Semillas de violencia: por qué México debe actuar hoy sobre los huérfanos del crimen

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

En México, la violencia y la delincuencia no solo deja víctimas directas; produce una consecuencia menos visible pero potencialmente más peligrosa a mediano y largo plazo (por lo tanto, pasada por alto): miles de niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus padres como resultado del homicidio, la desaparición o la actividad de la delincuencia organizada. Este fenómeno, aún insuficientemente dimensionado en la agenda pública, constituye un factor de riesgo criminógeno de alta relevancia.

Diversas estimaciones, como las del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), confirman que México ha registrado más de 350,000 homicidios en las últimas dos décadas. Paralelamente, organizaciones como Reinserta y Save the Children han advertido que decenas de miles de menores han quedado en situación de orfandad derivada de la violencia y la delincuencia. Este universo poblacional no solo enfrenta carencias económicas y emocionales, sino también procesos de socialización marcados por trauma, desestructuración familiar y exposición a entornos delincuenciales.

Desde la criminología del desarrollo (particularmente los postulados de Terrie Moffitt y Robert Sampson) se ha demostrado que la acumulación de factores de riesgo en la infancia (violencia, abandono, pobreza, ausencia de figuras parentales) incrementa significativamente la probabilidad de trayectorias delictivas persistentes. En otras palabras: no atender hoy a estos menores es incubar la violencia del mañana (y esto será cuento de nunca acabar).

Sin embargo, México carece de una política pública integral que articule los enfoques criminológico, policiológico y de bienestar social frente a este fenómeno. La respuesta institucional ha sido fragmentada, asistencialista y reactiva, sin incorporar modelos de prevención basada en evidencia como los promovidos por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) o el enfoque de “public health approach to violence” adoptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La orfandad derivada de la violencia y delincuencia no es solo un tema social: es un problema de seguridad nacional en gestación. Estos menores suelen enfrentar:

• Deserción escolar y baja movilidad social
• Reclutamiento por grupos delictivos (documentado en informes de la ONU y Human Rights Watch)
• Normalización de la violencia como mecanismo de resolución de conflictos
• Débil confianza institucional

La ausencia de intervención temprana genera lo que en criminología se denomina “ciclo intergeneracional de la violencia”.

Una política efectiva debería construirse sobre tres ejes:

1. Criminológico (Prevención primaria y secundaria)

Identificación temprana de menores en riesgo mediante sistemas de inteligencia social y análisis de datos (ILP aplicado a prevención). Intervenciones focalizadas con programas de resiliencia, mentoría y acompañamiento psicológico.

2. Policiológico (Policía de proximidad y legitimidad)

Las policías locales deben convertirse en actores de contención social, no solo reactivos. Modelos de policía comunitaria (como los documentados por el National Institute of Justice (NIJ) )han demostrado eficacia en la reducción de factores de riesgo juvenil.

3. Política social (Estado como garante sustituto)

Programas robustos de apoyo económico, educativo y psicosocial, evitando que la delincuencia organizada ocupe ese vacío. Experiencias en Colombia y Brasil han mostrado resultados positivos cuando se integran estas dimensiones.

Si el estado mexicano continúa en la inacción sobre este tema, México se mantendrá con una respuesta fragmentada. En 5 a 10 años, se observará un aumento en la participación juvenil en delitos de alto impacto, particularmente en regiones con fuerte presencia de la delincuencia organizada. El fenómeno de “niños soldados” se intensifica.

Sin embargo, si se articula una estrategia nacional que integra seguridad, desarrollo social y justicia. Se reducirán significativamente los factores de riesgo y se rompe el ciclo intergeneracional de la violencia y la delincuencia. Este escenario requerirá de voluntad política (que a veces brilla por su ausencia), inversión sostenida (como siempre, el maldito dinero) y evaluación constante (pero parcial, “de a deveras”).

Los huérfanos de la violencia y la delincuencia representan una de las variables más críticas (y desgraciadamente, menos atendidas) en la ecuación de la seguridad en México. Ignorarlos no solo perpetúa la injusticia social, sino que compromete la estabilidad futura del país.

La pregunta no es si debemos intervenir, sino cuánto estamos dispuestos a invertir hoy para evitar la violencia y delincuencia del México del mañana.

hidalgomontes@gmail.com

 Más allá de los cárteles: la estrategia pendiente del Estado mexicano

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

En las últimas dos décadas, el fenómeno de la delincuencia organizada en México ha evolucionado desde estructuras jerárquicas relativamente definidas hacia redes delincuenciales más fragmentadas, violentas y con una profunda penetración en ámbitos económicos, sociales y políticos. Diversos diagnósticos coinciden en que el problema no es únicamente la presencia de cárteles, sino el ecosistema de impunidad que les permite operar. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad México elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), el país mantiene niveles estructuralmente altos de impunidad, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que más del 90 % de los delitos no se denuncian o no se investigan, lo que limita cualquier estrategia de seguridad basada únicamente en la acción policial.

Al mismo tiempo, informes de la United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) y análisis del International Crisis Group señalan que los grupos delincuenciales mexicanos han diversificado sus actividades: del narcotráfico tradicional hacia la extorsión, el control territorial, el tráfico de personas y el lavado de dinero en sectores legales. Este proceso ha convertido a los cárteles en estructuras híbridas con influencia social, económica y política.

