miércoles, 28 de octubre de 2026

 Policías fuera de servicio: Protección sin abandono


Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes


Al terminar el turno, un policía puede quitarse el uniforme, entregar la patrulla y salir del edificio de su institución. Lo que no puede hacer es asegurarse de que quienes lo amenazaron respeten su horario de descanso y existen desafortunadamente cientos de casos a lo largo y anche de nuestro país que lo demuestran. Ahí comienza el debate que el estado de Baja California ha vuelto a poner sobre la mesa: permitir que los elementos policiales porten un arma fuera de servicio para defender su vida. La preocupación merece atención. La respuesta exige algo más que levantar la mano en el Congreso.


Y es que hace unos días ocurrió algo de suma importancia para la seguridad de los elementos policiales que se encuentran fuera de servicio no solo en ese estado si no para todo México (ya que sentaría antecedente) y para ello, conviene empezar por una precisión que algunos encabezados dejan borrosa. El Congreso de Baja California aprobó remitir al Congreso de la Unión una propuesta para modificar la legislación federal. Esa decisión, difundida oficialmente el 10 de octubre, no significa que los policías ya tengan una nueva autorización para salir armados durante sus días libres. Se aprobó impulsar una reforma, no una licencia de aplicación inmediata. La diferencia importa, sobre todo para el agente que podría tomar una noticia como permiso.


Este hecho no es espontáneo, ya había existido un primer intento. Pero el 24 de marzo de 2025, al resolver la controversia constitucional 505/2023, la Suprema Corte invalidó la disposición de Baja California que autorizaba la portación fuera de servicio. Determinó que esa regulación correspondía a la Federación. Leer aquella resolución como una declaración de que los policías no necesitan protección sería equivocar el debate: el problema resuelto fue quién tenía facultades para legislar.


La legislación federal vigente exige la licencia correspondiente para portar armas y sujeta a los integrantes de las instituciones policiales a condiciones y requisitos legales (las famosísimas Licencias Oficiales Colectivas “LOCs”). Además, contempla licencias particulares cuya necesidad puede justificarse, entre otros motivos, por la ocupación de quien las solicita (que siempre han sido complicadas de conseguir, pero desde la administración federal pasada es más fácil encontrar un elefante morado que la aprobación de una licencia de portación individual). Por eso, la discusión debe centrarse en cómo construir una autorización específica, jurídicamente sólida y operable, sin confundirla con la portación institucional que ya existe.


En mi opinión (que nadie me pidió pero la externaré), abrir esa posibilidad es razonable. Si un elemento policial enfrenta riesgos y muchas veces amenazas por haber cumplido con su trabajo, el Estado debe ofrecerle opciones reales de protección. Sería difícil justificar que se le exija enfrentar riesgos en nombre de la sociedad y después se considere que su seguridad personal es un asunto ajeno a la institución en cuanto termina la jornada.


Sin embargo, existe una distancia enorme entre permitirle defenderse y dejarlo encargado de su propia supervivencia. La propuesta impulsada por el diputado Juan Manuel Molina García plantea una licencia individual especial. Según el comunicado del Congreso, incluiría capacitación continua, evaluaciones psicológicas y psiquiátricas periódicas, revisión de antecedentes penales y disciplinarios, registro del arma y obligación de reportar incidentes. También contempla sanciones. Son elementos que merecen discutirse con seriedad; su valor dependerá de cómo se apliquen y supervisen (y la verdad, hasta ahí todo excelente, muchos compañeros y compañeras estarán de acuerdo conmigo que no habría ningún problema por tener controles respecto a esta posibilidad que permitiría mantener su seguridad y la de sus familias).


El tema aquí es que escribir “capacitación continua” resulta sencillo (en teoría porque en muchas entidades ni se cumple). Lo complicado es asignar instructores, instalaciones, municiones, tiempo de servicio y presupuesto. La reforma debería aclarar quién pagará todo eso. Si el policía tiene que cubrir de su bolsillo el entrenamiento, las evaluaciones y los trámites, la protección terminará dependiendo de su capacidad económica. Sin embargo, la verdad, es que, de nuevo la gran mayoría estaríamos de acuerdo en cubrir el costo de los cartuchos.


