Semillas de violencia: por qué México debe actuar hoy sobre los huérfanos del crimen

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

En México, la violencia y la delincuencia no solo deja víctimas directas; produce una consecuencia menos visible pero potencialmente más peligrosa a mediano y largo plazo (por lo tanto, pasada por alto): miles de niñas, niños y adolescentes que han perdido a sus padres como resultado del homicidio, la desaparición o la actividad de la delincuencia organizada. Este fenómeno, aún insuficientemente dimensionado en la agenda pública, constituye un factor de riesgo criminógeno de alta relevancia.

Diversas estimaciones, como las del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), confirman que México ha registrado más de 350,000 homicidios en las últimas dos décadas. Paralelamente, organizaciones como Reinserta y Save the Children han advertido que decenas de miles de menores han quedado en situación de orfandad derivada de la violencia y la delincuencia. Este universo poblacional no solo enfrenta carencias económicas y emocionales, sino también procesos de socialización marcados por trauma, desestructuración familiar y exposición a entornos delincuenciales.

Desde la criminología del desarrollo (particularmente los postulados de Terrie Moffitt y Robert Sampson) se ha demostrado que la acumulación de factores de riesgo en la infancia (violencia, abandono, pobreza, ausencia de figuras parentales) incrementa significativamente la probabilidad de trayectorias delictivas persistentes. En otras palabras: no atender hoy a estos menores es incubar la violencia del mañana (y esto será cuento de nunca acabar).

Sin embargo, México carece de una política pública integral que articule los enfoques criminológico, policiológico y de bienestar social frente a este fenómeno. La respuesta institucional ha sido fragmentada, asistencialista y reactiva, sin incorporar modelos de prevención basada en evidencia como los promovidos por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) o el enfoque de “public health approach to violence” adoptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La orfandad derivada de la violencia y delincuencia no es solo un tema social: es un problema de seguridad nacional en gestación. Estos menores suelen enfrentar:

• Deserción escolar y baja movilidad social
• Reclutamiento por grupos delictivos (documentado en informes de la ONU y Human Rights Watch)
• Normalización de la violencia como mecanismo de resolución de conflictos
• Débil confianza institucional

La ausencia de intervención temprana genera lo que en criminología se denomina “ciclo intergeneracional de la violencia”.

Una política efectiva debería construirse sobre tres ejes:

1. Criminológico (Prevención primaria y secundaria)

Identificación temprana de menores en riesgo mediante sistemas de inteligencia social y análisis de datos (ILP aplicado a prevención). Intervenciones focalizadas con programas de resiliencia, mentoría y acompañamiento psicológico.

2. Policiológico (Policía de proximidad y legitimidad)

Las policías locales deben convertirse en actores de contención social, no solo reactivos. Modelos de policía comunitaria (como los documentados por el National Institute of Justice (NIJ) )han demostrado eficacia en la reducción de factores de riesgo juvenil.

3. Política social (Estado como garante sustituto)

Programas robustos de apoyo económico, educativo y psicosocial, evitando que la delincuencia organizada ocupe ese vacío. Experiencias en Colombia y Brasil han mostrado resultados positivos cuando se integran estas dimensiones.

Si el estado mexicano continúa en la inacción sobre este tema, México se mantendrá con una respuesta fragmentada. En 5 a 10 años, se observará un aumento en la participación juvenil en delitos de alto impacto, particularmente en regiones con fuerte presencia de la delincuencia organizada. El fenómeno de “niños soldados” se intensifica.

Sin embargo, si se articula una estrategia nacional que integra seguridad, desarrollo social y justicia. Se reducirán significativamente los factores de riesgo y se rompe el ciclo intergeneracional de la violencia y la delincuencia. Este escenario requerirá de voluntad política (que a veces brilla por su ausencia), inversión sostenida (como siempre, el maldito dinero) y evaluación constante (pero parcial, “de a deveras”).

Los huérfanos de la violencia y la delincuencia representan una de las variables más críticas (y desgraciadamente, menos atendidas) en la ecuación de la seguridad en México. Ignorarlos no solo perpetúa la injusticia social, sino que compromete la estabilidad futura del país.

