Hacia una cultura del bienestar mental policial: una urgencia social

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

Cuando hablamos de seguridad ciudadana, solemos concentrarnos en cifras de homicidio, robos, extorsiones y presencia policial en las calles. Sin embargo, un factor crucial y muchas veces invisibilizado (a veces de forma inadvertida y otras “convenientemente”) es el bienestar emocional, psicológico y social de quienes portan el uniforme: los elementos de las fuerzas policiales. Hoy, más que nunca, una cultura de bienestar mental no es un lujo ni una concesión benévola: es una inversión estratégica en legitimidad, eficacia y que créalo o no, incide en el respeto de los derechos humanos tanto de ciudadanos, elementos policiales y hasta de probables responsables de la comisión de algún delito.

Las instituciones policiales trabajan cotidianamente expuestas a factores de alto riesgo mental: confrontaciones violentas, accidentes, intervenciones en escenas traumáticas, presión institucional, intransigencias por parte de miembros de la comunidad (se tenía que decir y se dijo) así como quejas ciudadanas. Estos elementos los colocan en mayor probabilidad de padecer trastornos como depresión, ansiedad, estrés postraumático (TEPT), abuso de sustancias o ideación suicida. En el ámbito internacional, se observa con claridad que los cuerpos policiales registran índices de trastornos mentales por encima del promedio poblacional.

Pero no basta con señalar el problema: lo que marca la diferencia es el entorno organizacional. La cultura policial (con su énfasis en fortaleza, disciplina y control) muchas veces estigmatiza la expresión de vulnerabilidad. En otros términos: un elemento policial que acude a terapia puede verse como “débil”, “no apto”, “traidor” al espíritu de cuerpo. Esa presión silente inhibe la búsqueda de ayuda.

Por ejemplo, en un estudio cualitativo en Reino Unido donde, como en muchos países, si se hacen investigaciones científicas enfocadas a las instituciones policiales(cof, cof), exfuncionarios policiales relataron que la mentalidad interna les impedía compartir el peso emocional del oficio: “todo se internaliza, todo se asimila como parte del deber”. En otro trabajo, la “cultura policial” se identifica como un factor de riesgo para que los oficiales eviten acudir a servicios de salud mental, por temor al juicio institucional o la repercusión profesional.

Este ciclo (riesgo psicológico + estigma institucional) reproduce silencios que afectan no solo al agente sino al ciudadano: un policía emocionalmente desgastado puede reaccionar con menor empatía, mayor rigidez o responder indebidamente ante crisis. En ese espacio, se erosiona la confianza pública, precisamente cuando más se necesita.

El adoptar una cultura de bienestar mental de las instituciones policiales no es “un gasto social opcional”, sino una política de mejora organizacional con, al menos, 4 efectos multiplicadores:

1.    Mejor desempeño y vigilancia de calidad: Un policía que cuenta con herramientas para gestionar estrés, trauma o desgaste emocional estará en mejores condiciones de tomar decisiones con mesura, calma y profesionalismo.

2.    Prevención de errores críticos: Estudios muestran que las intervenciones psicológicas (como terapia cognitivo-conductual, programas de respiración, mindfulness) pueden reducir manifestaciones de violencia, conductas reactivas o uso excesivo de fuerza. En México, un proyecto piloto con policías de la Ciudad de México aplicó técnicas de cambio de hábitos y meditación, con buena aceptación. Pero como todo en este país al cambio de jefes o administración, las buenas prácticas se olvidan o ignoran.

3.    Salud laboral y retención del capital humano: Las instituciones policiales que descuidan la salud mental enfrentan ausentismo, renuncias prematuras, incapacidades psicológicas y desgaste institucional. Invertir en salud mental es, al fin, proteger a su propio recurso más valioso: su gente.

4.    Legitimidad y confianza social: Cuando la ciudadanía percibe que los policías son tratados como seres humanos (y no como máquinas de seguridad), se favorece un círculo virtuoso de respeto mutuo y colaboración ciudadana.

Las buenas prácticas existentes lo confirman. En el informe “Best Practices to Advance Officer Wellness” del Departamento de Justicia de EE. UU., se recopilan programas exitosos de bienestar integral (físico, emocional, social) con evidencia creciente de su eficacia. Asimismo, se recomienda que las agencias recopilen datos, realicen evaluaciones constantes y promuevan una cultura de salud mental como parte del deber policial, no como un añadido.

Pero…si la solución es clara, ¿por qué pocas policías la adoptan de forma efectiva? Los obstáculos son varios:

a)       Resistencia cultural: La tradición policial tiende a valorar el “aguante”, la disciplina férrea y el sacrificio silencioso. Esto aún opera como norma no escrita en muchos cuerpos.

b)       Falta de capacitación y sensibilidad de liderazgo: Muchos mandos intermedios desconocen los efectos del trauma psicológico o ni siquiera lo consideran como parte de la responsabilidad institucional. Ante ello, los programas de bienestar pueden verse como “blandos” o secundarios.

c)       Insuficiente presupuesto o prioridades contrapuestas: Las fuerzas policiales a menudo operan con restricciones presupuestarias importantes, que priorizan equipamiento, patrullas o armamento, relegando lo “blando” a segundo plano.

d)       Carencia de estructuras de salud mental integradas: No basta con tener psicólogos aislados; es necesario disponer de unidades especializadas, protocolos confidenciales, seguimiento institucionalizado y redes de apoyo.

e)       Miedo a repercusiones profesionales: Si un agente asume que acudir a terapia será utilizado en su contra (evaluaciones, promociones, expedientes), el incentivo es no hacerlo.

