Cuando la lista de organizaciones terroristas extranjeras mexicanas crece, también crece el riesgo para los políticos

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Durante años, la discusión sobre los cárteles mexicanos estuvo concentrada en los enfrentamientos armados, el tráfico de drogas, las cifras de homicidios o la cantidad de abrazos que las autoridades podían darles a los miembros de estos grupos delincuenciales (lo último es sarcasmo). Sin embargo, el escenario ha cambiado de manera importante, nuestro vecino del norte decidió ampliar el número de organizaciones delincuenciales mexicanas consideradas organizaciones terroristas extranjeras (Foreign Terrorist Organizations, FTO). La reciente incorporación del Cártel de Juárez y Los Viagras elevó a ocho los grupos mexicanos con esa designación, además de otras organizaciones delincuenciales latinoamericanas incluidas en el mismo esquema jurídico.

Más allá del número, lo verdaderamente relevante es el mensaje político y jurídico que envía Washington. La estrategia estadounidense dejó de centrarse exclusivamente en perseguir cargamentos de droga o detener capos. Ahora el objetivo es reconstruir ecosistemas completos de colaboración: operadores financieros, empresas fachada, prestanombres, redes de lavado de dinero, proveedores logísticos y cualquier persona física o moral que pueda ser considerada como apoyo material a una organización designada.

Este cambio modifica por completo las reglas del juego (en este juego, como en un reality show muy famoso hace más de una década “aquí…las reglas cambian”). Durante décadas, la corrupción política relacionada con el crimen organizado fue vista principalmente como un problema interno de México. Hoy comienza a adquirir una dimensión internacional. Si una autoridad estadounidense lograra acreditar que un funcionario, un alcalde, un gobernador, un legislador o incluso un dirigente partidista colaboró deliberadamente con una organización catalogada como terrorista, las consecuencias jurídicas y diplomáticas serían radicalmente distintas a las que existían hace apenas unos años. Las herramientas legales disponibles para investigar, sancionar y congelar activos son considerablemente más amplias bajo el marco de las designaciones FTO y las sanciones financieras asociadas. Y es aquí donde, cómo dicen en mi rancho, la puerca torció el rabo…

Conviene hacer una precisión indispensable. La existencia de una designación no significa, por sí misma, que exista evidencia contra la clase política mexicana ni permite asumir responsabilidades individuales. En un Estado de derecho, cualquier acusación debe sustentarse con pruebas suficientes (que aquí los gabachos son especialistas) y respetar el debido proceso (en esto no tanto). Lo que sí cambia es el nivel de exposición y el alcance de las investigaciones cuando existen indicios verificables.

En este contexto, la clase política mexicana (de todooooodos los movimientos y/o partidos políticos) enfrenta quizá uno de los periodos de mayor vulnerabilidad de las últimas décadas.

Ya no importa el color del partido, no importa si se trata del gobierno federal, de gobiernos estatales o municipales; tampoco importa si las conductas ocurrieron hace algunos años. Si llegaran a demostrarse vínculos de colaboración, financiamiento ilícito, protección institucional o cualquier forma de apoyo consciente a organizaciones ahora catalogadas como terroristas, el impacto político podría trascender las fronteras nacionales.

La historia reciente demuestra que la captura de gobiernos locales por parte del crimen organizado no constituye una hipótesis académica (ni historias de la oposición, si no toda una realidad). Diversas investigaciones han documentado cómo organizaciones delincuenciales buscan influir en procesos electorales, controlar administraciones municipales y obtener protección para sus actividades ilícitas.

La diferencia es que ahora esos posibles vínculos podrían ser analizados bajo un enfoque completamente distinto. Washington ya no observa únicamente a los líderes delincuenciales, observa las redes, los flujos financieros, los contratos, las empresas y sí (aunque no lo crean y les cale), las alianzas políticas.

En otras palabras, la pregunta dejó de ser quién dispara y pasó a ser quién facilita que el sistema delincuencial funcione. Eso explica por qué, en los últimos meses, el Departamento del Tesoro estadounidense ha incrementado las sanciones contra personas físicas y empresas relacionadas con organizaciones delincuenciales, ampliando la presión sobre las estructuras financieras que permiten operar a los cárteles.

