Del patrullaje a la evidencia: la nueva frontera policial en México

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

El 4 de febrero de 2026, el Congreso del estado de Hidalgo aprobó una reforma constitucional local (artículo 90) para que, además del Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH) y policías municipales (e incluso autoridades federales en la materia) puedan participar en tareas de investigación, siempre “bajo la conducción y mando del Ministerio Público”. No es un giro menor: formaliza algo que en la práctica se hacía a medias (auxilios, entrevistas “de calle”, preservación de indicios), pero ahora abre la puerta a un modelo más cercano al estándar moderno: policía que no solo patrulla, sino que produce información y evidencia útil para judicializar.

La reforma hidalguense cae en un contexto nacional que se movió antes: desde diciembre de 2024 se modificó el artículo 21 constitucional para reafirmar que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías (y, en el texto reformado, también aparece explícitamente la Guardia Nacional y la secretaría del ramo de seguridad pública federal, según los decretos y versiones oficiales publicadas). En términos simples: el “quién investiga” ya no puede seguir descansando en un Ministerio Público rebasado; la policía debe convertirse en brazo técnico-operativo de la investigación, no solo en primer respondiente.

Ahora bien, esto suena excelente bien en el papel, este paso es necesario desde hace ya mucho tiempo en nuestro país. Sin embargo, lo difícil, es convertirlo en capacidades reales, especialmente cuando hablamos de delitos de fuero federal: robo de hidrocarburos, delincuencia organizada, armas, narcomenudeo ligado a redes mayores, trata, tráfico de personas, delitos fiscales, entre otros. El mensaje político es claro: “si el delito es federal, la calle es local”; y si la calle es local, la policía local necesita herramientas para producir casos, no solo para “poner a disposición”.

Cambió el marco habilitante: El estado de Hidalgo eleva a nivel constitucional local la participación de SSPH y policías municipales en investigación, bajo mando del Ministerio Público. Eso permite diseñar unidades, perfiles, manuales, indicadores y, sobre todo, justificar presupuesto y estructura para investigar (analistas, células, policía cibernética, inteligencia, cadena de custodia, videovigilancia, etc.).

No cambió lo esencial del sistema penal: quien conduce jurídicamente la investigación y decide judicializar sigue siendo el Ministerio Público; y la validez de lo que haga la policía dependerá de controles, legalidad y calidad de evidencia. En otras palabras: la reforma puede acelerar el “lado policía”, pero si no se sincroniza con fiscalías (locales y FGR) y con servicios periciales, lo que se gana en detenciones se pierde en audiencias.

Usted se preguntará ¿Por qué esto importa, particularmente en el fuero federal? Primero, porque la inteligencia territorial es insustituible. Una fiscalía federal puede tener mandato, pero no tiene ojos suficientes en cada colonia, carretera, tianguis, gasera o corredor industrial. La policía estatal y municipal sí ya que es su labor del día a día.

Segundo, porque los delitos federales de alto impacto suelen requerir reacción rápida con legalidad: asegurar un lugar, levantar entrevistas iniciales, procesar video, ubicar patrones (placas, rutas, cuentas, teléfonos), y escalar a la autoridad competente sin romper o comprometer la cadena de custodia. Eso no se improvisa; se entrena y se audita.

Tercero, porque si funciona, puede ser el prototipo para una medida nacional: policías locales “investigadoras” en serio (como en los países más policiológicamente avanzados que el nuestro), con estándares, conectividad, controles de confianza y protocolos homologados. De hecho, el propio Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica ya advertía, desde hace años, que la coordinación real requiere pasar de funciones empalmadas a una articulación con roles claros, y que la investigación es parte del mandato policial bajo conducción del MP.

Los retos reales de este nuevo paradigma son claros (y muchos) así como el dolor de cabeza de administraciones locales a través del tiempo: a) presupuesto, b) equipamiento, c) capacitación, d) corrupción y e) mandos

a)      Presupuesto: sin dinero etiquetado, la reforma se vuelve un comunicado. Salarios competitivos, analistas, turnos, mantenimiento tecnológico, licencias, peritos de apoyo, combustible, y (crítico) retención de personal capacitado.

b)      Equipamiento: investigar hoy es gestionar datos. C5/C5i, videovigilancia útil (no solo cámaras), lectores, analítica, interoperabilidad, cadena de custodia digital, y capacidades mínimas de ciber e inteligencia de fuentes abiertas. Además, para delitos federales, la coordinación tecnológica con FGR/SSPC/GN y el acceso a plataformas federales se vuelve el cuello de botella.

