigación involucró a la DEA, FBI, ATF, Homeland Security Investigations, Coast Guard Investigative Service, autoridades de República Checa, INTERPOL y, por México, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina, entre otras instituciones. Eso es cooperación internacional aplicada a una amenaza transnacional.

En los últimos meses (y recordado toooooodos los días) hemos discutido demasiado sobre soberanía, terrorismo, intervención y presión estadounidense. Son debates legítimos y necesarios (vicisitudes de la globalización). Pero hay una realidad mucho menos ideológica: si una investigación comienza en México, continúa en República Checa, involucra drogas destinadas a Estados Unidos y utiliza redes internacionales de armas, ningún gobierno tiene por sí solo todas las piezas del rompecabezas.

Compartir inteligencia deja entonces de ser una concesión diplomática, se convierte en una necesidad operativa. También deberíamos revisar el lenguaje que utilizamos, seguimos llamando “cárteles” a organizaciones que participan simultáneamente en narcotráfico, extorsión, robo de combustible, lavado de dinero, fraude y otras economías ilícitas, mientras desarrollan conexiones internacionales para adquirir bienes y servicios ilegales. Quizá el concepto comienza a quedarse corto. Estamos frente a “redes criminales transnacionales multipropósito”. Y perseguirlas requiere algo diferente a capturar al jefe.

Las organizaciones sobreviven mientras sobrevivan sus redes. Por eso necesitamos investigar proveedores, intermediarios, empresas fachadas, operadores financieros, comunicaciones, rutas, cadenas logísticas y vínculos institucionales.

La pregunta correcta ya no debería ser solamente quién dirige al cártel. Debería ser: ¿qué necesita esa organización para seguir funcionando y quién se lo proporciona?

Tal vez el expediente de República Checa termine siendo simplemente una operación frustrada o quizá dentro de algunos años lo recordemos como una advertencia temprana del momento en que dejamos de hablar exclusivamente de cárteles mexicanos y comenzamos a comprender que algunas de estas organizaciones estaban intentando convertirse en redes delincuenciales verdaderamente globales.

La pregunta es si nuestras instituciones aprenderán a la misma velocidad.

hidalgomontes@gmail.com

 ¿Más armas, más seguridad? El debate que México ya no puede seguir evitando

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Durante décadas, en México la discusión sobre la portación de armas de fuego ha sido casi un tema tabú. Cada vez que alguien la pone sobre la mesa, el debate se polariza de inmediato, las alarmas se encienden y todo mundo empieza a correr como gallina sin cabeza: unos hablan del derecho legítimo de defenderse; otros advierten que sería el principio de una espiral de violencia aún mayor. La reciente postura del polémico empresario (y algunas veces polarizante) Ricardo Salinas Pliego (Alias “Tío Richie”), quien ha insinuado públicamente aspiraciones presidenciales y ha manifestado que, de llegar a la Presidencia, impulsaría una reforma para ampliar la portación legal de armas, volvió a colocar el tema en la conversación nacional.

Más allá de simpatías o antipatías hacia el empresario (y al personaje “Tío Richie”), la propuesta merece un análisis serio. Porque hablar de armas no es hablar únicamente de pistolas; es hablar del modelo de Estado que queremos construir.

México no parte de una hoja en blanco. La Constitución reconoce (aunque usted no lo crea), en su artículo 10, el derecho de los ciudadanos a poseer armas en su domicilio para su legítima defensa, mientras que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece un régimen altamente restrictivo para la portación fuera del hogar. En otras palabras, la posesión ya es legal bajo determinadas condiciones; lo extraordinario sigue siendo portar un arma en espacios públicos. Esa diferencia jurídica suele perderse en el debate político.