México enfrenta entonces un desafío que va mucho más allá de la cooperación bilateral en materia de seguridad. Se trata de fortalecer sus propias instituciones, una fiscalía verdaderamente autónoma, un sistema robusto de inteligencia financiera, procesos transparentes de fiscalización electoral, mecanismos eficaces para investigar el enriquecimiento ilícito. Y, sobre todo, una separación real entre la agenda política y la agenda de seguridad ciudadana (cómo ya lo hemos explicado en entregas anteriores).

Porque si la persecución penal depende de intereses electorales, cualquier investigación perderá credibilidad tanto dentro como fuera del país (cómo la neta ha pasado últimamente). Paradójicamente, esta coyuntura también representa una oportunidad.

La presión internacional puede convertirse en un incentivo para profesionalizar las instituciones encargadas de investigar la corrupción y la delincuencia organizada. No porque otro país deba definir las prioridades de México, sino porque ningún Estado puede aspirar a combatir eficazmente al crimen organizado mientras persistan espacios de impunidad para quienes eventualmente lo protejan desde el poder.

Los próximos meses probablemente no estarán marcados únicamente por operativos espectaculares o nuevas capturas de líderes delincuenciales. Podrían estar definidos por investigaciones financieras, expedientes de cooperación internacional y reconstrucciones de redes políticas cuya existencia, en caso de acreditarse judicialmente, tendría consecuencias mucho más profundas que la caída de cualquier capo. Porque los cárteles sobreviven cuando reemplazan a sus dirigentes. Las democracias, en cambio, se debilitan cuando quienes deberían combatirlos terminan siendo parte de su estructura.

hidalgomontes@gmail.com

 Lo que lo mexicanos necesitamos de forma urgente es: seguridad sin política y justicia sin consignas

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Hace apenas unas semanas, durante la Cumbre del G7 celebrada en Francia, el mandatario estadounidense Donald Trump volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: colocar un mensaje político en el centro de la conversación internacional. Entre declaraciones sobre conflictos globales, comercio y seguridad, el presidente estadounidense reiteró que el combate contra los cárteles mexicanos seguirá siendo una prioridad estratégica para Washington. No fue una frase improvisada ni un comentario aislado. Forma parte de una narrativa que su administración ha venido construyendo desde hace meses y que cada vez encuentra más respaldo en acciones concretas de las agencias estadounidenses. Situación casi calcada a las maniobras realizadas por la administración norteamericana antes de las conocidas acciones tomadas en Venezuela, Cuba e Irán (no lo digo yo, con una pequeña googleada basta para que no digan que ando de hablador).

 En México, sin embargo, aquellas palabras pasaron casi desapercibidas. Quizá porque estamos acostumbrados a interpretar los discursos de Trump únicamente desde la óptica electoral. Pero esta vez, sería un error. Más allá del estilo confrontativo del mandatario estadounidense (que ya todos conocemos), la política de seguridad de Estados Unidos suele enviar señales antes de ejecutar movimientos de mayor alcance (ya se la Sanborns, aquello de “el que avisa no es traidor”). Y cuando esas señales comienzan a coincidir con investigaciones judiciales, sanciones financieras, procesos de extradición y acusaciones contra integrantes del crimen organizado, conviene prestar atención.

Ahora bien queridos lectores, ustedes dirán: “Bueno ajá, todo muy interesante pero eso pasó hace dos semanas, ¿eso ahora qué?” A lo que su servidor contestará: ¡Haaaaaa! Lo que pasa es que, en las últimas semanas, también han aumentado las versiones periodísticas, las filtraciones y los análisis que apuntan hacia una posible colaboración de integrantes de organizaciones delincuenciales mexicanas, así como políticos con autoridades estadounidenses (consagrando aquel dicho que reza: “el miedo no anda en burro”). Conviene ser claros: muchas de esas versiones permanecen sin confirmación oficial y no pueden asumirse como hechos consumados. Sin embargo, sí existe un elemento objetivo que no admite discusión. Durante los últimos años diversos líderes delincuenciales extraditados a Estados Unidos (y últimamente políticos con nexos bastante cuestionables) han optado por convertirse en testigos cooperantes, proporcionando información a fiscales federales a cambio de beneficios procesales. Esa práctica forma parte del sistema de justicia estadounidense y ha permitido desmantelar organizaciones delincuenciales internacionales en casos de narcotráfico, corrupción y delincuencia organizada (práctica que en México conocemos como el “ayúdame a ayudarte”).

