Explosivos: La amenaza para la que debemos preparar a nuestros policías

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Hay noticias que deberían encender las alarmas mucho más allá del estado donde ocurrieron. Lo sucedido este fin de semana en Chihuahua es una de ellas. Permítame ponerlo en contexto: En una brecha del municipio de Maguarichi, en plena Sierra Tarahumara, elementos del Ejército, Guardia Nacional y autoridades estatales localizaron tres vehículos con reporte de robo en Estados Unidos (nada fuera de lo “usual”). Lo preocupante no eran solamente las camionetas, sino lo que había dentro (sonido de redoble de tambor por favor): 6 mil 324 piezas de alto explosivo, 1.1 toneladas de agente explosivo, mil 710 metros de material de iniciación y detonación y 5 mil 234 estopines o detonadores eléctricos. Se presume que, parte de ese material sería empleado por grupos criminales mediante drones.

 

Este caso no es precisamente aislado, el punto es que poco o nada se habla cuando ocurren los robos de explosivos en México y las cantidades de estos obligan a dimensionar el problema. SI a esto le sumamos el reciente robo de 348 drones al Grupo HB (operador de DJI Store México) al salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el pasado 19 de agosto, ya no estamos hablando únicamente del delincuente que porta un fusil de asalto, de convoyes de camionetas blindadas artesanalmente o de grupos que disputan una plaza a balazos. Estamos frente a organizaciones que han incorporado explosivos, minas antipersonales, artefactos improvisados, drones y otros recursos a su capacidad de violencia. Y eso, queridos lectores, cambia las reglas del juego.

 

Como comentamos al principio, lo ocurrido en Chihuahua no puede verse como un hecho aislado. Apenas unos días antes, el Gabinete de Seguridad federal habría informado que en esa misma entidad elementos del Ejército y de la Policía Estatal habían asegurado 27 piezas de explosivos y 37 tubos con detonadores.

 

Michoacán ofrece quizá el ejemplo más claro de hasta dónde puede evolucionar esta amenaza. La Secretaría de Seguridad Pública de ese estado informó que solamente durante 2025 fueron asegurados mil 645 artefactos explosivos y que su agrupamiento especializado localizó y desactivó mil 117.

 

No es una estadística menor. En enero de este año, autoridades localizaron y desactivaron otros 48 artefactos explosivos improvisados en una zona serrana de Apatzingán; los dispositivos habían sido modificados para utilizarse con drones. La propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, entre noviembre y diciembre de 2025, dentro de las operaciones realizadas en Michoacán se aseguraron 152 artefactos explosivos y 53 kilogramos de material explosivo.

 

Estamos, por tanto, ante algo que difícilmente puede seguir tratándose como una extravagancia del crimen organizado para volverse, desgraciadamente, en una constante. Los explosivos se están convirtiendo en una herramienta dentro de su repertorio de violencia. Y aquí aparece una palabra particularmente delicada: “terrorismo”. Hay que utilizarla con cuidado.

 

No toda explosión provocada por un grupo criminal constituye jurídicamente terrorismo, como tampoco todo acto extremadamente violento puede recibir automáticamente esa clasificación. En México, el artículo 139 del Código Penal Federal establece elementos específicos para configurar este delito. Entre ellos contempla el empleo de explosivos u otros medios violentos contra bienes, servicios o personas cuando intencionalmente se produzca alarma, temor o terror en la población o en un sector de ella y exista alguna de las finalidades previstas por la propia norma, entre ellas atentar contra la seguridad nacional o presionar a una autoridad o a un particular para obligarlo a tomar una determinación. Esa diferencia jurídica importa.

 

Pero también importa comprender que, desde el punto de vista policial, un artefacto explosivo no pregunta qué clasificación penal tendrá posteriormente la carpeta de investigación. Simplemente explota. Mata policías, soldados y civiles. Destruye vehículos e instalaciones. Bloquea caminos. Modifica la manera de patrullar un territorio y, quizá lo más importante, puede generar miedo suficiente para cambiar el comportamiento de una comunidad.

 

México ya tuvo una advertencia brutal. En julio de 2023, una emboscada con artefactos explosivos en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, provocó la muerte de cuatro policías y dos civiles. El Departamento de Estado de Estados Unidos describió posteriormente aquel episodio como el ataque con explosivos más letal contra fuerzas de seguridad mexicanas en dos décadas. El mismo informe advertía que las organizaciones criminales transnacionales habían ampliado el uso de explosivos contra sus rivales, ocasionando también víctimas entre policías y civiles. Tres años después, los decomisos continúan.

 

Por eso existe otra discusión que México necesita comenzar seriamente: ¿estamos formando al policía que necesitamos para enfrentar esta nueva realidad? Porque el primer servidor público que encuentra un posible artefacto explosivo rara vez será un especialista antibombas. Puede ser un policía municipal atendiendo una llamada al 911, un policía estatal recorriendo una brecha, un investigador llegando a una escena, un elemento de tránsito observando un vehículo abandonado. o una patrulla respondiendo a un reporte que, como ya ocurrió en Jalisco, puede incluso haber sido utilizado para atraer policías hacia una emboscada.

 

Eso significa que la formación básica necesita evolucionar. No estoy planteando (y sería irresponsable hacerlo) que todos los policías mexicanos deban aprender a desactivar bombas. La neutralización de explosivos exige personal altamente especializado, entrenamiento específico, procedimientos rigurosos y equipamiento que no corresponde al policía convencional.

 

La formación inicial debe perseguir algo distinto y mucho más elemental: que un policía sea capaz de reconocer indicadores de riesgo, entender que se encuentra frente a una amenaza potencial, evitar aproximaciones innecesarias, establecer aislamiento y seguridad, solicitar inmediatamente apoyo especializado y proteger a compañeros y población.

 

En otras palabras: enseñarle qué hacer, pero también qué no hacer. Puede parecer una diferencia pequeña hasta que una patrulla encuentra un paquete sospechoso, un vehículo abandonado, un dron derribado o algún objeto aparentemente inofensivo en una zona donde opera la delincuencia organizada. Ahí, una mala decisión puede costar varias vidas.

 

Nuestro sistema de profesionalización policial permite perfectamente avanzar en esa dirección. El Programa Rector de Profesionalización (PRP) contempla la formación continua y establece la especialización precisamente para profundizar las capacidades del personal en funciones que se encuentran fuera de sus actividades cotidianas.

