Goles para la delincuencia: piratería, lavado de dinero y mercados ilícitos en tiempos de Mundial

 

Por Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Cuando pensamos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 solemos imaginar estadios llenos, fiesta desenfrenada, hoteles con reservaciones al 100%, restaurantes repletos y millones de turistas recorriendo (y gastando) en las calles de México. Sin embargo, existe otra economía que también se prepara para el evento deportivo más importante del planeta: la economía delincuencial.

Mientras gobiernos, empresas y ciudadanos esperan una derrama económica histórica, organizaciones delincuenciales ya visualizan (y se relamen los bigotes) oportunidades de negocio que poco tienen que ver con el deporte y mucho con la obtención de ganancias ilícitas. Las actividades que generan dichas ganancias destacan la trata de personas (con fin de explotación sexual), el narcotráfico, y muchas otras más, entre estas destaca una actividad que frecuentemente es minimizada por la opinión pública: la piratería.

Para muchos consumidores, adquirir una camiseta apócrifa (pirata, pa´los compas), una gorra falsificada o recuerdos no autorizados puede parecer una falta menor o incluso una práctica culturalmente aceptada (al menos en México). Sin embargo, detrás de una parte importante de estos productos existe una compleja estructura financiera que permite a grupos delincuenciales generar recursos, ocultar ganancias ilícitas y fortalecer economías paralelas que compiten directamente con la economía formal.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que el comercio mundial de mercancías falsificadas y pirateadas alcanzó aproximadamente 467 mil millones de dólares, equivalentes al 2.3% de las importaciones mundiales. Estudios previos elaborados conjuntamente por la OCDE y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) habían calculado incluso montos cercanos a los 509 mil millones de dólares anuales. Estas cifras no incluyen la producción local ni el comercio digital ilegal, por lo que el fenómeno real es considerablemente mayor.

La fiesta del Mundial de Fútbol representa un escenario ideal para este mercado ilícito. La demanda de camisetas, gorras, bufandas, banderas, souvenirs, productos electrónicos, transmisiones digitales ilegales y artículos coleccionables se multiplica exponencialmente. La enorme cantidad de visitantes dificulta la fiscalización, mientras que el volumen de transacciones permite ocultar mercancía ilegal entre actividades aparentemente legítimas.

Las autoridades mexicanas parecen ser conscientes de este riesgo. Durante los meses previos a la cita mundialista ya se han registrado operativos contra mercancía falsificada relacionada con el torneo, particularmente en algunos de los mercados más emblemáticos del país. Las acciones gubernamentales responden no solamente a la protección de derechos de propiedad intelectual (que la FIFA se ha puesto particularmente “quisquillosa” para esta edición), sino también a la necesidad de evitar que estos mercados se conviertan en fuentes masivas de financiamiento para estructuras delincuenciales.

El problema va más allá de la simple venta de productos piratas. La piratería constituye un mecanismo eficaz para el lavado de activos. El modelo es relativamente sencillo: recursos obtenidos mediante actividades ilícitas como narcotráfico, extorsión o contrabando pueden mezclarse con ingresos derivados de la venta masiva de mercancía falsificada. El resultado es una aparente actividad comercial legítima que dificulta rastrear el origen real del dinero. En pocas palabras, se disfrazan las ganancias de delitos graves y violentos a través de una actividad socialmente aceptada y muchas veces tolerada.

Desde la perspectiva criminológica, esta práctica forma parte de lo que algunos especialistas denominan mercados delincuenciales convergentes. Es decir, estructuras delincuenciales que participan simultáneamente en diversas actividades ilícitas aprovechando las mismas redes logísticas, financieras y de corrupción. Los mismos corredores utilizados para introducir mercancía falsificada pueden emplearse para el contrabando de otros productos ilegales (drogas, armas, medicamentos falsificados, precursores químicos controlados), mientras que las redes de distribución clandestina permiten mover dinero y mercancías con relativa facilidad.

La experiencia internacional demuestra que la piratería no debe analizarse únicamente como una infracción comercial. Diversos organismos especializados han documentado vínculos entre el comercio de productos falsificados y redes de delincuencia organizada transnacional. El atractivo es evidente: se trata de una actividad con altos márgenes de ganancia, menores riesgos operativos que otros delitos y una percepción social relativamente tolerante.

México enfrenta además una condición geográfica particularmente compleja (pa´acabarla de fregar). Además de ser un importante mercado consumidor, diversos estudios internacionales lo identifican como país de tránsito para mercancía falsificada proveniente principalmente de Asia con destino hacia Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Esto convierte al país en un punto estratégico dentro de cadenas globales de comercio ilícito.

El desafío para las autoridades no consiste únicamente en decomisar productos. La verdadera tarea es seguir la ruta del dinero. Cada camiseta falsificada vendida en las inmediaciones de un estadio puede representar una pequeña fracción de una estructura financiera mucho más amplia. La persecución delincuencial efectiva requiere inteligencia financiera, cooperación internacional (que la neta, la neta andamos un poco bajones en estos días), fortalecimiento aduanero (aquí si estamos en el hoyo), vigilancia del comercio electrónico y coordinación entre instituciones de seguridad, fiscalización y procuración de justicia.