La preparación tampoco debería reducirse a acertarle a una silueta (las cartulinas no disparan de regreso). Propongo que incluya decisiones bajo presión, protección de terceros, medicina táctica, disparo en condiciones bajas de luz, manejo seguro, comprensión de las consecuencias jurídicas de intervenir entre otros. Un elemento policial que descansa viste de civil y está acompañado por su familia enfrenta circunstancias distintas a las de una intervención con compañeros, comunicación y respaldo operativo. La formación tendría que reconocer esa diferencia.


Pensemos en dos situaciones hipotéticas pero reales: 1) un policía fuera de servicio presencia una agresión mientras está con sus hijos. La pregunta profesional no puede limitarse a si lleva un arma. Debe incluir qué está ocurriendo, quiénes están expuestos y qué decisión ofrece mejores posibilidades de preservar vidas. Una política responsable tendría que prepararlo para resolver ese dilema, sin convertir cada momento de descanso en una obligación de actuar como si estuviera desplegado. 2) a veces la sociedad no se para a pensar el verdadero significado de la paranoia, pero los que hemos estado en servicio en policías municipales lo sabemos muy bien. Cuando trabajas en un estado o para la federación y existen amenazas o existió un evento de relevancia, por motivos de seguridad te pueden cambiar de estado o de región. Sin embargo, en un municipio eso no es posible…un elemento policial entra a una tienda en su día de descanso de la mano de su hija pequeña que le pidió un chocolate y de frente se encuentra a dos personas a las cuales detuvo por delitos contra la salud y la ley de armas de fuego y explosivos...igual no queda en mas de un intercambio de miradas…y si no? Como se va a defenderse a él y a su hija si no trae (como se dice coloquialmente) “¿con queso las quesadillas?”


También hacen falta reglas claras sobre resguardo domiciliario, consumo de alcohol, pérdida del arma, suspensión de la autorización y atención de señales de riesgo. Estos asuntos deberían quedar expresamente resueltos en el diseño normativo y operativo. La protección del agente debe considerar a quienes viven con él y a las personas con las que convive.


En ese terreno, la atención psicológica y salud mental merece algo mejor que una firma en un expediente. Debería haber acceso oportuno y confidencial a apoyo profesional, junto con procedimientos claros cuando sea necesario restringir temporalmente la portación. Pedir ayuda no tendría que convertirse, por sí mismo, en una marca de incapacidad. Hay que construir condiciones para que el personal busque atención antes de llegar a una crisis.


Ahora bien, ninguna de esas medidas sustituye el análisis de los riesgos así como la investigación de las amenazas. Si un policía informa que lo siguen, que conocen su domicilio o que han intimidado a su familia, la respuesta institucional debería (“debería…”) activar una evaluación de riesgo, medidas de protección y una investigación. Entregarle una autorización y desearle suerte sería una manera muy cómoda de trasladarle el problema.


La discusión federal tendría que incluir ese compromiso. ¿Quién recibe una alerta? ¿En cuánto tiempo debe responder? ¿Qué protección se ofrece a la familia? ¿Cuándo procede un cambio de adscripción? ¿Quién verifica que la amenaza se investigue? Son preguntas menos vistosas que una fotografía de la votación, pero mucho más útiles para quien teme no regresar a casa.


También convendría evitar una promesa que las fuentes revisadas no permiten sostener: que ampliar la portación reducirá, por sí sola, los asesinatos de policías. Para defender esa afirmación haría falta evaluar resultados, circunstancias y posibles efectos adversos. La intención de proteger es legítima; la eficacia debe comprobarse.


Por eso propondría acompañar cualquier reforma con seguimiento público: agresiones contra elementos policiales fuera de servicio, incidentes con armas autorizadas, robos o extravíos, daños a terceros y cumplimiento de la capacitación. Con protección de los datos personales, esa información permitiría corregir lo que falle. El éxito tendría que medirse en vidas protegidas, no solamente en licencias expedidas y desgraciadamente…esto ocurriría a través del tiempo transcurrido.