 

    

    El problema entonces no es solamente normativo. Es anticipatorio. Las academias policiales tradicionalmente preparan a sus alumnos para detener personas, preservar lugares de intervención, hacer uso de la fuerza, conducir vehículos policiales, elaborar informes y responder a delitos convencionales. Todo ello sigue siendo indispensable. Pero la fenomenología criminal cambió.

 

El sentido común (que es el que comúnmente menos se usa) nos dice que: “Si cambió el adversario, debe cambiar la capacitación”. La formación inicial policial debería incorporar, dentro de las competencias de primer respondiente, contenidos básicos sobre amenazas explosivas y artefactos explosivos improvisados. No para intervenirlos ni manipularlos, sino para reconocer riesgos, proteger la escena, establecer una respuesta inicial segura y saber cuándo retirarse y solicitar especialistas.

 

Después debe existir otro nivel. México necesita desarrollar y fortalecer unidades policiales especializadas capaces de trabajar coordinadamente con Defensa, Guardia Nacional, fiscalías y demás autoridades competentes en incidentes relacionados con explosivos. Ya existen experiencias que demuestran que esto es posible.

 

Michoacán, por ejemplo, cuenta con un Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos cuyos integrantes han recibido capacitación de agencias estadounidenses. Para mayo de 2025, las autoridades estatales reportaban que las acciones institucionales habían permitido asegurar más de cuatro mil artefactos explosivos improvisados, incluidos dispositivos destinados a ser lanzados desde drones. Chihuahua también tiene antecedentes importantes. Desde 2017 se formó allí un comando estatal especializado en neutralización de explosivos con apoyo de la ATF y otras instituciones estadounidenses. La cooperación binacional vuelve a ser particularmente relevante.

 

El pasado 14 de agosto, la ATF informó que su National Center for Explosives Training and Research (NCETR), en Huntsville Alabama (del cual soy orgullosamente graduado), recibió a 21 integrantes de instituciones mexicanas para un curso intensivo sobre investigación posterior a explosiones. Participaron miembros de corporaciones policiales, instituciones de procuración de justicia y personal militar mexicano.

 

La explicación de la agencia estadounidense resulta reveladora: señaló que las instituciones mexicanas enfrentan cada vez más incidentes relacionados con altos explosivos y ataques con granadas. La capacitación incluyó identificación de explosivos, reconocimiento de componentes de artefactos explosivos improvisados, análisis de explosiones y recolección de evidencia forense. Esa cooperación debería ampliarse.

 

México y Estados Unidos llevan décadas trabajando conjuntamente contra narcóticos, tráfico de armas, lavado de dinero y delincuencia organizada. Los explosivos necesitan convertirse también en una prioridad de cooperación técnica: investigación postexplosión, inteligencia sobre componentes y cadenas de suministro, intercambio de información, capacitación de instructores, desarrollo de unidades especializadas y fortalecimiento de capacidades forenses. Pero existe una condición indispensable. México no puede depender permanentemente de enviar pequeños grupos de policías al extranjero para adquirir estas capacidades. Necesitamos multiplicarlas dentro del país. Eso significa formar instructores nacionales, crear programas homologados, certificar competencias, establecer niveles diferenciados de capacitación para primer respondiente, investigadores y especialistas así como llevar esos conocimientos a las academias estatales y municipales.

 

El decomiso de Chihuahua debería entenderse, entonces, como algo más que un aseguramiento espectacular. Es información de inteligencia, nos está diciendo qué están adquiriendo los grupos criminales, qué capacidades están desarrollando y probablemente qué tipo de violencia debemos prepararnos para enfrentar. Durante muchos años medimos la capacidad de fuego de una organización criminal contando rifles, ametralladoras, cargadores y cartuchos, hoy esa fotografía está incompleta. Hay que contar también drones, sistemas de comunicación, inhibidores y explosivos. En operaciones recientes contra integrantes del CJNG en Michoacán, por ejemplo, las autoridades mexicanas aseguraron artefactos explosivos improvisados y un dron junto con armas de alto poder.

       El arsenal criminal está evolucionando, eso indica que las instituciones policiales también tienen que hacerlo porque esperar a que una amenaza se vuelva cotidiana para comenzar a capacitar a nuestros policías es exactamente lo contrario de una política de prevención. Las academias policiales no pueden enseñar únicamente cómo enfrentar los delitos que conocimos ayer. Tienen que preparar a los policías para sobrevivir y responder profesionalmente a los que ya están apareciendo hoy.

 

hidalgomontes@gmail.com

 

 Armas por fentanilo: el crimen mexicano empieza a jugar en otra liga

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Durante décadas se describió buena parte del problema delincuencial entre México y Estados Unidos con una ecuación bastante sencilla: las drogas suben y las armas bajan. No era una frase hecha. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos norteamericana (ATF) ha documentado sistemáticamente el tráfico de armas de fuego desde Estados Unidos hacia México y el papel de la frontera suroeste dentro de esas redes. Este un fenómeno real, vigente y que continúa siendo uno de los puntos más delicados de la relación bilateral.

Pero algo acaba de ocurrir que obliga a ampliar el mapa. El pasado 11 de agosto, el Departamento de Justicia estadounidense hizo pública una acusación contra cuatro mexicanos probablemente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Hasta ahí podría parecer otro expediente relacionado con narcotráfico, sin embargo, lejos dista de serlo.

Según los fiscales estadounidenses, Edgar Alejandro López Velasco, Noé Díaz Jiménez, Leobardo Gaxiola López y José Miguel Alvarado Morales probablemente participaron en una operación para obtener armamento procedente de la República Checa destinado a México. Dos de los acusados, ya fueron extraditados a Estados Unidos y los otros permanecen sujetos a procesos de extradición. Como corresponde jurídicamente señalar, reiteramos que estamos hablando de una acusación: los imputados conservan la presunción de inocencia mientras los hechos no sean probados ante un tribunal.

Lo verdaderamente preocupante está en los detalles. La acusación sostiene que los involucrados negociaron ametralladoras, lanzagranadas propulsados por cohete, morteros, municiones y otros pertrechos. Según el Departamento de Justicia, las armas serían utilizadas contra organizaciones rivales, civiles y miembros de las fuerzas policiales y militares mexicanas.

Peeeeeeeero en este tema, todavía falta la parte más interesante de la historia, el pago (“el cochino dinero que todo lo corrompe” dijese una tía amargada que tengo) Los probables operadores habrían ofrecido fentanilo y metanfetamina destinados al mercado estadounidense como contraprestación por las armas. Ahí cambia todo, es en este pequeño detalle donde “la puerca tuerce el rabo”. Ya no tenemos únicamente el conocido circuito Estados Unidos-México. Tenemos una operación que conecta a México, Estados Unidos y Europa dentro de una misma cadena delincuencial: drogas mexicanas destinadas al mercado estadounidense utilizadas como moneda para conseguir armamento europeo que eventualmente terminaría nuevamente en México.