c)      Capacitación y certificación: la correcta operatividad depende de certificación de elementos. Y aquí está la trampa: capacitar a policías para “primer respondiente” no es lo mismo que formar investigadores. Se requieren competencias específicas: entrevista cognitiva, análisis de vínculos, procesamiento de información, redacción de informes para audiencia, preservación y embalaje, y comprensión práctica del CNPP. El financiamiento federal (como FASP) suele contemplar profesionalización y control de confianza como ejes, pero la ejecución en tiempo, calidad y cobertura es el reto permanente.

d)      Corrupción y captura: investigar delitos federales toca dinero grande. Si una institución local produce inteligencia sobre huachicol, armas o redes de extorsión, inevitablemente genera “valor” para el crimen: información, horarios, objetivos, protección. Organizaciones civiles han documentado precariedad, estancamientos y déficits en condiciones laborales y desarrollo institucional de policías, un caldo de cultivo para corrupción y rotación. Y en paralelo, evaluaciones como las de México Evalúa han enfatizado la vulnerabilidad estructural de policías municipales por precariedad y falta de garantías, lo que impacta directamente su integridad y desempeño. Si el Estado no protege a sus investigadores, alguien más lo hará (y cobrará por ello).

e)      Mandos y gobernanza: el diseño de mando importa más que el discurso: mandos policiales especializados en liderazgo y gestión de instituciones de seguridad ciudadana, unidades de asuntos internos funcionales, trazabilidad de decisiones, y evaluación por resultados que no incentive “fabricar culpables”. El peor incentivo posible es medir “éxito” por detenciones y no por judicializaciones sólidas.

Si este golpe de timón en el Estado de Hidalgo se trata de escalar a nivel nacional y comienza a ser una tendencia a mediano plazo, proponemos tres escenarios probables:

Escenario 1: Profesionalización acelerada y resultados judiciales (probable si hay inversión sostenida y controles duros)

El estado de Hidalgo se convierte en un laboratorio: unidades estatales y algunas municipales desarrollan capacidad real de investigación (analistas, inteligencia, procesamiento de video y datos), con protocolos homologados y supervisión del MP. La SSPH actúa como “integrador” para municipios con menor músculo, aprovechando C5i y mando coordinado, y la coordinación con fiscalías (incluida FGR cuando corresponda) se vuelve rutinaria. Resultado: más casos federales bien armados desde el territorio, menos impunidad operativa y mejores audiencias. Este escenario exige que los recursos tipo FASP se usen estratégicamente (tecnología útil + formación + control de confianza + carrera), no como gasto disperso.

Escenario 2: Implementación desigual y “dos velocidades” (probable por el mosaico municipal mexicano)

Solo capitales y corredores industriales (donde hay presupuesto y mando más estable) logran capacidades; el resto queda en funciones básicas. Algunos municipios tienen mayor capacidad instalada y otros no. A nivel nacional, esto se reproduce: estados con C5 robusto y academia fuerte avanzan; municipios pequeños quedan fuera. Resultado: se anuncia una política nacional, pero se vuelve un archipiélago de buenas prácticas. El riesgo aquí es político y operativo: la delincuencia se desplaza hacia territorios con menor capacidad investigadora y menor vigilancia institucional.

Escenario 3: Expansión sin controles, abuso e impunidad “tecnificada” (probable si se prioriza rapidez sobre legalidad)

Se crea “policía investigadora” sin inversión real, con capacitación superficial y mandos capturados o improvisados (¿recuerdan el fallido modelo de policías acreditables?). La tecnología se compra pero no se audita; la inteligencia se filtra (como ya ha pasado); aumentan detenciones mal integradas, cateos mal sustentados, evidencia contaminada y casos que se caen. El daño más severo: la ciudadanía percibe que la investigación local es una herramienta de presión, no de justicia; y los delitos federales (por su rentabilidad) se vuelven el campo preferido para la corrupción. Aquí, la reforma no solo no reduce la impunidad: la reorganiza.

La conclusión incómoda a esta tendencia es apostar por algo que México necesita a gritos: que la policía deje de ser solo reacción y se convierta en capacidad de investigación bajo mando del Ministerio Público, como manda el diseño constitucional. Pero si se pretende llevarlo a escala nacional, hay que decirlo sin maquillaje: no es un “cambio de atribuciones”, es un cambio de modelo de negocio institucional. Cuesta dinero sostenido (no solo subsidios), exige equipamiento interoperable, requiere formación de investigadores (no cursos), demanda blindajes anticorrupción y un rediseño de mandos con controles y métricas correctas.

