A los policías en México, exigirles todo, debiéndoles tanto…la triste realidad.

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Antes de exigirle a un integrante de una institución policial que resuelva una crisis en segundos, habría que preguntarle al Estado qué hizo para prepararlo. ¿Le proporcionó una formación y entrenamiento suficiente? ¿Cuenta con equipo (y si lo tiene) funciona? ¿Cuenta con respaldo legal por parte de su institución si su actuación termina bajo investigación? La seguridad ciudadana también se juega en esas respuestas. Exigir resultados sin revisar las condiciones del servicio permite que la responsabilidad termine siempre en el último eslabón: quien salió a rifarse el físico y la seguridad jurídica a la calle.

 

México tiene instituciones con capacidades muy distintas. Sería injusto meterlas en el mismo costal (como aquel que aseveró que toda la extinta Policía Federal era corrupta) , como también lo sería confundir la defensa de sus integrantes con la tolerancia al abuso. Precisamente porque la policía puede detener y emplear la fuerza, debemos exigirle profesionalismo y exigir al Estado que lo haga posible. Charlando con un amigo a la luz de las brasas de unos dogos estilo Sonora que venden cerca de mi casa, me pidió que le dijera (en mi punto de vista) cinco deudas que permiten ordenar esa discusión desde lo técnico/táctico, lo jurídico y (quizá el más importante), el factor humano.

 

La primera es darles herramientas adecuadas para el trabajo que se les encomienda. La ENECAP 2017 del INEGI encontró que 86.1% del personal operativo obtuvo por cuenta propia al menos un accesorio o material de apoyo o protección. Es un antecedente histórico, no una fotografía de 2026; sirve para recordar que el problema lleva años (sino es que décadas) documentado. Tampoco significa que todos compraran un arma o un chaleco: la medición incluyó materiales diversos.

 

Una política seria de equipamiento tendría que comenzar por las necesidades de cada servicio: protección balística adecuada al riesgo, comunicaciones confiables, vehículos con mantenimiento y materiales para preservar indicios. Cada compra debería incluir capacitación, reposición y supervisión. Conviene preguntar cuántos equipos funcionan y quién sabe utilizarlos, además de cuántos se entregaron. Una adquisición vistosa puede producir una buena ceremonia; su utilidad se demuestra después, durante el turno.

 

Aquí entra la relación con Estados Unidos. El Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) reportó que 70.5% de las armas recuperadas en México y sometidas a rastreo en 2024 eran de origen estadounidense, categoría que comprende las fabricadas allá y las importadas legalmente a ese país. La propia agencia advierte que estas armas no constituyen una muestra representativa de todas las utilizadas por delincuentes (como se había ya mencionado alguna vez en este espacio, nos duela o no, no todas las armas van a parar a la delincuencia) Con ese límite claro, la cooperación bilateral debería traducirse en investigaciones contra las redes de tráfico y capacidades útiles para las policías locales. México debe equipar a sus elementos; la dimensión transfronteriza del problema exige, además, trabajo del otro lado.

 

La segunda deuda es enseñar a ejercer el oficio y mantener esa preparación durante toda la carrera policial (que la neta hasta el día de hoy, brilla por su ausencia). El censo estatal del INEGI publicado en 2025 reportó que, al cierre de 2024, 74.6% del personal de las instituciones policiales estatales contaba con Certificado Único Policial (CUP). El resultado tiene límites: excluyó a Ciudad de México por información incompleta y señaló falta de datos de San Luis Potosí. La ausencia del certificado tampoco demuestra, por sí sola, que alguien carezca de toda formación.

 

El pendiente va más allá del documento. Propongo medir la preparación por lo que el policía sabe hacer: intervenir ante violencia familiar, entrevistar sin inducir respuestas, preservar evidencia, auxiliar a una persona herida y explicar una detención ante un juez. Eso requiere práctica supervisada, instructores competentes y horas de servicio reservadas para aprender. Mandar al personal a capacitarse al terminar una jornada agotadora desvirtúa el propósito. Además que deben de existir competencias diferenciadas. Es decir, a los mandos debería de hacerles exámenes anuales en temas como dirección, administración, liderazgo, presupuestación, entre otras (se supone que eso es lo que hacen ¿no?...digo)

 

La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza ya contempla formación en derechos humanos, medios menos letales, primeros auxilios, solución pacífica de conflictos y manejo de crisis, estrés y emociones. Cumplirla exige ensayar decisiones, corregir errores y evaluar capacidades. La destreza táctica incluye reconocer cuándo conviene contener, dialogar o pedir apoyo. También debe enseñarse a los mandos a planear y supervisar: su preparación merece el mismo escrutinio que la del personal operativo.

 

La tercera deuda es la certeza jurídica. El artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución establece que, aun cuando una autoridad jurisdiccional determine que una separación policial fue injustificada, procede la indemnización y demás prestaciones correspondientes, pero no la reincorporación. Un elemento policial puede ganar el juicio y perder definitivamente su carrera. Esa regla merece una revisión pública que considere tanto la depuración legítima como la reparación frente a decisiones arbitrarias.

 

Mientras esa discusión ocurre, hacen falta procedimientos disciplinarios confiables y defensa jurídica especializada ante hechos del servicio, con reglas claras sobre su alcance y posibles conflictos de interés. El acompañamiento debe permitir esclarecer lo sucedido y proteger el debido proceso. Si hubo abuso, corresponde investigarlo y sancionarlo; si la actuación fue legal, debe poder demostrarse con evidencia. También hay que revisar las órdenes, la planeación y la supervisión. La responsabilidad institucional no se agota en quien aparece en el video.