Felicidades al Estado de Baja California ha llevado una preocupación válida al ámbito donde puede discutirse una reforma federal. Vale la pena respaldar ese debate y exigirle profundidad. Los policías necesitan certeza jurídica, preparación y medios de defensa; también necesitan instituciones que respondan cuando están amenazados.


El turno termina. La responsabilidad del Estado hacia quienes arriesgan la vida a su servicio no debería terminar con él y la frase “cuidar a quien nos cuida” comienza a tomar mayor relevancia.


hidalgomontes@gmail.com





viernes, 16 de octubre de 2026

 A los policías en México, exigirles todo, debiéndoles tanto…la triste realidad.

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 


Antes de exigirle a un integrante de una institución policial que resuelva una crisis en segundos, habría que preguntarle al Estado qué hizo para prepararlo. ¿Le proporcionó una formación y entrenamiento suficiente? ¿Cuenta con equipo (y si lo tiene) funciona? ¿Cuenta con respaldo legal por parte de su institución si su actuación termina bajo investigación? La seguridad ciudadana también se juega en esas respuestas. Exigir resultados sin revisar las condiciones del servicio permite que la responsabilidad termine siempre en el último eslabón: quien salió a rifarse el físico y la seguridad jurídica a la calle.

 

México tiene instituciones con capacidades muy distintas. Sería injusto meterlas en el mismo costal (como aquel que aseveró que toda la extinta Policía Federal era corrupta) , como también lo sería confundir la defensa de sus integrantes con la tolerancia al abuso. Precisamente porque la policía puede detener y emplear la fuerza, debemos exigirle profesionalismo y exigir al Estado que lo haga posible. Charlando con un amigo a la luz de las brasas de unos dogos estilo Sonora que venden cerca de mi casa, me pidió que le dijera (en mi punto de vista) cinco deudas que permiten ordenar esa discusión desde lo técnico/táctico, lo jurídico y (quizá el más importante), el factor humano.

 

La primera es darles herramientas adecuadas para el trabajo que se les encomienda. La ENECAP 2017 del INEGI encontró que 86.1% del personal operativo obtuvo por cuenta propia al menos un accesorio o material de apoyo o protección. Es un antecedente histórico, no una fotografía de 2026; sirve para recordar que el problema lleva años (sino es que décadas) documentado. Tampoco significa que todos compraran un arma o un chaleco: la medición incluyó materiales diversos.

 

Una política seria de equipamiento tendría que comenzar por las necesidades de cada servicio: protección balística adecuada al riesgo, comunicaciones confiables, vehículos con mantenimiento y materiales para preservar indicios. Cada compra debería incluir capacitación, reposición y supervisión. Conviene preguntar cuántos equipos funcionan y quién sabe utilizarlos, además de cuántos se entregaron. Una adquisición vistosa puede producir una buena ceremonia; su utilidad se demuestra después, durante el turno.

 

Aquí entra la relación con Estados Unidos. El Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) reportó que 70.5% de las armas recuperadas en México y sometidas a rastreo en 2024 eran de origen estadounidense, categoría que comprende las fabricadas allá y las importadas legalmente a ese país. La propia agencia advierte que estas armas no constituyen una muestra representativa de todas las utilizadas por delincuentes (como se había ya mencionado alguna vez en este espacio, nos duela o no, no todas las armas van a parar a la delincuencia) Con ese límite claro, la cooperación bilateral debería traducirse en investigaciones contra las redes de tráfico y capacidades útiles para las policías locales. México debe equipar a sus elementos; la dimensión transfronteriza del problema exige, además, trabajo del otro lado.

