Explosivos: La amenaza para la que debemos preparar a nuestros policías
Por: Guillermo Alberto Hidalgo
Montes
Hay noticias que
deberían encender las alarmas mucho más allá del estado donde ocurrieron. Lo
sucedido este fin de semana en Chihuahua es una de ellas. Permítame ponerlo en
contexto: En una brecha del municipio de Maguarichi, en plena Sierra
Tarahumara, elementos del Ejército, Guardia Nacional y autoridades estatales
localizaron tres vehículos con reporte de robo en Estados Unidos (nada fuera de
lo “usual”). Lo preocupante no eran solamente las camionetas, sino lo que había
dentro (sonido de redoble de tambor por favor): 6 mil 324 piezas de alto
explosivo, 1.1 toneladas de agente explosivo, mil 710 metros de material de
iniciación y detonación y 5 mil 234 estopines o detonadores eléctricos. Se
presume que, parte de ese material sería empleado por grupos criminales
mediante drones.
Este caso no es
precisamente aislado, el punto es que poco o nada se habla cuando ocurren los
robos de explosivos en México y las cantidades de estos obligan a dimensionar
el problema. SI a esto le sumamos el reciente robo de 348 drones al Grupo HB
(operador de DJI Store México) al salir del Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA) el pasado 19 de agosto, ya no estamos hablando únicamente del
delincuente que porta un fusil de asalto, de convoyes de camionetas blindadas
artesanalmente o de grupos que disputan una plaza a balazos. Estamos frente a
organizaciones que han incorporado explosivos, minas antipersonales, artefactos
improvisados, drones y otros recursos a su capacidad de violencia. Y eso, queridos
lectores, cambia las reglas del juego.
Como comentamos al
principio, lo ocurrido en Chihuahua no puede verse como un hecho aislado.
Apenas unos días antes, el Gabinete de Seguridad federal habría informado que
en esa misma entidad elementos del Ejército y de la Policía Estatal habían
asegurado 27 piezas de explosivos y 37 tubos con detonadores.
Michoacán ofrece
quizá el ejemplo más claro de hasta dónde puede evolucionar esta amenaza. La
Secretaría de Seguridad Pública de ese estado informó que solamente durante
2025 fueron asegurados mil 645 artefactos explosivos y que su agrupamiento
especializado localizó y desactivó mil 117.
No es una estadística
menor. En enero de este año, autoridades localizaron y desactivaron otros 48
artefactos explosivos improvisados en una zona serrana de Apatzingán; los
dispositivos habían sido modificados para utilizarse con drones. La propia
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, entre noviembre y
diciembre de 2025, dentro de las operaciones realizadas en Michoacán se
aseguraron 152 artefactos explosivos y 53 kilogramos de material explosivo.
Estamos, por tanto,
ante algo que difícilmente puede seguir tratándose como una extravagancia del
crimen organizado para volverse, desgraciadamente, en una constante. Los
explosivos se están convirtiendo en una herramienta dentro de su repertorio de
violencia. Y aquí aparece una palabra particularmente delicada: “terrorismo”.
Hay que utilizarla con cuidado.
No toda explosión
provocada por un grupo criminal constituye jurídicamente terrorismo, como
tampoco todo acto extremadamente violento puede recibir automáticamente esa
clasificación. En México, el artículo 139 del Código Penal Federal establece
elementos específicos para configurar este delito. Entre ellos contempla el
empleo de explosivos u otros medios violentos contra bienes, servicios o
personas cuando intencionalmente se produzca alarma, temor o terror en la
población o en un sector de ella y exista alguna de las finalidades previstas
por la propia norma, entre ellas atentar contra la seguridad nacional o
presionar a una autoridad o a un particular para obligarlo a tomar una
determinación. Esa diferencia jurídica importa.
Pero también importa
comprender que, desde el punto de vista policial, un artefacto explosivo no
pregunta qué clasificación penal tendrá posteriormente la carpeta de
investigación. Simplemente explota. Mata policías, soldados y civiles. Destruye
vehículos e instalaciones. Bloquea caminos. Modifica la manera de patrullar un
territorio y, quizá lo más importante, puede generar miedo suficiente para
cambiar el comportamiento de una comunidad.
México ya tuvo una
advertencia brutal. En julio de 2023, una emboscada con artefactos explosivos
en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, provocó la muerte de cuatro policías y dos
civiles. El Departamento de Estado de Estados Unidos describió posteriormente
aquel episodio como el ataque con explosivos más letal contra fuerzas de
seguridad mexicanas en dos décadas. El mismo informe advertía que las
organizaciones criminales transnacionales habían ampliado el uso de explosivos
contra sus rivales, ocasionando también víctimas entre policías y civiles. Tres
años después, los decomisos continúan.
Por eso existe otra
discusión que México necesita comenzar seriamente: ¿estamos formando al policía
que necesitamos para enfrentar esta nueva realidad? Porque el primer servidor
público que encuentra un posible artefacto explosivo rara vez será un
especialista antibombas. Puede ser un policía municipal atendiendo una llamada
al 911, un policía estatal recorriendo una brecha, un investigador llegando a
una escena, un elemento de tránsito observando un vehículo abandonado. o una
patrulla respondiendo a un reporte que, como ya ocurrió en Jalisco, puede
incluso haber sido utilizado para atraer policías hacia una emboscada.
Eso significa que la
formación básica necesita evolucionar. No estoy planteando (y sería
irresponsable hacerlo) que todos los policías mexicanos deban aprender a
desactivar bombas. La neutralización de explosivos exige personal altamente
especializado, entrenamiento específico, procedimientos rigurosos y
equipamiento que no corresponde al policía convencional.