Ante este panorama, la discusión central no es si México debe “combatir” a los cárteles, sino cómo diseñar una estrategia realista que reduzca su poder estructural y, al mismo tiempo, disminuya la impunidad que alimenta su expansión. A partir de la evidencia disponible y de experiencias internacionales comparables, pueden identificarse tres posibles rutas estratégicas. La política en materia de seguridad que la actual administración federal ha marcado entierra, en las acciones (mas no en el discurso), la aberración de la pasada administración presidencial de “abrazos y no balazos” que dejó una estela de muertos, desaparecidos y desplazados sin contar a todos aquellos compañeros de las fuerzas armadas e instituciones policiales que lamentablemente perdieron la vida y a los cuales se les debe un merecido reconocimiento por hacer el máximo sacrificio en aras de un México más seguro.

Estrategia integral contra las finanzas delincuenciales

Uno de los principales consensos en la literatura sobre delincuencia organizada es que seguir el dinero suele ser más efectivo que perseguir únicamente a los operadores armados. La Financial Action Task Force ha advertido que las redes delincuenciales sobreviven porque logran integrar ganancias ilícitas en la economía formal mediante complejas estructuras de lavado de activos.

En México, diversas investigaciones periodísticas y judiciales han documentado el uso de empresas fachada, desarrollos inmobiliarios, comercio internacional y sistemas financieros paralelos para blanquear recursos del narcotráfico. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han avanzado en el congelamiento de cuentas y la identificación de operaciones sospechosas, pero los resultados aún son limitados frente al volumen de capital ilícito que circula en el país.

Una estrategia centrada en las finanzas delincuenciales implicaría:

• Ampliar las capacidades de inteligencia financiera
• Fortalecer la cooperación internacional en materia de rastreo de capitales
• Investigar redes empresariales y no sólo células armadas
• Acelerar los procesos de extinción de dominio

Experiencias como la lucha contra la mafia italiana muestran que los golpes económicos sostenidos pueden debilitar estructuralmente a organizaciones delincuenciales, reduciendo su capacidad operativa incluso sin confrontaciones que conlleven el uso de la fuerza.

Reconstrucción institucional y reducción de la impunidad

El segundo frente estratégico es probablemente el más complejo: la reforma profunda de las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar el delito.

El Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías, elaborado por México Evalúa, muestra que muchas fiscalías en el país enfrentan problemas estructurales: escasez de personal, baja capacidad investigativa, saturación de casos, altos niveles de corrupción y limitada autonomía frente a presiones políticas (naaaaa esto si no lo creo).

El resultado es un sistema donde la probabilidad de castigo es extremadamente baja (por no decir casi nula). Según datos del INEGI, apenas una fracción mínima de los delitos denunciados termina en una sentencia condenatoria.

Una estrategia de reconstrucción institucional requeriría:

• Profesionalizar ministerios públicos e investigadores
• Fortalecer capacidades forenses y análisis criminal
• Mejorar la coordinación entre policías, fiscalías y tribunales
• Reducir la corrupción dentro de los sistemas de justicia

Sin un sistema de justicia eficaz, cualquier estrategia policial se vuelve limitada (por no decir estéril). La delincuencia organizada prospera precisamente donde la probabilidad de castigo es baja y la capacidad estatal de investigación es débil.

Recuperación territorial y legitimidad social

El tercer escenario estratégico tiene que ver con un factor frecuentemente subestimado: la legitimidad del Estado en los territorios donde operan los cárteles.

Diversos estudios del Wilson Center y de la Brookings Institution señalan que muchos grupos delincuenciales han logrado consolidar su presencia no sólo mediante violencia, sino también mediante mecanismos de control social, provisión de empleos ilegales y sustitución parcial de funciones del Estado.

En algunas regiones, la población convive cotidianamente con estructuras delincuenciales porque las instituciones estatales son débiles (en muchos casos, ausentes), distantes o percibidas como corruptas.

Por ello, una estrategia de recuperación territorial implicaría:

• Presencia policial profesional y permanente
• Inversión social en zonas de alta violencia
• Programas de prevención focalizada para jóvenes
• Reconstrucción del tejido comunitario

Experiencias en ciudades como Medellín o Palermo muestran que la reducción de la violencia delincuencial requiere simultáneamente seguridad, justicia y desarrollo social.

Entre la confrontación y la reconstrucción

El debate público en México suele oscilar entre dos extremos: la militarización total de la seguridad o la expectativa de soluciones exclusivamente sociales. Sin embargo, la evidencia internacional sugiere que el desmantelamiento de organizaciones delincuenciales complejas requiere una estrategia multidimensional.

En términos prácticos, el Estado mexicano enfrenta un desafío histórico: reducir la violencia y la delincuencia sin reproducir ciclos de confrontación que fragmenten aún más a la delincuencia organizada. La captura o abatimiento (según sea el caso) de líderes delincuenciales puede tener impacto inmediato, pero también ha demostrado generar procesos de fragmentación que multiplican los focos de violencia.

El verdadero punto de inflexión no depende únicamente de operaciones espectaculares, sino de la capacidad institucional para investigar, procesar y sancionar de forma sostenida a las redes delincuenciales y a sus aliados financieros y políticos.

México no enfrenta únicamente un problema de seguridad. Enfrenta un problema de gobernanza del Estado frente a la delincuencia organizada.

