Armas por fentanilo: el crimen mexicano empieza a jugar en otra liga

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Durante décadas se describió buena parte del problema delincuencial entre México y Estados Unidos con una ecuación bastante sencilla: las drogas suben y las armas bajan. No era una frase hecha. La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos norteamericana (ATF) ha documentado sistemáticamente el tráfico de armas de fuego desde Estados Unidos hacia México y el papel de la frontera suroeste dentro de esas redes. Este un fenómeno real, vigente y que continúa siendo uno de los puntos más delicados de la relación bilateral.

Pero algo acaba de ocurrir que obliga a ampliar el mapa. El pasado 11 de agosto, el Departamento de Justicia estadounidense hizo pública una acusación contra cuatro mexicanos probablemente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Hasta ahí podría parecer otro expediente relacionado con narcotráfico, sin embargo, lejos dista de serlo.

Según los fiscales estadounidenses, Edgar Alejandro López Velasco, Noé Díaz Jiménez, Leobardo Gaxiola López y José Miguel Alvarado Morales probablemente participaron en una operación para obtener armamento procedente de la República Checa destinado a México. Dos de los acusados, ya fueron extraditados a Estados Unidos y los otros permanecen sujetos a procesos de extradición. Como corresponde jurídicamente señalar, reiteramos que estamos hablando de una acusación: los imputados conservan la presunción de inocencia mientras los hechos no sean probados ante un tribunal.

Lo verdaderamente preocupante está en los detalles. La acusación sostiene que los involucrados negociaron ametralladoras, lanzagranadas propulsados por cohete, morteros, municiones y otros pertrechos. Según el Departamento de Justicia, las armas serían utilizadas contra organizaciones rivales, civiles y miembros de las fuerzas policiales y militares mexicanas.

Peeeeeeeero en este tema, todavía falta la parte más interesante de la historia, el pago (“el cochino dinero que todo lo corrompe” dijese una tía amargada que tengo) Los probables operadores habrían ofrecido fentanilo y metanfetamina destinados al mercado estadounidense como contraprestación por las armas. Ahí cambia todo, es en este pequeño detalle donde “la puerca tuerce el rabo”. Ya no tenemos únicamente el conocido circuito Estados Unidos-México. Tenemos una operación que conecta a México, Estados Unidos y Europa dentro de una misma cadena delincuencial: drogas mexicanas destinadas al mercado estadounidense utilizadas como moneda para conseguir armamento europeo que eventualmente terminaría nuevamente en México.

Eso es mucho más que narcotráfico, es una muestra de cómo algunas organizaciones delincuenciales mexicanas están aprendiendo a funcionar como redes transnacionales diversificadas. Durante años se cometió el error de imaginar a los cárteles como organizaciones dedicadas esencialmente a transportar drogas. Pero el CJNG, al igual que otras estructuras delincuenciales, hace tiempo dejó atrás ese modelo.

En julio, el mismo Departamento del Tesoro sancionó a más de 50 personas y entidades mexicanas vinculadas con la organización, en lo que describió como la mayor acción emprendida hasta ese momento contra el CJNG.

La imagen del narcotraficante tradicional comienza a quedar vieja…estereotipada. Hoy estamos frente a estructuras con proveedores, intermediarios financieros, empresas, operadores logísticos, mercados internacionales y capacidad para diversificar actividades ilegales.

Y ahora aparece otro elemento: proveedores internacionales de armamento, esto plantea tres problemas para México:

1)      El geográfico. Durante años nuestra discusión sobre armas se concentró, justificadamente, en Estados Unidos. El problema continúa ahí. Pero el caso europeo demuestra algo bastante elemental sobre cualquier mercado ilícito: cuando existe demanda, aparecen proveedores alternativos. Si las autoridades estadounidenses consiguieran reducir significativamente el tráfico ilegal de armas hacia México, eso no significa necesariamente que las organizaciones delincuenciales dejarían de buscarlas, buscarían en otro lugar y aparentemente algunas ya comenzaron a hacerlo (es herramienta de trabajo y a eso se dedican…a delinquir).