Los argumentos de quienes apoyan flexibilizar la legislación parecen sencillos. Si los delincuentes ya están armados (dicen), resulta injusto que los ciudadanos honestos permanezcan indefensos. En un país donde millones de personas han sido víctimas de delitos patrimoniales, extorsiones, secuestros o ataques violentos, esa idea encuentra un terreno fértil. La percepción de abandono institucional genera que muchos comiencen a considerar la autodefensa como una alternativa. Además sería infantil pretender que el 100% del tráfico ilegal de armas van exclusivamente a grupos delincuenciales. La verdad es (aunque no se quiera ver y/o aceptar) es que muchos sectores de la sociedad civil se está  armando para tratar de alguna forma, estar más seguros (aunque en muchos casos sea solo a través de la percepción de seguridad que da la posesión de un arma de fuego).

Sin embargo, las políticas públicas no pueden diseñarse únicamente con base en percepciones. Deben construirse sobre evidencia. El problema es que evidencia es lo que sobra, en lo personal se me hace incoherente hacer campañas de “despistolización” cuando, como ya se expresó hace unas líneas, es un derecho constitucional.

Los estudios internacionales muestran un panorama mucho más complejo. En Estados Unidos, donde la disponibilidad de armas es significativamente mayor que en cualquier otro país desarrollado, existe abundante literatura académica que asocia una mayor presencia de armas con incrementos en homicidios por arma de fuego, suicidios y accidentes domésticos, aunque el efecto sobre ciertos delitos patrimoniales es mucho más discutido. La evidencia está lejos de ser uniforme y continúa siendo objeto de intenso debate entre investigadores. Organismos como los “Centers for Disease Control and Prevention” y la “RAND Corporation” coinciden en que muchas preguntas siguen sin respuestas concluyentes debido a la complejidad del fenómeno y estadísticas del Departamento de Justicia muestran que hay un descenso significativo de delitos en estados de la unión americana que no tienen regulaciones complejas a comparación de los estados más restrictivos como California o Nueva York.

El problema es que México tampoco puede compararse mecánicamente con Estados Unidos. Nuestro país enfrenta condiciones muy distintas: presencia de organizaciones delincuenciales altamente armadas, corrupción institucional en distintos niveles, tráfico ilícito permanente de armas desde las fronteras norte y sur, impunidad elevada y capacidades policiales profundamente desiguales entre municipios, estados y federación.

En ese contexto, ampliar la portación legal implicaría resolver primero preguntas fundamentales. ¿Cómo reeducar a la sociedad sobre este tópico? ¿Quién evaluaría psicológicamente a los solicitantes? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Qué estándares de capacitación serían obligatorios? ¿Quién supervisaría el almacenamiento seguro? ¿Cómo se evitaría que permisos legales terminaran alimentando el mercado ilegal mediante robos o ventas clandestinas? ¿Qué ocurriría en conflictos familiares, riñas vecinales o incidentes de tránsito donde hoy predominan los insultos (y uno que otro derechazo) y mañana podrían intervenir armas de fuego? (¡ojo! que a falta de arma de fuego salen a relucir los filos y puntas).

La experiencia comparada demuestra que la legislación sobre armas nunca funciona de manera aislada. Depende de un ecosistema institucional compuesto por controles administrativos, sistemas de licencias confiables, evaluaciones médicas, bases de datos interoperables, capacitación permanente, supervisión policial y un sistema judicial capaz de sancionar abusos con rapidez. Sin ese entramado, cualquier reforma corre el riesgo de convertirse en una medida simbólica más que efectiva.

Existe además un aspecto pocas veces mencionado: la cultura del uso de la fuerza. Portar un arma exige mucho más que saber disparar. Requiere comprender principios de proporcionalidad, legítima defensa, manejo de crisis, control emocional y toma de decisiones bajo estrés. Son competencias que incluso representan un desafío para policías profesionales después de meses de formación continua. Pensar que bastaría entregar permisos a ciudadanos sin desarrollar una cultura nacional sobre el uso responsable de la fuerza sería, cuando menos…optimista.