La pregunta para 2026 no es si las policías locales “pueden” investigar. La ley ya abrió la puerta. La pregunta es si el Estado mexicano (en plural: Federación, estados y municipios) está dispuesto a pagar el precio de hacerlo bien, o si repetiremos el patrón: reformas ambiciosas con implementación mínima. En seguridad, esa diferencia se mide en algo muy concreto: casos que llegan a sentencia, o expedientes que terminan en archivo.

hidalgomontes@gmail.com

 En el ámbito de seguridad, entre México y EE. UU.: cooperación policial bajo presión

 (y contra reloj)

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Hoy en día existe una ilusión cómoda que, nos guste o no, conviene romper: la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos no es un “sí” o “no”. Es una mezcla variable de inteligencia, judicialización, operaciones, controles políticos y gestos de confianza. Y cuando Washington aprieta (como hoy, con la administración Trump elevando el costo político de “no entregar resultados” en fentanilo, migración y crimen organizado) esa mezcla cambia de densidad.

 

El dato duro más reciente es revelador: México transfirió/entregó otros 37 integrantes y operadores de organizaciones delincuenciales a EE. UU. en este enero de 2026 (lo que eleva la cifra a más de 100), en una operación descrita como respuesta al endurecimiento del contexto bilateral. Esa decisión no es menor: manda una señal de “cooperación con hechos”, pero también exhibe el dilema central de esta etapa: cooperar sin parecer subordinado peeeeero de forma velada unas amenazas constantes que se pueden ilustrar con la expresión del tristemente famoso Zhenli Ye Gon, “empresario” (guiño, guiño) detrás del mayor decomiso de dinero en efectivo de la historia de México: “o copelas o cuello”.

 

En paralelo, Washington ya estaba barajeando la posibilidad de designar a los cárteles desde un lejano 2017, incluso en el minuto 19:50 de la película de Sicario 2: Día del Soldado  (2018) ya se barajeaba esa idea. No es hasta enero del 2023 que esta idea empieza a tomar forma gracias a la propuesta de los entonces congresistas (y ex miembros de las fuerzas especiales norteamericanas) Mike Waltz y Dan Crenshaw para nombrar a los cárteles de las drogas como grupos terroristas, propuesta que fue tomada por el entonces candidato republicano Donald Trump y que, al ganar las elecciones presidenciales, pudo formalizar un marco más agresivo para tratar a ciertos grupos delincuenciales: en enero de 2025 la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva para habilitar designaciones tipo Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) contra “cárteles y otras organizaciones”. Y el Departamento de Estado anunció designaciones de “international cartels” en febrero de 2025. Para México, eso tiene una lectura doble: puede facilitar herramientas financieras y judiciales contra redes transnacionales, pero también abre la puerta a acciones unilaterales (o presión para permitirlas, pregúntenle a Venezuela).

 

Todo esto ocurre encima del andamiaje diplomático existente: el Bicentennial Framework (marco bilateral anunciado en 2021 que suple a la Iniciativa Mérida del 2008) y sus mecanismos de coordinación, que buscaban sustituir la lógica de “guerra” por una de salud pública, reducción de violencia y persecución de redes delincuenciales. En 2025, ambos gobiernos reiteraron públicamente su cooperación y principios de reciprocidad y respeto. Pero los comunicados resisten menos que la política doméstica cuando el tema es “quién está ganando” contra el fentanilo.

 

Con ese tablero, el diagnóstico es claro: la colaboración seguirá, pero con fricciones estructurales. Esta relación entra en una fase de cooperación más intensa, pero más transaccional y políticamente sensible. Dos señales recientes ayudan a entender el momento:

 

• Gesto operativo “de alto impacto”: como comentamos al principio de esta columna, México transfirió otros 37 integrantes/colaboradores de cárteles a EE. UU. en una acción extraordinaria que aceleró los tiempos habituales (y que Washington presentó como resultado de su presión y la neta, todo indica que así fue).

 

• Marco formal que sigue vivo: ambos gobiernos reiteraron que el Security Implementation Group (mecanismo de coordinación) debe seguir entregando acciones tangibles; es decir, no hay ruptura formal, pero sí un clima de exigencia (aunque en el discurso federal México sea quien lleva las riendas).

 

Sin embargo, en el fondo, conviven tres fuerzas que empujan en direcciones distintas: En primer lugar, la prioridad estadounidense (política interna + seguridad nacional): fentanilo, redes transnacionales, migración y control fronterizo; además, presión con instrumentos económicos y de asistencia. En segunda, el límite mexicano (soberanía y control político): México mantiene restricciones y controles a la actuación de agentes extranjeros en su territorio (marco derivado de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional de 2021), lo que obliga a operar vía liaison, intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas “a la mexicana”.

 

¿Qué cambia “en la práctica” para las agencias (y qué no)?

 

·   Lo que tiende a subir es la cantidad de extradiciones/traslados, detenciones objetivo y casos “emblemáticos” (DEA/FBI/DOJ y, del lado mexicano, SSPC–FGR con apoyo de SEMAR/SEDENA según el caso). La transferencia reciente funciona como “prueba de desempeño” ante Washington.

