La ruta invisible del dinero: migración, remesas y la batalla contra el lavado de activos

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Por años, las remesas han representado uno de los vínculos más sólidos entre millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y sus familias en México (Y también el bálsamo que inyecta dinero a gobiernos locales que se han vuelto haraganes para mejorar y/o aumentar sus ingresos) . En 2025, México recibió más de 64 mil millones de dólares por este concepto, convirtiéndose nuevamente en uno de los principales receptores de remesas del mundo. Para millones de hogares, estos recursos significan alimentación, educación, salud y vivienda. Sin embargo, detrás de este enorme flujo financiero también existe una realidad menos visible (“convenientemente”): la posibilidad de que organizaciones delincuenciales utilicen los mismos canales para ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas.

Uno de los mecanismos más utilizados para este propósito es el denominado “pitufeo” o “smurfing” (para los que nos leen en el gabacho), técnica clásica de lavado de activos que consiste en fragmentar grandes cantidades de dinero ilícito en múltiples operaciones de bajo monto para evitar controles regulatorios y alertas automáticas de los sistemas financieros.

La lógica es sencilla: en lugar de transferir una suma considerable que pudiera despertar sospechas de las autoridades de inteligencia finaciera, los grupos delincuenciales dividen el dinero en decenas o incluso cientos de envíos menores realizados por distintas personas, en diferentes lugares y momentos. Individualmente parecen operaciones legítimas; en conjunto constituyen una sofisticada estrategia de ocultamiento financiero.

Diversos estudios y análisis especializados han documentado cómo organizaciones delincuenciales han reclutado a ciudadanos mexicanos, migrantes e incluso residentes estadounidenses para realizar múltiples transferencias internacionales a cambio de pequeñas comisiones. Posteriormente, esos recursos son mezclados con remesas legítimas y entregados a estructuras delincuenciales en territorio mexicano. En pocas palabras, bajan armas y dinero y suben drogas y personas (trata de personas)

Desde la perspectiva criminológica, el pitufeo constituye una manifestación de la fase conocida como “estratificación” (“layering”) dentro del proceso de lavado de activos. Después de colocar el dinero ilícito en el sistema financiero, los delincuentes generan múltiples transacciones destinadas a dificultar la identificación de su origen antes de reintegrarlo a la economía formal.

El fenómeno no es nuevo. Lo que sí resulta novedoso es la creciente atención que está recibiendo por parte de las autoridades estadounidenses.

Durante los últimos meses, la administración del presidente Trump ha colocado el control financiero de la migración irregular y de la delincuencia organizada transnacional como uno de los ejes centrales de su estrategia de seguridad nacional. En noviembre de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) emitió una alerta formal dirigida a empresas de servicios monetarios para incrementar la vigilancia sobre transferencias transfronterizas potencialmente vinculadas con migrantes en situación irregular y fondos de origen ilícito.

La alerta recuerda que las empresas transmisoras de dinero están obligadas a reportar operaciones sospechosas y advierte específicamente sobre transferencias internacionales relacionadas con ingresos obtenidos ilícitamente o que presenten patrones compatibles con actividades delincuenciales. Sin embargo, debido a los montos pequeños y la cantidad de personas que se utilizan para este fin, son muy difíciles de identificar

Paralelamente, el Departamento del Tesoro anunció operaciones de análisis masivo de datos enfocadas en empresas de servicios monetarios ubicadas en la frontera suroeste de Estados Unidos, utilizando inteligencia artificial y nuevas capacidades tecnológicas para identificar patrones asociados con lavado de dinero, tráfico de personas y financiamiento delincuencial.

Más recientemente, una orden ejecutiva emitida por la administración Trump busca restringir el acceso de migrantes indocumentados a determinados servicios financieros y mecanismos de envío de remesas, incluyendo mayores requisitos de identificación y controles sobre el uso de documentos consulares para la apertura y operación de servicios financieros.