Tampoco debe ignorarse el impacto político del debate. Las propuestas relacionadas con armas suelen generar enorme atención mediática porque apelan a una emoción primaria: el miedo. En sociedades golpeadas por la violencia, prometer que los ciudadanos podrán defenderse resulta un mensaje poderoso. Pero una política pública no puede evaluarse por su capacidad para generar aplausos (aunque en nuestro país esto suele ser bastante debatible) , sino por su capacidad para reducir la violencia de manera medible.

Eso obliga a formular una pregunta incómoda como polvo “pica pica” en los calzones es: ¿el problema central de México es que los ciudadanos tienen pocas armas o que el Estado no ha logrado garantizar seguridad, investigación criminal eficaz y acceso a la justicia? Porque si el diagnóstico es equivocado, también lo será la solución.

La verdadera discusión no debería reducirse a un "sí" o un "no" a la portación. Debería girar en torno a qué condiciones institucionales necesita México para que cualquier decisión (sea mantener el modelo actual o modificarlo) contribuya realmente a disminuir la violencia.

Las armas pueden cambiar el equilibrio de fuerzas en un enfrentamiento individual. Lo que difícilmente pueden sustituir son policías profesionales, fiscalías técnicas, análisis criminal, controles fronterizos eficaces y tribunales capaces de sancionar con oportunidad. La seguridad ciudadana nunca ha dependido exclusivamente del calibre de un arma. Históricamente ha dependido mucho más de la fortaleza de las instituciones que la regulan. Ahora, yo se que usted no me preguntó, peeeeeeeeeero lo mejor sería mejorar el andamiaje legal de las fiscalías y policías y ser menos restrictivos para las armas de fuego.

¿Por qué? Prohibirlas es inútil, porque las prohíbes a los ciudadanos no a los delincuentes, éstos se dedican a (¿a que cree?)…delinquir, si no las consiguen de forma legal lo harán como lo han hecho desde hace décadas, ilegalmente y la ciudadanía comienza a exigir cambios de paradigmas.

hidalgomontes@gmail.com

Cuando la lista de organizaciones terroristas extranjeras mexicanas crece, también crece el riesgo para los políticos

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Durante años, la discusión sobre los cárteles mexicanos estuvo concentrada en los enfrentamientos armados, el tráfico de drogas, las cifras de homicidios o la cantidad de abrazos que las autoridades podían darles a los miembros de estos grupos delincuenciales (lo último es sarcasmo). Sin embargo, el escenario ha cambiado de manera importante, nuestro vecino del norte decidió ampliar el número de organizaciones delincuenciales mexicanas consideradas organizaciones terroristas extranjeras (Foreign Terrorist Organizations, FTO). La reciente incorporación del Cártel de Juárez y Los Viagras elevó a ocho los grupos mexicanos con esa designación, además de otras organizaciones delincuenciales latinoamericanas incluidas en el mismo esquema jurídico.

Más allá del número, lo verdaderamente relevante es el mensaje político y jurídico que envía Washington. La estrategia estadounidense dejó de centrarse exclusivamente en perseguir cargamentos de droga o detener capos. Ahora el objetivo es reconstruir ecosistemas completos de colaboración: operadores financieros, empresas fachada, prestanombres, redes de lavado de dinero, proveedores logísticos y cualquier persona física o moral que pueda ser considerada como apoyo material a una organización designada.

Este cambio modifica por completo las reglas del juego (en este juego, como en un reality show muy famoso hace más de una década “aquí…las reglas cambian”). Durante décadas, la corrupción política relacionada con el crimen organizado fue vista principalmente como un problema interno de México. Hoy comienza a adquirir una dimensión internacional. Si una autoridad estadounidense lograra acreditar que un funcionario, un alcalde, un gobernador, un legislador o incluso un dirigente partidista colaboró deliberadamente con una organización catalogada como terrorista, las consecuencias jurídicas y diplomáticas serían radicalmente distintas a las que existían hace apenas unos años. Las herramientas legales disponibles para investigar, sancionar y congelar activos son considerablemente más amplias bajo el marco de las designaciones FTO y las sanciones financieras asociadas. Y es aquí donde, cómo dicen en mi rancho, la puerca torció el rabo…