 

La cuarta deuda es ofrecer una carrera que permita vivir con dignidad y crecer por mérito. La ley general de seguridad pública expedida en julio de 2025 dispone que la remuneración debe corresponder a la calidad y al riesgo de las funciones. También regula el servicio profesional de carrera. El reconocimiento legal debe convertirse en presupuesto, concursos verificables y oportunidades de especialización. Un ascenso tendría que poder explicarse con el expediente de quien lo obtiene no que hoy en día parecen parte de un show de magia de David Copperfield “lo ves… ahora ya no le ves”.

 

¡Ojo!, pagar mejor no garantiza honestidad, pero la exigencia de integridad debe acompañarse de condiciones laborales defendibles. Propongo publicar, por instituciones, tabuladores, prestaciones efectivamente otorgadas (es aquí donde verdaderamente se le apoya al policía y a su familia), vacantes y resultados de promoción. Eso permitiría distinguir avances reales de anuncios. La continuidad de los equipos profesionales también necesita protección frente a los cambios de gobierno: la experiencia acumulada pertenece a la institución y sirve a la comunidad.

 

La quinta deuda es cuidar a la persona detrás del uniforme. La ENECAP registró en 2017 una jornada promedio de 70 horas semanales y que 53% del personal reportó afectaciones de salud relacionadas con sus actividades laborales. Son datos de aquel año; no deben presentarse como tasas actuales. Sí justifican una pregunta que cada gobierno tendría que responder con información reciente: ¿en qué condiciones físicas y emocionales está trabajando su policía?

 

El cuidado tendría que incluir descanso programado, atención médica, apoyo psicológico confidencial y seguimiento después de incidentes críticos. Pedir ayuda debe poder hacerse sin humillaciones. También hacen falta vías seguras para denunciar acoso y protección efectiva para las familias. La ley de 2025 contempla servicios médicos, pensiones por invalidez y vida, retiro, vivienda y otras prestaciones. La medida del cumplimiento es que lleguen a quienes las necesitan.

 

Estas cinco deudas requieren responsables identificables y recursos comprobables en los tres órdenes de gobierno. Equipar, formar, dar certeza jurídica, construir carrera y cuidar al personal son decisiones que deben reflejarse en cada institución. La próxima vez que una autoridad prometa mejorar la seguridad, habría que pedirle que explique cómo cumplirá esas obligaciones. Quien llama al 911 tiene derecho a recibir ayuda de una institución preparada; quien responde también tiene derecho a que su gobierno haya hecho su parte.

 

hidalgomontes@gmail.com

 

 

 ¿Menos drogas o más influencia? El examen de Washington

 

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Dicen que la historia es cíclica y hoy, pareciera que se repiten escenas que México conoce demasiado bien: Washington evalúa, reparte reconocimientos y advierte que la cooperación todavía no alcanza. Cambian los presidentes y las drogas que dominan la conversación, pero permanece una pregunta incómoda: ¿quién evalúa al evaluador?

 

En un análisis publicado por InSight Crime el pasado 24 de septiembre devuelve esa discusión a la mesa. Deborah Bonello y Jeremy McDermott examinan las recientes decisiones antidrogas de Estados Unidos y encuentran una mezcla de resultados, afinidades políticas y presión diplomática (¡qué raro!). Venezuela salió (sospechosamente) del grupo de países señalados por incumplimiento, mientras Colombia y Bolivia permanecieron. Para México hubo reconocimiento por mayores decomisos, acompañado de una exigencia de acciones adicionales contra las organizaciones delincuenciales. La lectura de esto es clara: la calificación también sirve para orientar el comportamiento de otros gobiernos.

 

La escena recuerda a los fosforescentes años noventa, aunque conviene precisar algo: Estados Unidos no está resucitando un mecanismo que hubiera desaparecido por completo. La certificación por cumplir con la lucha contra el narcotráfico establecida en a la Ley Antidrogas de 1986 del Congreso norteamericano y la cual fue modificada en 2002. Cambió el procedimiento, pero se conservó la facultad presidencial de señalar a los países que incumplen manifiestamente sus compromisos antidrogas y restringir determinada asistencia. La evaluación unilateral sobrevivió a la reforma.

 

También hay que distinguir dos cosas que suelen confundirse. Figurar entre los principales países de producción o tránsito de drogas no equivale a estar descertificado. Una clasificación identifica la relevancia de un territorio para esos mercados; la otra cuestiona los esfuerzos de su gobierno. México aparece en la primera, pero no entre los países señalados por incumplimiento en la determinación para el año fiscal 2027. Presentarlo como un país ya descertificado sería incorrecto.

 

En los noventa tampoco hubo una descertificación de México, aunque sí fuertes intentos de revertir las decisiones favorables de la Casa Blanca. El Servicio de Investigación del Congreso estadounidense documentó que México recibió la certificación durante todo el periodo de 1986 a 2002. En 1997, la confrontación legislativa llegó especialmente lejos: se discutieron exigencias sobre extradiciones, cooperación con agentes estadounidenses y operaciones marítimas. La disputa servía para negociar condiciones concretas de la relación bilateral.

 

Ese antecedente ayuda a entender el presente. La presión puede producir efectos antes de que llegue una sanción. Basta con mantener abierta la posibilidad de una mala evaluación para intentar influir en prioridades, tiempos, decisiones (probablemente operativas) así como apoyos (de los cuales muchas instituciones policiales podrían verse afectadas). Mi lectura (mía de mí) es que ahí está el parecido más importante con aquella época: Washington conserva la capacidad de convertir su reconocimiento en una herramienta de negociación (o presión).