La diferencia entre prolongar el ciclo de violencia o comenzar a desmantelar realmente a los cárteles dependerá de si las políticas policiológicas, criminológicas y públicas logran pasar de la reacción táctica a la construcción estratégica de instituciones capaces de reducir la impunidad.

hidalgomontes@gmail.com

 Delito, Dinero y Poder

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

¡Si ya se, ya se! El nombre seleccionado en esta ocasión parece de novela noventera en horario estelar. Sin embargo, revela la complejidad de las investigaciones contra la Delincuencia Organizada. El reciente operativo llevado de manera conjunta entre el Estado Mexicano y la administración del presidente Trump en Tapalpa, Jalisco donde resultó abatido Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho” quien fuera líder y fundador del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) más allá de ser punto final a una de las organizaciones más violentas del hemisferio occidental, se vuelve tan solo la punta del iceberg. La delincuencia organizada en este hemisferio no es un fenómeno lineal. Es un sistema adaptativo que opera en múltiples capas y que, si se investiga únicamente desde el delito visible (el cargamento de droga asegurado, el laboratorio desmantelado o la célula detenida, según sea el caso), se termina combatiendo el síntoma y no la estructura. Diversos organismos internacionales han documentado que las economías ilícitas prosperan cuando convergen tres dimensiones: mercado criminal, lavado de activos y captura o tolerancia política. Si las investigaciones no son tridimensionales, el desmantelamiento es parcial.

 

Primera dimensión: el delito primigenio y su red de corrupción operativa

 

El narcotráfico (por utilizar el ejemplo más documentado) es una economía transnacional que integra producción, tránsito, distribución y reinversión. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha sostenido en sus Informes Mundiales sobre Drogas que los mercados de cocaína y metanfetaminas funcionan mediante cadenas logísticas altamente especializadas, con nodos de transporte, financiamiento y protección institucional (UNODC, World Drug Report 2023–2024).

 

La primera dimensión de investigación debe abarcar no sólo la conducta típica (tráfico, producción o posesión con fines de comercio) sino las redes de facilitación pública que permiten su operación. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional obliga a los Estados Parte a tipificar la participación en grupos delictivos organizados y a perseguir la corrupción asociada.

 

Asimismo, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la corrupción pública es un facilitador directo del crimen organizado. En términos prácticos, investigar narcotráfico sin investigar policías, aduanas, autoridades portuarias o funcionarios regulatorios vinculados es dejar intacta la infraestructura de protección criminal.

 

Segunda dimensión: el lavado de activos y la responsabilidad empresarial

 

El dinero ilícito no puede permanecer indefinidamente en efectivo. Debe integrarse al sistema financiero o a la economía formal y para ello los grupos delincuenciales necesitan a empresarios para poder generar las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI´s) necesarias para blanquear el capital fruto de la actividad ilegal de la organización delincuencial. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha documentado que el lavado de activos se articula en tres fases clásicas: colocación, estratificación e integración.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han estimado que el lavado de dinero puede representar entre 2% y 5% del PIB mundial (IMF, 1998). Este volumen no se sostiene sin intermediarios: empresas fachada, desarrolladores inmobiliarios, importadoras/exportadoras, despachos contables y, en ocasiones, instituciones financieras que incumplen debidamente los estándares de debida diligencia.

 

La Convención de Palermo (celebrada en el año 2000 y entrada en vigor en el 2003) y las 40 Recomendaciones del GAFI obligan a los Estados a imponer responsabilidades a personas jurídicas y a fortalecer unidades de inteligencia financiera. Sin esta segunda dimensión, la investigación penal se agota en el operador logístico y deja intacto al beneficiario económico. Perseguir únicamente el cargamento, sin desmantelar la arquitectura financiera, es permitir la resiliencia del grupo criminal.

 

Es decir, cortar la cabeza de la “Hydra”, gracias a la estructura empresarial de los grupos de delincuencia organizada, permite que, si la cabeza es cercenada, se tenga una rápida recuperación. Sin embargo, si de forma paralela a la investigación del delinto en sí, se congelan los activos con los cuales la organización realiza todas sus actividades (delincuenciales y logísticas) la estructura muere ya que es la “sangre y el corazón del monstruo”.

 

Tercera dimensión: la red política de impunidad y el andamiaje normativo permisivo

 

La tercera dimensión es la más incómoda (y la que menos se toca): la política. Transparencia Internacional ha documentado de forma sistemática la correlación entre altos niveles de corrupción y penetración del crimen organizado (Índice de Percepción de la Corrupción, ediciones recientes).

 

Cuando redes criminales financian campañas, influyen en nombramientos de procuración de justicia o promueven reformas regulatorias favorables a determinados sectores económicos opacos, o generan el andamiaje legal necesario para poder facilitar el lavado de activos, así como las ORPI´s el problema deja de ser exclusivamente penal y se convierte en estructural. La captura del Estado (concepto desarrollado por el Banco Mundial) describe precisamente este fenómeno: actores privados que moldean leyes y políticas en su beneficio.

 

En este punto, la investigación tridimensional implica revisar financiamiento político, conflictos de interés, reformas regulatorias atípicas y patrones de impunidad selectiva. Sin esta tercera capa, el sistema reproduce el ciclo: delito–lavado–protección política.

 

La delincuencia organizada no es solo una red de sicarios ni un flujo de droga; es un ecosistema económico y político. Las normas internacionales vigentes (Convención de Palermo, Convención Interamericana contra la Corrupción y estándares del GAFI) ya establecen la obligación de abordarlo de manera integral.