 

·   Otro factor que se mantendrá a la alza es la investigación con un enfoque de red (finanzas, precursores, armas, logística): mayor peso de las agencias norteamericanas como IRS, HSI, ATF, además de DEA/FBI, buscando desmantelar ecosistemas completos, no sólo células armadas. (El CRS describe cómo los marcos recientes habilitan sanciones/acciones y cómo la agenda se ha ido reconfigurando).

 

·   Lo que se mantiene como fricción estructural es esta política (si así podría llamársele) de “Pisar territorio” (presencia/operación directa): el andamiaje legal y político mexicano sigue empujando a que la cooperación sea conducida por México y que la participación de EE. UU. sea más de apoyo técnico, inteligencia, casos judiciales y control fronterizo.

 

·   Lo que puede volverse palanca de presión son los aranceles, condicionalidad de asistencia y amenazas de medidas unilaterales (como incentivo para resultados visibles) así como la retórica y planeación de opciones militares contra cárteles (aunque operar en México es políticamente explosivo mas no imposible).

 

Actualmente, se vislumbran tres escenarios probables para este 2026, los cuales tienen la misma constante: cooperación bajo presión, empero, con desenlaces distintos:

 

Escenario 1: “Cooperación transaccional intensificada” (el más probable): más resultados operativos medibles para contener la presión, sin conceder presencia operativa directa de EE. UU. en México que podría verse palpable a través de:

 

• Más traslados/extradiciones de alto perfil, priorizando objetivos que Washington pueda exhibir como victorias (casos de fentanilo, narcofinanzas, redes logísticas).

 

• Más equipos binacionales de caso (DOJ–FGR/SSPC) y uso intensivo de inteligencia compartida para capturas “quirúrgicas” lideradas por México.

 

• Presión estadounidense se canaliza por la vía de métricas y “entregables” del Security Implementation Group.

 

¿Qué riesgos conllevaría?:

 

• Incentiva una lógica de “trofeos” (mucho foco en objetivos mediáticos) en detrimento de fortalecimiento institucional de largo plazo.

 

• Puede aumentar la violencia reactiva si los golpes no van acompañados de contención territorial y prevención local.

 

Escenario 2: “Coerción y enfriamiento” (cooperación fragmentada): La presión sube de tono (aranceles/condiciones/amenazas), México resiste por soberanía y política interna; la cooperación continúa, pero se vuelve selectiva y desconfiada. Este escenario se vería con situaciones como:

 

• Menos intercambio de inteligencia “cruda” y más cooperación por canales estrechos (casos específicos), con mayores controles y retrasos.

 

• Aumento de fricciones por límites a agentes extranjeros y por demandas estadounidenses de acciones dentro de México que el gobierno mexicano considera inaceptables.

 

• Instrumentos económicos/condicionalidad de asistencia se usan con mayor fuerza como palanca.

 

¿Qué riesgos conllevaría?:

 

• Ventanas de oportunidad para redes delincuenciales (menos coordinación = más espacio para adaptación).

 

• Politización pública de casos judiciales y operativos, dañando la cooperación de campo (sobre todo con políticos ligados a la delincuencia organizada).

 

Escenario 3: “Reinstitucionalización con ‘candados’” (cooperación robusta, pero reglada): Ambos gobiernos pactan una cooperación más ordenada: sí a operaciones conjuntas, financiamiento/capacitación e inteligencia; no a despliegues unilaterales. Se “blindan” reglas para evitar crisis. Con situaciones tales como:

 

• Fortalecimiento formal del SIG y del andamiaje del Bicentennial Framework, con prioridades claras: fentanilo/precursores, armas, lavado, cruces fronterizos, homicidio.

 

• Mayor inversión en capacidad mexicana (que mucha falta hace) en tópicos como: laboratorios forenses, investigación financiera, aduanas, puertos, control de precursores; con métricas verificables (GAO subraya la lógica de ampliar enfoque hacia demanda de drogas y flujo de armas, además de seguridad).

 

• Menos “golpes mediáticos” aislados y más continuidad por objetivos de red (incluye sanciones y judicialización en EE. UU.).

 

¿Qué riesgos conllevaría?:

 

• Requiere disciplina política y paciencia (que el primero México no tiene y el Segundo Estado Unidos menos); es poco “vendible” en el corto plazo si la Casa Blanca exige victorias inmediatas.

 

• Puede chocar con ciclos electorales/locales y con incentivos burocráticos de ambos países.

 

Si lo vemos desde un punto de vista pragmático, en el corto plazo, la colaboración tiende a moverse hacia el Escenario 1: más cooperación, pero bajo una lógica de “cumplimiento por resultados” para despresurizar la relación. El principal punto de quiebre que empuja al Escenario 2 es cualquier insistencia en acciones unilaterales dentro de México; el puente hacia el Escenario 3 es transformar la presión en reglas, métricas y capacidades que sobrevivan a la coyuntura.