Eso es mucho más que narcotráfico, es una muestra de cómo algunas organizaciones delincuenciales mexicanas están aprendiendo a funcionar como redes transnacionales diversificadas. Durante años se cometió el error de imaginar a los cárteles como organizaciones dedicadas esencialmente a transportar drogas. Pero el CJNG, al igual que otras estructuras delincuenciales, hace tiempo dejó atrás ese modelo.

En julio, el mismo Departamento del Tesoro sancionó a más de 50 personas y entidades mexicanas vinculadas con la organización, en lo que describió como la mayor acción emprendida hasta ese momento contra el CJNG.

La imagen del narcotraficante tradicional comienza a quedar vieja…estereotipada. Hoy estamos frente a estructuras con proveedores, intermediarios financieros, empresas, operadores logísticos, mercados internacionales y capacidad para diversificar actividades ilegales.

Y ahora aparece otro elemento: proveedores internacionales de armamento, esto plantea tres problemas para México:

1)      El geográfico. Durante años nuestra discusión sobre armas se concentró, justificadamente, en Estados Unidos. El problema continúa ahí. Pero el caso europeo demuestra algo bastante elemental sobre cualquier mercado ilícito: cuando existe demanda, aparecen proveedores alternativos. Si las autoridades estadounidenses consiguieran reducir significativamente el tráfico ilegal de armas hacia México, eso no significa necesariamente que las organizaciones delincuenciales dejarían de buscarlas, buscarían en otro lugar y aparentemente algunas ya comenzaron a hacerlo (es herramienta de trabajo y a eso se dedican…a delinquir).

 

2)      El económico. La operación descrita por los fiscales estadounidenses plantea un mecanismo particularmente interesante: utilizar drogas como moneda de cambio. Tradicionalmente imaginamos el negocio del narcotráfico mediante dos secuencias sencillas: a) droga, venta, dinero, lavado y reinversión ó b) drogas, armas y violencia.

 

3)      El armamento. No estamos hablando exclusivamente de pistolas o rifles adquiridos mediante prestanombres. Estamos hablando, de acuerdo con la acusación estadounidense, de ametralladoras, morteros y lanzagranadas. Eso no convierte automáticamente a un cártel en un ejército ni significa que tenga capacidades equivalentes a las Fuerzas Armadas. Exagerarlo sería irresponsable. Pero sí muestra el interés de determinadas estructuras delincuenciales por aumentar cualitativamente su capacidad de fuego. Y eso debería preocupar especialmente a nuestras policías en México (que sufren por la cantidad y calidad del equipo de trabajo).

Mientras algunas organizaciones delincuenciales diversifican ingresos, internacionalizan proveedores, incorporan drones y buscan armamento cada vez más sofisticado, buena parte de nuestras policías municipales continúa enfrentando problemas elementales: bajos salarios, poca o nula seguridad social, rotación de personal, equipamiento insuficiente, escasa capacidad de investigación y profesionalización desigual.

Es innegable que la delincuencia se globaliza. Muchas policías siguen siendo estrictamente locales. Ahí tenemos un problema de seguridad ciudadana que tarde o temprano termina convirtiéndose en uno de seguridad nacional. El caso hoy descrito también deja otra enseñanza: ningún país puede investigar solo una organización que opera de esta manera.

La investigación involucró a la DEA, FBI, ATF, Homeland Security Investigations, Coast Guard Investigative Service, autoridades de República Checa, INTERPOL y, por México, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina, entre otras instituciones. Eso es cooperación internacional aplicada a una amenaza transnacional.

En los últimos meses (y recordado toooooodos los días) hemos discutido demasiado sobre soberanía, terrorismo, intervención y presión estadounidense. Son debates legítimos y necesarios (vicisitudes de la globalización). Pero hay una realidad mucho menos ideológica: si una investigación comienza en México, continúa en República Checa, involucra drogas destinadas a Estados Unidos y utiliza redes internacionales de armas, ningún gobierno tiene por sí solo todas las piezas del rompecabezas.

Compartir inteligencia deja entonces de ser una concesión diplomática, se convierte en una necesidad operativa. También deberíamos revisar el lenguaje que utilizamos, seguimos llamando “cárteles” a organizaciones que participan simultáneamente en narcotráfico, extorsión, robo de combustible, lavado de dinero, fraude y otras economías ilícitas, mientras desarrollan conexiones internacionales para adquirir bienes y servicios ilegales. Quizá el concepto comienza a quedarse corto. Estamos frente a “redes criminales transnacionales multipropósito”. Y perseguirlas requiere algo diferente a capturar al jefe.

Las organizaciones sobreviven mientras sobrevivan sus redes. Por eso necesitamos investigar proveedores, intermediarios, empresas fachadas, operadores financieros, comunicaciones, rutas, cadenas logísticas y vínculos institucionales.

La pregunta correcta ya no debería ser solamente quién dirige al cártel. Debería ser: ¿qué necesita esa organización para seguir funcionando y quién se lo proporciona?

Tal vez el expediente de República Checa termine siendo simplemente una operación frustrada o quizá dentro de algunos años lo recordemos como una advertencia temprana del momento en que dejamos de hablar exclusivamente de cárteles mexicanos y comenzamos a comprender que algunas de estas organizaciones estaban intentando convertirse en redes delincuenciales verdaderamente globales.

La pregunta es si nuestras instituciones aprenderán a la misma velocidad.

hidalgomontes@gmail.com

 ¿Más armas, más seguridad? El debate que México ya no puede seguir evitando

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Durante décadas, en México la discusión sobre la portación de armas de fuego ha sido casi un tema tabú. Cada vez que alguien la pone sobre la mesa, el debate se polariza de inmediato, las alarmas se encienden y todo mundo empieza a correr como gallina sin cabeza: unos hablan del derecho legítimo de defenderse; otros advierten que sería el principio de una espiral de violencia aún mayor. La reciente postura del polémico empresario (y algunas veces polarizante) Ricardo Salinas Pliego (Alias “Tío Richie”), quien ha insinuado públicamente aspiraciones presidenciales y ha manifestado que, de llegar a la Presidencia, impulsaría una reforma para ampliar la portación legal de armas, volvió a colocar el tema en la conversación nacional.