 

La segunda deuda es enseñar a ejercer el oficio y mantener esa preparación durante toda la carrera policial (que la neta hasta el día de hoy, brilla por su ausencia). El censo estatal del INEGI publicado en 2025 reportó que, al cierre de 2024, 74.6% del personal de las instituciones policiales estatales contaba con Certificado Único Policial (CUP). El resultado tiene límites: excluyó a Ciudad de México por información incompleta y señaló falta de datos de San Luis Potosí. La ausencia del certificado tampoco demuestra, por sí sola, que alguien carezca de toda formación.

 

El pendiente va más allá del documento. Propongo medir la preparación por lo que el policía sabe hacer: intervenir ante violencia familiar, entrevistar sin inducir respuestas, preservar evidencia, auxiliar a una persona herida y explicar una detención ante un juez. Eso requiere práctica supervisada, instructores competentes y horas de servicio reservadas para aprender. Mandar al personal a capacitarse al terminar una jornada agotadora desvirtúa el propósito. Además que deben de existir competencias diferenciadas. Es decir, a los mandos debería de hacerles exámenes anuales en temas como dirección, administración, liderazgo, presupuestación, entre otras (se supone que eso es lo que hacen ¿no?...digo)

 

La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza ya contempla formación en derechos humanos, medios menos letales, primeros auxilios, solución pacífica de conflictos y manejo de crisis, estrés y emociones. Cumplirla exige ensayar decisiones, corregir errores y evaluar capacidades. La destreza táctica incluye reconocer cuándo conviene contener, dialogar o pedir apoyo. También debe enseñarse a los mandos a planear y supervisar: su preparación merece el mismo escrutinio que la del personal operativo.

 

La tercera deuda es la certeza jurídica. El artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución establece que, aun cuando una autoridad jurisdiccional determine que una separación policial fue injustificada, procede la indemnización y demás prestaciones correspondientes, pero no la reincorporación. Un elemento policial puede ganar el juicio y perder definitivamente su carrera. Esa regla merece una revisión pública que considere tanto la depuración legítima como la reparación frente a decisiones arbitrarias.

 

Mientras esa discusión ocurre, hacen falta procedimientos disciplinarios confiables y defensa jurídica especializada ante hechos del servicio, con reglas claras sobre su alcance y posibles conflictos de interés. El acompañamiento debe permitir esclarecer lo sucedido y proteger el debido proceso. Si hubo abuso, corresponde investigarlo y sancionarlo; si la actuación fue legal, debe poder demostrarse con evidencia. También hay que revisar las órdenes, la planeación y la supervisión. La responsabilidad institucional no se agota en quien aparece en el video.

 

La cuarta deuda es ofrecer una carrera que permita vivir con dignidad y crecer por mérito. La ley general de seguridad pública expedida en julio de 2025 dispone que la remuneración debe corresponder a la calidad y al riesgo de las funciones. También regula el servicio profesional de carrera. El reconocimiento legal debe convertirse en presupuesto, concursos verificables y oportunidades de especialización. Un ascenso tendría que poder explicarse con el expediente de quien lo obtiene no que hoy en día parecen parte de un show de magia de David Copperfield “lo ves… ahora ya no le ves”.

 

¡Ojo!, pagar mejor no garantiza honestidad, pero la exigencia de integridad debe acompañarse de condiciones laborales defendibles. Propongo publicar, por instituciones, tabuladores, prestaciones efectivamente otorgadas (es aquí donde verdaderamente se le apoya al policía y a su familia), vacantes y resultados de promoción. Eso permitiría distinguir avances reales de anuncios. La continuidad de los equipos profesionales también necesita protección frente a los cambios de gobierno: la experiencia acumulada pertenece a la institución y sirve a la comunidad.

 

La quinta deuda es cuidar a la persona detrás del uniforme. La ENECAP registró en 2017 una jornada promedio de 70 horas semanales y que 53% del personal reportó afectaciones de salud relacionadas con sus actividades laborales. Son datos de aquel año; no deben presentarse como tasas actuales. Sí justifican una pregunta que cada gobierno tendría que responder con información reciente: ¿en qué condiciones físicas y emocionales está trabajando su policía?