Si esa tendencia continúa, el alcance de las investigaciones difícilmente se limitará a los propios delincuentes. La experiencia demuestra que el interés de las fiscalías federales estadounidenses suele dirigirse hacia las redes completas que hicieron posible la operación de esas organizaciones: operadores financieros, empresarios, prestanombres, funcionarios públicos y, cuando existen elementos probatorios suficientes, actores políticos (¿ahora me entienden por qué es relevante a estas alturas?).

No sería la primera ocasión que ocurre. Casos como los de funcionarios mexicanos procesados en cortes estadounidenses demuestran que Washington está dispuesto a judicializar expedientes cuando considera que existen pruebas para hacerlo, independientemente de las consecuencias diplomáticas. La diferencia es que hoy la presión política parece mayor y la prioridad estratégica de combatir a la delincuencia organizada transnacional ocupa un lugar central en la agenda de seguridad nacional estadounidense.

Frente a ese escenario, México tiene dos caminos. El primero consiste en esperar, como tantas veces, a que las investigaciones extranjeras terminen exhibiendo las debilidades de nuestras instituciones (que lamentablemente sí las tenemos). El segundo, mucho más complejo pero también más responsable (y alentador), implica aprovechar este momento para corregir problemas estructurales que durante décadas han debilitado la procuración de justicia.

Quizá la reforma más urgente no sea crear nuevas instituciones, modificar nuevamente el organigrama gubernamental o endurecer las penas (como cada seis años ocurre). El verdadero cambio de paradigma consiste en separar definitivamente la agenda de seguridad de la agenda política.

Mientras las decisiones de seguridad dependan de calendarios electorales, intereses partidistas o cálculos de popularidad, será prácticamente imposible construir políticas públicas, policiológicas y criminológicas de largo plazo. La delincuencia organizada no cambia de estrategia cada tres o seis años; el Estado tampoco debería hacerlo (pero somos bien ocurrentes y nos encanta buscarles las patitas a las víboras).

Lo mismo ocurre con las fiscalías. En una democracia madura (madura, no de Maduro), el Ministerio Público no investiga para favorecer gobiernos ni para perjudicar opositores. Investiga porque existen hechos posiblemente constitutivos de delito. Nada más. Nada menos.

La autonomía constitucional de las fiscalías representa un avance importante, pero la autonomía jurídica no siempre se traduce en independencia operativa. Los procesos de designación, los presupuestos, las permanencias en el cargo e incluso las prioridades institucionales continúan sujetas, en muchos casos, a presiones políticas. Mientras esa realidad no cambie, seguirá existiendo la percepción de que algunas investigaciones avanzan y otras permanecen congeladas dependiendo del contexto político.

Paradójicamente, la presión internacional podría convertirse en una oportunidad para fortalecer nuestras propias instituciones. No porque Estados Unidos deba marcar la agenda mexicana, sino porque el costo de no hacerlo comienza a ser demasiado alto.

La cooperación bilateral en materia de seguridad seguirá profundizándose. El tráfico de fentanilo, el lavado de dinero, el tráfico de armas, la migración irregular y las organizaciones delincuenciales ya no son problemas exclusivamente nacionales. Son fenómenos transnacionales que exigen instituciones igualmente sólidas a ambos lados de la frontera.

México necesita demostrar que puede investigar con el mismo rigor a un integrante de un grupo delincuencial que a cualquier servidor público, empresario o actor político que eventualmente haya facilitado sus operaciones, siempre bajo el principio irrenunciable del debido proceso, la presunción de inocencia, los derechos humanos y la existencia de pruebas suficientes. Esa es precisamente la diferencia entre un Estado de derecho y un Estado que administra coyunturas políticas.

Las declaraciones de Trump en el G7 probablemente pasarán pronto al archivo de los discursos diplomáticos. Lo verdaderamente importante no será recordar lo que dijo, sino preguntarnos por qué esas palabras parecen encajar cada vez con mayor facilidad en un rompecabezas que lleva años construyéndose.

Tal vez la discusión ya no sea si Estados Unidos seguirá investigando. La pregunta verdaderamente relevante es si México decidirá fortalecer sus propias instituciones antes de que otros continúen haciendo el trabajo que, por mandato constitucional, corresponde a las nuestras y que por intereses de todo tipo se obstaculizan.

hidalgomontes@gmail.com