 

2)      El económico. La operación descrita por los fiscales estadounidenses plantea un mecanismo particularmente interesante: utilizar drogas como moneda de cambio. Tradicionalmente imaginamos el negocio del narcotráfico mediante dos secuencias sencillas: a) droga, venta, dinero, lavado y reinversión ó b) drogas, armas y violencia.

 

3)      El armamento. No estamos hablando exclusivamente de pistolas o rifles adquiridos mediante prestanombres. Estamos hablando, de acuerdo con la acusación estadounidense, de ametralladoras, morteros y lanzagranadas. Eso no convierte automáticamente a un cártel en un ejército ni significa que tenga capacidades equivalentes a las Fuerzas Armadas. Exagerarlo sería irresponsable. Pero sí muestra el interés de determinadas estructuras delincuenciales por aumentar cualitativamente su capacidad de fuego. Y eso debería preocupar especialmente a nuestras policías en México (que sufren por la cantidad y calidad del equipo de trabajo).

Mientras algunas organizaciones delincuenciales diversifican ingresos, internacionalizan proveedores, incorporan drones y buscan armamento cada vez más sofisticado, buena parte de nuestras policías municipales continúa enfrentando problemas elementales: bajos salarios, poca o nula seguridad social, rotación de personal, equipamiento insuficiente, escasa capacidad de investigación y profesionalización desigual.

Es innegable que la delincuencia se globaliza. Muchas policías siguen siendo estrictamente locales. Ahí tenemos un problema de seguridad ciudadana que tarde o temprano termina convirtiéndose en uno de seguridad nacional. El caso hoy descrito también deja otra enseñanza: ningún país puede investigar solo una organización que opera de esta manera.

La investigación involucró a la DEA, FBI, ATF, Homeland Security Investigations, Coast Guard Investigative Service, autoridades de República Checa, INTERPOL y, por México, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina, entre otras instituciones. Eso es cooperación internacional aplicada a una amenaza transnacional.

En los últimos meses (y recordado toooooodos los días) hemos discutido demasiado sobre soberanía, terrorismo, intervención y presión estadounidense. Son debates legítimos y necesarios (vicisitudes de la globalización). Pero hay una realidad mucho menos ideológica: si una investigación comienza en México, continúa en República Checa, involucra drogas destinadas a Estados Unidos y utiliza redes internacionales de armas, ningún gobierno tiene por sí solo todas las piezas del rompecabezas.

Compartir inteligencia deja entonces de ser una concesión diplomática, se convierte en una necesidad operativa. También deberíamos revisar el lenguaje que utilizamos, seguimos llamando “cárteles” a organizaciones que participan simultáneamente en narcotráfico, extorsión, robo de combustible, lavado de dinero, fraude y otras economías ilícitas, mientras desarrollan conexiones internacionales para adquirir bienes y servicios ilegales. Quizá el concepto comienza a quedarse corto. Estamos frente a “redes criminales transnacionales multipropósito”. Y perseguirlas requiere algo diferente a capturar al jefe.

Las organizaciones sobreviven mientras sobrevivan sus redes. Por eso necesitamos investigar proveedores, intermediarios, empresas fachadas, operadores financieros, comunicaciones, rutas, cadenas logísticas y vínculos institucionales.

La pregunta correcta ya no debería ser solamente quién dirige al cártel. Debería ser: ¿qué necesita esa organización para seguir funcionando y quién se lo proporciona?

Tal vez el expediente de República Checa termine siendo simplemente una operación frustrada o quizá dentro de algunos años lo recordemos como una advertencia temprana del momento en que dejamos de hablar exclusivamente de cárteles mexicanos y comenzamos a comprender que algunas de estas organizaciones estaban intentando convertirse en redes delincuenciales verdaderamente globales.