 

El cuidado tendría que incluir descanso programado, atención médica, apoyo psicológico confidencial y seguimiento después de incidentes críticos. Pedir ayuda debe poder hacerse sin humillaciones. También hacen falta vías seguras para denunciar acoso y protección efectiva para las familias. La ley de 2025 contempla servicios médicos, pensiones por invalidez y vida, retiro, vivienda y otras prestaciones. La medida del cumplimiento es que lleguen a quienes las necesitan.

 

Estas cinco deudas requieren responsables identificables y recursos comprobables en los tres órdenes de gobierno. Equipar, formar, dar certeza jurídica, construir carrera y cuidar al personal son decisiones que deben reflejarse en cada institución. La próxima vez que una autoridad prometa mejorar la seguridad, habría que pedirle que explique cómo cumplirá esas obligaciones. Quien llama al 911 tiene derecho a recibir ayuda de una institución preparada; quien responde también tiene derecho a que su gobierno haya hecho su parte.

 


hidalgomontes@gmail.com







 

 

jueves, 1 de octubre de 2026

 ¿Menos drogas o más influencia? El examen de Washington

 

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 


Dicen que la historia es cíclica y hoy, pareciera que se repiten escenas que México conoce demasiado bien: Washington evalúa, reparte reconocimientos y advierte que la cooperación todavía no alcanza. Cambian los presidentes y las drogas que dominan la conversación, pero permanece una pregunta incómoda: ¿quién evalúa al evaluador?

 


En un análisis publicado por InSight Crime el pasado 24 de septiembre devuelve esa discusión a la mesa. Deborah Bonello y Jeremy McDermott examinan las recientes decisiones antidrogas de Estados Unidos y encuentran una mezcla de resultados, afinidades políticas y presión diplomática (¡qué raro!). Venezuela salió (sospechosamente) del grupo de países señalados por incumplimiento, mientras Colombia y Bolivia permanecieron. Para México hubo reconocimiento por mayores decomisos, acompañado de una exigencia de acciones adicionales contra las organizaciones delincuenciales. La lectura de esto es clara: la calificación también sirve para orientar el comportamiento de otros gobiernos.

 


La escena recuerda a los fosforescentes años noventa, aunque conviene precisar algo: Estados Unidos no está resucitando un mecanismo que hubiera desaparecido por completo. La certificación por cumplir con la lucha contra el narcotráfico establecida en a la Ley Antidrogas de 1986 del Congreso norteamericano y la cual fue modificada en 2002. Cambió el procedimiento, pero se conservó la facultad presidencial de señalar a los países que incumplen manifiestamente sus compromisos antidrogas y restringir determinada asistencia. La evaluación unilateral sobrevivió a la reforma.

 


También hay que distinguir dos cosas que suelen confundirse. Figurar entre los principales países de producción o tránsito de drogas no equivale a estar descertificado. Una clasificación identifica la relevancia de un territorio para esos mercados; la otra cuestiona los esfuerzos de su gobierno. México aparece en la primera, pero no entre los países señalados por incumplimiento en la determinación para el año fiscal 2027. Presentarlo como un país ya descertificado sería incorrecto.

 


En los noventa tampoco hubo una descertificación de México, aunque sí fuertes intentos de revertir las decisiones favorables de la Casa Blanca. El Servicio de Investigación del Congreso estadounidense documentó que México recibió la certificación durante todo el periodo de 1986 a 2002. En 1997, la confrontación legislativa llegó especialmente lejos: se discutieron exigencias sobre extradiciones, cooperación con agentes estadounidenses y operaciones marítimas. La disputa servía para negociar condiciones concretas de la relación bilateral.

 


Ese antecedente ayuda a entender el presente. La presión puede producir efectos antes de que llegue una sanción. Basta con mantener abierta la posibilidad de una mala evaluación para intentar influir en prioridades, tiempos, decisiones (probablemente operativas) así como apoyos (de los cuales muchas instituciones policiales podrían verse afectadas). Mi lectura (mía de mí) es que ahí está el parecido más importante con aquella época: Washington conserva la capacidad de convertir su reconocimiento en una herramienta de negociación (o presión).