 

La dimensión política, además, está incorporada al propio mecanismo. La legislación permite mantener determinada asistencia a un país señalado si el presidente considera que resulta vital para los intereses nacionales estadounidenses. Esa excepción puede tener razones legítimas, pero demuestra que el resultado no depende exclusivamente de decomisos, investigaciones o sentencias. También interviene lo que Washington considera conveniente para sí mismo.

 

Para México, el riesgo es terminar administrando la seguridad con la mirada puesta en el siguiente examen estadounidense. Una captura de alto perfil puede ofrecer una respuesta inmediata a la presión diplomática. Desarrollar policías investigadoras, protección a testigos colaboradores, profesionalizar peritos y construir expedientes sólidos exige continuidad, presupuesto y años de trabajo. Si los incentivos favorecen únicamente lo que produce un anuncio, lo que sostiene una investigación puede quedar relegado.

 

Esto no significa que México deba desentenderse de sus obligaciones o responder a cada señalamiento con un discurso de soberanía. Investigar la protección institucional a la delincuencia, perseguir sus recursos y llevar a los responsables ante los tribunales son deberes propios. Deben cumplirse por las comunidades afectadas, independientemente de la opinión que merezcan en Washington.

 

Tampoco sería razonable aceptar una evaluación que deje fuera las responsabilidades estadounidenses. Un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, publicado en 2021, encontró que el 70 por ciento de las armas recuperadas en México entre 2014 y 2018 y sometidas a rastreo provenía de fuentes estadounidenses. El universo importa: se trata de armas recuperadas y enviadas a rastreo, no de todas las armas ilegales existentes en México. Aun con esa limitación, el hallazgo documenta una parte indispensable del problema bilateral.

 

Por eso, una cooperación seria tendría que medir compromisos de ambos lados: investigaciones sobre tráfico de armas, persecución del lavado de dinero, control de precursores, atención al consumo y resultados judiciales. México debe poder demostrar qué hace contra las organizaciones delincuenciales y exigir evidencia equivalente sobre las redes que operan al norte de la frontera.

 

También necesitamos discutir qué entendemos por éxito. Los kilos decomisados dicen cuánto se interceptó; por sí solos no explican cuánto disminuyó el mercado. Las detenciones deben evaluarse junto con las sentencias, la recuperación de activos y la capacidad de impedir que una organización reemplace a sus operadores. Para una familia, el resultado más importante puede ser mucho más concreto: dejar de pagar extorsión o poder denunciar sin abandonar su comunidad.

 

También se hace necesario entender el contexto actual donde, en los 90´s las organizaciones dedicadas al narcotráfico se dedicaban exclusivamente a ello, hoy en día pasamos de cárteles de drogas a instituciones delincuenciales transnacionales multipropósito. Es decir teniendo un amplio abanico de actividades delincuenciales tales como: narcotráfico, trata de personas, piratería, lavado de activos, minado de criptomonedas, tráfico de armas, extorsión, sicariato y un amplio etcétera; agregando como cereza al pastel que han sido señaladas por parte de la administración norteamericana como grupos terroristas.

 

La semejanza con los noventa merece atención porque plantea una vieja tentación: confundir una buena relación con Washington con una buena política de seguridad. Ambas pueden coincidir, pero una no garantiza la otra. México necesita cooperación, intercambio de información y responsabilidades compartidas (nos guste aceptarlo o no). Y necesita instituciones capaces de sostener esos acuerdos sin depender de la simpatía entre presidentes (¡esto sí a la voz de ya!).

 

La calificación decisiva tendría que venir de quienes viven con las consecuencias de la violencia y la delincuencia. El proceso de mejora continua de las instituciones policiales y de procuración de justicia debería ser más allá de una política de Estado, debería ser parte de la cultura organizacional Conseguir un reconocimiento extranjero mientras una comunidad sigue bajo amenaza sería aprobar el examen equivocado.

 

hidalgomontes@gmail.com

 

 Terroristas, narcos y fronteras: La herencia del 11 de septiembre 25 años después

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

Hay fechas que sirven para dividir la historia en un antes y un después. El 11 de septiembre de 2001 es una de ellas. Quienes tenemos edad suficiente (jamás pensé en decir esto) para recordar aquella mañana sabemos exactamente dónde estábamos cuando vimos el segundo avión impactar contra la Torre Sur del World Trade Center. En cuestión de minutos quedó claro que no estábamos viendo un accidente. Tampoco era solamente un ataque contra Nueva York o Washington. Era el inicio de una transformación profunda de la seguridad internacional…su servidor recuerda vívidamente (con el español refinado que me caracteriza) solamente decir… “¡Ya valió madre!

A 25 años de este suceso, resulta difícil dimensionar cuántas cosas que hoy consideramos normales comenzaron a cambiar a partir de aquel martes: controles aeroportuarios (que odio más que aquellos individuos que ponen los frijoles en el refri en tóper de yogurt de fresa), listas de pasajeros, intercambio de inteligencia, seguimiento de operaciones financieras, vigilancia fronteriza, cooperación policial internacional, biometría, protección de infraestructura crítica y una larguísima lista de medidas que terminaron modificando incluso la vida cotidiana.