 

La pregunta no es si sabemos qué hacer. La pregunta es si existe la voluntad institucional para investigar en tres dimensiones simultáneamente: delito, dinero y poder. Sin esa tridimensionalidad, cualquier victoria será táctica; nunca estratégica.

 

hidalgomontes@gmail.com

 Decapitar no es desarticular: el verdadero reto tras la caída del líder del CJNG

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Este domingo 22 de febrero de 2026 ocurrió el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes (“El Mencho”) en Tapalpa, Jalisco, identificado por autoridades mexicanas y de EE. UU. como líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Dicho eso, cuando un hecho de este tamaño ocurre, la diferencia entre “se dice” y “se confirma” es crucial: identificación forense, cadena de custodia y postura institucional que podría tardar desde horas hasta días. Es por ello que, con esa cautela, vale analizar lo que significaría un abatimiento así y por qué, aun si se confirma, sería apenas la punta del iceberg.

El titular sería estruendoso por una razón simple: el CJNG es, desde hace años, una maquinaria criminal con capacidad de violencia armada, control territorial, proyección transnacional y una arquitectura financiera que no depende de un solo hombre para sobrevivir. Se ha descrito el ascenso del CJNG como el de un “imperio criminal” capaz de rivalizar con el Cártel de Sinaloa y operar más allá de México. La propia narrativa oficial estadounidense lo ubica como un actor central del tráfico de drogas y la violencia asociada (usando tácticas terroristas), con recompensas y sanciones dirigidas a su cúpula.

Ahí está el primer engaño del “golpe maestro”: la lógica de decapitación (matar o capturar al líder) produce efectos inmediatos, pero no necesariamente estratégicos. Sí puede desorganizar mandos, disparar desconfianzas, abrir fisuras y, en ocasiones, facilitar capturas. Pero también puede detonar lo contrario: sucesiones violentas, pulverización de organizaciones en “micro cárteles”, reacomodos con más terror selectivo, o una profesionalización clandestina para blindar finanzas y comunicaciones. La historia reciente en México sugiere que el poder real de una organización no es solo su cúpula, sino sus cadenas de reemplazo, su control de rentas y su capacidad de cooptación. Es decir, se han profesionalizado en verdaderas empresas criminales, lo que les ha permitido no depender de un “líder supremo” si no de un CEO temporal, quien puede ser remplazado en caso de muerte y/o captura.

Ahora bien, este tipo de actividades delincuenciales genera investigaciones tridimensionales: la primera a la actividad delincuencial en si (narcotráfico por ejemplo); la segunda a la red de lavado de activos que permiten la inserción del dinero sucio al sistema financiero, lo que genera investigaciones a empresarios que facilitan éstas, las llamadas ORPI´s (Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) y por último, investigaciones hacia los operadores políticos que permiten la flexibilidad del andamiaje legal para que dichas operaciones sean factibles y como extra se benefician de ello,

Porque el CJNG no es únicamente un fenómeno “delincuencial” en el sentido clásico. Su expansión ha tocado lo social, lo económico y lo político por una vía concreta: las rentas. Cuando una organización cobra “piso”, controla mercados, impone reglas de convivencia y castiga públicamente, ya no solo disputa rutas; disputa autoridad. En paralelo, diversifica ingresos: combustible robado/contrabando (el llamado huachicol), extorsión, secuestro, control de economías locales. Un ejemplo ilustrativo es la investigación periodística sobre redes de contrabando de crudo y combustible vinculadas al CJNG y a actores empresariales y funcionarios, que muestra cómo la economía ilegal necesita engranes “legales” para moverse. Y cuando aparecen casos de corrupción y extorsión en gobiernos municipales con presuntos vínculos al CJNG, el problema deja de ser “narco vs. Estado” y se vuelve “Estado infiltrado compitiendo contra sí mismo”.

Además, el CJNG opera en ecosistemas de violencia donde la rivalidad con otros grupos es un multiplicador. Guanajuato lo vive: masacres y ataques públicos se insertan en disputas entre organizaciones (como Santa Rosa de Lima y CJNG) que convierten a la población en rehén del mensaje. En ese contexto, el abatimiento de una cabeza puede ser leído por las células como señal para “probar fuerza”, escalar violencia y renegociar territorios a sangre y fuego.

Entonces, si el abatimiento del líder del CJNG se confirmara con evidencia institucional robusta, ¿qué sigue? Lo esencial: entender que el objetivo real no es “tumbar a un hombre”, sino desmantelar un sistema. Eso exige cuatro frentes sincronizados.

1.      Finanzas: congelamiento, extinción de dominio, trazabilidad de prestanombres, empresas fachada, comercio exterior y cadenas logísticas. Las sanciones de OFAC muestran que se puede mapear estructura de liderazgo y redes; el reto es traducirlo a expedientes sólidos y decomisos sostenibles en México.

 

2.      Gobernanza local: limpiar aduanas, policías municipales, licencias, inspecciones, reglamentos y cajas recaudatorias donde la extorsión se institucionaliza. El caso del alcalde de Tequila investigado por extorsión y presuntos vínculos ilustra por dónde se incrustan estas redes: permisos, cierres, “gestión” del mercado y coerción a empresarios.

 

3.      Control territorial con inteligencia: no es solo despliegue; es sostener presencia, proteger testigos, reconstruir denuncias, y quitarle al grupo su capacidad de “arbitrar” conflictos cotidianos. Cuando el crimen regula la vida diaria, desmantelarlo implica reemplazar esa falsa gobernanza con servicios reales.