Desde una perspectiva de política pública, el Mundial 2026 representa una oportunidad única para fortalecer capacidades institucionales que permanecerán mucho después de que termine el torneo. Si nuestro país logra desarrollar mecanismos eficaces contra la economía ilícita asociada a la piratería, los beneficios trascenderán el ámbito deportivo y contribuirán al debilitamiento de organizaciones delincuenciales que hoy encuentran en estos mercados una fuente constante de ingresos.

Al final de cuentas, la discusión no trata únicamente de proteger marcas registradas o derechos comerciales de las mega corporaciones. Se trata de comprender que detrás de una economía paralela aparentemente “inofensiva” existen redes que erosionan la recaudación fiscal, afectan empleos formales, distorsionan mercados y, en algunos casos, contribuyen al fortalecimiento financiero de organizaciones delincuenciales que perpetua sus actividades principales (tráfico de drogas, personas, armas y un amplio etcétera).

Mientras millones de aficionados celebren los goles dentro de los estadios, el verdadero reto para las autoridades será evitar que, fuera de ellos, la delincuencia organizada también salga victoriosa.

hidalgomontes@gmail.com

 La ruta invisible del dinero: migración, remesas y la batalla contra el lavado de activos

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Por años, las remesas han representado uno de los vínculos más sólidos entre millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y sus familias en México (Y también el bálsamo que inyecta dinero a gobiernos locales que se han vuelto haraganes para mejorar y/o aumentar sus ingresos) . En 2025, México recibió más de 64 mil millones de dólares por este concepto, convirtiéndose nuevamente en uno de los principales receptores de remesas del mundo. Para millones de hogares, estos recursos significan alimentación, educación, salud y vivienda. Sin embargo, detrás de este enorme flujo financiero también existe una realidad menos visible (“convenientemente”): la posibilidad de que organizaciones delincuenciales utilicen los mismos canales para ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas.

Uno de los mecanismos más utilizados para este propósito es el denominado “pitufeo” o “smurfing” (para los que nos leen en el gabacho), técnica clásica de lavado de activos que consiste en fragmentar grandes cantidades de dinero ilícito en múltiples operaciones de bajo monto para evitar controles regulatorios y alertas automáticas de los sistemas financieros.

La lógica es sencilla: en lugar de transferir una suma considerable que pudiera despertar sospechas de las autoridades de inteligencia finaciera, los grupos delincuenciales dividen el dinero en decenas o incluso cientos de envíos menores realizados por distintas personas, en diferentes lugares y momentos. Individualmente parecen operaciones legítimas; en conjunto constituyen una sofisticada estrategia de ocultamiento financiero.

Diversos estudios y análisis especializados han documentado cómo organizaciones delincuenciales han reclutado a ciudadanos mexicanos, migrantes e incluso residentes estadounidenses para realizar múltiples transferencias internacionales a cambio de pequeñas comisiones. Posteriormente, esos recursos son mezclados con remesas legítimas y entregados a estructuras delincuenciales en territorio mexicano. En pocas palabras, bajan armas y dinero y suben drogas y personas (trata de personas)

Desde la perspectiva criminológica, el pitufeo constituye una manifestación de la fase conocida como “estratificación” (“layering”) dentro del proceso de lavado de activos. Después de colocar el dinero ilícito en el sistema financiero, los delincuentes generan múltiples transacciones destinadas a dificultar la identificación de su origen antes de reintegrarlo a la economía formal.

El fenómeno no es nuevo. Lo que sí resulta novedoso es la creciente atención que está recibiendo por parte de las autoridades estadounidenses.

Durante los últimos meses, la administración del presidente Trump ha colocado el control financiero de la migración irregular y de la delincuencia organizada transnacional como uno de los ejes centrales de su estrategia de seguridad nacional. En noviembre de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) emitió una alerta formal dirigida a empresas de servicios monetarios para incrementar la vigilancia sobre transferencias transfronterizas potencialmente vinculadas con migrantes en situación irregular y fondos de origen ilícito.

La alerta recuerda que las empresas transmisoras de dinero están obligadas a reportar operaciones sospechosas y advierte específicamente sobre transferencias internacionales relacionadas con ingresos obtenidos ilícitamente o que presenten patrones compatibles con actividades delincuenciales. Sin embargo, debido a los montos pequeños y la cantidad de personas que se utilizan para este fin, son muy difíciles de identificar

Paralelamente, el Departamento del Tesoro anunció operaciones de análisis masivo de datos enfocadas en empresas de servicios monetarios ubicadas en la frontera suroeste de Estados Unidos, utilizando inteligencia artificial y nuevas capacidades tecnológicas para identificar patrones asociados con lavado de dinero, tráfico de personas y financiamiento delincuencial.