La pregunta es si nuestras instituciones aprenderán a la misma velocidad.

hidalgomontes@gmail.com

 ¿Más armas, más seguridad? El debate que México ya no puede seguir evitando

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Durante décadas, en México la discusión sobre la portación de armas de fuego ha sido casi un tema tabú. Cada vez que alguien la pone sobre la mesa, el debate se polariza de inmediato, las alarmas se encienden y todo mundo empieza a correr como gallina sin cabeza: unos hablan del derecho legítimo de defenderse; otros advierten que sería el principio de una espiral de violencia aún mayor. La reciente postura del polémico empresario (y algunas veces polarizante) Ricardo Salinas Pliego (Alias “Tío Richie”), quien ha insinuado públicamente aspiraciones presidenciales y ha manifestado que, de llegar a la Presidencia, impulsaría una reforma para ampliar la portación legal de armas, volvió a colocar el tema en la conversación nacional.

Más allá de simpatías o antipatías hacia el empresario (y al personaje “Tío Richie”), la propuesta merece un análisis serio. Porque hablar de armas no es hablar únicamente de pistolas; es hablar del modelo de Estado que queremos construir.

México no parte de una hoja en blanco. La Constitución reconoce (aunque usted no lo crea), en su artículo 10, el derecho de los ciudadanos a poseer armas en su domicilio para su legítima defensa, mientras que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece un régimen altamente restrictivo para la portación fuera del hogar. En otras palabras, la posesión ya es legal bajo determinadas condiciones; lo extraordinario sigue siendo portar un arma en espacios públicos. Esa diferencia jurídica suele perderse en el debate político.

Los argumentos de quienes apoyan flexibilizar la legislación parecen sencillos. Si los delincuentes ya están armados (dicen), resulta injusto que los ciudadanos honestos permanezcan indefensos. En un país donde millones de personas han sido víctimas de delitos patrimoniales, extorsiones, secuestros o ataques violentos, esa idea encuentra un terreno fértil. La percepción de abandono institucional genera que muchos comiencen a considerar la autodefensa como una alternativa. Además sería infantil pretender que el 100% del tráfico ilegal de armas van exclusivamente a grupos delincuenciales. La verdad es (aunque no se quiera ver y/o aceptar) es que muchos sectores de la sociedad civil se está  armando para tratar de alguna forma, estar más seguros (aunque en muchos casos sea solo a través de la percepción de seguridad que da la posesión de un arma de fuego).

Sin embargo, las políticas públicas no pueden diseñarse únicamente con base en percepciones. Deben construirse sobre evidencia. El problema es que evidencia es lo que sobra, en lo personal se me hace incoherente hacer campañas de “despistolización” cuando, como ya se expresó hace unas líneas, es un derecho constitucional.

Los estudios internacionales muestran un panorama mucho más complejo. En Estados Unidos, donde la disponibilidad de armas es significativamente mayor que en cualquier otro país desarrollado, existe abundante literatura académica que asocia una mayor presencia de armas con incrementos en homicidios por arma de fuego, suicidios y accidentes domésticos, aunque el efecto sobre ciertos delitos patrimoniales es mucho más discutido. La evidencia está lejos de ser uniforme y continúa siendo objeto de intenso debate entre investigadores. Organismos como los “Centers for Disease Control and Prevention” y la “RAND Corporation” coinciden en que muchas preguntas siguen sin respuestas concluyentes debido a la complejidad del fenómeno y estadísticas del Departamento de Justicia muestran que hay un descenso significativo de delitos en estados de la unión americana que no tienen regulaciones complejas a comparación de los estados más restrictivos como California o Nueva York.

El problema es que México tampoco puede compararse mecánicamente con Estados Unidos. Nuestro país enfrenta condiciones muy distintas: presencia de organizaciones delincuenciales altamente armadas, corrupción institucional en distintos niveles, tráfico ilícito permanente de armas desde las fronteras norte y sur, impunidad elevada y capacidades policiales profundamente desiguales entre municipios, estados y federación.