Estas barreras exigen algo más que discursos: requieren transformaciones tácticas y simbólicas simultáneas.

Fomentar una cultura de bienestar mental policial no es suavizar exigencias, sino fortalecer raíces. Cuando un agente puede expresar su angustia, reconocer su desgaste, gestionar su estrés y encontrar apoyo profesional, se le dota de herramientas internas que se traducen en mejores relaciones con ciudadanos, decisiones más calibradas bajo tensión y reducción de errores trágicos.

La transformación de una cultura policial exige paciencia, voluntad política y persistencia. No bastan memorandos: deben acompañarse de acciones visibles, presupuestos reales y señales simbólicas. Imaginemos por un momento un operativo donde la planificación incluya no solo logística y táctica, sino pausas psicológicas, monitoreo emocional de los agentes y apoyo posterior. Eso no debilita la institución: la robustece.

En un país como el nuestro, donde la relación entre policía y ciudadanía está marcada por desconfianza y heridas, construir fuerzas policiales con salud mental no es solo un acto de justicia interna: es un acto de responsabilidad pública. Una policía emocionalmente sana es más justa, más eficiente y más digna.

Que en cada institución federal, estatal y municipal nazca la política de bienestar mental no como un adorno progresista, sino como un eje central de su función. No es un reclamo secundario: es una deuda con quienes cuidan nuestra seguridad y con la propia seguridad del país. Donde muchas veces se cree que solo se necesita un sueldo y equipo para realizar el servicio policial dejando de largo que lo mas valioso de una institución que se dedica a la aplicación de la ley es su capital humano.

hidalgomontes@gmail.com

 La anatomía del extremismo violento, la nueva constante no solo en Estados Unidos sino en América Latina

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

El pasado 10 de septiembre de este 2025, el activista conservador Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA, fue asesinado de un disparo durante un evento al aire libre en la Utah Valley University y el video de este impactante y a la vez lamentable suceso se hizo viral en cuestión de minuto. Autoridades estatales y federales capturaron a probable responsable de 22 años, y el gobernador de Utah ha calificado el hecho como un atentado político mientras se investigan los motivos y las redes de influencia que lo rodearon.

En este contexto, el caso de Charlie Kirk es necesario estudiarlo no solo como un delito violento, sino como una ventana (incómoda pero necesaria) a la dinámica del extremismo violento contemporáneo. Si no se estudia con rigor y enfoque preventivo, poco importa la ideología de origen (política, social o religiosa): las mismas lógicas de deshumanización, polarización y legitimación de la violencia pueden derivar en conductas con tendencias terroristas. Dicho de otro modo: el punto no es quién habla más fuerte, sino quién cruza el umbral hacia la violencia y por qué y ojo no me refiero únicamente a Estados Unidos el extremismo violento se comienza a percibir como una amenaza constante en toda América Latina.

Según el parte oficial, Kirk fue abatido de un solo disparo durante un evento masivo de formato de “debate abierto” con estudiantes. Días después, la policía y el FBI confirmaron la detención de un probable agresor; el gobernador de Utah, Spencer Cox detalló que el individuo habría mostrado un deterioro personal en meses recientes, y que se investigan sus consumos mediáticos y su actividad en línea. Al mismo tiempo, universidades de diversos estados reportaron un repunte de llamadas falsas, conocidas como “swatting” tras el asesinato, lo que añadió presión operativa y miedo colectivo. Nada de esto es anecdótico: el modus operandi, la elección del objetivo (una figura polarizante y de alto perfil) y las reacciones digitales que siguen al hecho son parte de la ecología contemporánea del extremismo.

La prevención moderna de la violencia dirigida y del terrorismo, al menos en Estados Unidos asume que muchos actos son prevenibles si se interviene antes de que la conducta escale a la violencia. Para ello, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través del Center for Prevention Programs and Partnerships (CP3), financia y coordina programas locales que trabajan con escuelas, universidades, autoridades y sociedad civil. No se trata de perseguir ideas, sino de detectar comportamientos de riesgo, brindar rutas de ayuda y activar protocolos de evaluación/gestión de amenazas, sin embargo la mayoría de naciones del continente no cuentan con este tipo de programas lo que ha generado un aumento de casos de extremismo violento en la región a pesar de la existencia del Plan de Acción para Prevenir el Extremismo Violento de Naciones Unidas (2015–2016) insiste en anteponer la prevención, reforzar instituciones, educar en derechos humanos y trabajar con factores de riesgo psicosocial y comunitario. UNESCO sintetiza la idea: “nadie nace extremista violento; se forma y se alimenta” —la educación y la resiliencia son herramientas clave. La verdad es que en la praxis es letra muerta.