Más allá de simpatías o antipatías hacia el empresario (y al personaje “Tío Richie”), la propuesta merece un análisis serio. Porque hablar de armas no es hablar únicamente de pistolas; es hablar del modelo de Estado que queremos construir.

México no parte de una hoja en blanco. La Constitución reconoce (aunque usted no lo crea), en su artículo 10, el derecho de los ciudadanos a poseer armas en su domicilio para su legítima defensa, mientras que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece un régimen altamente restrictivo para la portación fuera del hogar. En otras palabras, la posesión ya es legal bajo determinadas condiciones; lo extraordinario sigue siendo portar un arma en espacios públicos. Esa diferencia jurídica suele perderse en el debate político.

Los argumentos de quienes apoyan flexibilizar la legislación parecen sencillos. Si los delincuentes ya están armados (dicen), resulta injusto que los ciudadanos honestos permanezcan indefensos. En un país donde millones de personas han sido víctimas de delitos patrimoniales, extorsiones, secuestros o ataques violentos, esa idea encuentra un terreno fértil. La percepción de abandono institucional genera que muchos comiencen a considerar la autodefensa como una alternativa. Además sería infantil pretender que el 100% del tráfico ilegal de armas van exclusivamente a grupos delincuenciales. La verdad es (aunque no se quiera ver y/o aceptar) es que muchos sectores de la sociedad civil se está  armando para tratar de alguna forma, estar más seguros (aunque en muchos casos sea solo a través de la percepción de seguridad que da la posesión de un arma de fuego).

Sin embargo, las políticas públicas no pueden diseñarse únicamente con base en percepciones. Deben construirse sobre evidencia. El problema es que evidencia es lo que sobra, en lo personal se me hace incoherente hacer campañas de “despistolización” cuando, como ya se expresó hace unas líneas, es un derecho constitucional.

Los estudios internacionales muestran un panorama mucho más complejo. En Estados Unidos, donde la disponibilidad de armas es significativamente mayor que en cualquier otro país desarrollado, existe abundante literatura académica que asocia una mayor presencia de armas con incrementos en homicidios por arma de fuego, suicidios y accidentes domésticos, aunque el efecto sobre ciertos delitos patrimoniales es mucho más discutido. La evidencia está lejos de ser uniforme y continúa siendo objeto de intenso debate entre investigadores. Organismos como los “Centers for Disease Control and Prevention” y la “RAND Corporation” coinciden en que muchas preguntas siguen sin respuestas concluyentes debido a la complejidad del fenómeno y estadísticas del Departamento de Justicia muestran que hay un descenso significativo de delitos en estados de la unión americana que no tienen regulaciones complejas a comparación de los estados más restrictivos como California o Nueva York.

El problema es que México tampoco puede compararse mecánicamente con Estados Unidos. Nuestro país enfrenta condiciones muy distintas: presencia de organizaciones delincuenciales altamente armadas, corrupción institucional en distintos niveles, tráfico ilícito permanente de armas desde las fronteras norte y sur, impunidad elevada y capacidades policiales profundamente desiguales entre municipios, estados y federación.

En ese contexto, ampliar la portación legal implicaría resolver primero preguntas fundamentales. ¿Cómo reeducar a la sociedad sobre este tópico? ¿Quién evaluaría psicológicamente a los solicitantes? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Qué estándares de capacitación serían obligatorios? ¿Quién supervisaría el almacenamiento seguro? ¿Cómo se evitaría que permisos legales terminaran alimentando el mercado ilegal mediante robos o ventas clandestinas? ¿Qué ocurriría en conflictos familiares, riñas vecinales o incidentes de tránsito donde hoy predominan los insultos (y uno que otro derechazo) y mañana podrían intervenir armas de fuego? (¡ojo! que a falta de arma de fuego salen a relucir los filos y puntas).

La experiencia comparada demuestra que la legislación sobre armas nunca funciona de manera aislada. Depende de un ecosistema institucional compuesto por controles administrativos, sistemas de licencias confiables, evaluaciones médicas, bases de datos interoperables, capacitación permanente, supervisión policial y un sistema judicial capaz de sancionar abusos con rapidez. Sin ese entramado, cualquier reforma corre el riesgo de convertirse en una medida simbólica más que efectiva.

Existe además un aspecto pocas veces mencionado: la cultura del uso de la fuerza. Portar un arma exige mucho más que saber disparar. Requiere comprender principios de proporcionalidad, legítima defensa, manejo de crisis, control emocional y toma de decisiones bajo estrés. Son competencias que incluso representan un desafío para policías profesionales después de meses de formación continua. Pensar que bastaría entregar permisos a ciudadanos sin desarrollar una cultura nacional sobre el uso responsable de la fuerza sería, cuando menos…optimista.

Tampoco debe ignorarse el impacto político del debate. Las propuestas relacionadas con armas suelen generar enorme atención mediática porque apelan a una emoción primaria: el miedo. En sociedades golpeadas por la violencia, prometer que los ciudadanos podrán defenderse resulta un mensaje poderoso. Pero una política pública no puede evaluarse por su capacidad para generar aplausos (aunque en nuestro país esto suele ser bastante debatible) , sino por su capacidad para reducir la violencia de manera medible.

Eso obliga a formular una pregunta incómoda como polvo “pica pica” en los calzones es: ¿el problema central de México es que los ciudadanos tienen pocas armas o que el Estado no ha logrado garantizar seguridad, investigación criminal eficaz y acceso a la justicia? Porque si el diagnóstico es equivocado, también lo será la solución.

La verdadera discusión no debería reducirse a un "sí" o un "no" a la portación. Debería girar en torno a qué condiciones institucionales necesita México para que cualquier decisión (sea mantener el modelo actual o modificarlo) contribuya realmente a disminuir la violencia.

Las armas pueden cambiar el equilibrio de fuerzas en un enfrentamiento individual. Lo que difícilmente pueden sustituir son policías profesionales, fiscalías técnicas, análisis criminal, controles fronterizos eficaces y tribunales capaces de sancionar con oportunidad. La seguridad ciudadana nunca ha dependido exclusivamente del calibre de un arma. Históricamente ha dependido mucho más de la fortaleza de las instituciones que la regulan. Ahora, yo se que usted no me preguntó, peeeeeeeeeero lo mejor sería mejorar el andamiaje legal de las fiscalías y policías y ser menos restrictivos para las armas de fuego.