En ese contexto, ampliar la portación legal implicaría resolver primero preguntas fundamentales. ¿Cómo reeducar a la sociedad sobre este tópico? ¿Quién evaluaría psicológicamente a los solicitantes? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Qué estándares de capacitación serían obligatorios? ¿Quién supervisaría el almacenamiento seguro? ¿Cómo se evitaría que permisos legales terminaran alimentando el mercado ilegal mediante robos o ventas clandestinas? ¿Qué ocurriría en conflictos familiares, riñas vecinales o incidentes de tránsito donde hoy predominan los insultos (y uno que otro derechazo) y mañana podrían intervenir armas de fuego? (¡ojo! que a falta de arma de fuego salen a relucir los filos y puntas).

La experiencia comparada demuestra que la legislación sobre armas nunca funciona de manera aislada. Depende de un ecosistema institucional compuesto por controles administrativos, sistemas de licencias confiables, evaluaciones médicas, bases de datos interoperables, capacitación permanente, supervisión policial y un sistema judicial capaz de sancionar abusos con rapidez. Sin ese entramado, cualquier reforma corre el riesgo de convertirse en una medida simbólica más que efectiva.

Existe además un aspecto pocas veces mencionado: la cultura del uso de la fuerza. Portar un arma exige mucho más que saber disparar. Requiere comprender principios de proporcionalidad, legítima defensa, manejo de crisis, control emocional y toma de decisiones bajo estrés. Son competencias que incluso representan un desafío para policías profesionales después de meses de formación continua. Pensar que bastaría entregar permisos a ciudadanos sin desarrollar una cultura nacional sobre el uso responsable de la fuerza sería, cuando menos…optimista.

Tampoco debe ignorarse el impacto político del debate. Las propuestas relacionadas con armas suelen generar enorme atención mediática porque apelan a una emoción primaria: el miedo. En sociedades golpeadas por la violencia, prometer que los ciudadanos podrán defenderse resulta un mensaje poderoso. Pero una política pública no puede evaluarse por su capacidad para generar aplausos (aunque en nuestro país esto suele ser bastante debatible) , sino por su capacidad para reducir la violencia de manera medible.

Eso obliga a formular una pregunta incómoda como polvo “pica pica” en los calzones es: ¿el problema central de México es que los ciudadanos tienen pocas armas o que el Estado no ha logrado garantizar seguridad, investigación criminal eficaz y acceso a la justicia? Porque si el diagnóstico es equivocado, también lo será la solución.

La verdadera discusión no debería reducirse a un "sí" o un "no" a la portación. Debería girar en torno a qué condiciones institucionales necesita México para que cualquier decisión (sea mantener el modelo actual o modificarlo) contribuya realmente a disminuir la violencia.

Las armas pueden cambiar el equilibrio de fuerzas en un enfrentamiento individual. Lo que difícilmente pueden sustituir son policías profesionales, fiscalías técnicas, análisis criminal, controles fronterizos eficaces y tribunales capaces de sancionar con oportunidad. La seguridad ciudadana nunca ha dependido exclusivamente del calibre de un arma. Históricamente ha dependido mucho más de la fortaleza de las instituciones que la regulan. Ahora, yo se que usted no me preguntó, peeeeeeeeeero lo mejor sería mejorar el andamiaje legal de las fiscalías y policías y ser menos restrictivos para las armas de fuego.

¿Por qué? Prohibirlas es inútil, porque las prohíbes a los ciudadanos no a los delincuentes, éstos se dedican a (¿a que cree?)…delinquir, si no las consiguen de forma legal lo harán como lo han hecho desde hace décadas, ilegalmente y la ciudadanía comienza a exigir cambios de paradigmas.

hidalgomontes@gmail.com