3) La caja negra de la radicalización: de la retórica a la acción

En los últimos años ganó tracción un concepto polémico pero útil para el análisis de riesgo: “terrorismo estocástico”. En términos generales, describe la posible relación entre discursos públicos deshumanizantes o incendiarios y actos violentos cometidos por actores solitarios, de forma estadísticamente previsible pero individualmente impredecible. La literatura académica y técnica lo discute (y matiza su utilidad legal), pero coincide en que la retórica pública puede bajar umbrales de inhibición en audiencias predispuestas. (Cof cof…como en muchos países latinoamericanos “guiño guiño”)

Importa subrayarlo en el caso Kirk: analizar la retórica y los ecosistemas informativos no equivale a culpar automáticamente a un orador o a un bando por un delito ajeno. Sí implica, en cambio, mapear cómo ecosistemas de mensajes (algorítmicamente amplificados) crean marcos de “nosotros vs. ellos”, producen “silbatos para perros” o “dog whistles” (un tipo de lenguaje codificado o simbólico que se utiliza para transmitir un mensaje específico a un público o grupo determinado, sin que el mensaje sea evidente o comprensible para la población en general) y normalizan el lenguaje de eliminación, factores que pueden interactuar con crisis personales o mentales del eventual agresor.

Los campus universitarios son hoy nodos de riesgo y oportunidad. Riesgo, porque concentran debates altamente polarizados, públicos masivos y, en algunos estados, regímenes permisivos de armas en espacios educativos (el caso Utah reabrió esa discusión). Oportunidad, porque cuentan con infraestructura para evaluación conductual de amenazas, redes psicosociales, códigos de convivencia y programas de alfabetización mediática. Un enfoque de salud pública (primario, secundario y terciario) permite actuar en cada capa: construir resiliencia comunitaria; detectar y derivar a servicios a quien exhibe señales de riesgo; y gestionar casos críticos con equipos interdisciplinarios.

¿Qué nos dice el caso Kirk sobre todas las ideologías?

La investigación oficial aún perfila el motivo y el itinerario de radicalización del sospechoso. Informes periodísticos indican que familiares refirieron un giro ideológico reciente y un consumo intenso de contenidos en línea; otras notas mencionan contradicciones biográficas (procedencia conservadora vs. posturas emergentes). Más que fijarnos en la etiqueta política, el hallazgo crítico es otro: las trayectorias hacia la violencia son individualizadas, no lineales y mediadas por crisis personales; lo determinante es si el entorno ofrece rutas de contención antes de que un individuo cruce el umbral.

De hecho, la política pública puede acelerar o frenar esa capacidad preventiva. En agosto se reportó un giro de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para despriorizar actividades explícitas contra el extremismo violento doméstico en ciertos fondos, alentando a reetiquetar proyectos bajo otras prioridades. Más allá de los matices partisanos, cualquier reducción abrupta en prevención —sin evaluación de impacto— resulta contraproducente frente a un fenómeno que se alimenta de ciclos de atención y abandono.

Recomendaciones prácticas (aplicables más allá de EE. UU.)

a)             Hablar de conductas, no de ideas. Las universidades, partidos, iglesias, sindicatos y empresas necesitan protocolos de evaluación de amenazas conductuales que miren señales: fijación con agravios, fugas de confidencias (“leaking”), búsqueda de medios, ensayo, intención comunicada. Destigmatizar la derivación temprana a apoyo psicosocial.

 

b)             Transparencia y “guardrails” en plataformas digitales. La frontera entre “contenido no ilegal pero dañino” y apología abierta de la violencia requiere reglas de diseño: frenos algorítmicos el “brigading”, detección de “dog whistles” contextuales y rutas de alerta hacia equipos de prevención locales que identifiquen como un vacío recurrente ante el “contenido limítrofe”.

 

c)             Currículas de resiliencia y alfabetización informacional. No es pedagogía moralizante: es entrenamiento práctico para reconocer técnicas de deshumanización, propaganda de “enemigo existencial”, narrativas conspirativas y “gaslighting” político. La ONU y UNESCO lo plantean como prioridad civilizatoria, no partidaria.

 

d)             Seguridad de eventos sin “militarizar” las universidades. Lecciones del asesinato en Utah: evaluación de escenarios de forma razonable según riesgo, inteligencia de entornos digitales previa al evento, rutas de evacuación y alianzas con equipos clínicos y de bienestar. Ajustar marcos de porte de armas donde corresponda—decisiones soberanas, sí, pero informadas por riesgos reales de violencia motivada.

La conclusión incómoda (y necesaria)

Es posible (y saludable) discrepar con las posturas de Charlie Kirk, su movimiento y sus ideas. También es innegociable defender que la violencia nunca es respuesta en una democracia. Reducir su asesinato a “otro crimen violento” sería una evasión: nos impide ver los engranajes que pueden llevar, a cualquier persona y desde cualquier ideología, a cruzar el umbral de la violencia política. Estudiar el caso con lente preventiva no es criminalizar disensos; es fortalecer las defensas de la sociedad contra todas las derivas que, por la vía de la deshumanización, terminen pareciéndose demasiado al terrorismo.