¿Por qué? Prohibirlas es inútil, porque las prohíbes a los ciudadanos no a los delincuentes, éstos se dedican a (¿a que cree?)…delinquir, si no las consiguen de forma legal lo harán como lo han hecho desde hace décadas, ilegalmente y la ciudadanía comienza a exigir cambios de paradigmas.

hidalgomontes@gmail.com

Cuando la lista de organizaciones terroristas extranjeras mexicanas crece, también crece el riesgo para los políticos

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Durante años, la discusión sobre los cárteles mexicanos estuvo concentrada en los enfrentamientos armados, el tráfico de drogas, las cifras de homicidios o la cantidad de abrazos que las autoridades podían darles a los miembros de estos grupos delincuenciales (lo último es sarcasmo). Sin embargo, el escenario ha cambiado de manera importante, nuestro vecino del norte decidió ampliar el número de organizaciones delincuenciales mexicanas consideradas organizaciones terroristas extranjeras (Foreign Terrorist Organizations, FTO). La reciente incorporación del Cártel de Juárez y Los Viagras elevó a ocho los grupos mexicanos con esa designación, además de otras organizaciones delincuenciales latinoamericanas incluidas en el mismo esquema jurídico.

Más allá del número, lo verdaderamente relevante es el mensaje político y jurídico que envía Washington. La estrategia estadounidense dejó de centrarse exclusivamente en perseguir cargamentos de droga o detener capos. Ahora el objetivo es reconstruir ecosistemas completos de colaboración: operadores financieros, empresas fachada, prestanombres, redes de lavado de dinero, proveedores logísticos y cualquier persona física o moral que pueda ser considerada como apoyo material a una organización designada.

Este cambio modifica por completo las reglas del juego (en este juego, como en un reality show muy famoso hace más de una década “aquí…las reglas cambian”). Durante décadas, la corrupción política relacionada con el crimen organizado fue vista principalmente como un problema interno de México. Hoy comienza a adquirir una dimensión internacional. Si una autoridad estadounidense lograra acreditar que un funcionario, un alcalde, un gobernador, un legislador o incluso un dirigente partidista colaboró deliberadamente con una organización catalogada como terrorista, las consecuencias jurídicas y diplomáticas serían radicalmente distintas a las que existían hace apenas unos años. Las herramientas legales disponibles para investigar, sancionar y congelar activos son considerablemente más amplias bajo el marco de las designaciones FTO y las sanciones financieras asociadas. Y es aquí donde, cómo dicen en mi rancho, la puerca torció el rabo…

Conviene hacer una precisión indispensable. La existencia de una designación no significa, por sí misma, que exista evidencia contra la clase política mexicana ni permite asumir responsabilidades individuales. En un Estado de derecho, cualquier acusación debe sustentarse con pruebas suficientes (que aquí los gabachos son especialistas) y respetar el debido proceso (en esto no tanto). Lo que sí cambia es el nivel de exposición y el alcance de las investigaciones cuando existen indicios verificables.

En este contexto, la clase política mexicana (de todooooodos los movimientos y/o partidos políticos) enfrenta quizá uno de los periodos de mayor vulnerabilidad de las últimas décadas.

Ya no importa el color del partido, no importa si se trata del gobierno federal, de gobiernos estatales o municipales; tampoco importa si las conductas ocurrieron hace algunos años. Si llegaran a demostrarse vínculos de colaboración, financiamiento ilícito, protección institucional o cualquier forma de apoyo consciente a organizaciones ahora catalogadas como terroristas, el impacto político podría trascender las fronteras nacionales.

La historia reciente demuestra que la captura de gobiernos locales por parte del crimen organizado no constituye una hipótesis académica (ni historias de la oposición, si no toda una realidad). Diversas investigaciones han documentado cómo organizaciones delincuenciales buscan influir en procesos electorales, controlar administraciones municipales y obtener protección para sus actividades ilícitas.

La diferencia es que ahora esos posibles vínculos podrían ser analizados bajo un enfoque completamente distinto. Washington ya no observa únicamente a los líderes delincuenciales, observa las redes, los flujos financieros, los contratos, las empresas y sí (aunque no lo crean y les cale), las alianzas políticas.

En otras palabras, la pregunta dejó de ser quién dispara y pasó a ser quién facilita que el sistema delincuencial funcione. Eso explica por qué, en los últimos meses, el Departamento del Tesoro estadounidense ha incrementado las sanciones contra personas físicas y empresas relacionadas con organizaciones delincuenciales, ampliando la presión sobre las estructuras financieras que permiten operar a los cárteles.

México enfrenta entonces un desafío que va mucho más allá de la cooperación bilateral en materia de seguridad. Se trata de fortalecer sus propias instituciones, una fiscalía verdaderamente autónoma, un sistema robusto de inteligencia financiera, procesos transparentes de fiscalización electoral, mecanismos eficaces para investigar el enriquecimiento ilícito. Y, sobre todo, una separación real entre la agenda política y la agenda de seguridad ciudadana (cómo ya lo hemos explicado en entregas anteriores).

Porque si la persecución penal depende de intereses electorales, cualquier investigación perderá credibilidad tanto dentro como fuera del país (cómo la neta ha pasado últimamente). Paradójicamente, esta coyuntura también representa una oportunidad.

La presión internacional puede convertirse en un incentivo para profesionalizar las instituciones encargadas de investigar la corrupción y la delincuencia organizada. No porque otro país deba definir las prioridades de México, sino porque ningún Estado puede aspirar a combatir eficazmente al crimen organizado mientras persistan espacios de impunidad para quienes eventualmente lo protejan desde el poder.

Los próximos meses probablemente no estarán marcados únicamente por operativos espectaculares o nuevas capturas de líderes delincuenciales. Podrían estar definidos por investigaciones financieras, expedientes de cooperación internacional y reconstrucciones de redes políticas cuya existencia, en caso de acreditarse judicialmente, tendría consecuencias mucho más profundas que la caída de cualquier capo. Porque los cárteles sobreviven cuando reemplazan a sus dirigentes. Las democracias, en cambio, se debilitan cuando quienes deberían combatirlos terminan siendo parte de su estructura.

hidalgomontes@gmail.com

 Lo que lo mexicanos necesitamos de forma urgente es: seguridad sin política y justicia sin consignas

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Hace apenas unas semanas, durante la Cumbre del G7 celebrada en Francia, el mandatario estadounidense Donald Trump volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: colocar un mensaje político en el centro de la conversación internacional. Entre declaraciones sobre conflictos globales, comercio y seguridad, el presidente estadounidense reiteró que el combate contra los cárteles mexicanos seguirá siendo una prioridad estratégica para Washington. No fue una frase improvisada ni un comentario aislado. Forma parte de una narrativa que su administración ha venido construyendo desde hace meses y que cada vez encuentra más respaldo en acciones concretas de las agencias estadounidenses. Situación casi calcada a las maniobras realizadas por la administración norteamericana antes de las conocidas acciones tomadas en Venezuela, Cuba e Irán (no lo digo yo, con una pequeña googleada basta para que no digan que ando de hablador).