Más recientemente, una orden ejecutiva emitida por la administración Trump busca restringir el acceso de migrantes indocumentados a determinados servicios financieros y mecanismos de envío de remesas, incluyendo mayores requisitos de identificación y controles sobre el uso de documentos consulares para la apertura y operación de servicios financieros.

En otras palabras, el próximo gran objetivo de Washington parece no limitarse únicamente al control fronterizo físico. También se dirige hacia las rutas financieras utilizadas tanto por redes de tráfico humano como por organizaciones delincuenciales que aprovechan la enorme masa de transferencias internacionales para ocultar movimientos ilícitos.

El desafío para México será enorme. Por un lado, existe una necesidad legítima de combatir el lavado de dinero y las finanzas de la delincuencia organizada. La evidencia internacional demuestra que seguir la ruta del dinero suele ser más efectivo que perseguir exclusivamente a los operadores de bajo nivel (y la evidencia ha demostrado que solo trae un aumento considerable de la violencia).  Sin recursos financieros, las organizaciones delincuenciales pierden capacidad para corromper funcionarios, adquirir armamento, reclutar integrantes y expandir sus operaciones. O sea, se queda sin queso la quesadilla (chiste no aplicable para la CDMX, aunque siempre defenderé la obligatoriedad del queso en las mismas).

Por otro lado, también existe el riesgo de que medidas excesivamente restrictivas afecten a millones de migrantes honestos que utilizan los canales de remesas para sostener a sus familias. De acuerdo con diversos análisis económicos, la mayoría de las remesas tienen origen legítimo y continúan siendo una fuente esencial de ingresos para millones de hogares mexicanos (Y uno que otro gobierno local holgazán).

La respuesta no debe ser criminalizar al migrante ni estigmatizar las remesas. Debe centrarse en fortalecer los mecanismos de inteligencia financiera, mejorar el intercambio binacional de información, incrementar la supervisión de empresas transmisoras de dinero y desarrollar capacidades analíticas que permitan distinguir entre transacciones legítimas y operaciones vinculadas al lavado de activos.

La verdadera batalla no se libra contra quien envía cien dólares para apoyar a su familia. Se libra contra quienes aprovechan esos mismos canales para ocultar ganancias provenientes del narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes y otras actividades delincuenciales.

En los próximos años veremos una transformación profunda en la supervisión financiera transfronteriza entre México y Estados Unidos. La pregunta ya no es si habrá mayores controles, sino qué tan capaces serán ambos países de implementarlos sin afectar a millones de familias que dependen legítimamente de las remesas para sobrevivir.

La tensión sobre nuestro país va en aumento y parece que la retórica de “es todo dinero de nuestros paisanos para sus familias” se está quedando corto. Porque cuando el dinero ilícito logra disfrazarse de ayuda familiar, la línea entre economía y seguridad nacional se vuelve prácticamente invisible.

hidalgomontes@gmail.com

 Cuando la política captura la seguridad

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

La seguridad ciudadana en una democracia no puede depender de ciclos electorales, lealtades partidistas ni cálculos políticos de corto plazo que pueden dar pie a tratos delincuenciales (¡cof, cof!). Cuando eso ocurre, el Estado comienza a perder una de sus capacidades esenciales: garantizar justicia imparcial y seguridad ciudadana. Hoy, lamentablemente ya quedó demostrado que nuestro querido México enfrenta, desde hace  mucho tiempo, esa amenaza.

Los últimos meses han estado marcados por acusaciones de probables vínculos entre actores políticos y organizaciones delincuenciales, tensiones diplomáticas en materia de seguridad y cuestionamientos públicos sobre la autonomía real de las instituciones encargadas de investigar y perseguir delitos. El caso del gobernador de Sinaloa y las recientes declaraciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre futuras acusaciones contra políticos mexicanos por probables nexos con organizaciones delincuenciales han colocado nuevamente sobre la mesa un tema incómodo pero inevitable (y en algunos casos, innegable): la infiltración delincuencial en estructuras políticas e institucionales.

Este grave problema ya no es únicamente delincuencial, es profundamente democrático. Cuando las instituciones de seguridad y procuración de justicia se subordinan a intereses políticos, el combate a la delincuencia pierde continuidad, credibilidad y eficacia (y en México somos expertos para descubrir el hilo negro cada cambio de administración). Las prioridades cambian cada seis años, los mandos se reemplazan por afinidades políticas y no por capacidades técnicas, y las investigaciones pueden terminar condicionadas por conveniencias electorales o pactos de poder.

La seguridad ciudadana requiere exactamente lo contrario: estabilidad institucional, profesionalización permanente y autonomía operativa (que la neta, la neta, en la historia reciente de nuestro México nunca se ha tenido). Llevamos años hablando de depuración policial, profesionalización y fortalecimiento institucional. Sin embargo, en muchos casos, las instituciones siguen atrapadas en dinámicas de improvisación administrativa y dependencia política. El propio marco jurídico mexicano reconoce la importancia del Servicio Profesional de Carrera Policial como un sistema obligatorio y permanente basado en mérito, profesionalización, permanencia y evaluación (pero rara vez se aplica).