Lo que está en juego no es la agenda de un bando, sino el perímetro de lo civilizado, no solo en Estados Unidos, ejemplos palpables los tenemos en lugares como Argentina, Colombia, Ecuador, México (ni como negarlo), Perú, Brasil y el reguero de pólvora se extiende por todo el continente. La pregunta obligada es ¿Haremos algo o seguiremos evadiendo el tema?

hidalgomontes@gmail.com

 A un año de la actual administración federal ¿hacia dónde vamos en materia de seguridad?

 

Por: hidalgomontes@gmail.com

 

A un año ya de la llegada al poder de la presidenta Claudia Sheinbaum, más allá de los ritos políticos que cada año se llevan a cabo para realizar “cortes de caja” y el envío de notables generadores de violencia mexicanos hacia Estados Unidos se vuelve necesario reflexionar ¿hacia dónde vamos? Y esta pregunta podemos aplicarla a muchos rubros, pero nos enfocaremos en el de la seguridad.

A 365 días del cambio de administración federal ha quedado claro el golpe de timón que se ha dado en el tema que, junto con la salud, se volvío el talón de Aquiles de los que antecedieron la administración de la mandataria mexicana don el “Abrazos y no balazos” agrando la ya lastimosa crisis en la cual el país se encontrara antes de la llegada de la llamada “cuarta transformación”

              No sería justo negar los logros que se han alcanzado como la disminución de homicidios donde el promedio diario de homicidios dolosos ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos meses, con un registro de 72 homicidios diarios en el sexenio actual hasta agosto de 2025, lo que representa una disminución significativa respecto al sexenio anterior. 

Otros ilícitos como el robo de vehículos ha registrado una reducción importante en el robo de vehículos, con un promedio de 98.8 vehículos diarios robados con violencia en junio de 2025, una disminución del 33.5% respecto a octubre de 2024. 

              Desgraciadamente no todo es miel sobre hojuelas, ya que, aunque la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 2024 indica que, en 2023, el 27.5% de los hogares tuvo al menos una víctima de un delito y que los delitos que más afectan a la población son el fraude, el robo o asalto en calle o transporte público, y la extorsión. La verdad es que las cifras no encajan con la palpable ola de violencia que en todo el territorio nacional se vive.

Sin embargo, a las halagadoras cifras que sí, demuestran cierta mejoría, se ponen en duda ciertos métodos del cómo se obtienen. Por ejemplo, en homicidios, donde estos han disminuido curiosamente en casi en la misma cantidad que las desapariciones han aumentado así como el uso de la categoría “Otros delitos que atentan contra la vida” que pareciera que se utiliza para diluir la cantidad de homicidios ocurridos en el país.

Y si a lo anterior le sumamos que, un alto porcentaje de los delitos (más del 90%) en 2024, no se denuncia o la autoridad no inicia una carpeta de investigación, lo que se conoce como la "cifra oculta". Así que en cifras vamos bien peeeeeeeeero (porque siempre existe negrito en el arroz) no se basa con la completa realidad nacional.

La actividad de la delincuencia organizada siegue siendo la principal causa de homicidios y violencia con armas de fuego en el país, y se estima que su proporción en los homicidios ha crecido considerablemente.

A pesar de los datos antes primeramente expuestos, la percepción de inseguridad sigue siendo alta, y en 2024, el crimen se identificó como el mayor problema crítico por el 68% de los encuestados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ente del cual depende la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) antes mencionada.

En esta ocasión, estoy utilizando solo este instrumento de medición para que, basándonos en los datos oficiales, se pueda comprender la necesidad de la reflexión que se necesita en materia de seguridad.

¿Ha habido avances considerables? Si respecto a la estrategia anterior ¿Se deben redoblar esfuerzos? La respuesta es un rotundo ¡sí! Aquí el problema yace que hay regiones del país donde se están cometiendo los mismos errores del pasado. Se debe apostar por la prevención de la violencia y la delincuencia, así como en el fortalecimiento de las policías locales en lugar de fortalecer las estatales o nacionales ¿Por qué sostengo esto? Bueno es debido a que, con cifras del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), de los delitos denunciados, aproximadamente 17.76 % de las víctimas corresponden al fuero federal, mientras que 82.24 % pertenecen al fuero común. Por lo que sostengo que, mientras no le apostemos a generar estrategias de prevención de la violencia y la delincuencia, así como profesionalizar y equipar a los servicios policiales en el orden local no podremos tener resultados palpables para el año dos de esta actual administración federal y no sé qué piensen ustedes, pero ya la situación se siente insostenible a un mediano plazo.

hidalgomontes@gmail.com

 ¿Una Academia Nacional de Seguridad Pública en México es viable?

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

El pasado 22 de julio, el Gobierno de México anunció con bombo y platillos la creación de una Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) para formar mandos, titulares de seguridad, personal operativo y perfiles de investigación bajo estándares unificados. De acuerdo con los comunicados y coberturas de ese día, la primera generación arrancaría en agosto con una malla común para policías y operadores de procuración de justicia, y un énfasis en principios éticos y visión centrada en las personas.