Estados Unidos reorganizó buena parte de su aparato de seguridad. En 2003 comenzó a operar el Department of Homeland Security (DHS), que integró 22 agencias y oficinas federales bajo una estructura creada precisamente como respuesta al nuevo escenario posterior al 11-S. Pero existe otra consecuencia del 11 de septiembre de la que hablamos mucho menos.

Los ataques obligaron a mirar con otros ojos algo que América Latina conocía desde hacía años: las fronteras entre terrorismo, delincuencia organizada, narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, trata de personas, falsificación de documentos y lavado de dinero podían ser bastante menos claras de lo que tradicionalmente suponíamos. Y aquí conviene hacer una precisión fundamental. El 11-S no descubrió el terrorismo en América Latina ni creó la relación entre organizaciones terroristas y actividades delincuenciales. Esa historia había comenzado mucho antes. Basta recordar Buenos Aires.

En 1992 fue atacada la Embajada de Israel en Argentina. Dos años después, el 18 de julio de 1994, una bomba destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Murieron 85 personas además de 151 heridos como consecuencia directa de la explosión.

El Departamento de Justicia estadounidense ha acusado a integrantes de Hezbollah de participar en la planeación y ejecución del atentado contra la AMIA, mientras que el Departamento del Tesoro ha documentado posteriormente redes vinculadas con esa organización que desarrollaron actividades comerciales y financieras en Sudamérica. Es decir, cuando cayeron las Torres Gemelas ya existían en nuestro continente antecedentes que obligaban a mirar mucho más allá del delincuente tradicional.

Otro caso emblemático es el de Perú que con la organización “Sendero Luminoso” oriundo de la región de Ayacucho en aquella región andina fue tristemente ícono del terrorismo político en América Latina. Otro caso importante es el de Colombia que durante años, organizaciones armadas combinaron objetivos políticos, control territorial, secuestro, extorsión y violencia con economías delincuenciales. Es aquí que comenzó a cobrar fuerza una palabra que después sería utilizada hasta el cansancio: “narcoterrorismo”. El problema es que repetirla muchas veces no necesariamente ayuda a entender el fenómeno.

Terrorismo y delincuencia organizada no son sinónimos. Un grupo terrorista utiliza la violencia fundamentalmente como instrumento para alcanzar determinados objetivos políticos, ideológicos o religiosos. Una organización delincuencial busca primordialmente beneficios económicos, mercados ilícitos, protección de sus operaciones y, en numerosos casos, control territorial. Pero una cosa es que sean fenómenos distintos y otra muy diferente que vivan en universos separados.

Naciones Unidas lo reconoce expresamente. UNICRI identifica dos dinámicas particularmente importantes en América Latina: organizaciones terroristas que recurren a actividades delincuenciales para financiar sus objetivos y organizaciones delincuenciales que emplean técnicas y tácticas asociadas al terrorismo para obtener beneficios económicos. Narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero pueden encontrarse de un lado; asesinatos, secuestros, extorsiones y ataques contra civiles o infraestructura crítica, del otro.

En febrero de 2026, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas volvió sobre el problema. Su planteamiento es particularmente útil: terrorismo y crimen organizado siguen siendo fenómenos distintos, pero pueden cooperar, coexistir e incluso aprender tácticas uno del otro. Esa probablemente sea la palabra que mejor describe lo que estamos observando: convergencia (no, el partido político que sostenía este nombre, aguante y ahorita explico). Y el 11 de septiembre hizo que Estados Unidos comenzara a observar esa convergencia como un asunto directamente relacionado con su seguridad nacional.

México inevitablemente entró en esa ecuación, antes del 11-S, la conversación bilateral estaba fuertemente concentrada en migración, comercio y narcotráfico. De hecho, Vicente Fox y George W. Bush habían iniciado 2001 hablando de construir una relación migratoria diferente. Los atentados cambiaron las prioridades. El Congressional Research Service documentó posteriormente cómo las conversaciones migratorias se estancaron después de septiembre de 2001 mientras la seguridad fronteriza adquiría un peso mucho mayor. La frontera dejó de ser observada solamente como una línea por la que cruzaban personas, mercancías y drogas. Comenzó a entenderse también como una posible vulnerabilidad para la seguridad nacional estadounidense. Desde entonces, narcotráfico, migración irregular, tráfico de armas, lavado de dinero, terrorismo e inteligencia fueron acercándose dentro de la agenda bilateral. Y entonces apareció otra transformación: las organizaciones delincuenciales mexicanas comenzaron a utilizar métodos de violencia que, visualmente, podían parecerse a los empleados por organizaciones terroristas.

Carros bomba, artefactos explosivos improvisados, drones con explosivos y/o agentes químicos, decapitaciones, cuerpos exhibidos públicamente, ataques contra instalaciones categorizadas como críticas, asesinatos de funcionarios, bloqueos de ciudades, amenazas contra periodistas, videos propagandísticos, vehículos blindados artesanalmente, emboscadas contra policías y militares seguidos de un lamentable etcétera.

La violencia dejó de servir exclusivamente para eliminar al adversario, también comenzó a servir para comunicar y ahí está una de las claves del problema. Cuando una organización abandona la violencia discreta y convierte la brutalidad en espectáculo, busca producir algo adicional a la muerte de su víctima: miedo colectivo (Sun Tzu sostenía: “matar a uno para asustar a cien mil”). El cadáver deja de ser únicamente el resultado de un homicidio y se convierte en mensaje; el vehículo incendiado deja de ser solamente daño material y se transforma en advertencia; el video difundido en redes sociales deja de ser únicamente evidencia de un delito y se convierte en propaganda. Eso no convierte automáticamente a una organización delincuencial en organización terrorista pero sí explica por qué la discusión comenzó a trasladarse desde los círculos académicos y policiales hasta las decisiones políticas.