Desgraciadamente, la realidad suele ser distinta. Cada cambio de administración (no importa el orden de gobierno) implica frecuentemente la sustitución masiva de mandos, la interrupción de proyectos institucionales y, en ocasiones, la llegada de perfiles cuya principal credencial no es técnica sino política. Esto genera un mensaje devastador hacia las instituciones: la lealtad política pesa más que la capacidad profesional.

El resultado es predecible. Policías debilitadas, instituciones vulnerables a la corrupción y espacios fértiles para la infiltración delincuencial.

La delincuencia organizada entiende perfectamente esta fragilidad institucional. Diversos estudios académicos han advertido cómo las organizaciones delincuenciales buscan capturar gobiernos locales, influir en procesos electorales y construir redes de protección política para garantizar impunidad. En otras palabras: no buscan solamente controlar territorios; buscan influir en el poder público.

Por ello, separar la agenda política de la agenda de seguridad no es un lujo técnico. Es una necesidad de supervivencia democrática. Esto implica, primero, consolidar verdaderos servicios civiles de carrera policial y ministerial. Ascensos basados en mérito, evaluaciones permanentes (según el grado de mando), estabilidad laboral condicionada al desempeño y esquemas sólidos de control interno pueden reducir la dependencia política de las instituciones.

Segundo, implica fortalecer la autonomía real de las fiscalías. Y la palabra clave es “real”, porque la autonomía constitucional no sirve de mucho si los nombramientos, presupuestos o decisiones estratégicas continúan sujetos a presiones políticas. Una fiscalía dependiente del poder político difícilmente investigará corrupción política con profundidad. Y una fiscalía incapaz de investigar redes políticas de protección delincuencial termina dejando intacto el verdadero corazón financiero y operativo de las organizaciones delictivas.

El desafío es enorme porque México enfrenta simultáneamente presión internacional, expansión de la delincuencia organizada y desgaste institucional. Las recientes tensiones con Estados Unidos sobre “narcopolítica” reflejan precisamente esa preocupación internacional sobre la penetración delincuencial (y negarlo sería infantil) en estructuras de gobierno.

Sin embargo, el problema no puede resolverse únicamente con operativos o despliegues de fuerza. La experiencia internacional demuestra que los países que lograron fortalecer su seguridad ciudadana construyeron instituciones técnicas relativamente blindadas frente a la coyuntura política.

Colombia, por ejemplo, profesionalizó unidades especializadas. Italia fortaleció fiscalías antimafia con autonomía operativa. España consolidó estructuras policiales permanentes altamente profesionalizadas. Ninguno de esos modelos es perfecto, pero todos entendieron algo fundamental: la seguridad del Estado no puede administrarse como propaganda política.

Ahora bien, México necesita llegar a esa conclusión antes de que sea demasiado tarde. Porque cuando las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía comienzan a contaminarse por intereses políticos o delincuenciales, el problema deja de ser únicamente de seguridad. Se convierte en una amenaza directa para la salud democrática del país.

Y las democracias no suelen colapsar de golpe. Se erosionan lentamente, institución por institución. Ahora, la reflexión es: ¿necesitamos más tiempo para darnos cuenta de que estamos en el hoyo? ¿necesitamos más tiempo para pasar de los dichos a los hechos? ¿Cuántas pérdidas humanas, sociales y económicas necesitamos para reconocer que estamos mal?

hidalgomontes@gmail.com

 

 Seguridad, movilidad y territorio: el talón de Aquiles en México en el Mundial de Fútbol.

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

México no enfrenta únicamente la organización de partidos de fútbol rumbo al Mundial de Fútbol de 2026. En realidad, se enfrenta a una de las pruebas más complejas de gobernanza territorial, seguridad ciudadana e infraestructura urbana de su historia reciente.

El error más común (y más peligroso) es pensar que el reto está concentrado en tres ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Esa visión es, en el mejor de los casos, reduccionista. En el peor, es una vulnerabilidad estratégica.

Un evento masivo no es solo una concentración de personas. Desde la perspectiva normativa mexicana, implica impactos directos en movilidad, seguridad vial, servicios públicos y protección civil. La legislación ya lo reconoce: los planes para eventos de alta afluencia deben incluir diagnósticos de impacto, rutas alternas, coordinación interinstitucional y evaluación posterior obligatoria (pero la neta, la neta, en muchas comunidades no se ha tomado con seriedad).

Esto significa que cada partido del Mundial no es un evento aislado, sino un detonador de múltiples subsistemas: transporte, salud, seguridad, turismo, economía informal y hasta ciberseguridad. Las estimaciones oficiales apuntan a la llegada de más de 5.5 millones de visitantes extras al país durante el evento. Esa cifra, por sí sola, redefine la escala del desafío ya que en México aún no llegamos al estándar de 1.8 policías por millar de población (así que imagínese).