 En México, sin embargo, aquellas palabras pasaron casi desapercibidas. Quizá porque estamos acostumbrados a interpretar los discursos de Trump únicamente desde la óptica electoral. Pero esta vez, sería un error. Más allá del estilo confrontativo del mandatario estadounidense (que ya todos conocemos), la política de seguridad de Estados Unidos suele enviar señales antes de ejecutar movimientos de mayor alcance (ya se la Sanborns, aquello de “el que avisa no es traidor”). Y cuando esas señales comienzan a coincidir con investigaciones judiciales, sanciones financieras, procesos de extradición y acusaciones contra integrantes del crimen organizado, conviene prestar atención.

Ahora bien queridos lectores, ustedes dirán: “Bueno ajá, todo muy interesante pero eso pasó hace dos semanas, ¿eso ahora qué?” A lo que su servidor contestará: ¡Haaaaaa! Lo que pasa es que, en las últimas semanas, también han aumentado las versiones periodísticas, las filtraciones y los análisis que apuntan hacia una posible colaboración de integrantes de organizaciones delincuenciales mexicanas, así como políticos con autoridades estadounidenses (consagrando aquel dicho que reza: “el miedo no anda en burro”). Conviene ser claros: muchas de esas versiones permanecen sin confirmación oficial y no pueden asumirse como hechos consumados. Sin embargo, sí existe un elemento objetivo que no admite discusión. Durante los últimos años diversos líderes delincuenciales extraditados a Estados Unidos (y últimamente políticos con nexos bastante cuestionables) han optado por convertirse en testigos cooperantes, proporcionando información a fiscales federales a cambio de beneficios procesales. Esa práctica forma parte del sistema de justicia estadounidense y ha permitido desmantelar organizaciones delincuenciales internacionales en casos de narcotráfico, corrupción y delincuencia organizada (práctica que en México conocemos como el “ayúdame a ayudarte”).

Si esa tendencia continúa, el alcance de las investigaciones difícilmente se limitará a los propios delincuentes. La experiencia demuestra que el interés de las fiscalías federales estadounidenses suele dirigirse hacia las redes completas que hicieron posible la operación de esas organizaciones: operadores financieros, empresarios, prestanombres, funcionarios públicos y, cuando existen elementos probatorios suficientes, actores políticos (¿ahora me entienden por qué es relevante a estas alturas?).

No sería la primera ocasión que ocurre. Casos como los de funcionarios mexicanos procesados en cortes estadounidenses demuestran que Washington está dispuesto a judicializar expedientes cuando considera que existen pruebas para hacerlo, independientemente de las consecuencias diplomáticas. La diferencia es que hoy la presión política parece mayor y la prioridad estratégica de combatir a la delincuencia organizada transnacional ocupa un lugar central en la agenda de seguridad nacional estadounidense.

Frente a ese escenario, México tiene dos caminos. El primero consiste en esperar, como tantas veces, a que las investigaciones extranjeras terminen exhibiendo las debilidades de nuestras instituciones (que lamentablemente sí las tenemos). El segundo, mucho más complejo pero también más responsable (y alentador), implica aprovechar este momento para corregir problemas estructurales que durante décadas han debilitado la procuración de justicia.

Quizá la reforma más urgente no sea crear nuevas instituciones, modificar nuevamente el organigrama gubernamental o endurecer las penas (como cada seis años ocurre). El verdadero cambio de paradigma consiste en separar definitivamente la agenda de seguridad de la agenda política.

Mientras las decisiones de seguridad dependan de calendarios electorales, intereses partidistas o cálculos de popularidad, será prácticamente imposible construir políticas públicas, policiológicas y criminológicas de largo plazo. La delincuencia organizada no cambia de estrategia cada tres o seis años; el Estado tampoco debería hacerlo (pero somos bien ocurrentes y nos encanta buscarles las patitas a las víboras).

Lo mismo ocurre con las fiscalías. En una democracia madura (madura, no de Maduro), el Ministerio Público no investiga para favorecer gobiernos ni para perjudicar opositores. Investiga porque existen hechos posiblemente constitutivos de delito. Nada más. Nada menos.

La autonomía constitucional de las fiscalías representa un avance importante, pero la autonomía jurídica no siempre se traduce en independencia operativa. Los procesos de designación, los presupuestos, las permanencias en el cargo e incluso las prioridades institucionales continúan sujetas, en muchos casos, a presiones políticas. Mientras esa realidad no cambie, seguirá existiendo la percepción de que algunas investigaciones avanzan y otras permanecen congeladas dependiendo del contexto político.

Paradójicamente, la presión internacional podría convertirse en una oportunidad para fortalecer nuestras propias instituciones. No porque Estados Unidos deba marcar la agenda mexicana, sino porque el costo de no hacerlo comienza a ser demasiado alto.

La cooperación bilateral en materia de seguridad seguirá profundizándose. El tráfico de fentanilo, el lavado de dinero, el tráfico de armas, la migración irregular y las organizaciones delincuenciales ya no son problemas exclusivamente nacionales. Son fenómenos transnacionales que exigen instituciones igualmente sólidas a ambos lados de la frontera.

México necesita demostrar que puede investigar con el mismo rigor a un integrante de un grupo delincuencial que a cualquier servidor público, empresario o actor político que eventualmente haya facilitado sus operaciones, siempre bajo el principio irrenunciable del debido proceso, la presunción de inocencia, los derechos humanos y la existencia de pruebas suficientes. Esa es precisamente la diferencia entre un Estado de derecho y un Estado que administra coyunturas políticas.

Las declaraciones de Trump en el G7 probablemente pasarán pronto al archivo de los discursos diplomáticos. Lo verdaderamente importante no será recordar lo que dijo, sino preguntarnos por qué esas palabras parecen encajar cada vez con mayor facilidad en un rompecabezas que lleva años construyéndose.