 


La dimensión política, además, está incorporada al propio mecanismo. La legislación permite mantener determinada asistencia a un país señalado si el presidente considera que resulta vital para los intereses nacionales estadounidenses. Esa excepción puede tener razones legítimas, pero demuestra que el resultado no depende exclusivamente de decomisos, investigaciones o sentencias. También interviene lo que Washington considera conveniente para sí mismo.

 


Para México, el riesgo es terminar administrando la seguridad con la mirada puesta en el siguiente examen estadounidense. Una captura de alto perfil puede ofrecer una respuesta inmediata a la presión diplomática. Desarrollar policías investigadoras, protección a testigos colaboradores, profesionalizar peritos y construir expedientes sólidos exige continuidad, presupuesto y años de trabajo. Si los incentivos favorecen únicamente lo que produce un anuncio, lo que sostiene una investigación puede quedar relegado.

 


Esto no significa que México deba desentenderse de sus obligaciones o responder a cada señalamiento con un discurso de soberanía. Investigar la protección institucional a la delincuencia, perseguir sus recursos y llevar a los responsables ante los tribunales son deberes propios. Deben cumplirse por las comunidades afectadas, independientemente de la opinión que merezcan en Washington.

 


Tampoco sería razonable aceptar una evaluación que deje fuera las responsabilidades estadounidenses. Un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, publicado en 2021, encontró que el 70 por ciento de las armas recuperadas en México entre 2014 y 2018 y sometidas a rastreo provenía de fuentes estadounidenses. El universo importa: se trata de armas recuperadas y enviadas a rastreo, no de todas las armas ilegales existentes en México. Aun con esa limitación, el hallazgo documenta una parte indispensable del problema bilateral.

 


Por eso, una cooperación seria tendría que medir compromisos de ambos lados: investigaciones sobre tráfico de armas, persecución del lavado de dinero, control de precursores, atención al consumo y resultados judiciales. México debe poder demostrar qué hace contra las organizaciones delincuenciales y exigir evidencia equivalente sobre las redes que operan al norte de la frontera.

 


También necesitamos discutir qué entendemos por éxito. Los kilos decomisados dicen cuánto se interceptó; por sí solos no explican cuánto disminuyó el mercado. Las detenciones deben evaluarse junto con las sentencias, la recuperación de activos y la capacidad de impedir que una organización reemplace a sus operadores. Para una familia, el resultado más importante puede ser mucho más concreto: dejar de pagar extorsión o poder denunciar sin abandonar su comunidad.

 


También se hace necesario entender el contexto actual donde, en los 90´s las organizaciones dedicadas al narcotráfico se dedicaban exclusivamente a ello, hoy en día pasamos de cárteles de drogas a instituciones delincuenciales transnacionales multipropósito. Es decir teniendo un amplio abanico de actividades delincuenciales tales como: narcotráfico, trata de personas, piratería, lavado de activos, minado de criptomonedas, tráfico de armas, extorsión, sicariato y un amplio etcétera; agregando como cereza al pastel que han sido señaladas por parte de la administración norteamericana como grupos terroristas.

 


La semejanza con los noventa merece atención porque plantea una vieja tentación: confundir una buena relación con Washington con una buena política de seguridad. Ambas pueden coincidir, pero una no garantiza la otra. México necesita cooperación, intercambio de información y responsabilidades compartidas (nos guste aceptarlo o no). Y necesita instituciones capaces de sostener esos acuerdos sin depender de la simpatía entre presidentes (¡esto sí a la voz de ya!).

 


La calificación decisiva tendría que venir de quienes viven con las consecuencias de la violencia y la delincuencia. El proceso de mejora continua de las instituciones policiales y de procuración de justicia debería ser más allá de una política de Estado, debería ser parte de la cultura organizacional Conseguir un reconocimiento extranjero mientras una comunidad sigue bajo amenaza sería aprobar el examen equivocado.

 


hidalgomontes@gmail.com