Seguridad: entre lo visible y lo invisible

El componente de seguridad será altamente visible: despliegues de miles de elementos policiales, uso de drones, zonas de seguridad perimetral y vigilancia tecnológica. De hecho, el gobierno mexicano ya contempla la movilización de decenas de miles de elementos y equipamiento especializado para proteger sedes y zonas turísticas. Pero, a pesar de lo que podría pensarse, los riesgos más críticos no siempre están dentro de los estadios.

Eventos recientes lo evidencian. El ataque armado en Teotihuacán (un sitio turístico, no un estadio) expuso fallas en controles de acceso, monitoreo y prevención. La reacción institucional fue inmediata: reforzamiento de revisiones, despliegue de Guardia Nacional y rediseño de protocolos (pero como siempre, ya ahogado el niño, tapado el pozo).

El mensaje de este lamentable hecho es contundente: la amenaza no distingue entre infraestructura deportiva y espacios turísticos.

Existe otro problema que se ha visto con la seriedad necesaria y es la Infraestructura urbana, el cuello de botella donde como se dice coloquialmente “es donde la puerca torció el rabo” Aquí es donde el problema se vuelve estructural.

La infraestructura urbana en México (especialmente fuera de las grandes ciudades) no está diseñada para soportar picos masivos de demanda. Y el Mundial no solo atraerá visitantes a estadios, sino a destinos cercanos:

·    Pueblos mágicos.

·    Zonas arqueológicas.

·    Playas y corredores turísticos.

·    Ciudades intermedias sin planeación de alta densidad.

Estos territorios no cuentan, en muchos casos, con:

·    Sistemas de transporte masivo robustos.

·    Instituciones policiales sólidas con elementos suficientes.

·    Planes de evacuación funcionales.

·    Capacidad hospitalaria suficiente y en condiciones mínimas de funcionamiento.

·    Protocolos de gestión de multitudes (en muchos lados ni saben que es ni con qué se come).

La normativa exige planes especiales de movilidad, pero la realidad operativa es desigual entre municipios. El Mundial generará un fenómeno conocido en seguridad como “dispersión de presión”: cuando un punto principal (la sede) expulsa flujos hacia zonas periféricas.

Ejemplo práctico (para explicarme mejor):

Un partido en Ciudad de México no solo impacta el Estadio Azteca, sino:

·    Rutas carreteras hacia Puebla, Querétaro, Toluca.

·    Hoteles en ciudades cercanas.

·    Sitios turísticos como Cholula o Teotihuacán.

·    Aeropuertos alternos (¡por fin podría usarse el AIFA!, no se emocione dije “podría”).

En este contexto, la seguridad se vuelve regional, no local.

Además, ya se han identificado efectos colaterales como incremento de precios, presión inmobiliaria y gentrificación (la invasión de hordas de Santi´s y Ana Sofi´s) en zonas sede, lo que desplaza población y tensiona el tejido social.

La organización de eventos masivos de esta magnitud exige alineación con estándares internacionales como:

·      FIFA Human Rights Policy, que obliga a identificar y mitigar impactos sociales y de derechos humanos.

·      Protocolos de gestión de emergencias similares a la NFPA 3000, orientados a incidentes de violencia activa.

·      Modelos de comando unificado e interoperabilidad interinstitucional.

Sin embargo, la evidencia reciente sugiere que la implementación aún es desigual. El mayor riesgo no es un evento catastrófico dentro de un estadio. El mayor riesgo es la suma de múltiples fallas pequeñas en territorios no preparados:

·    Saturación de vías secundarias.

·    Tiempos de respuesta policial extendidos.

·    Fallas en comunicación interinstitucional.

·    Turismo sin regulación efectiva.

·    Eventos paralelos sin control de aforo.

Y, cada vez más relevante: la dimensión digital. La infraestructura tecnológica de eventos masivos es altamente vulnerable a ciberataques que pueden generar caos operativo, desinformación o interrupciones críticas

En un escenario óptimo (coordinación efectiva) debería existir integración real de los tres órdenes de gobierno, protocolos homologados y fortalecimiento de infraestructura periférica. El Mundial deja capacidades instaladas.

Sin embargo, en un escenario crítico (fallas sistémicas) Eventos simultáneos en zonas no preparadas generan crisis de movilidad, seguridad o salud pública, afectando la imagen internacional del país.

México no será evaluado únicamente por lo que ocurra dentro de sus estadios, sino por lo que suceda en sus calles, carreteras, pueblos y zonas turísticas. Porque en los eventos masivos modernos, la seguridad ya no es un perímetro…es un ecosistema. A final de cuentas, aunque solo seamos una de tres sedes, el Mundial es de todo México y la preparación, también tiene que serlo.