 

La futura ANSP se enmarca en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, que contiene cuatro ejes rectores: 1) atención a causas, 2) consolidación de la Guardia Nacional, 3) fortalecimiento de inteligencia e 4) investigación y coordinación absoluta con estados y municipios. La academia es una pieza del eje de profesionalización y estandarización del sistema policiológico y de procuración de justicia. Sin embargo, esta idea no es nueva y no ha sido la primera vez que se trata de generar una institución con dichas características, pero… ¿Por qué se ha fracasado anteriormente?

 

a) Fragmentación institucional: demasiadas “escuelas”, pocos estándares

 

México no carece de centros de capacitación: al contrario, existen decenas de Instancias de Profesionalización en Seguridad Pública (IPSP) registradas ante el SESNSP, con academias municipales, estatales y universidades de seguridad que funcionan con capacidades y calidades disparejas. Esa dispersión es el síntoma de un modelo atomizado, difícil de supervisar y con costos de coordinación elevados.

 

Para corregir la heterogeneidad, desde 2017 existen Consejos Académicos Regionales que deberían armonizar contenidos; aun así, su operación ha sido intermitente y dependiente del impulso político del momento. Sin embargo, se han convertido en reuniones donde se mide el ego de los titulares de las instituciones y donde se llegan a acuerdos que quedan en letra muerta (yo lo viví nadie me lo contó).

 

b) Currícula desalineadas y ejecución desigual del Programa Rector

 

El Programa Rector de Profesionalización (PRP) define contenidos mínimos de formación inicial y continua. Pero su actualización (2019–2025) no siempre se ha traducido en implementación homogénea en aula y campo; la actualización instruyó aplicar los nuevos contenidos a más tardar en enero de 2024, pero varios estados avanzaron a ritmos distintos. Además, se tiene cierto temor a poner en la mesa el tema de las amenazas emergentes como: drones, fentanilo, lavado de activos con criptomonedas, amenazas explosivas entre otras.

 

c) Certificación incompleta del personal en activo

 

La norma exige que cada policía cuente con Certificado Único Policial (CUP) —que acredita control de confianza, competencias básicas y desempeño—. Al 31 de diciembre de 2024, solo 88.2% del personal estatal contaba con CUP vigente, un rezago relevante para un estándar que debería ser universal. En instituciones jóvenes como la Guardia Nacional, la magnitud del reto fue explícitamente reconocida por la propia administración.

 

d) Debilidades andragógicas persistentes

 

En la literatura académica latinoamericana se documentan déficits en la enseñanza-aprendizaje policial, sesgos corporativos y poca evaluación formativa, lo que merma el tránsito de contenidos normativos a desempeño en calle. México no es la excepción: estudios en SciELO subrayan la necesidad de integrar derechos humanos, ética pública y evaluación continua con diagnósticos serios en centros educativos policiales.

 

Redondeando la idea, no se ha fallado en “la idea” de profesionalizar a las instituciones policiales, sino el cómo: un mosaico de academias sin un marco único de calidad; currícula que cambian sin aseguramiento andragógico; y un estándar, el Certificado Único Policial (CUP) aún no universal.

 

De los insumos públicos puede inferirse que la ANSP apunta a: I) unificar estándares curriculares y de evaluación, II) alinear la formación inicial y continua con el PRP, III) vincular investigación criminal, inteligencia y justicia cívica al aula, y IV) certificar (o recertificar) bajo criterios nacionales, reduciendo los “huecos” que deja la fragmentación. Todo ello está alineado con los ejes de la Estrategia Nacional aprobada en

 

Instituciones como la Academia Nacional del Buró Federal de Investigaciones (EUA), la Escuela Nacional de Policía (Ávila) y Centro Universitario de la Policía (España), la École Nationale Supérieure de la Police Francia, la Academia Nacional de Seguridad Pública (El Salvador) son ejemplos vivos de que iniciativas así son necesarias y viables siempre y cuando se cumplan algunas condiciones como:

 

a)      Gobernanza académica. Un Consejo Académico Nacional con representación estatal y local con base a expertos con experiencia real y probada en seguridad que apruebe mallas, abra procesos de evaluación externa y publique reportes anuales de resultados (tasa de certificación, deserción, desempeño en competencias básicas, queja ciudadana), en sintonía con el Programa Rector de Profesionalización (PRP) y con los Consejos Regionales ya normados

 

b)      Alineación total con el CUP y metas públicas. La ANSP debería fijar metas mensuales para llevar el CUP de 88.2% a 100% en 18–24 meses, con cursos equivalentes y recertificación por módulos, priorizando plantillas operativas estatales y municipales.

 

c)      Universitarizar sin burocratizar. Firmar convenios marco con universidades públicas para doble titulación, créditos transferibles y investigación aplicada en temas policiales (fuerza, comunicación en crisis, DDHH, justicia cívica). La evidencia europea sugiere que la calidad depende de estándares evaluables y entrenamiento basado en escenarios que simulan la carga psicofisiológica del servicio.

 

d)      Malla modular nacional con 30% de práctica supervisada. Tomar como referencia Ávila y ENSP: bloque común nacional (legalidad, uso de la fuerza, investigación y cadena de custodia, violencia de género, proximidad y mediación), con pasantías obligatorias y evaluación por rubricas estandarizadas.