 

La cooperación México–EE. UU. en seguridad no desaparecerá porque es funcional para ambos; lo que está en disputa es quién escribe la gramática: si una de corresponsabilidad (difícil pero sostenible), o una de ultimátum (rápida, vistosa y riesgosa).

 

En el corto plazo, el incentivo es empujar el Escenario 1: cooperación quirúrgica, judicializable y medible, que reduzca presión sin cruzar líneas de soberanía. Sin embargo, si la política se impone sobre la operación, el costo no será diplomático: será operativo. Y en seguridad, la factura casi siempre llega tarde… pero llega.

hidalgomontes@gmail.com

 

  “Lección Venezuela”, lo que México podría enfrentar en seguridad.

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Lo ocurrido en Venezuela desde la elección presidencial del 28 de julio de 2024 dejó un patrón reconocible en seguridad hemisférica: crisis de legitimidad → protesta social → respuesta coercitiva del Estado (y actores parapoliciales) → detenciones masivas, denuncias de abusos y empuje migratorio. Organizaciones como Human Rights Watch documentaron abusos graves posteriores a esa elección (detenciones, tortura, desapariciones forzadas), y reportes periodísticos y de organismos de protección de Derechos Humanos hablan de miles de detenidos tras las protestas.

 

México no es Venezuela (afortunadamente), su arquitectura institucional, su integración económica y su relación con los vecinos del norte son (gracias a Dios) distintas. Pero el “efecto espejo” sí existe: polarización, disputa narrativa, uso político de la fuerza, y un riesgo hemisférico transversal (lo queramos ver o no), la delincuencia organizada como poder territorial.

 

En 2026 México arranca con una paradoja: el gobierno reporta una baja importante en homicidios hacia finales de 2025 (incluso cercana al 40% en promedios diarios, según datos preliminares y reportes recientes), pero convive con señales de alarma: desapariciones, extorsión y un creciente control delincuencial local.

En ese contexto, exponemos lo que consideramos (basados en la evidencia existente) tres escenarios probables (no deseables, ni inevitables…no se asusten), con detonantes e indicadores observables.

 

Escenario 1: “Mejora estadística con deuda oculta” (estabilización frágil). El homicidio baja, pero parte del conflicto se desplaza a desaparición, extorsión y control social delincuencial, generando una sensación pública ambigua: menos balaceras visibles, pero más miedo cotidiano.

 

Por qué es creíble para el 2026

• Ya hay reportes de caída relevante en homicidios y cautela de analistas por calidad/confirmación de datos; además, se advierte el peso del universo de personas desaparecidas y la posibilidad de subregistro o “reclasificación” del daño.
• También se reporta que la extorsión sube mientras otros delitos bajan.

 

Qué pasaría

• Menos homicidio visible en promedio nacional, pero bolsas regionales (corredores logísticos, puertos, zonas agrícolas/aguacate, limón/minería, fronteras) seguirían calientes.
• Más cobro de piso y captura de economías locales (transporte, comercio, construcción), con impacto directo en inflación local y empleo.
• Aumenta el costo político: la gente percibe que “bajó lo espectacular, subió lo inevitable”.

 

Escenario 2: “Paz mafiosa regional” o “Pax Narca” (menos guerra, más gobierno delincuencial).- Algunos mercados delincuenciales se estabilizan por consolidación de un actor dominante o pactos tácitos; se reduce la violencia inter-cárteles, pero aumenta la gobernanza delincuencial (impuestos ilegales, justicia informal, control de candidatos y policías municipales).

 

Por qué es creíble para el 2026

• Analistas citados en prensa internacional advierten que una parte de la baja de homicidios puede explicarse por consolidación de grupos más que por debilitamiento estructural de la delincuencia organizado.
• México Peace Index muestra que, aunque hay mejoras recientes, el país sigue cargando un deterioro acumulado desde 2015 y que la delincuencia organizada es un factor central.
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Qué pasaría

• En zonas donde “manda uno”, baja la tasa de homicidio, pero se normaliza:

ü  Reclutamiento (incluido de menores),

ü  Desplazamiento interno silencioso,

ü  Cooptación municipal (policía, obra pública, mercados).

• Aumenta la dependencia de fuerzas federales/militares para sostener el orden, con presión sobre controles civiles y transparencia (tema sensible por el debate de militarización y Guardia Nacional).

 

Escenario 3: “Choque político-social y coerción” (la ruta Venezuela, adaptada).-  Ante un evento desencadenador (crisis económica regional, escándalo de corrupción, masacre, conflicto postelectoral local, o presión externa), crece la protesta y la polarización; el Estado responde con mano dura y expansión de capacidades coercitivas. El riesgo no es “convertirse en Venezuela”, sino importar métodos: detención preventiva amplia, vigilancia, estigmatización de opositores/activistas, y tolerancia a abusos.