 

hidalgomontes@gmail.com

 

Del bosque al clic: tráfico de fauna, impunidad y colapso ecológico que a todos afecta

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

En nuestro país, la biodiversidad no solo es un patrimonio natural: es un activo estratégico para la estabilidad ecológica, la economía y la seguridad nacional. Sin embargo, hoy enfrenta una amenaza silenciosa y en expansión: la venta ilegal de fauna silvestre a través de internet y el desdén del público en general que piensa que delincuencia organizada tiene que ver únicamente con sicarios, balazos y drogas (cosa de películas pues). Sin embargo, nada más lejos de la realidad, según la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional llevada a cabo en el año 2000 y en vigor desde el 2003, la delincuencia organizada (para poder ser llamada así) debe cumplir 4 supuestos (según el Art. 2 de dicho instrumento): 1) Grupo Estructurado.- No requiere membresía formal o jerarquías elaboradas, pero debe tener organización; 2) Tres o más personas. Es el número mínimo de integrantes; 3) Duración en el tiempo.- El grupo debe existir durante cierto tiempo, no ser ocasional; y 4) Propósito de beneficio material.- Actúa concertadamente para cometer delitos graves con el fin de obtener beneficios económicos u otros beneficios de orden material. Por lo que esta modalidad de comportamiento delincuencial , en muchas ocasiones encaja en “Delincuencia Organizada"

Lejos de los mercados tradicionales o del tráfico físico visible de animales, el fenómeno ha migrado hacia redes sociales, plataformas digitales y foros especializados. De acuerdo con investigaciones académicas y reportes institucionales, la mayoría de las transacciones ilegales de especies ya se realiza en entornos digitales, donde la anonimidad y la baja capacidad de supervisión facilitan el delito.

Este cambio no es menor. Representa una sofisticación del delito ambiental que lo acerca a las lógicas de la delincuencia organizada contemporánea: descentralizada, transnacional y altamente adaptable.

El tráfico ilegal de fauna y flora no es un delito marginal (mas no por ello desdeñable). Es de hecho, uno de los mercados ilícitos más grandes del mundo, solo por debajo del narcotráfico y el tráfico de armas, con un valor estimado de hasta 17 mil millones de dólares anuales (Ah verdad!, ¿qué pensó? ¿3 pesos? Pues no).

México, como país megadiverso, ocupa un lugar crítico en esta dinámica. Debido a esta circunstancia se genera una “bendición contradictoria”. Es un paraíso para los mexicanos que respetan y cuidan la naturaleza, pero también lo es para aquellos que se aprovechan de ella. Es fuente, tránsito y mercado. Especies como pericos (las aves, no los vagos desquehacerados de por su cuadra), guacamayas, reptiles, primates (monos, no es alusión a algún miembro de la familia con ciertas características) e incluso insectos son capturados, vendidos y transportados sin control.

Aquí el problema se agrava por la lógica digital ya que cualquier persona puede ofertar especies mediante perfiles falsos, la trazabilidad es prácticamente inexistente y en muchas ocasiones las autoridades carecen del interés o estructura técnica para poder darle seguimiento; y la demanda internacional de ciertas especies animales eleva (y mucho) los precios y profesionaliza las redes.

Incluso especies en riesgo (como algunos reptiles del género Abronia) son comercializadas en portales internacionales, poniendo en peligro su supervivencia y su función ecológica. El impacto del tráfico ilegal de fauna no se limita a la pérdida de especies. Es un fenómeno con efectos sistémicos que nos afecta a todos por igual:

a)         Desequilibrio ecológico.- Cada especie cumple una función específica: control de plagas, polinización, dispersión de semillas. Su extracción rompe cadenas tróficas (palabra dominguera que expresa el proceso de transferencia de energía y nutrientes entre los seres vivos a través de la alimentación en un ecosistema) completas. Por ejemplo, la desaparición de reptiles insectívoros puede provocar plagas agrícolas, afectando directamente la producción de alimentos afectando a los seres humanos.

 

b)        Riesgo para la seguridad alimentaria.- La alteración de ecosistemas impacta actividades como la pesca y la agricultura. La sobreexplotación de especies marinas —como la totoaba— afecta no solo la biodiversidad, sino economías regionales enteras.

 

c)         Salud pública y zoonosis.- El manejo ilegal de fauna incrementa el riesgo de enfermedades transmitidas de animales a humanos, un fenómeno ampliamente documentado en mercados ilegales globales (recuerden el mega rollo que se tiene con el gusano barrenador).

 

d)        Fortalecimiento de la delincuencia organizada.- Este mercado ilícito comparte rutas, estructuras y mecanismos financieros con otras economías delincuenciales. No es casualidad: es parte de una diversificación delictiva.

El marco jurídico mexicano existe. El tráfico de especies está tipificado como delito federal y puede sancionarse con privación de la libertad. Sin embargo, el problema no es la norma, sino su implementación.

Las investigaciones señalan tres debilidades estructurales:

• Insuficiente vigilancia digital
• Limitada capacidad de inteligencia ambiental
• Escasa coordinación con plataformas tecnológicas

Frente a ello, los especialistas proponen acciones concretas:

1. Ciberpatrullaje ambiental.- El Estado debe incorporar capacidades tecnológicas (incluyendo ahora inteligencia artificial) para detectar y desarticular redes en línea.