 

e)      Escalafón vinculado a formación y desempeño. El ascenso debe exigir resultados de evaluación y acreditación de competencias, más allá de antigüedad, como documentan prácticas de ascenso en la ENP española y no como pasa actualmente a través de procesos poco transparentes donde ascienden amigos, compromisos y/o compadres.

 

f)        Transparencia de datos. Publicar datasets trimestrales: avance de certificación, número de cursos, tasa de aprobación/reprobación.

 

g)      Formación en derechos humanos y ética pública con evaluación auténtica (no solo memorística), siguiendo recomendaciones regionales para pasar del discurso al desempeño.

 

¿Cuáles son los riesgos? (porque los hay)

 

1. Centralizar sin capacidad operativa. Si la ANSP no logra capilaridad (sedes regionales y alianzas locales), puede convertirse en un cuello de botella. La red regional ya prevista en norma debe activarse como extensión de la academia nacional.

 

2. Politización y vaivenes sexenales. La experiencia comparada enseña que la estabilidad proviene de dar autonomía técnica a la academia y vincularla a universidades con reglas de aseguramiento de calidad (cosa que en nuestro México pocas veces ocurre)

 

3. Brecha entre currículo y calle. Sin práctica basada en realidad o RBT (por sus siglas en inglés) y evaluación en servicio, los contenidos no se traducen en menos abusos o mejores investigaciones.

 

4. CUP como trámite. Si el certificado no se liga a competencias observables y desempeño, será un requisito formal más. La propia reflexión institucional sobre el CUP advierte la carga de certificar plantillas numerosas sin perder calidad.

 

Esta propuesta no inventa la profesionalización; centraliza y eleva el listón. Si se implementa con gobernanza académica robusta, metas públicas de certificación y alianzas universitarias, puede corregir tres fallas históricas: fragmentación, desalineación curricular y evaluación laxa. La evidencia señala que centralización con estándares, universitarización, entrenamiento realista y evaluación transparente son la mezcla que más correlaciona con mejoras en desempeño y legitimidad y nuestras policías y nuestro México ya se lo merecen.

 

hidalgomontes@gmail.com

 

 Si pensaba que lo peor que nos podía pasar era el fentanilo…con ustedes: “los nitazenos”

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

El 29 de julio, el diario norteamericano Wall Street Journal (WSJ) publicó una investigación que cimbró a las estructuras sanitarias, de seguridad, así como de procuración de justicia por igual en todo el hemisferio occidental, hablando de una amenaza de una clase de sustancias que poco se había escuchado, pero ya cientos de víctimas había cobrado (verso sin esfuerzo jeje) …”los nitazenos”.

Los nitazenos, también conocidos en los bajos mundos como “super opioides” son un grupo de compuestos desarrollados en la década de 1950 como analgésicos opioides, pero nunca fueron aprobados para su comercialización. Como tales, no eran muy conocidos fuera de los laboratorios de investigación académica. Una característica de estas sustancias es su alta potencia. Por ejemplo, cientos a miles de veces más potentes que la morfina y otros opioides y diez veces más potentes que el fentanilo (Houston…tenemos un problema). En los últimos años, se han detectado varios nitazenos, incluidos “análogos de diseño” en el suministro de drogas ilícitas y se los ha implicado en la mortalidad por sobredosis, principalmente debido a su potencia excepcionalmente alta. En el suministro de drogas callejeras, los nitazenos a menudo se encuentran mezclados con fentanilo u otros agentes, pero su presencia no siempre se revela a los compradores de drogas, quienes tal vez ni siquiera estén familiarizados con los nitazenos por lo que como puede usted intuir estimado lector, no salimos de una para entrar a una peor.

Esta clase de “Super Opioides”, provienen principalmente de China y se están convirtiendo en una grave amenaza para Europa y Estados Unidos, este último país ya de por sí afectado por crisis sanitaria que ha provocado el fentanilo que ha generado tensiones principalmente con China y México (tanto que fue lo que provocó que los cárteles de drogas en México fueran declarados como grupos terroristas con el fin de poder generar incursiones militares selectivas a estos grupos basándose en la “Ley Libertad” o “Freedom Act”).

De acuerdo con datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los nitzenos han sido detectados en países como Bélgica, Eslovenia, Estonia, Irlanda, Letonia, Reino Unido e incluso Canadá y Estados Unidos. Pero que a su vez ha provocado un aumento en el número de muertes por sobredosis. Particularmente porque los narcotraficantes están empezando a mezclar con otras drogas e incluso fármacos falsos, por lo que una persona podría consumirlo sin saberlo.

Los nitazenos ya han matado a cientos de personas en Europa y han obligado a las instituciones policiales, de procuración de justicia, así como a los científicos. A crear las estrategias necesarias para poder detectarlos en tiempo y forma para poder frenar su propagación. Según cifras del Gobierno británico, hasta enero pasado, habían muerto al menos 400 personas en Reino Unido.