La culminación de todo este relajito llegó en Estados Unidos en 2025, el 20 de enero de ese año, el presidente Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 14157, que abrió el procedimiento para designar determinados cárteles y otras organizaciones como Foreign Terrorist Organizations y Specially Designated Global Terrorists. Un mes después, la decisión dejó de ser retórica (es decir, nos la dejaron caer…y como consuelo no solo a México).

En aquel primer movimiento, el Departamento de Estado designó al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, además del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha, bajo mecanismos estadounidenses de designación terrorista y entonces aquella discusión que durante décadas parecía reservada para especialistas adquirió consecuencias jurídicas, financieras, diplomáticas y de seguridad nacional.

El Estado mexicano señaló que combatiría a esas organizaciones, pero rechazó que la denominación estadounidense pudiera utilizarse como fundamento para intervenir en territorio mexicano. Su fórmula política fue sencilla: “coordinación y colaboración, pero sin subordinación ni injerencia”. Ese desacuerdo conceptual no ha impedido la cooperación. En septiembre de 2025, ambos gobiernos reafirmaron públicamente una agenda conjunta contra la delincuencia organizada transnacional basada en intercambio de inteligencia, combate a los flujos financieros ilícitos, seguridad fronteriza y acciones contra el tráfico de drogas y armas, señalando expresamente el respeto a la soberanía y la integridad territorial.

Aquí aparece quizá la mayor lección que nos dejó el 11 de septiembre. Las amenazas actuales difícilmente caben en los cajones institucionales que construimos durante el siglo XX ya que el terrorista puede lavar dinero, el narcotraficante puede utilizar explosivos, una organización delincuencial puede controlar territorio, una estructura terrorista puede financiarse mediante contrabando, un grupo armado puede traficar drogas para financiar objetivos políticos y una organización dedicada fundamentalmente al lucro puede emplear tácticas destinadas a aterrorizar comunidades enteras para garantizar impunidad, controlar mercados o doblegar autoridades. Eso es precisamente lo que vuelve tan peligroso el fenómeno no porque todos sean terroristas sino porque las herramientas, capacidades y métodos comienzan a mezclarse.

La diferencia parece pequeña, pero para policías, fiscales, analistas de inteligencia y responsables de políticas públicas es enorme. Confundir delincuencia organizada con terrorismo puede llevar a respuestas jurídicas y operativas equivocadas. Pero ignorar que organizaciones delincuenciales están incorporando tácticas tradicionalmente asociadas con actores terroristas resulta igualmente irresponsable.

Después del 11-S entendimos algo que los atentados de Buenos Aires, el conflicto colombiano, el peruano y posteriormente la violencia delincuencial mexicana ya venían advirtiendo: terrorismo y delincuencia organizada pueden tener motivaciones diferentes y continuar siendo jurídicamente fenómenos distintos, pero eso no impide que compartan dinero, rutas, mercados, conocimientos, métodos o simplemente oportunidades. El error sería pensar que para combatirlos debemos llamarlos igual y el desafío verdadero consiste en aprender a identificar dónde termina uno, dónde comienza el otro y, sobre todo, dónde se encuentran.

hidalgomontes@gmail.com

 Explosivos: La amenaza para la que debemos preparar a nuestros policías

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Hay noticias que deberían encender las alarmas mucho más allá del estado donde ocurrieron. Lo sucedido este fin de semana en Chihuahua es una de ellas. Permítame ponerlo en contexto: En una brecha del municipio de Maguarichi, en plena Sierra Tarahumara, elementos del Ejército, Guardia Nacional y autoridades estatales localizaron tres vehículos con reporte de robo en Estados Unidos (nada fuera de lo “usual”). Lo preocupante no eran solamente las camionetas, sino lo que había dentro (sonido de redoble de tambor por favor): 6 mil 324 piezas de alto explosivo, 1.1 toneladas de agente explosivo, mil 710 metros de material de iniciación y detonación y 5 mil 234 estopines o detonadores eléctricos. Se presume que, parte de ese material sería empleado por grupos criminales mediante drones.

 

Este caso no es precisamente aislado, el punto es que poco o nada se habla cuando ocurren los robos de explosivos en México y las cantidades de estos obligan a dimensionar el problema. SI a esto le sumamos el reciente robo de 348 drones al Grupo HB (operador de DJI Store México) al salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el pasado 19 de agosto, ya no estamos hablando únicamente del delincuente que porta un fusil de asalto, de convoyes de camionetas blindadas artesanalmente o de grupos que disputan una plaza a balazos. Estamos frente a organizaciones que han incorporado explosivos, minas antipersonales, artefactos improvisados, drones y otros recursos a su capacidad de violencia. Y eso, queridos lectores, cambia las reglas del juego.

 

Como comentamos al principio, lo ocurrido en Chihuahua no puede verse como un hecho aislado. Apenas unos días antes, el Gabinete de Seguridad federal habría informado que en esa misma entidad elementos del Ejército y de la Policía Estatal habían asegurado 27 piezas de explosivos y 37 tubos con detonadores.

 

Michoacán ofrece quizá el ejemplo más claro de hasta dónde puede evolucionar esta amenaza. La Secretaría de Seguridad Pública de ese estado informó que solamente durante 2025 fueron asegurados mil 645 artefactos explosivos y que su agrupamiento especializado localizó y desactivó mil 117.