 

4.      Dimensión social: prevención focalizada, atención a jóvenes en zonas de reclutamiento, protección a víctimas de extorsión, y mecanismos rápidos para evitar que el miedo silencie la cooperación ciudadana. Sin comunidad que hable, la organización se recicla.

Si el abatimiento se confirma podríamos enfrentar tres probabilidades: a) Fragmentación con escalada de violencia (0–6 meses). La ausencia del líder abre disputa interna por plazas y rentas; algunas facciones intentan legitimarse con demostraciones de fuerza, ataques públicos y terror selectivo. En estados con disputa activa, la violencia podría repuntar, como ocurre en dinámicas de rivalidad donde cualquier “vacío” se llena con balas. b) Sucesión ordenada y “corporativización” criminal (0–12 meses). La organización activa protocolos de continuidad: mandos regionales preservan ingresos, bajan el perfil mediático, refuerzan seguridad interna y blindan finanzas. Se mantiene el poder real porque las rentas (extorsión, economías locales, contrabando) siguen fluyendo, incluso con nuevos rostros. La experiencia internacional sugiere que estructuras con presencia transnacional pueden sobrevivir al reemplazo de la cúpula si conservan logística y capital. c) Ventana estratégica para desmantelamiento integral (0–24 meses). El Estado aprovecha el shock: judicializa redes, golpea finanzas, desarticula operadores políticos y reduce la impunidad local. Aquí la clave no es el “operativo”, sino lo que se sostiene después: casos bien armados, decomisos, protección a denunciantes y depuración institucional. Sin ese paquete, el golpe se vuelve simbólico y el iceberg permanece.

La lección de fondo es incómoda pero necesaria: una organización como el CJNG no se derrumba por gravedad mediática. Se derrumba cuando se le corta el oxígeno financiero, se le quita la gobernanza criminal, se le rompe la protección política y se le reduce el margen de impunidad. Un abatimiento puede ser el inicio de una historia distinta, sí. Pero solo si el país decide contarla con instituciones, no con titulares.

hidalgomontes@gmail.com

 Del patrullaje a la evidencia: la nueva frontera policial en México

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

El 4 de febrero de 2026, el Congreso del estado de Hidalgo aprobó una reforma constitucional local (artículo 90) para que, además del Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH) y policías municipales (e incluso autoridades federales en la materia) puedan participar en tareas de investigación, siempre “bajo la conducción y mando del Ministerio Público”. No es un giro menor: formaliza algo que en la práctica se hacía a medias (auxilios, entrevistas “de calle”, preservación de indicios), pero ahora abre la puerta a un modelo más cercano al estándar moderno: policía que no solo patrulla, sino que produce información y evidencia útil para judicializar.

La reforma hidalguense cae en un contexto nacional que se movió antes: desde diciembre de 2024 se modificó el artículo 21 constitucional para reafirmar que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías (y, en el texto reformado, también aparece explícitamente la Guardia Nacional y la secretaría del ramo de seguridad pública federal, según los decretos y versiones oficiales publicadas). En términos simples: el “quién investiga” ya no puede seguir descansando en un Ministerio Público rebasado; la policía debe convertirse en brazo técnico-operativo de la investigación, no solo en primer respondiente.

Ahora bien, esto suena excelente bien en el papel, este paso es necesario desde hace ya mucho tiempo en nuestro país. Sin embargo, lo difícil, es convertirlo en capacidades reales, especialmente cuando hablamos de delitos de fuero federal: robo de hidrocarburos, delincuencia organizada, armas, narcomenudeo ligado a redes mayores, trata, tráfico de personas, delitos fiscales, entre otros. El mensaje político es claro: “si el delito es federal, la calle es local”; y si la calle es local, la policía local necesita herramientas para producir casos, no solo para “poner a disposición”.

Cambió el marco habilitante: El estado de Hidalgo eleva a nivel constitucional local la participación de SSPH y policías municipales en investigación, bajo mando del Ministerio Público. Eso permite diseñar unidades, perfiles, manuales, indicadores y, sobre todo, justificar presupuesto y estructura para investigar (analistas, células, policía cibernética, inteligencia, cadena de custodia, videovigilancia, etc.).

No cambió lo esencial del sistema penal: quien conduce jurídicamente la investigación y decide judicializar sigue siendo el Ministerio Público; y la validez de lo que haga la policía dependerá de controles, legalidad y calidad de evidencia. En otras palabras: la reforma puede acelerar el “lado policía”, pero si no se sincroniza con fiscalías (locales y FGR) y con servicios periciales, lo que se gana en detenciones se pierde en audiencias.

Usted se preguntará ¿Por qué esto importa, particularmente en el fuero federal? Primero, porque la inteligencia territorial es insustituible. Una fiscalía federal puede tener mandato, pero no tiene ojos suficientes en cada colonia, carretera, tianguis, gasera o corredor industrial. La policía estatal y municipal sí ya que es su labor del día a día.

Segundo, porque los delitos federales de alto impacto suelen requerir reacción rápida con legalidad: asegurar un lugar, levantar entrevistas iniciales, procesar video, ubicar patrones (placas, rutas, cuentas, teléfonos), y escalar a la autoridad competente sin romper o comprometer la cadena de custodia. Eso no se improvisa; se entrena y se audita.