La pregunta no es si debemos intervenir, sino cuánto estamos dispuestos a invertir hoy para evitar la violencia y delincuencia del México del mañana.

hidalgomontes@gmail.com

 Más allá de los cárteles: la estrategia pendiente del Estado mexicano

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

En las últimas dos décadas, el fenómeno de la delincuencia organizada en México ha evolucionado desde estructuras jerárquicas relativamente definidas hacia redes delincuenciales más fragmentadas, violentas y con una profunda penetración en ámbitos económicos, sociales y políticos. Diversos diagnósticos coinciden en que el problema no es únicamente la presencia de cárteles, sino el ecosistema de impunidad que les permite operar. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad México elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), el país mantiene niveles estructuralmente altos de impunidad, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que más del 90 % de los delitos no se denuncian o no se investigan, lo que limita cualquier estrategia de seguridad basada únicamente en la acción policial.

Al mismo tiempo, informes de la United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) y análisis del International Crisis Group señalan que los grupos delincuenciales mexicanos han diversificado sus actividades: del narcotráfico tradicional hacia la extorsión, el control territorial, el tráfico de personas y el lavado de dinero en sectores legales. Este proceso ha convertido a los cárteles en estructuras híbridas con influencia social, económica y política.

Ante este panorama, la discusión central no es si México debe “combatir” a los cárteles, sino cómo diseñar una estrategia realista que reduzca su poder estructural y, al mismo tiempo, disminuya la impunidad que alimenta su expansión. A partir de la evidencia disponible y de experiencias internacionales comparables, pueden identificarse tres posibles rutas estratégicas. La política en materia de seguridad que la actual administración federal ha marcado entierra, en las acciones (mas no en el discurso), la aberración de la pasada administración presidencial de “abrazos y no balazos” que dejó una estela de muertos, desaparecidos y desplazados sin contar a todos aquellos compañeros de las fuerzas armadas e instituciones policiales que lamentablemente perdieron la vida y a los cuales se les debe un merecido reconocimiento por hacer el máximo sacrificio en aras de un México más seguro.

Estrategia integral contra las finanzas delincuenciales

Uno de los principales consensos en la literatura sobre delincuencia organizada es que seguir el dinero suele ser más efectivo que perseguir únicamente a los operadores armados. La Financial Action Task Force ha advertido que las redes delincuenciales sobreviven porque logran integrar ganancias ilícitas en la economía formal mediante complejas estructuras de lavado de activos.

En México, diversas investigaciones periodísticas y judiciales han documentado el uso de empresas fachada, desarrollos inmobiliarios, comercio internacional y sistemas financieros paralelos para blanquear recursos del narcotráfico. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han avanzado en el congelamiento de cuentas y la identificación de operaciones sospechosas, pero los resultados aún son limitados frente al volumen de capital ilícito que circula en el país.

Una estrategia centrada en las finanzas delincuenciales implicaría:

• Ampliar las capacidades de inteligencia financiera
• Fortalecer la cooperación internacional en materia de rastreo de capitales
• Investigar redes empresariales y no sólo células armadas
• Acelerar los procesos de extinción de dominio

Experiencias como la lucha contra la mafia italiana muestran que los golpes económicos sostenidos pueden debilitar estructuralmente a organizaciones delincuenciales, reduciendo su capacidad operativa incluso sin confrontaciones que conlleven el uso de la fuerza.

Reconstrucción institucional y reducción de la impunidad

El segundo frente estratégico es probablemente el más complejo: la reforma profunda de las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar el delito.

El Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías, elaborado por México Evalúa, muestra que muchas fiscalías en el país enfrentan problemas estructurales: escasez de personal, baja capacidad investigativa, saturación de casos, altos niveles de corrupción y limitada autonomía frente a presiones políticas (naaaaa esto si no lo creo).

El resultado es un sistema donde la probabilidad de castigo es extremadamente baja (por no decir casi nula). Según datos del INEGI, apenas una fracción mínima de los delitos denunciados termina en una sentencia condenatoria.