 

No es una estadística menor. En enero de este año, autoridades localizaron y desactivaron otros 48 artefactos explosivos improvisados en una zona serrana de Apatzingán; los dispositivos habían sido modificados para utilizarse con drones. La propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, entre noviembre y diciembre de 2025, dentro de las operaciones realizadas en Michoacán se aseguraron 152 artefactos explosivos y 53 kilogramos de material explosivo.

 

Estamos, por tanto, ante algo que difícilmente puede seguir tratándose como una extravagancia del crimen organizado para volverse, desgraciadamente, en una constante. Los explosivos se están convirtiendo en una herramienta dentro de su repertorio de violencia. Y aquí aparece una palabra particularmente delicada: “terrorismo”. Hay que utilizarla con cuidado.

 

No toda explosión provocada por un grupo criminal constituye jurídicamente terrorismo, como tampoco todo acto extremadamente violento puede recibir automáticamente esa clasificación. En México, el artículo 139 del Código Penal Federal establece elementos específicos para configurar este delito. Entre ellos contempla el empleo de explosivos u otros medios violentos contra bienes, servicios o personas cuando intencionalmente se produzca alarma, temor o terror en la población o en un sector de ella y exista alguna de las finalidades previstas por la propia norma, entre ellas atentar contra la seguridad nacional o presionar a una autoridad o a un particular para obligarlo a tomar una determinación. Esa diferencia jurídica importa.

 

Pero también importa comprender que, desde el punto de vista policial, un artefacto explosivo no pregunta qué clasificación penal tendrá posteriormente la carpeta de investigación. Simplemente explota. Mata policías, soldados y civiles. Destruye vehículos e instalaciones. Bloquea caminos. Modifica la manera de patrullar un territorio y, quizá lo más importante, puede generar miedo suficiente para cambiar el comportamiento de una comunidad.

 

México ya tuvo una advertencia brutal. En julio de 2023, una emboscada con artefactos explosivos en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, provocó la muerte de cuatro policías y dos civiles. El Departamento de Estado de Estados Unidos describió posteriormente aquel episodio como el ataque con explosivos más letal contra fuerzas de seguridad mexicanas en dos décadas. El mismo informe advertía que las organizaciones criminales transnacionales habían ampliado el uso de explosivos contra sus rivales, ocasionando también víctimas entre policías y civiles. Tres años después, los decomisos continúan.

 

Por eso existe otra discusión que México necesita comenzar seriamente: ¿estamos formando al policía que necesitamos para enfrentar esta nueva realidad? Porque el primer servidor público que encuentra un posible artefacto explosivo rara vez será un especialista antibombas. Puede ser un policía municipal atendiendo una llamada al 911, un policía estatal recorriendo una brecha, un investigador llegando a una escena, un elemento de tránsito observando un vehículo abandonado. o una patrulla respondiendo a un reporte que, como ya ocurrió en Jalisco, puede incluso haber sido utilizado para atraer policías hacia una emboscada.

 

Eso significa que la formación básica necesita evolucionar. No estoy planteando (y sería irresponsable hacerlo) que todos los policías mexicanos deban aprender a desactivar bombas. La neutralización de explosivos exige personal altamente especializado, entrenamiento específico, procedimientos rigurosos y equipamiento que no corresponde al policía convencional.

 

La formación inicial debe perseguir algo distinto y mucho más elemental: que un policía sea capaz de reconocer indicadores de riesgo, entender que se encuentra frente a una amenaza potencial, evitar aproximaciones innecesarias, establecer aislamiento y seguridad, solicitar inmediatamente apoyo especializado y proteger a compañeros y población.

 

En otras palabras: enseñarle qué hacer, pero también qué no hacer. Puede parecer una diferencia pequeña hasta que una patrulla encuentra un paquete sospechoso, un vehículo abandonado, un dron derribado o algún objeto aparentemente inofensivo en una zona donde opera la delincuencia organizada. Ahí, una mala decisión puede costar varias vidas.

 

Nuestro sistema de profesionalización policial permite perfectamente avanzar en esa dirección. El Programa Rector de Profesionalización (PRP) contempla la formación continua y establece la especialización precisamente para profundizar las capacidades del personal en funciones que se encuentran fuera de sus actividades cotidianas.

 

    

    El problema entonces no es solamente normativo. Es anticipatorio. Las academias policiales tradicionalmente preparan a sus alumnos para detener personas, preservar lugares de intervención, hacer uso de la fuerza, conducir vehículos policiales, elaborar informes y responder a delitos convencionales. Todo ello sigue siendo indispensable. Pero la fenomenología criminal cambió.

 

El sentido común (que es el que comúnmente menos se usa) nos dice que: “Si cambió el adversario, debe cambiar la capacitación”. La formación inicial policial debería incorporar, dentro de las competencias de primer respondiente, contenidos básicos sobre amenazas explosivas y artefactos explosivos improvisados. No para intervenirlos ni manipularlos, sino para reconocer riesgos, proteger la escena, establecer una respuesta inicial segura y saber cuándo retirarse y solicitar especialistas.

 

Después debe existir otro nivel. México necesita desarrollar y fortalecer unidades policiales especializadas capaces de trabajar coordinadamente con Defensa, Guardia Nacional, fiscalías y demás autoridades competentes en incidentes relacionados con explosivos. Ya existen experiencias que demuestran que esto es posible.