 

Por qué es plausible en 2026

• Venezuela es el ejemplo reciente de cómo una disputa política puede traducirse en un episodio de seguridad: represión posterior a elección, detenciones masivas, denuncias de tortura y desaparición forzada, y un clima de presos políticos (con liberaciones parciales posteriores).
• El componente hemisférico agrava: la migración venezolana supera 6.9 millones (última actualización disponible en 2025), y cualquier recrudecimiento empuja flujos por la región, presionando rutas y redes delincuenciales de tráfico de personas.

 

Qué pasaría en México

• Aumento de operativos y detenciones con narrativa de “estabilidad” y “enemigos internos”.
• Tensiones con organismos de derechos humanos y mayor litigio estratégico.
• La inseguridad se vuelve más política: no solo “delincuencia”, sino “orden público”.

 

¿Qué debemos vigilar en 2026 (sin importar el escenario)?

 

1. La brecha “homicidio vs. desaparición/extorsión”: si el homicidio baja, pero la desaparición y la extorsión suben, no es pacificación plena: es mutación del control delincuencial.
2. Capacidad municipal real: donde el municipio es débil, la delincuencia ofrece “orden”, cobra y regula y brinda “bienestar”.

 

3. Uso político de la fuerza: la lección Venezuela no es solo represión; es cómo la seguridad se vuelve instrumento de disputa de legitimidad.

 

4. Presión hemisférica: migración, sanciones, y economías ilegales transnacionales amplifican riesgos aun si el promedio nacional mejora (donde el amago de ésta ya se está volviendo una constante mexicana).

 

Si 2026 termina pareciéndose más al Escenario 1, México discutirá “éxitos” con costos ocultos. Si deriva al Escenario 2, se normalizará la gobernanza delincuencial. Y si se enciende el Escenario 3, el país entrará a una fase donde la seguridad ya no será solo estadística: será un campo de batalla político-social.

hidalgomontes@gmail.com

 

 México podría llegar a 2026 con menos asesinatos que en la última década… peeeero no necesariamente más seguro.

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

El gobierno mexicano declara que, desde el inicio de la administración de la presente administración federal iniciada en septiembre de 2024 y hasta noviembre de 2025, los homicidios diarios se redujeron alrededor de 37%, de casi 87 asesinatos al día a unos 55, según cifras oficiales presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Organismos y analistas independientes han matizado ese optimismo: advierten sobre subregistros, reclasificación de delitos y el crecimiento paralelo de las desapariciones y la extorsión.

Al mismo tiempo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 muestra que más de una cuarta parte de los hogares (27.5%) fue víctima de algún delito en 2023 y que la percepción de inseguridad sigue siendo mayoritaria.

Con estos antecedentes, el pronóstico para 2026 apunta a un país donde la violencia letal podría descender en el promedio nacional, pero concentrarse aún más en ciertos territorios; donde la delincuencia organizada ejerza control fragmentado, pero eficaz, sobre economías locales; y donde la brecha entre los números oficiales y la experiencia cotidiana de la ciudadanía siga siendo motivo de desconfianza. Para poder entender mejor los escenarios probables de este año por iniciar, debemos entender cuatro factores clave:

1. Homicidios: tendencia a la baja, pero con “focos rojos”

En 2023, México cerró con una tasa aproximada de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con datos consolidados del Secretariado Ejecutivo y análisis de medios especializados. Aunque esa cifra sigue siendo muy alta, supone una ligera disminución respecto al pico observado entre 2018 y 2020. El Índice de Paz México 2023 ya advertía un escenario de “meseta violenta”: la tasa de homicidios en 2022 aún era 62.6% mayor que en 2015, pese a pequeños avances recientes.

Si las políticas actuales continúan (refuerzo operativo de la Guardia Nacional, despliegues militares focalizados, detenciones masivas y énfasis en inteligencia táctica) es razonable anticipar para 2026 una disminución adicional de los homicidios a nivel nacional, pero con tres matices:

1. Persistencia de “zonas de guerra” locales. Entidades como Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Colima o Baja California han acumulado tasas de homicidio y eventos de violencia extrema que las colocan de forma recurrente en los primeros lugares del país.
2. Picos de violencia tras rupturas internas. La fragmentación de cárteles y grupos regionales genera ciclos de violencia abrupta cuando se rompe un equilibrio criminal o se disputa una plaza estratégica (puertos, cruces fronterizos, ciudades intermedias).
3. Homicidios que “desaparecen” de las estadísticas. Colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos subrayan que la baja en asesinatos convive con un aumento de la desaparición de personas y el hallazgo de sitios de exterminio, como el descubierto en 2025 en Teuchitlán, Jalisco.