Tal vez la discusión ya no sea si Estados Unidos seguirá investigando. La pregunta verdaderamente relevante es si México decidirá fortalecer sus propias instituciones antes de que otros continúen haciendo el trabajo que, por mandato constitucional, corresponde a las nuestras y que por intereses de todo tipo se obstaculizan.

hidalgomontes@gmail.com

La fragmentación criminal: el nuevo mapa del crimen organizado (y dolor de cabeza) en México

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Durante décadas, el debate sobre la seguridad en México giró en torno a grandes organizaciones criminales encabezadas por figuras casi míticas. Desde nombres como Miguel Ángel Félix Gallardo, Amado Carrillo Fuentes (“El Señor de los Cielos”), pasando por Joaquín Guzmán Loera (“El Chapo”), Ismael Zambada García (“El Mayo”) y Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho) marcaron una etapa histórica donde el poder criminal se concentraba en estructuras relativamente verticales, capaces de controlar extensos territorios, coordinar cadenas internacionales de suministro de drogas y mantener interlocución con actores políticos, económicos y criminales. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos meses sugieren que esa etapa está llegando a su fin.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ocurrida durante un operativo de fuerzas federales mexicanas apoyado por inteligencia estadounidense (aunque no se quiera a veces reconocer) en febrero de 2026, representó mucho más que la caída de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. Significó el golpe definitivo contra el último gran liderazgo criminal capaz de mantener cohesionado un aparato delictivo de alcance nacional e internacional.

Paralelamente, la situación del llamado Cártel de Sinaloa evidencia una transformación igualmente profunda. Diversas investigaciones periodísticas y documentos judiciales estadounidenses han confirmado que integrantes de la facción de Los Chapitos, incluidos Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, han entrado en procesos formales de cooperación con autoridades federales de Estados Unidos.

Lo anterior no significa que el narcotráfico haya desaparecido ni que las organizaciones criminales hayan sido derrotadas, significa algo más complejo: el modelo tradicional de los grandes cárteles está dejando de existir. La pregunta importante (odiosa por cierto) bajo esta premisa sería: ¿Está el Estado Mexicano para dar frente a esta mutación delincuencial?

Por ejemplo, hablar hoy del “Cártel de Sinaloa” como una organización monolítica resulta cada vez menos preciso. La confrontación entre las facciones de Los Chapitos y los grupos leales a Ismael Zambada, las rupturas internas, las capturas, extradiciones y acuerdos judiciales han provocado una fragmentación que recuerda procesos observados anteriormente en Colombia tras la caída del Cartel de Medellín o en México después de la desintegración de los Beltrán Leyva.

Aquí surgen otras dos preguntas relevantes (jodonas como piedrita en el zapato): ¿Quién controlará el próximo gran cártel? y ¿Qué ocurrirá cuando ya no existan grandes cárteles?.

La experiencia internacional muestra que la fragmentación criminal rara vez produce paz. Por el contrario, suele generar un ecosistema compuesto por decenas o cientos de células más pequeñas, menos visibles, más violentas y con fuertes raíces territoriales.

En ese escenario, el narcotráfico deja de ser la única actividad relevante, tal y como ya se ha empezado a ver en México. Las organizaciones diversifican riesgos y ganancias mediante extorsión, secuestro, cobro de piso, tráfico de migrantes, tala ilegal, minería clandestina, robo de hidrocarburos, fraude, explotación sexual y control de mercados locales.

Es decir, pasan de ser empresas criminales orientadas a la exportación a convertirse en depredadores de las economías regionales. En pocas palabras “le tiran a lo que se mueva” …como amigo con pie plano: “pisan parejo”. Ya existen señales de esta transición en diversas regiones del país. Mientras las grandes rutas internacionales continúan siendo importantes, el control de territorios, comunidades, actividades económicas locales y cadenas logísticas se ha convertido en un activo estratégico tan valioso como el tráfico de drogas.

Por ello, el Estado mexicano debe evitar caer en una lectura triunfalista de los acontecimientos recientes. En primer lugar porque bajo ningún motivo se han desmantelado estas estructuras delincuenciales, aún existen operadores de las mismas que no han sido detenidos, enjuiciados y sentenciados y por último es que (desgraciadamente) parte de los buenos resultados que en esta administración se han tenido, han sido parte de presión externa (de Washington concretamente) y no de verdadera voluntad interna.

La captura o muerte de líderes históricos representa un éxito operativo importante. Sin embargo, la historia demuestra que la decapitación de organizaciones delincuenciales no garantiza por sí misma una reducción sostenible de la violencia. Diversos estudios académicos han advertido que la simple eliminación de liderazgos suele generar reacomodos internos, disputas sucesorias y nuevas dinámicas de reclutamiento criminal.

La siguiente fase exigirá capacidades distintas. México necesitará fortalecer la inteligencia territorial, las investigaciones patrimoniales, la persecución financiera, los mecanismos anticorrupción y la coordinación interinstitucional. También deberá consolidar policías locales profesionales capaces de comprender dinámicas delincuenciales específicas de cada región, algo imposible de lograr mediante estrategias uniformes aplicadas desde el centro del país. Debemos aceptar que la fenomenología delincuencial en México es heterogénea y necesitamos mandos policiales con verdadera capacidad de generar estrategias diferenciadas para ello.

Asimismo, será indispensable fortalecer fiscalías autónomas (pero autónomas de verdad), sistemas de análisis criminal e instrumentos de prevención social que reduzcan la capacidad de reclutamiento de estas nuevas estructuras fragmentadas.

La cooperación bilateral (y también la presión) con Estados Unidos seguirá siendo un factor determinante (nos guste o no). Los recientes resultados operativos muestran niveles de intercambio de inteligencia sin precedentes entre ambos gobiernos. Sin embargo, la verdadera medida del éxito no será cuántos líderes son capturados o abatidos, sino, si el Estado logra impedir que las organizaciones fragmentadas ocupen nuevamente los espacios que dejan quienes caen.

La era de los grandes capos parece estar terminando. Sin embargo, la era de las redes criminales fragmentadas apenas comienza y esa puede ser una amenaza mucho más difícil de combatir (si no nos ponemos truchas).

hidalgomontes@gmail.com

La guerra de los símbolos: Trump, el Tren de Aragua y el mensaje para los cárteles mexicanos

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

El pasado 12 de junio, las fuerzas armadas y las agencias de inteligencia de Estados Unidos en coordinación (forzada) de autoridades venezolanas lanzaron un ataque quirúrgico en el estado venezolano de Bolívar. Una imagen que enfoca una casa con techumbre de color verde, es un bonito día soleado y de repente… ¡Pum!, onda, expansiva y humo que develan un camino de muerte y destrucción (y un craterzote del tamaño del carajo)…la víctima, el líder de la organización criminal transnacional de origen venezolano “Tren de Aragua”, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”. Su partida de este plano terrenal marca un punto de inflexión no solo en la evolución de esta estructura delincuencial, sino también en la forma en que los gobiernos comunican sus éxitos en materia de seguridad. El hecho habría pasado a formar parte de la larga lista de operaciones contra objetivos de alto valor alrededor del mundo, de no ser porque el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió anunciarlo personalmente mediante un video difundido en sus redes sociales, acompañado de un mensaje triunfalista que presentó la operación como una victoria estratégica contra una de las organizaciones criminales más violentas del continente.