Conviene hacer una precisión indispensable. La existencia de una designación no significa, por sí misma, que exista evidencia contra la clase política mexicana ni permite asumir responsabilidades individuales. En un Estado de derecho, cualquier acusación debe sustentarse con pruebas suficientes (que aquí los gabachos son especialistas) y respetar el debido proceso (en esto no tanto). Lo que sí cambia es el nivel de exposición y el alcance de las investigaciones cuando existen indicios verificables.

En este contexto, la clase política mexicana (de todooooodos los movimientos y/o partidos políticos) enfrenta quizá uno de los periodos de mayor vulnerabilidad de las últimas décadas.

Ya no importa el color del partido, no importa si se trata del gobierno federal, de gobiernos estatales o municipales; tampoco importa si las conductas ocurrieron hace algunos años. Si llegaran a demostrarse vínculos de colaboración, financiamiento ilícito, protección institucional o cualquier forma de apoyo consciente a organizaciones ahora catalogadas como terroristas, el impacto político podría trascender las fronteras nacionales.

La historia reciente demuestra que la captura de gobiernos locales por parte del crimen organizado no constituye una hipótesis académica (ni historias de la oposición, si no toda una realidad). Diversas investigaciones han documentado cómo organizaciones delincuenciales buscan influir en procesos electorales, controlar administraciones municipales y obtener protección para sus actividades ilícitas.

La diferencia es que ahora esos posibles vínculos podrían ser analizados bajo un enfoque completamente distinto. Washington ya no observa únicamente a los líderes delincuenciales, observa las redes, los flujos financieros, los contratos, las empresas y sí (aunque no lo crean y les cale), las alianzas políticas.

En otras palabras, la pregunta dejó de ser quién dispara y pasó a ser quién facilita que el sistema delincuencial funcione. Eso explica por qué, en los últimos meses, el Departamento del Tesoro estadounidense ha incrementado las sanciones contra personas físicas y empresas relacionadas con organizaciones delincuenciales, ampliando la presión sobre las estructuras financieras que permiten operar a los cárteles.

México enfrenta entonces un desafío que va mucho más allá de la cooperación bilateral en materia de seguridad. Se trata de fortalecer sus propias instituciones, una fiscalía verdaderamente autónoma, un sistema robusto de inteligencia financiera, procesos transparentes de fiscalización electoral, mecanismos eficaces para investigar el enriquecimiento ilícito. Y, sobre todo, una separación real entre la agenda política y la agenda de seguridad ciudadana (cómo ya lo hemos explicado en entregas anteriores).

Porque si la persecución penal depende de intereses electorales, cualquier investigación perderá credibilidad tanto dentro como fuera del país (cómo la neta ha pasado últimamente). Paradójicamente, esta coyuntura también representa una oportunidad.

La presión internacional puede convertirse en un incentivo para profesionalizar las instituciones encargadas de investigar la corrupción y la delincuencia organizada. No porque otro país deba definir las prioridades de México, sino porque ningún Estado puede aspirar a combatir eficazmente al crimen organizado mientras persistan espacios de impunidad para quienes eventualmente lo protejan desde el poder.

Los próximos meses probablemente no estarán marcados únicamente por operativos espectaculares o nuevas capturas de líderes delincuenciales. Podrían estar definidos por investigaciones financieras, expedientes de cooperación internacional y reconstrucciones de redes políticas cuya existencia, en caso de acreditarse judicialmente, tendría consecuencias mucho más profundas que la caída de cualquier capo. Porque los cárteles sobreviven cuando reemplazan a sus dirigentes. Las democracias, en cambio, se debilitan cuando quienes deberían combatirlos terminan siendo parte de su estructura.

hidalgomontes@gmail.com