En otras palabras, el próximo gran objetivo de Washington parece no limitarse únicamente al control fronterizo físico. También se dirige hacia las rutas financieras utilizadas tanto por redes de tráfico humano como por organizaciones delincuenciales que aprovechan la enorme masa de transferencias internacionales para ocultar movimientos ilícitos.

El desafío para México será enorme. Por un lado, existe una necesidad legítima de combatir el lavado de dinero y las finanzas de la delincuencia organizada. La evidencia internacional demuestra que seguir la ruta del dinero suele ser más efectivo que perseguir exclusivamente a los operadores de bajo nivel (y la evidencia ha demostrado que solo trae un aumento considerable de la violencia).  Sin recursos financieros, las organizaciones delincuenciales pierden capacidad para corromper funcionarios, adquirir armamento, reclutar integrantes y expandir sus operaciones. O sea, se queda sin queso la quesadilla (chiste no aplicable para la CDMX, aunque siempre defenderé la obligatoriedad del queso en las mismas).

Por otro lado, también existe el riesgo de que medidas excesivamente restrictivas afecten a millones de migrantes honestos que utilizan los canales de remesas para sostener a sus familias. De acuerdo con diversos análisis económicos, la mayoría de las remesas tienen origen legítimo y continúan siendo una fuente esencial de ingresos para millones de hogares mexicanos (Y uno que otro gobierno local holgazán).

La respuesta no debe ser criminalizar al migrante ni estigmatizar las remesas. Debe centrarse en fortalecer los mecanismos de inteligencia financiera, mejorar el intercambio binacional de información, incrementar la supervisión de empresas transmisoras de dinero y desarrollar capacidades analíticas que permitan distinguir entre transacciones legítimas y operaciones vinculadas al lavado de activos.

La verdadera batalla no se libra contra quien envía cien dólares para apoyar a su familia. Se libra contra quienes aprovechan esos mismos canales para ocultar ganancias provenientes del narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes y otras actividades delincuenciales.

En los próximos años veremos una transformación profunda en la supervisión financiera transfronteriza entre México y Estados Unidos. La pregunta ya no es si habrá mayores controles, sino qué tan capaces serán ambos países de implementarlos sin afectar a millones de familias que dependen legítimamente de las remesas para sobrevivir.

La tensión sobre nuestro país va en aumento y parece que la retórica de “es todo dinero de nuestros paisanos para sus familias” se está quedando corto. Porque cuando el dinero ilícito logra disfrazarse de ayuda familiar, la línea entre economía y seguridad nacional se vuelve prácticamente invisible.

hidalgomontes@gmail.com

 Cuando la política captura la seguridad

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

La seguridad ciudadana en una democracia no puede depender de ciclos electorales, lealtades partidistas ni cálculos políticos de corto plazo que pueden dar pie a tratos delincuenciales (¡cof, cof!). Cuando eso ocurre, el Estado comienza a perder una de sus capacidades esenciales: garantizar justicia imparcial y seguridad ciudadana. Hoy, lamentablemente ya quedó demostrado que nuestro querido México enfrenta, desde hace  mucho tiempo, esa amenaza.

Los últimos meses han estado marcados por acusaciones de probables vínculos entre actores políticos y organizaciones delincuenciales, tensiones diplomáticas en materia de seguridad y cuestionamientos públicos sobre la autonomía real de las instituciones encargadas de investigar y perseguir delitos. El caso del gobernador de Sinaloa y las recientes declaraciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre futuras acusaciones contra políticos mexicanos por probables nexos con organizaciones delincuenciales han colocado nuevamente sobre la mesa un tema incómodo pero inevitable (y en algunos casos, innegable): la infiltración delincuencial en estructuras políticas e institucionales.

Este grave problema ya no es únicamente delincuencial, es profundamente democrático. Cuando las instituciones de seguridad y procuración de justicia se subordinan a intereses políticos, el combate a la delincuencia pierde continuidad, credibilidad y eficacia (y en México somos expertos para descubrir el hilo negro cada cambio de administración). Las prioridades cambian cada seis años, los mandos se reemplazan por afinidades políticas y no por capacidades técnicas, y las investigaciones pueden terminar condicionadas por conveniencias electorales o pactos de poder.