Tercero, porque si funciona, puede ser el prototipo para una medida nacional: policías locales “investigadoras” en serio (como en los países más policiológicamente avanzados que el nuestro), con estándares, conectividad, controles de confianza y protocolos homologados. De hecho, el propio Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica ya advertía, desde hace años, que la coordinación real requiere pasar de funciones empalmadas a una articulación con roles claros, y que la investigación es parte del mandato policial bajo conducción del MP.

Los retos reales de este nuevo paradigma son claros (y muchos) así como el dolor de cabeza de administraciones locales a través del tiempo: a) presupuesto, b) equipamiento, c) capacitación, d) corrupción y e) mandos

a)      Presupuesto: sin dinero etiquetado, la reforma se vuelve un comunicado. Salarios competitivos, analistas, turnos, mantenimiento tecnológico, licencias, peritos de apoyo, combustible, y (crítico) retención de personal capacitado.

b)      Equipamiento: investigar hoy es gestionar datos. C5/C5i, videovigilancia útil (no solo cámaras), lectores, analítica, interoperabilidad, cadena de custodia digital, y capacidades mínimas de ciber e inteligencia de fuentes abiertas. Además, para delitos federales, la coordinación tecnológica con FGR/SSPC/GN y el acceso a plataformas federales se vuelve el cuello de botella.

c)      Capacitación y certificación: la correcta operatividad depende de certificación de elementos. Y aquí está la trampa: capacitar a policías para “primer respondiente” no es lo mismo que formar investigadores. Se requieren competencias específicas: entrevista cognitiva, análisis de vínculos, procesamiento de información, redacción de informes para audiencia, preservación y embalaje, y comprensión práctica del CNPP. El financiamiento federal (como FASP) suele contemplar profesionalización y control de confianza como ejes, pero la ejecución en tiempo, calidad y cobertura es el reto permanente.

d)      Corrupción y captura: investigar delitos federales toca dinero grande. Si una institución local produce inteligencia sobre huachicol, armas o redes de extorsión, inevitablemente genera “valor” para el crimen: información, horarios, objetivos, protección. Organizaciones civiles han documentado precariedad, estancamientos y déficits en condiciones laborales y desarrollo institucional de policías, un caldo de cultivo para corrupción y rotación. Y en paralelo, evaluaciones como las de México Evalúa han enfatizado la vulnerabilidad estructural de policías municipales por precariedad y falta de garantías, lo que impacta directamente su integridad y desempeño. Si el Estado no protege a sus investigadores, alguien más lo hará (y cobrará por ello).

e)      Mandos y gobernanza: el diseño de mando importa más que el discurso: mandos policiales especializados en liderazgo y gestión de instituciones de seguridad ciudadana, unidades de asuntos internos funcionales, trazabilidad de decisiones, y evaluación por resultados que no incentive “fabricar culpables”. El peor incentivo posible es medir “éxito” por detenciones y no por judicializaciones sólidas.

Si este golpe de timón en el Estado de Hidalgo se trata de escalar a nivel nacional y comienza a ser una tendencia a mediano plazo, proponemos tres escenarios probables:

Escenario 1: Profesionalización acelerada y resultados judiciales (probable si hay inversión sostenida y controles duros)

El estado de Hidalgo se convierte en un laboratorio: unidades estatales y algunas municipales desarrollan capacidad real de investigación (analistas, inteligencia, procesamiento de video y datos), con protocolos homologados y supervisión del MP. La SSPH actúa como “integrador” para municipios con menor músculo, aprovechando C5i y mando coordinado, y la coordinación con fiscalías (incluida FGR cuando corresponda) se vuelve rutinaria. Resultado: más casos federales bien armados desde el territorio, menos impunidad operativa y mejores audiencias. Este escenario exige que los recursos tipo FASP se usen estratégicamente (tecnología útil + formación + control de confianza + carrera), no como gasto disperso.

Escenario 2: Implementación desigual y “dos velocidades” (probable por el mosaico municipal mexicano)

Solo capitales y corredores industriales (donde hay presupuesto y mando más estable) logran capacidades; el resto queda en funciones básicas. Algunos municipios tienen mayor capacidad instalada y otros no. A nivel nacional, esto se reproduce: estados con C5 robusto y academia fuerte avanzan; municipios pequeños quedan fuera. Resultado: se anuncia una política nacional, pero se vuelve un archipiélago de buenas prácticas. El riesgo aquí es político y operativo: la delincuencia se desplaza hacia territorios con menor capacidad investigadora y menor vigilancia institucional.

Escenario 3: Expansión sin controles, abuso e impunidad “tecnificada” (probable si se prioriza rapidez sobre legalidad)

Se crea “policía investigadora” sin inversión real, con capacitación superficial y mandos capturados o improvisados (¿recuerdan el fallido modelo de policías acreditables?). La tecnología se compra pero no se audita; la inteligencia se filtra (como ya ha pasado); aumentan detenciones mal integradas, cateos mal sustentados, evidencia contaminada y casos que se caen. El daño más severo: la ciudadanía percibe que la investigación local es una herramienta de presión, no de justicia; y los delitos federales (por su rentabilidad) se vuelven el campo preferido para la corrupción. Aquí, la reforma no solo no reduce la impunidad: la reorganiza.

La conclusión incómoda a esta tendencia es apostar por algo que México necesita a gritos: que la policía deje de ser solo reacción y se convierta en capacidad de investigación bajo mando del Ministerio Público, como manda el diseño constitucional. Pero si se pretende llevarlo a escala nacional, hay que decirlo sin maquillaje: no es un “cambio de atribuciones”, es un cambio de modelo de negocio institucional. Cuesta dinero sostenido (no solo subsidios), exige equipamiento interoperable, requiere formación de investigadores (no cursos), demanda blindajes anticorrupción y un rediseño de mandos con controles y métricas correctas.