 

Michoacán, por ejemplo, cuenta con un Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos cuyos integrantes han recibido capacitación de agencias estadounidenses. Para mayo de 2025, las autoridades estatales reportaban que las acciones institucionales habían permitido asegurar más de cuatro mil artefactos explosivos improvisados, incluidos dispositivos destinados a ser lanzados desde drones. Chihuahua también tiene antecedentes importantes. Desde 2017 se formó allí un comando estatal especializado en neutralización de explosivos con apoyo de la ATF y otras instituciones estadounidenses. La cooperación binacional vuelve a ser particularmente relevante.

 

El pasado 14 de agosto, la ATF informó que su National Center for Explosives Training and Research (NCETR), en Huntsville Alabama (del cual soy orgullosamente graduado), recibió a 21 integrantes de instituciones mexicanas para un curso intensivo sobre investigación posterior a explosiones. Participaron miembros de corporaciones policiales, instituciones de procuración de justicia y personal militar mexicano.

 

La explicación de la agencia estadounidense resulta reveladora: señaló que las instituciones mexicanas enfrentan cada vez más incidentes relacionados con altos explosivos y ataques con granadas. La capacitación incluyó identificación de explosivos, reconocimiento de componentes de artefactos explosivos improvisados, análisis de explosiones y recolección de evidencia forense. Esa cooperación debería ampliarse.

 

México y Estados Unidos llevan décadas trabajando conjuntamente contra narcóticos, tráfico de armas, lavado de dinero y delincuencia organizada. Los explosivos necesitan convertirse también en una prioridad de cooperación técnica: investigación postexplosión, inteligencia sobre componentes y cadenas de suministro, intercambio de información, capacitación de instructores, desarrollo de unidades especializadas y fortalecimiento de capacidades forenses. Pero existe una condición indispensable. México no puede depender permanentemente de enviar pequeños grupos de policías al extranjero para adquirir estas capacidades. Necesitamos multiplicarlas dentro del país. Eso significa formar instructores nacionales, crear programas homologados, certificar competencias, establecer niveles diferenciados de capacitación para primer respondiente, investigadores y especialistas así como llevar esos conocimientos a las academias estatales y municipales.

 

El decomiso de Chihuahua debería entenderse, entonces, como algo más que un aseguramiento espectacular. Es información de inteligencia, nos está diciendo qué están adquiriendo los grupos criminales, qué capacidades están desarrollando y probablemente qué tipo de violencia debemos prepararnos para enfrentar. Durante muchos años medimos la capacidad de fuego de una organización criminal contando rifles, ametralladoras, cargadores y cartuchos, hoy esa fotografía está incompleta. Hay que contar también drones, sistemas de comunicación, inhibidores y explosivos. En operaciones recientes contra integrantes del CJNG en Michoacán, por ejemplo, las autoridades mexicanas aseguraron artefactos explosivos improvisados y un dron junto con armas de alto poder.

       El arsenal criminal está evolucionando, eso indica que las instituciones policiales también tienen que hacerlo porque esperar a que una amenaza se vuelva cotidiana para comenzar a capacitar a nuestros policías es exactamente lo contrario de una política de prevención. Las academias policiales no pueden enseñar únicamente cómo enfrentar los delitos que conocimos ayer. Tienen que preparar a los policías para sobrevivir y responder profesionalmente a los que ya están apareciendo hoy.

 

hidalgomontes@gmail.com

 

 Armas por fentanilo: el crimen mexicano empieza a jugar en otra liga

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Durante décadas se describió buena parte del problema delincuencial entre México y Estados Unidos con una ecuación bastante sencilla: las drogas suben y las armas bajan. No era una frase hecha. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos norteamericana (ATF) ha documentado sistemáticamente el tráfico de armas de fuego desde Estados Unidos hacia México y el papel de la frontera suroeste dentro de esas redes. Este un fenómeno real, vigente y que continúa siendo uno de los puntos más delicados de la relación bilateral.

Pero algo acaba de ocurrir que obliga a ampliar el mapa. El pasado 11 de agosto, el Departamento de Justicia estadounidense hizo pública una acusación contra cuatro mexicanos probablemente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Hasta ahí podría parecer otro expediente relacionado con narcotráfico, sin embargo, lejos dista de serlo.

Según los fiscales estadounidenses, Edgar Alejandro López Velasco, Noé Díaz Jiménez, Leobardo Gaxiola López y José Miguel Alvarado Morales probablemente participaron en una operación para obtener armamento procedente de la República Checa destinado a México. Dos de los acusados, ya fueron extraditados a Estados Unidos y los otros permanecen sujetos a procesos de extradición. Como corresponde jurídicamente señalar, reiteramos que estamos hablando de una acusación: los imputados conservan la presunción de inocencia mientras los hechos no sean probados ante un tribunal.

Lo verdaderamente preocupante está en los detalles. La acusación sostiene que los involucrados negociaron ametralladoras, lanzagranadas propulsados por cohete, morteros, municiones y otros pertrechos. Según el Departamento de Justicia, las armas serían utilizadas contra organizaciones rivales, civiles y miembros de las fuerzas policiales y militares mexicanas.

Peeeeeeeero en este tema, todavía falta la parte más interesante de la historia, el pago (“el cochino dinero que todo lo corrompe” dijese una tía amargada que tengo) Los probables operadores habrían ofrecido fentanilo y metanfetamina destinados al mercado estadounidense como contraprestación por las armas. Ahí cambia todo, es en este pequeño detalle donde “la puerca tuerce el rabo”. Ya no tenemos únicamente el conocido circuito Estados Unidos-México. Tenemos una operación que conecta a México, Estados Unidos y Europa dentro de una misma cadena delincuencial: drogas mexicanas destinadas al mercado estadounidense utilizadas como moneda para conseguir armamento europeo que eventualmente terminaría nuevamente en México.

