Se agudiza el narcoterrorismo en México

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Los ataques con explosivos en México no son algo nuevo, desde hace décadas se han utilizado como vehículo para el envío de ciertos mensajes de parte de grupos subversivos (donde el fin de estas acciones eran meramente políticas) o delincuenciales (las cuales buscan un fin económico) hacia el Estado mexicano. Sin embargo, ese siempre se ocupó de desviar dichos hechos nombrándolos fugas de gas o acumulación de gases químicos, accidentes, etc.

 

Fue en un lejano 2008 donde, ya gracias a la inmediatez de las redes sociales donde autoridades de los tres órdenes de gobierno cayeron en cuenta que ya no podrían disfrazar este tipo de hechos debido a que, el 15 de septiembre de ese año, en la ciudad de Morelia, Michoacán, estallaron dos granadas de fragmentación en el centro de la ciudad durante la celebración del grito de independencia el cual dejó un saldo de siete personas fallecidas y al menos 132 hombres, mujeres y niños que resultaron con lesiones graves. Algunos de los lesionados perdieron una o hasta dos de sus extremidades.

 

Las razones del porqué se maquillaban u ocultaban estos hechos eran variadas: desde razones políticas, sociales y hasta económicas (¿quién quiere invertir donde abiertamente se sabe que hay terrorismo o narcoterrorismo?). Así es, estimado lector, existió por mucho tiempo el miedo de, al decir lo que pasaba en México y llamarlo por su nombre “NARCOTERRORISMO” (entre comillas, en negritas y en mayúsculas) las inversiones extranjeras se irían del país. Sin embargo, como quedo asentado anteriormente, gracias a la tecnología, la inmediatez y las redes sociales, este es un tema que no puede ni debe ocultarse más y el uso de este tipo de dispositivos ha pasado a ser una herramienta más de los grupos de delincuencia organizada para infundir terror, tal y como lo son los videos de extorsivos, de ejecuciones a enemigos o los desmembramientos.

 

Desgraciadamente la historia ha demostrado que la actitud del estado mexicano de no nombrar las cosas como lo que son, tarde o temprano, cobran factura. El narcoterrorismo es una realidad latente y en franca escalada, este 24 de octubre amanecimos con dos hechos similares, uno en Acámbaro, Guanajuato donde, un coche bomba explotó afuera de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de esa comunidad, que se encuentra al sur del estado, dejando un saldo de tres oficiales lesionados, entre ellos una mujer reportada como grave. El segundo donde en Tultitlán, estado de México, un artefacto explosivo se activó y dejó como resultado a dos personas heridas del sexo masculino. 

 

Ahora bien, estas circunstancias generan preocupación por la falta de habilidad que han tenido los estados para poder comunicar temas de seguridad a la población para que sepan, sin entrar en paranoia como prevenir ser víctimas de este tipo de lamentables hechos. Aunque existes sistemas de comunicación social diseñados exprofeso para instituciones policiales, muchas autoridades creen que los compañeros que se dedican al periodismo o fueron reporteros para medios informativos son los más adecuados para diseminar información hacia la ciudadanía y lamento decirles que se equivocan.

 

Por otro lado es que los cuerpos policiales en México no están preparados para lidiar con este tipo de amenazas ya que ya no hablamos de hechos “aislados” si n de prácticas sistemáticas, y aunque el Buro de Armas de Fuego, Tabaco y Explosivos (ATF) capacitaba en México y en Estados Unidos a miembros de instituciones policiales para lidiar con estas amenazas, desde hace un par de años esta ayuda se suspendió (me consta porque yo fui beneficiario de ese tipo de instrucción) Ahora bien, como  cereza de este espantoso pastel tenemos que este tipo de amenaza no son solo explosivas. Así es, como lo lee…ya que desde abril de este 2024, el cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) comenzó a usar a través de drones no solo explosivos, si no armas químicas siendo el primer hecho de este tipo en el municipio de Coahuayana, ubicado en la región suroeste de Michoacán.