 

De acuerdo con información difundida por el gobierno estadounidense y confirmada posteriormente por autoridades venezolanas, Guerrero murió durante una operación coordinada entre el Comando Sur de Estados Unidos y fuerzas de seguridad venezolanas. Trump calificó la acción como un “ataque rápido y letal” (literal: ¿on´ ta’ la casa?….¡ya no ta’ la casa!) contra quien describió como uno de los criminales más peligrosos del hemisferio occidental, difundiendo incluso imágenes del supuesto ataque.

 

Desde la perspectiva policiológica y criminológica, la desaparición física de un líder criminal raramente implica la desaparición de la organización que encabeza (si no pregúntenle al cartel de Sinaloa, al CJNG). La experiencia internacional demuestra que las estructuras criminales modernas poseen mecanismos de resiliencia, descentralización y sucesión que les permiten sobrevivir a la captura o muerte de sus dirigentes ya que son “empresas delincuenciales”. Ocurrió con organizaciones mafiosas italianas, con grupos insurgentes colombianos y con numerosos cárteles latinoamericanos. El Tren de Aragua, cuya expansión alcanzó países como Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil, México y Estados Unidos, ha evolucionado desde una pandilla penitenciaria venezolana hacia una red delincuencial multinacional dedicada a la trata de personas, extorsión, tráfico de migrantes, secuestro, narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero.

 

A corto plazo, la muerte de Guerrero probablemente generará disputas internas por el control de rutas, mercados ilícitos y estructuras de mando (como casi siempre ocurre). Estas luchas sucesorias suelen traducirse en incrementos temporales de violencia, fragmentación operativa y aparición de nuevas facciones. Sin embargo, también pueden representar oportunidades para las autoridades si logran explotar las fracturas internas mediante inteligencia financiera, cooperación internacional y persecución judicial coordinada (como decía la vieja táctica romana “dividem et imperam”/”divide y vencerás”).

 

No obstante, el aspecto más relevante de este episodio quizá no sea la eliminación del líder criminal, sino la forma en que fue comunicada. Trump no permitió que la operación hablara por sí misma. La convirtió en un mensaje político. Al aparecer como el principal vocero del éxito operativo, el mandatario estadounidense proyectó una imagen de liderazgo, capacidad ofensiva y determinación. El destinatario inmediato fue la opinión pública estadounidense. Sin embargo, existieron otros receptores igualmente importantes: las organizaciones criminales de toda América Latina.

 

La comunicación estratégica forma parte de cualquier conflicto. Los gobiernos buscan enviar mensajes de disuasión a quienes consideran amenazas. Al exhibir públicamente la neutralización de un objetivo de alto valor, Washington construye una narrativa donde ningún líder criminal puede considerarse fuera de su alcance. El mensaje es sencillo: si Estados Unidos considera que una organización representa una amenaza directa a su seguridad nacional, sus dirigentes pueden convertirse en blancos prioritarios independientemente de la frontera donde se encuentren.

 

Es precisamente aquí donde México debe prestar atención ("Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar"). Durante los últimos años, la administración Trump ha elevado progresivamente el discurso contra organizaciones criminales mexicanas, impulsando su tratamiento bajo esquemas propios de la lucha contra el terrorismo. La designación de diversas organizaciones criminales transnacionales como amenazas de seguridad nacional y el lenguaje utilizado por funcionarios estadounidenses apuntan hacia una narrativa cada vez más agresiva. Desgraciadamente el discurso de la administración federal mexicana así como las pruebas tangibles de las acciones hacia grupos delincuenciales no ha sido congruente en algunas ocasiones. Sería absurdo no reconocer que se han hecho avances significativos, sobre todo, después de la pésima política de “abrazos y no balazos” Sin embargo, dichos avances son mínimos a ojos del inquilino de la casa blanca

 

La difusión pública de la muerte de “Niño Guerrero” puede interpretarse como un ejercicio de marketing político, pero también como una demostración de capacidades (un…¿ya ven lo que podemos hacer?). El verdadero valor del video no radica en mostrar la operación, sino en construir un precedente psicológico. Los líderes criminales mexicanos observan ahora un escenario en el que la persecución internacional puede trascender los mecanismos tradicionales de extradición y cooperación judicial para transformarse en una campaña permanente de presión política, financiera, tecnológica y mediática.

Sin embargo, existe un riesgo inherente a esta estrategia. Cuando las operaciones de seguridad se convierten en espectáculos mediáticos, la línea que separa la comunicación institucional de la propaganda política puede volverse difusa. La historia demuestra que la excesiva personalización de los éxitos gubernamentales genera incentivos para privilegiar acciones de alto impacto mediático sobre estrategias de largo plazo orientadas al fortalecimiento institucional. La eliminación de un líder puede producir titulares; la construcción de instituciones sólidas produce resultados duraderos.

Para México, la lección es doble. Por un lado, la caída de “Niño Guerrero” confirma que la cooperación internacional sigue siendo una herramienta indispensable frente a organizaciones criminales transnacionales. Peeeeeeeeeeeeeeeeeero, por otro, evidencia que la seguridad ciudadana contemporánea también se libra en el terreno de la comunicación estratégica. Hoy los gobiernos no solo capturan o eliminan criminales; también administran narrativas (y la neta, la neta en México andamos fallones en eso).

La pregunta de fondo no es si la muerte del líder del Tren de Aragua debilitará a esa organización. La pregunta es si estamos observando el inicio de una nueva etapa en la que la exhibición pública de objetivos criminales abatidos se convierta en una herramienta sistemática de presión psicológica contra los grandes capos de América Latina. Si esa es la intención, los líderes de las organizaciones criminales mexicanas seguramente ya entendieron el mensaje…no importa donde se escondan o quien los proteja, sabemos en donde están y se encuentran a un click de computadora de tener la oportunidad de entregar en primera persona el equipo al creador.

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