El resultado probable: un 2026 con menor promedio diario de homicidios, pero con altísimos niveles de violencia en alrededor de 50 a 80 municipios clave, y con una cifra de personas desaparecidas que seguirá creciendo.

2. Delincuencia organizada: menos “megacárteles”, más gobernanza criminal local

Los análisis recientes sobre delincuencia organizada en México indican un cambio de modelo: menos estructuras monolíticas y más redes flexibles, que combinan tráfico de drogas con ambientales. Para 2026, es previsible que continúen al menos cinco tendencias:

• Economía criminal diversificada. La renta por drogas sintéticas (en particular el fentanilo y sus precursores) coexistirá con negocios altamente rentables como la extorsión a comercios, el cobro de piso, el control de cargas en carreteras y la captura de contratos públicos locales.
• Control territorial “silencioso”. En varios municipios –sobre todo en el sur-sureste y el corredor Pacífico– el objetivo de la delincuencia no será exhibir violencia espectacular, sino asegurar la lealtad forzada de autoridades municipales, policías y empresarios.
• Mayor uso de tecnologías baratas. El uso de drones, comunicación encriptada, minería ilegal de criptomonedas y ciberfraudes seguirá en aumento, aprovechando la debilidad regulatoria y de capacidades técnicas de las policías.
• Violencia política focalizada. Tras un ciclo electoral federal extremadamente violento en 2024, estudios sobre violencia política muestran una clara correlación entre presencia de delincuencia organizada y asesinatos o agresiones contra autoridades y candidatos. Aunque 2026 no es año de elección presidencial, sí habrá disputas locales por presupuestos, obras y mandos policiales; la violencia podría ser menos visible a nivel nacional, pero muy intensa en municipios estratégicos.
• Reclutamiento de jóvenes en contextos de precariedad. Sin cambios estructurales en educación, empleo y movilidad social, la delincuencia organizada mantendrá una ventaja comparativa: ofrece salario inmediato, sentido de pertenencia y un “proyecto de vida” (por más destructivo que sea) frente a la ausencia de oportunidades legales.

3. El eslabón más débil: policías municipales y estatales

Como ya hemos tocado en diferentes ocasiones en este espacio, diversos diagnósticos coinciden en que las policías locales son el punto crítico del sistema de seguridad mexicano. Este factor sigue considerándose “el eslabón más débil de la cadena de seguridad pública”, por sus bajos salarios, falta de capacitación, escasez de prestaciones, sobrecarga de trabajo y vulnerabilidad frente a la corrupción y la cooptación criminal.

Al mismo tiempo, ejercicios de diagnóstico estatales revelan brechas significativas en certificación, equipamiento y profesionalización, pese a algunos avances en control de confianza y formación continua. Organizaciones como México Evalúa han propuesto un “salario digno policial” y la consolidación de una carrera profesional que permita retener talento, reducir la rotación y blindar a los agentes frente a la captura criminal.

De cara a 2026 cabe anticipar un escenario mixto:

• Intervenciones y “limpias” de instituciones. Desde 2025 se han intensificado los procesos de desarme e intervención de policías municipales ligadas a corrupción o colusión con la delincuencia (simple y/u organizada), como parte del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica 2025–2030. Es razonable esperar que esta tendencia continúe, sobre todo en municipios con indicadores de riesgo elevados.
• Brecha de capacidades entre estados. Algunas entidades que han invertido durante años en profesionalización, controles internos y tecnologías (como ciertos estados del norte y centro del país) mostrarán resultados más consistentes; otras seguirán dependiendo casi por completo de fuerzas federales.
• Guardia Nacional como “parche” permanente. Mientras no se consoliden policías locales fuertes, la Guardia Nacional continuará asumiendo tareas de seguridad de proximidad para las que no fue diseñada originalmente, sosteniendo una militarización de facto del espacio público.

En resumen, en 2026 la seguridad cotidiana que perciba la ciudadanía seguirá dependiendo, sobre todo, de la solidez o fragilidad de su policía municipal y estatal.

4. Víctimas, justicia y desapariciones: el gran pendiente

Aunque se logren reducir los homicidios, la calidad del sistema de justicia penal será determinante para evaluar la seguridad real del país. Un informe de Human Rights Watch de 2025 documenta cómo el sistema de justicia mexicano sigue fallando tanto a víctimas como a personas acusadas, con investigaciones incompletas, uso excesivo de la prisión preventiva y estándares deficientes de debido proceso.