 

La pregunta que nace es ¿Están los servicios policiales listos para enfrentar este tipo de amenazas? ¿Lo está la Guardia Nacional o las fuerzas armadas? Más allá de estar o no de acuerdo con la política en materia de seguridad ciudadana del Estado mexicano, debemos estar conscientes de que son hombre y mujeres quien están poniendo en riesgo su vida para tratar de revertir la crisis de seguridad en la que el país está inmersas y las autoridades de los tres órdenes de gobierno están en deuda con ellos, mejor equipo, mejor seguridad social, mejores sueldos. ¿Usted por cuánto dinero trabajaría sabiendo que existen dispositivos con químicos o explosivos que pueden matarlo?

 

hidalgomontes@gmail.com

 Se arman los delincuentes, desarman a los ciudadanos, y México culpa a los fabricantes de armas (no es chiste, es anécdota).

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Esta historia se remonta a un no muy lejano año 2021, cuando el entonces canciller de México y ahora Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon era el portavoz de una demanda penal contra 13 fabricantes de armas en Estados Unidos, entre las que se encontraban marcas como: Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Glock, Colt's, Ruger, entre otras, donde se buscaba una compensación por los daños económicos y sociales derivados de la violencia armada en el país. Esta maniobra en su tiempo fue vista por muchos como un sinsentido y por otros como un audaz movimiento de la administración del entonces presidente López Obrador.

 

Inicialmente, aunque la demanda había sido admitida, un juez rechazó la demanda del gobierno mexicano, argumentando que la legislación vigente exime a los fabricantes de armas de cualquier responsabilidad por el uso ilegal de sus productos. Sin embargo, un tribunal de apelaciones reabrió el caso, apoyado en la afirmación de México de que entre el 70% y el 90% de las armas recuperadas en crímenes fueron traficadas desde Estados Unidos, según documentos judiciales.

 

Los fabricantes han solicitado que la Corte Suprema norteamericana revoque esta decisión, advirtiendo que podría desencadenar una oleada de demandas tanto de gobiernos extranjeros como de Estados Unidos, intentando responsabilizar a la industria armamentística por la violencia causada por los usuarios de sus productos y si lo vemos de forma objetiva y seria, tienen razón, y ahora pondremos un ejemplo de esto:

 

Lo que se está demandando es tan absurdo como intentar denunciar penalmente a las empresas automotrices por las muertes causadas por conductores en estado de ebriedad o denunciar a las empresas embotelladoras de cerveza por la violencia ejercida hacia las mujeres llevada a cabo por hombres bajo el efecto de sus productos. Las fábricas de armas no venden directamente al público civil. Es decir, lo hacen a través de armerías legalmente establecidas. El verdadero problema radica en la falta de supervisión adecuada sobre estas armerías en Estados Unidos. En todo caso, la solución al problema sobre el tráfico de armas desde la Unión Americana, también llamado “Río de metal” (por la cantidad de armamento que pasan de Estados Unidos a territorio mexicano) es generar una estrategia de mayor vigilancia y estricto control de las ventas de que se hacen, así como el establecimiento de reglas claras para los compradores de armamento así como un trabajo coordinado dentro de las aduanas por parte de ambas naciones. Quien quiere importar legalmente, enfrenta toda serie de trabas burocráticas y administrativas, incluyendo ahora señalamientos sobre cuotas "no arancelarias" del crimen organizado, mientras que quien quiere saltarse la ley lo hace sin tantas trabas.... incluyendo, ingresando armas de fuego y sus componentes que terminan en manos del crimen organizado y no organizado (y esto también es la cruda verdad).

 

Lo anterior, sin llegar a los extremos de México, donde un derecho constitucional (artículo 10º) que es poseer un arma de fuego para protección domiciliaria, actividades cinegéticas y de tiro deportivo está siendo sobre regulado, complicando aún más el acceso legal a las armas para los ciudadanos, lo que genera que muchas armas dentro del mercado negro no vayan a grupos delincuenciales como se supone, sino a ciudadanos que tratan de defender a su familia y sus pertenencias (esto es un hecho nos guste o no).