La seguridad ciudadana requiere exactamente lo contrario: estabilidad institucional, profesionalización permanente y autonomía operativa (que la neta, la neta, en la historia reciente de nuestro México nunca se ha tenido). Llevamos años hablando de depuración policial, profesionalización y fortalecimiento institucional. Sin embargo, en muchos casos, las instituciones siguen atrapadas en dinámicas de improvisación administrativa y dependencia política. El propio marco jurídico mexicano reconoce la importancia del Servicio Profesional de Carrera Policial como un sistema obligatorio y permanente basado en mérito, profesionalización, permanencia y evaluación (pero rara vez se aplica).

Desgraciadamente, la realidad suele ser distinta. Cada cambio de administración (no importa el orden de gobierno) implica frecuentemente la sustitución masiva de mandos, la interrupción de proyectos institucionales y, en ocasiones, la llegada de perfiles cuya principal credencial no es técnica sino política. Esto genera un mensaje devastador hacia las instituciones: la lealtad política pesa más que la capacidad profesional.

El resultado es predecible. Policías debilitadas, instituciones vulnerables a la corrupción y espacios fértiles para la infiltración delincuencial.

La delincuencia organizada entiende perfectamente esta fragilidad institucional. Diversos estudios académicos han advertido cómo las organizaciones delincuenciales buscan capturar gobiernos locales, influir en procesos electorales y construir redes de protección política para garantizar impunidad. En otras palabras: no buscan solamente controlar territorios; buscan influir en el poder público.

Por ello, separar la agenda política de la agenda de seguridad no es un lujo técnico. Es una necesidad de supervivencia democrática. Esto implica, primero, consolidar verdaderos servicios civiles de carrera policial y ministerial. Ascensos basados en mérito, evaluaciones permanentes (según el grado de mando), estabilidad laboral condicionada al desempeño y esquemas sólidos de control interno pueden reducir la dependencia política de las instituciones.

Segundo, implica fortalecer la autonomía real de las fiscalías. Y la palabra clave es “real”, porque la autonomía constitucional no sirve de mucho si los nombramientos, presupuestos o decisiones estratégicas continúan sujetos a presiones políticas. Una fiscalía dependiente del poder político difícilmente investigará corrupción política con profundidad. Y una fiscalía incapaz de investigar redes políticas de protección delincuencial termina dejando intacto el verdadero corazón financiero y operativo de las organizaciones delictivas.

El desafío es enorme porque México enfrenta simultáneamente presión internacional, expansión de la delincuencia organizada y desgaste institucional. Las recientes tensiones con Estados Unidos sobre “narcopolítica” reflejan precisamente esa preocupación internacional sobre la penetración delincuencial (y negarlo sería infantil) en estructuras de gobierno.

Sin embargo, el problema no puede resolverse únicamente con operativos o despliegues de fuerza. La experiencia internacional demuestra que los países que lograron fortalecer su seguridad ciudadana construyeron instituciones técnicas relativamente blindadas frente a la coyuntura política.

Colombia, por ejemplo, profesionalizó unidades especializadas. Italia fortaleció fiscalías antimafia con autonomía operativa. España consolidó estructuras policiales permanentes altamente profesionalizadas. Ninguno de esos modelos es perfecto, pero todos entendieron algo fundamental: la seguridad del Estado no puede administrarse como propaganda política.

Ahora bien, México necesita llegar a esa conclusión antes de que sea demasiado tarde. Porque cuando las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía comienzan a contaminarse por intereses políticos o delincuenciales, el problema deja de ser únicamente de seguridad. Se convierte en una amenaza directa para la salud democrática del país.

Y las democracias no suelen colapsar de golpe. Se erosionan lentamente, institución por institución. Ahora, la reflexión es: ¿necesitamos más tiempo para darnos cuenta de que estamos en el hoyo? ¿necesitamos más tiempo para pasar de los dichos a los hechos? ¿Cuántas pérdidas humanas, sociales y económicas necesitamos para reconocer que estamos mal?

hidalgomontes@gmail.com