En el terreno de la desaparición de personas, la cifra acumulada supera las 120 mil personas no localizadas, con estados como Jalisco en el centro de la crisis. El hallazgo de sitios de exterminio y fosas clandestinas seguirá marcando la agenda pública en 2026, aun si los homicidios registrados disminuyen.

La ENVIPE 2024 revela, además, un dato preocupante para cualquier pronóstico: un amplísimo subregistro. La mayoría de los delitos no se denuncian por desconfianza, pérdida de tiempo o miedo a represalias. Mientras esa “cifra negra” no se reduzca, cualquier descenso de los indicadores oficiales deberá tomarse con prudencia.

El reto para 2026 será menos “hacer bajar la gráfica” y más reconstruir la confianza: que las personas perciban que denunciar vale la pena, que el Estado responde y que el paso por el sistema de justicia no se convierte en una segunda victimización.

Con base en las tendencias descritas, pueden bosquejarse tres escenarios plausibles para la seguridad en México en 2026:

a) Escenario inercial (el más probable)

• El promedio nacional de homicidios baja moderadamente respecto a 2023–2024.
• La violencia se concentra en un conjunto relativamente estable de municipios, muchos de ellos en el Bajío, el Pacífico y la frontera norte.
• La Guardia Nacional sigue siendo la principal fuerza visible en calles y carreteras, mientras las policías locales avanzan de manera desigual en profesionalización.
• La extorsión, el cobro de piso y los delitos patrimoniales mantienen alta la victimización y la percepción de inseguridad.
• La crisis de desapariciones se mantiene sin ruptura clara, con hallazgos periódicos que conmocionan a la opinión pública, pero sin una política de Estado verdaderamente integral.

b) Escenario de mejora relativa (el que nos gustaría)

Este escenario requiere que en 2025–2026 se aceleren reformas ya en curso:

• Convergencia real entre el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica y la política de seguridad federal, con incentivos presupuestales claros para profesionalizar policías locales.
• Fortalecimiento de fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República en capacidades de investigación financiera, inteligencia criminal y litigación estratégica.
• Políticas focalizadas de prevención social en los municipios de mayor riesgo, con metas verificables en reducción de reclutamiento juvenil por grupos criminales.
• Transparencia en cifras de homicidios, desapariciones y delitos de alto impacto, con mecanismos externos de auditoría estadística.

De materializarse, México podría no solo tener menos homicidios en 2026, sino también una ligera mejora en indicadores de percepción de seguridad, confianza en instituciones y cohesión social.

c) Escenario de deterioro focalizado

También existe el riesgo de una reversión parcial:

• Reacomodos violentos entre grupos criminales tras capturas de líderes o rupturas de pactos locales.
• Fatiga operativa y política en el despliegue permanente de fuerzas federales, sin relevo efectivo de policías locales.
• Aumento de la violencia política local alrededor de disputas por presupuestos, concesiones, obras públicas y control policial.
• Crisis económicas regionales que hagan más atractivo el reclutamiento criminal para jóvenes y trabajadores precarizados.

En este escenario, el país podría seguir exhibiendo un descenso agregado de homicidios, pero con estallidos de violencia extrema que desborden regiones completas.

Lo que habrá que mirar en 2026

Para evaluar con honestidad cómo evoluciona la seguridad en nuestro país durante el 2026, será indispensable ir más allá de la cifra de homicidios y seguir de cerca al menos cinco indicadores:

a)      Concentración territorial de la violencia. No solo cuántos asesinatos hay, sino en cuántos municipios se concentran y qué tan sostenidos son los picos de violencia.

b)      Extorsión y delitos patrimoniales. Son el termómetro más directo de la vida cotidiana de comercios, transportistas y familias. Si estos delitos no bajan, difícilmente la ciudadanía sentirá mejoras.

c)      Desapariciones y hallazgos forenses. Más que un dato estadístico, son la prueba más cruda de la capacidad (o incapacidad) del Estado para proteger la vida e investigar la muerte.

d)      Profesionalización policial local. Niveles de certificación, salarios, controles internos, modelo de proximidad y justicia cívica serán indicadores clave para saber si se está construyendo seguridad sostenible desde abajo.

e)      Confianza ciudadana en instituciones de seguridad y justicia. Las encuestas como ENVIPE y los ejercicios trimestrales de percepción de seguridad del INEGI serán una brújula indispensable.

Para cerrar esta última colaboración del 2025, en 2026, México podrá presumir gráficas a la baja. Pero la verdadera medida de su seguridad será otra: qué tanto se reduce el miedo a salir de casa, a abrir un negocio, a denunciar un delito, a ser mujer joven en un territorio disputado, a ejercer un cargo público sin convertirse en objetivo.

La estadística dirá una parte de la historia. El resto seguirá escribiéndose, día a día, en las calles de los municipios donde se juega (para bien o para mal) el futuro de la seguridad en el país.

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