Una estrategia de reconstrucción institucional requeriría:

• Profesionalizar ministerios públicos e investigadores
• Fortalecer capacidades forenses y análisis criminal
• Mejorar la coordinación entre policías, fiscalías y tribunales
• Reducir la corrupción dentro de los sistemas de justicia

Sin un sistema de justicia eficaz, cualquier estrategia policial se vuelve limitada (por no decir estéril). La delincuencia organizada prospera precisamente donde la probabilidad de castigo es baja y la capacidad estatal de investigación es débil.

Recuperación territorial y legitimidad social

El tercer escenario estratégico tiene que ver con un factor frecuentemente subestimado: la legitimidad del Estado en los territorios donde operan los cárteles.

Diversos estudios del Wilson Center y de la Brookings Institution señalan que muchos grupos delincuenciales han logrado consolidar su presencia no sólo mediante violencia, sino también mediante mecanismos de control social, provisión de empleos ilegales y sustitución parcial de funciones del Estado.

En algunas regiones, la población convive cotidianamente con estructuras delincuenciales porque las instituciones estatales son débiles (en muchos casos, ausentes), distantes o percibidas como corruptas.

Por ello, una estrategia de recuperación territorial implicaría:

• Presencia policial profesional y permanente
• Inversión social en zonas de alta violencia
• Programas de prevención focalizada para jóvenes
• Reconstrucción del tejido comunitario

Experiencias en ciudades como Medellín o Palermo muestran que la reducción de la violencia delincuencial requiere simultáneamente seguridad, justicia y desarrollo social.

Entre la confrontación y la reconstrucción

El debate público en México suele oscilar entre dos extremos: la militarización total de la seguridad o la expectativa de soluciones exclusivamente sociales. Sin embargo, la evidencia internacional sugiere que el desmantelamiento de organizaciones delincuenciales complejas requiere una estrategia multidimensional.

En términos prácticos, el Estado mexicano enfrenta un desafío histórico: reducir la violencia y la delincuencia sin reproducir ciclos de confrontación que fragmenten aún más a la delincuencia organizada. La captura o abatimiento (según sea el caso) de líderes delincuenciales puede tener impacto inmediato, pero también ha demostrado generar procesos de fragmentación que multiplican los focos de violencia.

El verdadero punto de inflexión no depende únicamente de operaciones espectaculares, sino de la capacidad institucional para investigar, procesar y sancionar de forma sostenida a las redes delincuenciales y a sus aliados financieros y políticos.

México no enfrenta únicamente un problema de seguridad. Enfrenta un problema de gobernanza del Estado frente a la delincuencia organizada.

La diferencia entre prolongar el ciclo de violencia o comenzar a desmantelar realmente a los cárteles dependerá de si las políticas policiológicas, criminológicas y públicas logran pasar de la reacción táctica a la construcción estratégica de instituciones capaces de reducir la impunidad.

hidalgomontes@gmail.com

 Delito, Dinero y Poder

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

¡Si ya se, ya se! El nombre seleccionado en esta ocasión parece de novela noventera en horario estelar. Sin embargo, revela la complejidad de las investigaciones contra la Delincuencia Organizada. El reciente operativo llevado de manera conjunta entre el Estado Mexicano y la administración del presidente Trump en Tapalpa, Jalisco donde resultó abatido Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho” quien fuera líder y fundador del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) más allá de ser punto final a una de las organizaciones más violentas del hemisferio occidental, se vuelve tan solo la punta del iceberg. La delincuencia organizada en este hemisferio no es un fenómeno lineal. Es un sistema adaptativo que opera en múltiples capas y que, si se investiga únicamente desde el delito visible (el cargamento de droga asegurado, el laboratorio desmantelado o la célula detenida, según sea el caso), se termina combatiendo el síntoma y no la estructura. Diversos organismos internacionales han documentado que las economías ilícitas prosperan cuando convergen tres dimensiones: mercado criminal, lavado de activos y captura o tolerancia política. Si las investigaciones no son tridimensionales, el desmantelamiento es parcial.

 

Primera dimensión: el delito primigenio y su red de corrupción operativa

 

El narcotráfico (por utilizar el ejemplo más documentado) es una economía transnacional que integra producción, tránsito, distribución y reinversión. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha sostenido en sus Informes Mundiales sobre Drogas que los mercados de cocaína y metanfetaminas funcionan mediante cadenas logísticas altamente especializadas, con nodos de transporte, financiamiento y protección institucional (UNODC, World Drug Report 2023–2024).