La formación inicial
debe perseguir algo distinto y mucho más elemental: que un policía sea capaz de
reconocer indicadores de riesgo, entender que se encuentra frente a una amenaza
potencial, evitar aproximaciones innecesarias, establecer aislamiento y seguridad,
solicitar inmediatamente apoyo especializado y proteger a compañeros y
población.
En otras palabras:
enseñarle qué hacer, pero también qué no hacer. Puede parecer una diferencia
pequeña hasta que una patrulla encuentra un paquete sospechoso, un vehículo
abandonado, un dron derribado o algún objeto aparentemente inofensivo en una
zona donde opera la delincuencia organizada. Ahí, una mala decisión puede
costar varias vidas.
Nuestro sistema de
profesionalización policial permite perfectamente avanzar en esa dirección. El
Programa Rector de Profesionalización (PRP) contempla la formación continua y
establece la especialización precisamente para profundizar las capacidades del
personal en funciones que se encuentran fuera de sus actividades cotidianas.
El problema entonces no es solamente
normativo. Es anticipatorio. Las academias policiales tradicionalmente preparan
a sus alumnos para detener personas, preservar lugares de intervención, hacer
uso de la fuerza, conducir vehículos policiales, elaborar informes y responder
a delitos convencionales. Todo ello sigue siendo indispensable. Pero la
fenomenología criminal cambió.
El sentido común (que
es el que comúnmente menos se usa) nos dice que: “Si cambió el adversario,
debe cambiar la capacitación”. La formación inicial policial debería
incorporar, dentro de las competencias de primer respondiente, contenidos
básicos sobre amenazas explosivas y artefactos explosivos improvisados. No para
intervenirlos ni manipularlos, sino para reconocer riesgos, proteger la escena,
establecer una respuesta inicial segura y saber cuándo retirarse y solicitar
especialistas.
Después debe existir
otro nivel. México necesita desarrollar y fortalecer unidades policiales
especializadas capaces de trabajar coordinadamente con Defensa, Guardia
Nacional, fiscalías y demás autoridades competentes en incidentes relacionados
con explosivos. Ya existen experiencias que demuestran que esto es posible.
Michoacán, por
ejemplo, cuenta con un Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y
Materiales Peligrosos cuyos integrantes han recibido capacitación de agencias
estadounidenses. Para mayo de 2025, las autoridades estatales reportaban que
las acciones institucionales habían permitido asegurar más de cuatro mil
artefactos explosivos improvisados, incluidos dispositivos destinados a ser
lanzados desde drones. Chihuahua también tiene antecedentes importantes. Desde
2017 se formó allí un comando estatal especializado en neutralización de
explosivos con apoyo de la ATF y otras instituciones estadounidenses. La
cooperación binacional vuelve a ser particularmente relevante.
El pasado 14 de
agosto, la ATF informó que su National Center for Explosives Training and
Research (NCETR), en Huntsville Alabama (del cual soy orgullosamente graduado),
recibió a 21 integrantes de instituciones mexicanas para un curso intensivo
sobre investigación posterior a explosiones. Participaron miembros de
corporaciones policiales, instituciones de procuración de justicia y personal
militar mexicano.
La explicación de la
agencia estadounidense resulta reveladora: señaló que las instituciones
mexicanas enfrentan cada vez más incidentes relacionados con altos explosivos y
ataques con granadas. La capacitación incluyó identificación de explosivos,
reconocimiento de componentes de artefactos explosivos improvisados, análisis
de explosiones y recolección de evidencia forense. Esa cooperación debería
ampliarse.
México y Estados
Unidos llevan décadas trabajando conjuntamente contra narcóticos, tráfico de
armas, lavado de dinero y delincuencia organizada. Los explosivos necesitan
convertirse también en una prioridad de cooperación técnica: investigación
postexplosión, inteligencia sobre componentes y cadenas de suministro,
intercambio de información, capacitación de instructores, desarrollo de
unidades especializadas y fortalecimiento de capacidades forenses. Pero existe
una condición indispensable. México no puede depender permanentemente de enviar
pequeños grupos de policías al extranjero para adquirir estas capacidades.
Necesitamos multiplicarlas dentro del país. Eso significa formar instructores
nacionales, crear programas homologados, certificar competencias, establecer
niveles diferenciados de capacitación para primer respondiente, investigadores
y especialistas así como llevar esos conocimientos a las academias estatales y
municipales.
El decomiso de
Chihuahua debería entenderse, entonces, como algo más que un aseguramiento
espectacular. Es información de inteligencia, nos está diciendo qué están
adquiriendo los grupos criminales, qué capacidades están desarrollando y
probablemente qué tipo de violencia debemos prepararnos para enfrentar. Durante
muchos años medimos la capacidad de fuego de una organización criminal contando
rifles, ametralladoras, cargadores y cartuchos, hoy esa fotografía está
incompleta. Hay que contar también drones, sistemas de comunicación,
inhibidores y explosivos. En operaciones recientes contra integrantes del CJNG
en Michoacán, por ejemplo, las autoridades mexicanas aseguraron artefactos
explosivos improvisados y un dron junto con armas de alto poder.
El arsenal criminal está evolucionando,
eso indica que las instituciones policiales también tienen que hacerlo porque
esperar a que una amenaza se vuelva cotidiana para comenzar a capacitar a
nuestros policías es exactamente lo contrario de una política de prevención. Las
academias policiales no pueden enseñar únicamente cómo enfrentar los delitos
que conocimos ayer. Tienen que preparar a los policías para sobrevivir y
responder profesionalmente a los que ya están apareciendo hoy.
hidalgomontes@gmail.com