2. Coordinación interinstitucional.- PROFEPA, Guardia Nacional, SEMARNAT y fiscalías deben operar bajo esquemas de inteligencia compartida.

3. Alianzas con empresas tecnológicas.- Es indispensable establecer convenios con plataformas digitales para bloquear, rastrear y eliminar contenido ilegal.

4. Investigación delictiva avanzada.- El tráfico de fauna debe abordarse como delincuencia organizada, no como una infracción ambiental menor.

La venta ilegal de fauna silvestre en internet no es un fenómeno aislado ni menor, es una amenaza multidimensional: ambiental, económica, sanitaria y de seguridad. México enfrenta un punto de inflexión: “o fortalece su capacidad institucional para combatir este delito en su nueva dimensión digital, o permitirá que su biodiversidad (uno de sus mayores activos estratégicos) se diluya en el mercado clandestino global”. Estamos frente a un delito que evoluciona más rápido que las instituciones de prevención del delito y procuración de justicia. Y en ese desfase, la naturaleza (y la sociedad) están pagando el costo.

hidalgomontes@gmail.com

 

Cuando la violencia entra al aula: México frente al desafío urgente de prevenir tiradores activos

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

La escena es perturbadora por su simbolismo: un adolescente de 15 años, armado con un fusil de plataforma AR-15, irrumpe en su propia escuela en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y priva de la vida a dos maestras que intentaban impedirle el paso. Minutos antes, había anticipado el ataque en redes sociales. No fue un impulso; fue un acto premeditado.

El hecho, el pasado 24 de marzo de este 2026, no solo conmocionó a una comunidad educativa. Encendió una alerta nacional: México ya no está exento del fenómeno de los tiradores activos, históricamente asociado a Estados Unidos, pero cada vez más visible en nuestro país. Estados como Nuevo León, Chihuahua, Baja California Jalisco, CDMX, EDOMEX, entre otros han tenido lamentables casos similares

Aunque los tiroteos escolares siguen siendo relativamente raros en México, los eventos violentos en entornos educativos han aumentado en frecuencia y gravedad. Casos recientes (desde agresiones con armas punzo cortantes hasta homicidios dentro de planteles) evidencian una transformación del riesgo.

El caso de Michoacán introduce elementos particularmente preocupantes desde la criminología:

• Premeditación digital: el agresor anunció su intención en redes sociales.
• Radicalización ideológica: vínculos con comunidades “incel” y discursos de odio.
• Acceso a armas de alto poder: uso de un fusil de plataforma AR-15, de calibre exclusivo de las fuerzas armadas y/o instituciones policiales.
• Efecto imitador (“copycat”): patrones similares a eventos internacionales.

Estos factores configuran lo que en criminología contemporánea se denomina violencia híbrida juvenil, donde convergen salud mental, entornos digitales, cultura de violencia y delincuencia, así como fallas institucionales (para no perder la costumbre).

México ha desarrollado capacidades relevantes para enfrentar la violencia y delincuencia organizada, pero no ha evolucionado al mismo ritmo en materia de prevención de violencia escolar compleja.

El enfoque sigue siendo reactivo: presencia policial posterior al evento, investigación penal y, en el caso de menores, sanciones limitadas (como el máximo de tres años de internamiento que enfrentaría el agresor).

Pero el problema no es solo jurídico. Es sistémico.

Desde una perspectiva criminológica y policiológica, la prevención de tiradores activos exige una estrategia multinivel:

1. Prevención temprana (nivel social y educativo)

• Sistemas de detección de riesgo conductual en escuelas (aislamiento, violencia previa, amenazas).
• Protocolos obligatorios de atención psicológica.
• Monitoreo responsable de amenazas en redes sociales.

Este caso es paradigmático: hubo señales previas que no detonaron una intervención eficaz.

2. Contención institucional (nivel escolar)

• Protocolos de “Active Shooter Response” adaptados al contexto mexicano.
• Simulacros no invasivos pero serios y funcionales.
• Sistemas de control de acceso y evaluación de riesgos (sin caer en violaciones de derechos humanos mal diseñadas, como ocurrió con programas cuestionados tipo “Mochila Segura”).

3. Capacidad policial especializada

Aquí se encuentra uno de los mayores vacíos.

Las instituciones policiales en México no están estandarizadas en:

• Protocolos tácticos de intervención en tiradores activos
• Coordinación inmediata con escuelas
• Respuesta en primeros minutos (critical incident response)

La diferencia entre vida y muerte en estos eventos se mide en minutos. En el caso de Michoacán, el ataque duró aproximadamente diez minutos.

Ese intervalo es crítico.

Si no se actúa, México podría experimentar un aumento progresivo de eventos de tiradores activos, replicando patrones internacionales, especialmente influenciados por entornos digitales.