 

La primera dimensión de investigación debe abarcar no sólo la conducta típica (tráfico, producción o posesión con fines de comercio) sino las redes de facilitación pública que permiten su operación. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional obliga a los Estados Parte a tipificar la participación en grupos delictivos organizados y a perseguir la corrupción asociada.

 

Asimismo, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos reconoce que la corrupción pública es un facilitador directo del crimen organizado. En términos prácticos, investigar narcotráfico sin investigar policías, aduanas, autoridades portuarias o funcionarios regulatorios vinculados es dejar intacta la infraestructura de protección criminal.

 

Segunda dimensión: el lavado de activos y la responsabilidad empresarial

 

El dinero ilícito no puede permanecer indefinidamente en efectivo. Debe integrarse al sistema financiero o a la economía formal y para ello los grupos delincuenciales necesitan a empresarios para poder generar las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI´s) necesarias para blanquear el capital fruto de la actividad ilegal de la organización delincuencial. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha documentado que el lavado de activos se articula en tres fases clásicas: colocación, estratificación e integración.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han estimado que el lavado de dinero puede representar entre 2% y 5% del PIB mundial (IMF, 1998). Este volumen no se sostiene sin intermediarios: empresas fachada, desarrolladores inmobiliarios, importadoras/exportadoras, despachos contables y, en ocasiones, instituciones financieras que incumplen debidamente los estándares de debida diligencia.

 

La Convención de Palermo (celebrada en el año 2000 y entrada en vigor en el 2003) y las 40 Recomendaciones del GAFI obligan a los Estados a imponer responsabilidades a personas jurídicas y a fortalecer unidades de inteligencia financiera. Sin esta segunda dimensión, la investigación penal se agota en el operador logístico y deja intacto al beneficiario económico. Perseguir únicamente el cargamento, sin desmantelar la arquitectura financiera, es permitir la resiliencia del grupo criminal.

 

Es decir, cortar la cabeza de la “Hydra”, gracias a la estructura empresarial de los grupos de delincuencia organizada, permite que, si la cabeza es cercenada, se tenga una rápida recuperación. Sin embargo, si de forma paralela a la investigación del delinto en sí, se congelan los activos con los cuales la organización realiza todas sus actividades (delincuenciales y logísticas) la estructura muere ya que es la “sangre y el corazón del monstruo”.

 

Tercera dimensión: la red política de impunidad y el andamiaje normativo permisivo

 

La tercera dimensión es la más incómoda (y la que menos se toca): la política. Transparencia Internacional ha documentado de forma sistemática la correlación entre altos niveles de corrupción y penetración del crimen organizado (Índice de Percepción de la Corrupción, ediciones recientes).

 

Cuando redes criminales financian campañas, influyen en nombramientos de procuración de justicia o promueven reformas regulatorias favorables a determinados sectores económicos opacos, o generan el andamiaje legal necesario para poder facilitar el lavado de activos, así como las ORPI´s el problema deja de ser exclusivamente penal y se convierte en estructural. La captura del Estado (concepto desarrollado por el Banco Mundial) describe precisamente este fenómeno: actores privados que moldean leyes y políticas en su beneficio.

 

En este punto, la investigación tridimensional implica revisar financiamiento político, conflictos de interés, reformas regulatorias atípicas y patrones de impunidad selectiva. Sin esta tercera capa, el sistema reproduce el ciclo: delito–lavado–protección política.

 

La delincuencia organizada no es solo una red de sicarios ni un flujo de droga; es un ecosistema económico y político. Las normas internacionales vigentes (Convención de Palermo, Convención Interamericana contra la Corrupción y estándares del GAFI) ya establecen la obligación de abordarlo de manera integral.

 

La pregunta no es si sabemos qué hacer. La pregunta es si existe la voluntad institucional para investigar en tres dimensiones simultáneamente: delito, dinero y poder. Sin esa tridimensionalidad, cualquier victoria será táctica; nunca estratégica.

 

hidalgomontes@gmail.com