Eso es mucho más que narcotráfico, es una muestra de cómo algunas organizaciones delincuenciales mexicanas están aprendiendo a funcionar como redes transnacionales diversificadas. Durante años se cometió el error de imaginar a los cárteles como organizaciones dedicadas esencialmente a transportar drogas. Pero el CJNG, al igual que otras estructuras delincuenciales, hace tiempo dejó atrás ese modelo.

En julio, el mismo Departamento del Tesoro sancionó a más de 50 personas y entidades mexicanas vinculadas con la organización, en lo que describió como la mayor acción emprendida hasta ese momento contra el CJNG.

La imagen del narcotraficante tradicional comienza a quedar vieja…estereotipada. Hoy estamos frente a estructuras con proveedores, intermediarios financieros, empresas, operadores logísticos, mercados internacionales y capacidad para diversificar actividades ilegales.

Y ahora aparece otro elemento: proveedores internacionales de armamento, esto plantea tres problemas para México:

1)      El geográfico. Durante años nuestra discusión sobre armas se concentró, justificadamente, en Estados Unidos. El problema continúa ahí. Pero el caso europeo demuestra algo bastante elemental sobre cualquier mercado ilícito: cuando existe demanda, aparecen proveedores alternativos. Si las autoridades estadounidenses consiguieran reducir significativamente el tráfico ilegal de armas hacia México, eso no significa necesariamente que las organizaciones delincuenciales dejarían de buscarlas, buscarían en otro lugar y aparentemente algunas ya comenzaron a hacerlo (es herramienta de trabajo y a eso se dedican…a delinquir).

 

2)      El económico. La operación descrita por los fiscales estadounidenses plantea un mecanismo particularmente interesante: utilizar drogas como moneda de cambio. Tradicionalmente imaginamos el negocio del narcotráfico mediante dos secuencias sencillas: a) droga, venta, dinero, lavado y reinversión ó b) drogas, armas y violencia.

 

3)      El armamento. No estamos hablando exclusivamente de pistolas o rifles adquiridos mediante prestanombres. Estamos hablando, de acuerdo con la acusación estadounidense, de ametralladoras, morteros y lanzagranadas. Eso no convierte automáticamente a un cártel en un ejército ni significa que tenga capacidades equivalentes a las Fuerzas Armadas. Exagerarlo sería irresponsable. Pero sí muestra el interés de determinadas estructuras delincuenciales por aumentar cualitativamente su capacidad de fuego. Y eso debería preocupar especialmente a nuestras policías en México (que sufren por la cantidad y calidad del equipo de trabajo).

Mientras algunas organizaciones delincuenciales diversifican ingresos, internacionalizan proveedores, incorporan drones y buscan armamento cada vez más sofisticado, buena parte de nuestras policías municipales continúa enfrentando problemas elementales: bajos salarios, poca o nula seguridad social, rotación de personal, equipamiento insuficiente, escasa capacidad de investigación y profesionalización desigual.

Es innegable que la delincuencia se globaliza. Muchas policías siguen siendo estrictamente locales. Ahí tenemos un problema de seguridad ciudadana que tarde o temprano termina convirtiéndose en uno de seguridad nacional. El caso hoy descrito también deja otra enseñanza: ningún país puede investigar solo una organización que opera de esta manera.

La investigación involucró a la DEA, FBI, ATF, Homeland Security Investigations, Coast Guard Investigative Service, autoridades de República Checa, INTERPOL y, por México, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina, entre otras instituciones. Eso es cooperación internacional aplicada a una amenaza transnacional.

En los últimos meses (y recordado toooooodos los días) hemos discutido demasiado sobre soberanía, terrorismo, intervención y presión estadounidense. Son debates legítimos y necesarios (vicisitudes de la globalización). Pero hay una realidad mucho menos ideológica: si una investigación comienza en México, continúa en República Checa, involucra drogas destinadas a Estados Unidos y utiliza redes internacionales de armas, ningún gobierno tiene por sí solo todas las piezas del rompecabezas.

Compartir inteligencia deja entonces de ser una concesión diplomática, se convierte en una necesidad operativa. También deberíamos revisar el lenguaje que utilizamos, seguimos llamando “cárteles” a organizaciones que participan simultáneamente en narcotráfico, extorsión, robo de combustible, lavado de dinero, fraude y otras economías ilícitas, mientras desarrollan conexiones internacionales para adquirir bienes y servicios ilegales. Quizá el concepto comienza a quedarse corto. Estamos frente a “redes criminales transnacionales multipropósito”. Y perseguirlas requiere algo diferente a capturar al jefe.

Las organizaciones sobreviven mientras sobrevivan sus redes. Por eso necesitamos investigar proveedores, intermediarios, empresas fachadas, operadores financieros, comunicaciones, rutas, cadenas logísticas y vínculos institucionales.

La pregunta correcta ya no debería ser solamente quién dirige al cártel. Debería ser: ¿qué necesita esa organización para seguir funcionando y quién se lo proporciona?

Tal vez el expediente de República Checa termine siendo simplemente una operación frustrada o quizá dentro de algunos años lo recordemos como una advertencia temprana del momento en que dejamos de hablar exclusivamente de cárteles mexicanos y comenzamos a comprender que algunas de estas organizaciones estaban intentando convertirse en redes delincuenciales verdaderamente globales.

La pregunta es si nuestras instituciones aprenderán a la misma velocidad.

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