El Estado debe articular una política pública integral que combine:

• Identificación de problemas de salud mental en las comunidades escolares de alumnos y maestros (hay uno que otro que si le hace falta)
• Inteligencia preventiva
• Protocolos escolares
• Capacitación policial especializada

Estas medidas no eliminan el riesgo, pero lo reduce significativamente y evita su expansión.

Lo ocurrido en Michoacán no debe analizarse como un hecho aislado ni como una anomalía. Es un síntoma. Un síntoma de una generación expuesta a violencia estructural, a entornos digitales sin regulación efectiva y a instituciones que aún no han adaptado sus modelos preventivos. La pregunta no es si México enfrentará más casos de este tipo.
La pregunta es si estará preparado cuando ocurran.

hidalgomontes@gmail.com

 

 

 Semillas de violencia: por qué México debe actuar hoy sobre los huérfanos del crimen

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

En México, la violencia y la delincuencia no solo deja víctimas directas; produce una consecuencia menos visible pero potencialmente más peligrosa a mediano y largo plazo (por lo tanto, pasada por alto): miles de niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus padres como resultado del homicidio, la desaparición o la actividad de la delincuencia organizada. Este fenómeno, aún insuficientemente dimensionado en la agenda pública, constituye un factor de riesgo criminógeno de alta relevancia.

Diversas estimaciones, como las del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), confirman que México ha registrado más de 350,000 homicidios en las últimas dos décadas. Paralelamente, organizaciones como Reinserta y Save the Children han advertido que decenas de miles de menores han quedado en situación de orfandad derivada de la violencia y la delincuencia. Este universo poblacional no solo enfrenta carencias económicas y emocionales, sino también procesos de socialización marcados por trauma, desestructuración familiar y exposición a entornos delincuenciales.

Desde la criminología del desarrollo (particularmente los postulados de Terrie Moffitt y Robert Sampson) se ha demostrado que la acumulación de factores de riesgo en la infancia (violencia, abandono, pobreza, ausencia de figuras parentales) incrementa significativamente la probabilidad de trayectorias delictivas persistentes. En otras palabras: no atender hoy a estos menores es incubar la violencia del mañana (y esto será cuento de nunca acabar).

Sin embargo, México carece de una política pública integral que articule los enfoques criminológico, policiológico y de bienestar social frente a este fenómeno. La respuesta institucional ha sido fragmentada, asistencialista y reactiva, sin incorporar modelos de prevención basada en evidencia como los promovidos por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) o el enfoque de “public health approach to violence” adoptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La orfandad derivada de la violencia y delincuencia no es solo un tema social: es un problema de seguridad nacional en gestación. Estos menores suelen enfrentar:

• Deserción escolar y baja movilidad social
• Reclutamiento por grupos delictivos (documentado en informes de la ONU y Human Rights Watch)
• Normalización de la violencia como mecanismo de resolución de conflictos
• Débil confianza institucional

La ausencia de intervención temprana genera lo que en criminología se denomina “ciclo intergeneracional de la violencia”.

Una política efectiva debería construirse sobre tres ejes:

1. Criminológico (Prevención primaria y secundaria)

Identificación temprana de menores en riesgo mediante sistemas de inteligencia social y análisis de datos (ILP aplicado a prevención). Intervenciones focalizadas con programas de resiliencia, mentoría y acompañamiento psicológico.

2. Policiológico (Policía de proximidad y legitimidad)

Las policías locales deben convertirse en actores de contención social, no solo reactivos. Modelos de policía comunitaria (como los documentados por el National Institute of Justice (NIJ) )han demostrado eficacia en la reducción de factores de riesgo juvenil.

3. Política social (Estado como garante sustituto)

Programas robustos de apoyo económico, educativo y psicosocial, evitando que la delincuencia organizada ocupe ese vacío. Experiencias en Colombia y Brasil han mostrado resultados positivos cuando se integran estas dimensiones.

Si el estado mexicano continúa en la inacción sobre este tema, México se mantendrá con una respuesta fragmentada. En 5 a 10 años, se observará un aumento en la participación juvenil en delitos de alto impacto, particularmente en regiones con fuerte presencia de la delincuencia organizada. El fenómeno de “niños soldados” se intensifica.

Sin embargo, si se articula una estrategia nacional que integra seguridad, desarrollo social y justicia. Se reducirán significativamente los factores de riesgo y se rompe el ciclo intergeneracional de la violencia y la delincuencia. Este escenario requerirá de voluntad política (que a veces brilla por su ausencia), inversión sostenida (como siempre, el maldito dinero) y evaluación constante (pero parcial, “de a deveras”).

Los huérfanos de la violencia y la delincuencia representan una de las variables más críticas (y desgraciadamente, menos atendidas) en la ecuación de la seguridad en México. Ignorarlos no solo perpetúa la injusticia social, sino que compromete la estabilidad futura del país.

La pregunta no es si debemos intervenir, sino cuánto estamos dispuestos a invertir hoy para evitar la violencia y delincuencia del México del mañana.

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