Aplausos, likes y dinero sucio: ¿Qué hay detrás del espectáculo?
Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes
El público compra un boleto para escuchar a su
cantante favorito. Quien sigue a un influencer busca entretenimiento,
recomendaciones o la oportunidad de ganar una rifa. En ambos casos vale la pena
preguntarse: “¿Quién financió el escenario o de dónde salió el automóvil que
se ofrece como gran premio?”. Detrás de esas preguntas puede, aunque usted
no lo crea, esconderse una investigación de lavado de dinero. La popularidad
acredita que alguien llama la atención; no acredita el origen de su fortuna.
En México hay muchos mitos, rumores pero también, antecedentes
concretos. El 29 de septiembre de 2026, el Departamento del Tesoro
estadounidense sancionó a Conciertos y Espectáculos Inhouse dentro de una red
empresarial que vinculó con el Cártel de Sinaloa. El señalamiento obliga a
mirar a quienes organizan y financian el espectáculo. También exige precisión:
una sanción administrativa no equivale a una sentencia penal, y aparecer en una
cartelera no demuestra que el artista conozca actividades ilícitas del
promotor.
La advertencia venía de atrás. En abril de 2018, la
Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, señaló al promotor Jesús Pérez
Alvear, conocido como Chucho Pérez, y a Gallística Diamante, también llamada
Ticket Premier. Según el Tesoro, mezclaban recursos del Cártel Jalisco Nueva
Generación y Los Cuinis con ingresos legítimos de conciertos: boletos, bebidas
y estacionamiento. La música podía ser auténtica, el público también y, aun
así, una parte del dinero tener otro origen.
Aquel expediente tuvo consecuencias judiciales. En
agosto de 2025, José Ángel del Villar, directivo de Del Records y Del
Entertainment, fue sentenciado en Estados Unidos a cuatro años de prisión por
negocios prohibidos con Pérez Alvear. La condena correspondió a violaciones de
la Ley “Kingpin”, que restringe transacciones con personas sancionadas;
describirla simplemente como una condena por lavado cambiaría el delito
acreditado. El caso muestra por qué importa revisar con quién se contrata,
incluso cuando el concierto parece un negocio ordinario.
El riesgo también alcanza los ingresos digitales de la
música. En agosto de 2025, el Tesoro norteamericano sancionó a Ricardo
Hernández Medrano, mejor conocido como “El Makabelico”, y sostuvo que sus
conciertos servían para lavar recursos del Cártel del Noreste y que la mitad de
sus regalías de plataformas llegaba a esa organización. Es una atribución de la
autoridad estadounidense, no una condena judicial. Además, conviene distinguir:
recibir ganancias musicales para financiar a un grupo delincuencial y ocultar
el origen de dinero ilícito son conductas relacionadas, pero no idénticas.
Vistos en conjunto, estos antecedentes permiten
entender el atractivo de apoyar una carrera artística. Financiar grabaciones,
promoción o presentaciones abre acceso a un negocio capaz de producir ingresos
legítimos. Peeeeeeeero (siempre hay uno) el problema aparece cuando esa
actividad encubre capital criminal o funciona en beneficio de sus operadores.
Una mala venta de boletos, por sí sola, no prueba lavado; pero tampoco lo
descarta un lleno. Lo decisivo está en el origen del financiamiento y en la
ruta de los pagos. El daño alcanza también a quienes trabajan legalmente. Si
una productora puede cubrir sus pérdidas con dinero proveniente de actividades
delincuenciales, compite con una ventaja que un empresario honesto no tiene. Y
cuando ese capital procede de extorsiones o narcotráfico, la prosperidad que se
exhibe en el escenario oculta el daño sufrido fuera de él.
En las redes sociales surge una variante. El 23 de
julio de 2025, MILENIO reportaba que tenía acceso a una lista de la Unidad de
Inteligencia Financiera con 64 influencers bajo investigación en el estado de Sinaloa.