Si bien la mayoría de las sobredosis conocidas afectan a los consumidores de heroína, también se han encontrado nitazenos en drogas de fiesta como la cocaína, la ketamina y el éxtasis. En aerosoles nasales y vapeadores ilegales, así como en benzodiacepinas como el “Janat” y el “Valium”. En mayo pasado, 2 jóvenes londinenses murieron tras consumir lo que las autoridades creen que era oxicodona mezclada con nitazenos después de regresar a su casa de una noche de antro. también se reportó la muerte de una joven promesa del canto con tan solo 23 años que consumió medicamento falso contaminado con estas sustancias.

Además del desconocimiento por parte de los consumidores de drogas o de fármacos está la facilidad con la que se pueden conseguir los nitazenos los cuales comparten “ventajas competitivas” para los narcotraficantes como su primo el fentanilo como lo son el precio tan bajo al que se ofertan, así como que se comercializan abiertamente en el mercado en línea.

La administración para el control de drogas (DEA) ha advertido que debido a la relación que mantienen con proveedores chinos, los cárteles mexicanos de la droga podrían empezar a utilizar nitazenos en los productos que llevan hacia Estados Unidos. Mientras que la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA), ha señalado que al ser este un producto tan económico y tan potente, es posible que los criminales busquen utilizarlo para obtener más ganancias de la venta de drogas.

              ¿Estamos a la altura de esta amenaza emergente? ¿Es necesario replantearnos los modelos de seguridad y justicia en la región? ¿el perfil policial debe de evolucionar? Este tipo de retos que generan estas sustancias y la evolución de las organizaciones delincuenciales indican que es hora de generar cambios ¿No cree?

 

hidalgomontes@gmail.com

 México… ¿El nuevo adversario de Estados Unidos?

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

El pasado 25 de junio, la Fiscal General de Estados Unidos de América, Pamela Bondi, sostuvo una reunión en Capitol Hill donde se discutía el presupuesto dentro del Comité de Apropiaciones del Senado, es en este contexto y bajo pregunta expresa del senador Lindsey Graham sobre el papel de Irán y las recientes escaramuzas libradas en contra de Israel así como el papel de Estados Unidos en el bombardeo estratégico en contra de instalaciones nucleares en Irán lo que provocaría acciones (según el Ayatola iraní Alí Jamenei) en contra de ciudadanos norteamericanos. Es aquí donde la fiscal Bondi Hace referencia no nada más a Irán declarando: “Creo que Donald Trump lo ha dicho alto y claro. No nos dejaremos intimidar y mantendremos a Estados Unidos a salvo, gracias al liderazgo del presidente Trump. No solo de Irán, sino también de Rusia, China y México” (todo iba bien hasta el “y México”)

Esa declaración nos pone en un papel muy complicado, ya que no se refiere (al menos en la declaración misma) ni al gobierno mexicano ni a los grupos de la delincuencia organizada del país, sino se refiere al país completo lo que generó una ola de declaraciones de voces preocupadas, nerviosas, molestas y una que otra recordando el árbol genealógico de la fiscal norteamericana.

Sería infantil el negar que México y Estados Unidos no tienen la mejor relación en esos momentos, pero de eso a que nos vean como adversarios hay mucha diferencia. El tema aquí que mucha gente no sabe es que no se refirió a México como adversario de forma gratuita sino por motivos legales, ahí les va el porqué:

Al llamar a México adversario, se estaría colocando a nuestro país en como candidato a la aplicación de la “Ley sobre Adversarios Extranjeros”, la cual data de 1798 la cual habilita al presidente norteamericano en turno a “apresar o deportar a los nativos y ciudadanos de una nación que sea considerada enemiga del Estado” (ya va agarrando forma de donde o porqué dijo lo que dijo “guiño, guiño”)

 México a pesar de todo, es un país que siempre ha entendido que tenemos una relación de vecinos y socios, pero también que tenemos que muchas áreas de oportunidad pero de eso a vernos como adversarios hay un abismo de diferencia. Se entiende la designación de grupos de delincuencia organizada como grupos terroristas ya que incluso en nuestra ley dentro del Código Penal Federal en el artículo 139 también podríamos declararlas de igual forma, pero por temas económicos y políticos nunca se ha hecho (no lo digo yo, cheque el antes citado artículo del CPF) o de la lista de personas vinculadas con la administración mexicana anterior que beneficiaron el lavado de activos para grupos delincuenciales.

Pero la declaración de la fiscal genera mas incertidumbre que certezas, entonces ¿los que nos dedicamos a actividades legales también somos adversarios?, ¿los que hemos colaborado en trabajos de coordinación en temas de seguridad y justicia también somos adversarios?

Claro que a las personas que transgreden la ley, no importa la nacionalidad, se les tiene que perseguir y castigar, me aventuro a decir que al menos en eso el 99% de los mexicanos estamos a favor de ello. Sin embargo, de eso a catalogar a todo un país como “adversario”, son cosas completamente diferentes.