 

En México, adquirir un arma de fuego legalmente implica cumplir con una serie de requisitos estrictos, los cuales quienes poseemos armas debidamente registradas para las actividades antes mencionadas (protección domiciliaria, caza o tiro deportivo) cumplimos a cabalidad. Sin embargo, las leyes actuales parecen estar diseñadas para desarmar a los ciudadanos, no a los delincuentes. ¿Por qué? Porque los delincuentes, por definición, no siguen las leyes. Así que ellos seguirán la tendencia de hacerse de armamento de forma ilegal. Hoy en día se tiene una propuesta para restringir más el acceso a las armas a los ciudadanos y reitero: a los ciudadanos; personas que hemos comprobado un modo honesto de vivir, pasado exámenes psicológicos, y requisitos documentales...

 

En lugar de culpar a otros países o entidades privadas por la crisis de violencia en México, deberíamos concentrarnos en problemas verdaderamente relevantes como la salud, la seguridad, la impunidad y la economía. Estos son factores que alimentan la percepción de que la violencia es una solución viable a los problemas sociales del país.

 

Un miembro de la delincuencia organizada no va a entregar su arma, ya que es su herramienta de trabajo. La propuesta de modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos busca desarmar a los ciudadanos, algo completamente diferente y contraproducente y desgraciadamente las propias cifras del estado mexicano han dejado claro en la crisis que en materia de seguridad estamos. Aunque en conferencias matutinas se diga desde hace años lo contrario, solo basta ver cifras de entidades estatales, organizaciones internacionales, así como ONG´s para comprobarlo.

 

Es momento de dejar de culpar a terceros o a gobiernos pasados por lo que ocurre en México. Necesitamos unirnos, pero en torno a nuestro país, no en torno a ningún gobierno en particular. Al final del día, no podemos vivir con miedo al Estado; es el Estado el que debe temer al verdadero soberano: el ciudadano.

 

La demanda contra los fabricantes de armas y la intención de modificar una ley que ya es anacrónica y obsoleta (es de principios de la década de los 70´s), refleja la falta de disposición de los servidores públicos encargados de legislar para buscar asesoría de verdaderos especialistas. Solo a través de propuestas concretas, correctas y viables podremos avanzar hacia el control de la violencia y la delincuencia en nuestro país. Lo único que nos van a gritar desde las Cortes en Estados Unidos con esta demanda será un: ¡ya siéntese señora! y eso no necesita la jefa del Estado mexicano, necesita propuestas que abonen, que unan y que resuelvan.

 

hidalgomontes@gmail.com

 Más soldados, menos policías y peores resultados.

El abandono de las policías municipales en México

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

La ahora presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo tiene un gran reto en materia de seguridad por delante. Durante la administración del ahora expresidente, Andrés Manuel López Obrador, el abandono y el desdén a las policías municipales se recrudeció. Ya que las instituciones policiales locales que deberían ser el primer eslabón de seguridad en todo el país sobreviven casi de milagro con el mínimo de recursos y cada vez más vulnerables a los embates de la delincuencia organizada.

Tan sólo de 2021 a 2022, los ataques de grupos armados a las policías municipales aumentaron la friolera de 141%. Además, para colmo de los males, dichos enfrentamientos no se dan en igualdad de circunstancias. Lo anterior debido a que los criminales tienen mejor equipo y armamento en contraste con los elementos policiales, que en su gran mayoría carecen de todo: vehículos en buen estado, armas adecuadas, municiones suficientes, uniformes y hasta chalecos balísticos para su protección.

Este desmantelamiento sistemático de las policías municipales comenzó en 2021 con la eliminación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG). Quitarles recursos a las corporaciones municipales empeoró las ya deterioradas condiciones de los policías debido a que, en la mayoría de las localidades, sus autoridades  invertían muy poco en ese tema se mal acostumbraron a solo invertir lo que la federación les daba. Por lo que, al tener que hacer uso de recursos propios que muchas veces se ven insuficientes por una mala gestión presupuestal local, se dejaron de comprar patrullas, no se les da mantenimiento a las que se tienen, el armamento se ve rápidamente insuficiente y vas dejando de tener elementos policiales debido a que no tienes recursos para soportar el gasto corriente que se genera. Lo que desemboca en un sensible aumento del miedo, la violencia y la delincuencia.