El reportaje describió sospechas sobre crecimiento artificial de perfiles,
rifas y contratos publicitarios. Ese dato debe leerse como información
periodística sobre indagatorias, no como una lista de 64 culpables. Convertirlo
en una condena colectiva sería tan irresponsable como ignorar las señales que
describe. De ese mes a la fecha, al menos 10 de esos influencers han sido
abatidos (sospechoso…)
Por otra parte, una investigación de InSight Crime
publicada en mayo de 2026 identificó riesgos en rifas y pagos canalizados
mediante creadores de contenido. La pregunta útil es si las operaciones
declaradas realmente ocurrieron y quién aportó los recursos. Una campaña
publicitaria puede ser legítima; una factura también puede amparar un servicio
simulado. Corresponde comprobarlo con contratos, registros de pagos y evidencia
de la actividad. El número de seguidores ofrece contexto, pero no reemplaza esa
revisión.
Tampoco conviene confundir fenómenos. Inflar una
audiencia puede implicar engaño comercial; eso no demuestra automáticamente operaciones
con recursos de procedencia ilícita (también conocidos como “ORPI´s) . Exhibir
lujos o relacionarse con alguien investigado tampoco basta. Para sostener una
acusación hay que reconstruir operaciones y responsabilidades. Una
transferencia identificable ayuda a seguir el dinero, pero recibirla de una
empresa conocida no explica, por sí solo, toda la cadena anterior.
México no es una excepción. En Brasil, la operación
Narco Fluxo produjo detenciones en abril de 2026 por una presunta estructura de
lavado. El Ministerio Público Federal carioca describió empresas de fachada y
mezcla de recursos ilícitos con ingresos declarados. InSight Crime reportó
entre los detenidos al influencer “Chrys Dias” y al cantante “MC Ryan SP”. En
otras latitudes, el nigeriano Ramon Abbas, conocido en Instagram como “Hushpuppi”,
fue condenado en Estados Unidos en noviembre de 2022 a 135 meses de prisión por
conspiración para lavar dinero. Había sido detenido en Dubái y exhibía en redes
una vida de lujo financiada con delitos. Su expediente se refiere a fraudes y
lavado transnacional; no demuestra que Instagram fuera, en sí mismo, el
mecanismo de blanqueo. La plataforma funcionaba como escaparate de una riqueza
cuyo origen criminal fue acreditado.
El antecedente musical estadounidense obliga a
retroceder unas décadas. Eazy-E y N.W.A., asociados con el rap que marcó el
cambio de los ochenta a los noventa, ilustran la entrada de dinero delictivo al
negocio discográfico. El ensayo de Ben Westhoff publicado por la Biblioteca del
Congreso estadounidense describe cómo el rapero “Eazy-E” utilizó ganancias de
la venta de drogas para financiar su carrera. Ruthless Records publicó el ya
mítico álbum “Straight Outta Compton” en 1988; N.W.A. lanzó el sencillo “Efil4zaggin”
en 1991. El origen del episodio, por tanto, antecede a los noventa. En 1989, el propio “Eazy-E” reconoció ante Los
Angeles Times que actividades delictivas habían financiado su entrada al
negocio discográfico.
Para la seguridad ciudadana, la respuesta debe
concentrarse en la investigación patrimonial. Se debería proponer una
estrategia legal para que los contratos públicos de espectáculos permitan
conocer a los verdaderos dueños de las empresas contratadas y verificar a quién
se paga. Bancos, plataformas y autoridades deben mejorar la detección de
operaciones incongruentes y compartir información por las vías legales. Las
fiscalías necesitan convertir esos indicios en pruebas, con apoyo de policías
investigadores y especialistas financieros. Un reporte de inteligencia abre una
línea de trabajo; la responsabilidad penal requiere acreditación individual.
Los artistas y creadores también tienen interés en
conocer a sus financiadores: una oportunidad profesional puede comprometer su
patrimonio, su reputación y con ello, su carrera si aceptan condiciones que no
entienden. Revisar contratos y respaldar los servicios efectivamente prestados
protege al negocio legítimo. La política pública debe hacer posible esa
trazabilidad sin tratar a toda una industria como sospechosa. Mientras el
debate se agota en quién canta, qué presume o cuántos seguidores tiene, la
pregunta decisiva sigue esperando respuesta: quién puso el dinero y quién
terminó cobrándolo o como aquel filósofo tabasqueño, Francisco José Hernández
Mandujano mejor conocido como “Chico Ché” sentenciaba…”¿Quen pompo?” .
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