La pregunta para 2026 no es si las policías locales “pueden” investigar. La ley ya abrió la puerta. La pregunta es si el Estado mexicano (en plural: Federación, estados y municipios) está dispuesto a pagar el precio de hacerlo bien, o si repetiremos el patrón: reformas ambiciosas con implementación mínima. En seguridad, esa diferencia se mide en algo muy concreto: casos que llegan a sentencia, o expedientes que terminan en archivo.

hidalgomontes@gmail.com

 En el ámbito de seguridad, entre México y EE. UU.: cooperación policial bajo presión

 (y contra reloj)

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Hoy en día existe una ilusión cómoda que, nos guste o no, conviene romper: la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos no es un “sí” o “no”. Es una mezcla variable de inteligencia, judicialización, operaciones, controles políticos y gestos de confianza. Y cuando Washington aprieta (como hoy, con la administración Trump elevando el costo político de “no entregar resultados” en fentanilo, migración y crimen organizado) esa mezcla cambia de densidad.

 

El dato duro más reciente es revelador: México transfirió/entregó otros 37 integrantes y operadores de organizaciones delincuenciales a EE. UU. en este enero de 2026 (lo que eleva la cifra a más de 100), en una operación descrita como respuesta al endurecimiento del contexto bilateral. Esa decisión no es menor: manda una señal de “cooperación con hechos”, pero también exhibe el dilema central de esta etapa: cooperar sin parecer subordinado peeeeero de forma velada unas amenazas constantes que se pueden ilustrar con la expresión del tristemente famoso Zhenli Ye Gon, “empresario” (guiño, guiño) detrás del mayor decomiso de dinero en efectivo de la historia de México: “o copelas o cuello”.

 

En paralelo, Washington ya estaba barajeando la posibilidad de designar a los cárteles desde un lejano 2017, incluso en el minuto 19:50 de la película de Sicario 2: Día del Soldado  (2018) ya se barajeaba esa idea. No es hasta enero del 2023 que esta idea empieza a tomar forma gracias a la propuesta de los entonces congresistas (y ex miembros de las fuerzas especiales norteamericanas) Mike Waltz y Dan Crenshaw para nombrar a los cárteles de las drogas como grupos terroristas, propuesta que fue tomada por el entonces candidato republicano Donald Trump y que, al ganar las elecciones presidenciales, pudo formalizar un marco más agresivo para tratar a ciertos grupos delincuenciales: en enero de 2025 la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva para habilitar designaciones tipo Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) contra “cárteles y otras organizaciones”. Y el Departamento de Estado anunció designaciones de “international cartels” en febrero de 2025. Para México, eso tiene una lectura doble: puede facilitar herramientas financieras y judiciales contra redes transnacionales, pero también abre la puerta a acciones unilaterales (o presión para permitirlas, pregúntenle a Venezuela).

 

Todo esto ocurre encima del andamiaje diplomático existente: el Bicentennial Framework (marco bilateral anunciado en 2021 que suple a la Iniciativa Mérida del 2008) y sus mecanismos de coordinación, que buscaban sustituir la lógica de “guerra” por una de salud pública, reducción de violencia y persecución de redes delincuenciales. En 2025, ambos gobiernos reiteraron públicamente su cooperación y principios de reciprocidad y respeto. Pero los comunicados resisten menos que la política doméstica cuando el tema es “quién está ganando” contra el fentanilo.

 

Con ese tablero, el diagnóstico es claro: la colaboración seguirá, pero con fricciones estructurales. Esta relación entra en una fase de cooperación más intensa, pero más transaccional y políticamente sensible. Dos señales recientes ayudan a entender el momento:

 

• Gesto operativo “de alto impacto”: como comentamos al principio de esta columna, México transfirió otros 37 integrantes/colaboradores de cárteles a EE. UU. en una acción extraordinaria que aceleró los tiempos habituales (y que Washington presentó como resultado de su presión y la neta, todo indica que así fue).

 

• Marco formal que sigue vivo: ambos gobiernos reiteraron que el Security Implementation Group (mecanismo de coordinación) debe seguir entregando acciones tangibles; es decir, no hay ruptura formal, pero sí un clima de exigencia (aunque en el discurso federal México sea quien lleva las riendas).

 

Sin embargo, en el fondo, conviven tres fuerzas que empujan en direcciones distintas: En primer lugar, la prioridad estadounidense (política interna + seguridad nacional): fentanilo, redes transnacionales, migración y control fronterizo; además, presión con instrumentos económicos y de asistencia. En segunda, el límite mexicano (soberanía y control político): México mantiene restricciones y controles a la actuación de agentes extranjeros en su territorio (marco derivado de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional de 2021), lo que obliga a operar vía liaison, intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas “a la mexicana”.

 

¿Qué cambia “en la práctica” para las agencias (y qué no)?

 

·   Lo que tiende a subir es la cantidad de extradiciones/traslados, detenciones objetivo y casos “emblemáticos” (DEA/FBI/DOJ y, del lado mexicano, SSPC–FGR con apoyo de SEMAR/SEDENA según el caso). La transferencia reciente funciona como “prueba de desempeño” ante Washington.