La administración federal saliente acabó con el dinero que se entregaba a las corporaciones municipales. Aunque el entonces presidente López Obrador lo negó en sus famosas mañaneras, la última vez que se etiquetaron recursos en el presupuesto de egresos de la federación para la Seguridad Pública local fue en 2020. Desde entonces la prioridad del gobierno federal es la Guardia Nacional (que resultados positivos que ustedes digan, uy que bárbaros, pues no han dado). La organización Causa en Común ha documentado que de 2020 a 2023 el presupuesto para esta institución pasó de 4,000 millones a 67 mil 800 millones de pesos. Un crecimiento de 17 veces en 3 años. El cual se trata de dinero mal invertido, los casi 200,000 asesinatos en el sexenio de López Obrador y el incremento de la inseguridad han roto todos los récords de violencia de las últimas décadas en México instituciones como el INEGI, Causa en Común, entre otras, así lo indican

Las instituciones policiales de orden municipal son el eslabón más frágil y sin embargo, el más importante de todo el Sistema de Seguridad Pública, lo anterior se debe a que la mayoría de incivilidades (faltas administrativas) así como delitos, son de fuero común por lo que una policía local fortalecida y sana se vuelve el cimiento de una estrategia de seguridad exitosa.

Otro punto a resaltar es que, hoy en día, ser policía municipal es una actividad de alto riesgo. Tan solo en 2022, 136 elementos policiales fallecieron durante su jornada laboral según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la mitad de los cuales sucedieron durante disputas con grupos armados de la delincuencia organizada. Por otra parte, en lo que va de 2024, al menos 113 policías municipales han sido asesinados en el país según datos de la organización Causa en Común. En los homicidios de este año, destaca la cantidad de ataques en entidades como Guanajuato, Estado de México y Nuevo León. Las pugnas por el territorio entre grupos delincuenciales, cada vez más empoderados, pone a los elementos locales en franca vulnerabilidad. Si colaboran con los delincuentes corren el riesgo de ser asesinados y si deciden no participar… también.

 Ante estas adversas condiciones ¿quién quiere ser policía municipal en México? La verdad es que cada vez menos personas buscan esta profesión. En el sexenio de López Obrador, el número de policías locales pasó en 2 años de casi 189,500 a 173,400 (la cifra más baja desde 2010). Al olvido institucional se suma el empoderamiento exponencial, violento y sin precedente de los grupos delincuenciales, todo esto aderezado cual ensalada, por la apuesta, rayando en necedad del amigo que mala copea en el antro, del gobierno federal por el despliegue de soldados de la Guardia Nacional (GN) sin labores de inteligencia previos ni una estrategia local específica (no todas las comunidades ni los fenómenos delincuenciales son iguales). De esta forma, las instituciones municipales están expuestas ante la delincuencia; no son apoyadas por la Guardia Nacional (GN) y reciben tareas para las cuales no fueron preparadas. Tal y como está ocurriendo con las fuerzas armadas que ahora tienen que hacer de todo menos para lo que se instituyeron. El descontento de muchos mandos medias y altos dentro de las fuerzas armadas es cada vez más visible (como lo hacen patente muchos audios y videos en redes sociales donde expresan su sentir).

La nueva estrategia nacional de seguridad acaba de ser presentada, la cual se cimentará en cuatro ejes: 1) Atención a las causas; 2) consolidación de la Guardia Nacional; 3) fortalecimiento de la inteligencia e investigación; y 4) coordinación con las entidades federativas. Es precisamente en el eje número cuatro donde se ve una luz al final del túnel, solo el tiempo lo dirá si esa luz era para recuperar a las instituciones policiales locales o era la luz que indica la transición a una mejor vida. Queda claro que la militarización de las instituciones policiales no ha funcionado y que mas dinero no es proporcional al discurso de “más calidad”.

 

hidalgomontes@gmail.com