 

·   Otro factor que se mantendrá a la alza es la investigación con un enfoque de red (finanzas, precursores, armas, logística): mayor peso de las agencias norteamericanas como IRS, HSI, ATF, además de DEA/FBI, buscando desmantelar ecosistemas completos, no sólo células armadas. (El CRS describe cómo los marcos recientes habilitan sanciones/acciones y cómo la agenda se ha ido reconfigurando).

 

·   Lo que se mantiene como fricción estructural es esta política (si así podría llamársele) de “Pisar territorio” (presencia/operación directa): el andamiaje legal y político mexicano sigue empujando a que la cooperación sea conducida por México y que la participación de EE. UU. sea más de apoyo técnico, inteligencia, casos judiciales y control fronterizo.

 

·   Lo que puede volverse palanca de presión son los aranceles, condicionalidad de asistencia y amenazas de medidas unilaterales (como incentivo para resultados visibles) así como la retórica y planeación de opciones militares contra cárteles (aunque operar en México es políticamente explosivo mas no imposible).

 

Actualmente, se vislumbran tres escenarios probables para este 2026, los cuales tienen la misma constante: cooperación bajo presión, empero, con desenlaces distintos:

 

Escenario 1: “Cooperación transaccional intensificada” (el más probable): más resultados operativos medibles para contener la presión, sin conceder presencia operativa directa de EE. UU. en México que podría verse palpable a través de:

 

• Más traslados/extradiciones de alto perfil, priorizando objetivos que Washington pueda exhibir como victorias (casos de fentanilo, narcofinanzas, redes logísticas).

 

• Más equipos binacionales de caso (DOJ–FGR/SSPC) y uso intensivo de inteligencia compartida para capturas “quirúrgicas” lideradas por México.

 

• Presión estadounidense se canaliza por la vía de métricas y “entregables” del Security Implementation Group.

 

¿Qué riesgos conllevaría?:

 

• Incentiva una lógica de “trofeos” (mucho foco en objetivos mediáticos) en detrimento de fortalecimiento institucional de largo plazo.

 

• Puede aumentar la violencia reactiva si los golpes no van acompañados de contención territorial y prevención local.

 

Escenario 2: “Coerción y enfriamiento” (cooperación fragmentada): La presión sube de tono (aranceles/condiciones/amenazas), México resiste por soberanía y política interna; la cooperación continúa, pero se vuelve selectiva y desconfiada. Este escenario se vería con situaciones como:

 

• Menos intercambio de inteligencia “cruda” y más cooperación por canales estrechos (casos específicos), con mayores controles y retrasos.

 

• Aumento de fricciones por límites a agentes extranjeros y por demandas estadounidenses de acciones dentro de México que el gobierno mexicano considera inaceptables.

 

• Instrumentos económicos/condicionalidad de asistencia se usan con mayor fuerza como palanca.

 

¿Qué riesgos conllevaría?:

 

• Ventanas de oportunidad para redes delincuenciales (menos coordinación = más espacio para adaptación).

 

• Politización pública de casos judiciales y operativos, dañando la cooperación de campo (sobre todo con políticos ligados a la delincuencia organizada).

 

Escenario 3: “Reinstitucionalización con ‘candados’” (cooperación robusta, pero reglada): Ambos gobiernos pactan una cooperación más ordenada: sí a operaciones conjuntas, financiamiento/capacitación e inteligencia; no a despliegues unilaterales. Se “blindan” reglas para evitar crisis. Con situaciones tales como:

 

• Fortalecimiento formal del SIG y del andamiaje del Bicentennial Framework, con prioridades claras: fentanilo/precursores, armas, lavado, cruces fronterizos, homicidio.

 

• Mayor inversión en capacidad mexicana (que mucha falta hace) en tópicos como: laboratorios forenses, investigación financiera, aduanas, puertos, control de precursores; con métricas verificables (GAO subraya la lógica de ampliar enfoque hacia demanda de drogas y flujo de armas, además de seguridad).

 

• Menos “golpes mediáticos” aislados y más continuidad por objetivos de red (incluye sanciones y judicialización en EE. UU.).

 

¿Qué riesgos conllevaría?:

 

• Requiere disciplina política y paciencia (que el primero México no tiene y el Segundo Estado Unidos menos); es poco “vendible” en el corto plazo si la Casa Blanca exige victorias inmediatas.

 

• Puede chocar con ciclos electorales/locales y con incentivos burocráticos de ambos países.

 

Si lo vemos desde un punto de vista pragmático, en el corto plazo, la colaboración tiende a moverse hacia el Escenario 1: más cooperación, pero bajo una lógica de “cumplimiento por resultados” para despresurizar la relación. El principal punto de quiebre que empuja al Escenario 2 es cualquier insistencia en acciones unilaterales dentro de México; el puente hacia el Escenario 3 es transformar la presión en reglas, métricas y capacidades que sobrevivan a la coyuntura.

 

La cooperación México–EE. UU. en seguridad no desaparecerá porque es funcional para ambos; lo que está en disputa es quién escribe la gramática: si una de corresponsabilidad (difícil pero sostenible), o una de ultimátum (rápida, vistosa y riesgosa).

 

En el corto plazo, el incentivo es empujar el Escenario 1: cooperación quirúrgica, judicializable y medible, que reduzca presión sin cruzar líneas de soberanía. Sin embargo, si la política se impone sobre la operación, el costo no será diplomático: será operativo. Y en seguridad, la factura casi siempre llega tarde… pero llega.

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