             A esta (en mi opinión) muy desafortunada declaración podemos añadir la respuesta de muchos sectores políticos que hicieron referencia (por vigésima ocasión) al tema del tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y pues esa maniobra lo que trata es de evadir la responsabilidad del Estado Mexicano que ha tenido durante décadas, el problema no es Estados Unidos, el problema es México, en los túneles fronterizos u en las aduanas. Es por ahí que ingresan las armas a nuestro territorio. Mientras que no se fortalezcan las aduanas, así como capacidades de las policías locales, este tema continuará y se seguirá culpando a otro como responsable. También debemos entender que cada vez tenemos leyes respecto a las armas de fuego para civiles cada vez más restrictivas lo que resulta en que no todas las armas que cruzan sean para grupos delincuenciales como se nos quiere hacer pensar. Es un hecho que por la presente crisis de inseguridad que nuestro país cruza muchas familias que están optando por comprar un arma de fuego, desgraciadamente en México solo existe una tienda para poder adquirir estos instrumentos la cual se encuentra en Ciudad de México, entonces, el cumplir un trámite hiper burocrático, viajar hasta CDMX, comprar el arma y regresar a tu lugar de origen puede ser una odisea que vuelva el arma hasta 3 veces más cara de lo que nominalmente cuesta por lo que muchos ciudadanos optan por el mercado negro.

             Como colofón a estas reflexiones, es importante entender que, pese a todo, tenemos áreas de oportunidad que debemos aprovechar para mejorar hacia nuestros respectivos países, haciéndonos responsables de lo que a cada uno nos toca como el caso de las adicciones en Estados Unidos o de la violencia para México, pero también es muy importante la relación simbiótica entre nuestros países deseando que las palabras de la Fiscal General hayan sido solo y simplemente desafortunadas.

hidalgomontes@gmail.com

 

 Análisis Táctico Operativo: del caos al control.

La ciencia policial orientada a la eficiencia operativa

 

Por:  David Posada Munive.

 

 

La seguridad pública enfrenta desafíos complejos, alimentados por grupos y redes criminales cada vez más sofisticadas; tecnologías, subterfugios y lagunas legislativas aprovechadas para perpetrar ilícitos; delitos cada vez más violentos y un entorno urbano en constante transformación. En este escenario, la capacidad de responder con rapidez, precisión y estrategia no es un lujo, sino una necesidad. Es aquí donde una herramienta crucial, pero poco comprendida, se vuelve el diferenciador entre la estrategia y la improvisación, entre la experiencia y la incompetencia. La seguridad pública contemporánea requiere inteligencia y análisis criminal, no solo reacción.

 

El análisis táctico operativo surge como una herramienta pragmática de la inteligencia policial y criminal, en respuesta a una necesidad muy específica: actuar con rapidez y eficacia ante incidentes delictivos graves, relevantes o de “alto impacto”, especialmente en contextos urbanos de alta violencia o criminalidad organizada. Se dice comúnmente en los ámbitos de inteligencia operativa que "la inteligencia es información elevada al grado de certeza, útil para la toma de decisiones" , pero entonces surgen muchas dudas sobre el verdadero grado de certeza que ofrece el análisis táctico operativo cuando la información que se va recolectando en tiempo real no pasa por un proceso riguroso de sistematización y, por tanto, no ofrece certidumbre.

 

La realidad es que la inteligencia criminal y la inteligencia policial ofrecen esta categorización o forma de clasificar la inteligencia en razón de la necesidad información que satisface; es decir, podemos clasificarla en inteligencia básica, porque se trata de requerimientos de inteligencia permanentes y generales que cotidianamente se deben ir generando; inteligencia emergente, porque satisface los requerimientos puntuales y concretos de una organización, presentando el estado de una situación o de un acontecimiento, señalando los riesgos inmediatos y opciones de evolución del contexto en el corto plazo, e inteligencia crítica, porque produce elementos informativos con criterios de validez para la gestión de una crisis, permitiendo tomar decisiones rápidas y acertadas con la información disponible en ese momento, pero otorgándole fiabilidad en virtud del contraste con la inteligencia básica y emergente, como con la fuente de recolección, que comúnmente es directa y cerrada, es decir, no son solo datos, sino cocimiento procesado con valor táctico.

 

¿Qué es el análisis táctico operativo?

 

Se trata de una metodología de inteligencia aplicada que busca apoyar la toma de decisiones inmediatas ante eventos delictivos, especialmente aquellos de alto impacto, como homicidios, secuestros, extorsión o enfrentamientos armados. A diferencia del análisis estratégico (que proyecta tendencias a largo plazo) o el análisis operativo tradicional (que apoya investigaciones en curso), el análisis táctico se concentra en el “aquí y ahora”; su propósito es ofrecer una lectura rápida, integral y contextualizada del incidente: ¿qué pasó?, ¿dónde?, ¿quiénes podrían estar implicados?, ¿hay patrones similares?, ¿existen vínculos con eventos anteriores? Este conocimiento, procesado y entregado en minutos u horas, optimiza y agiliza la reacción de las autoridades, incrementando la probabilidad de detención de responsables, contención del daño y prevención de réplicas.

 

El análisis táctico operativo no es solo una herramienta policial, sino una mirada científica al crimen; es una práctica interdisciplinaria que combina ciencias sociales, criminología, estadística, geointeligencia, análisis criminal, psicología y muchas otras ciencias. Utiliza tecnologías como sistemas de información geográfica (SIG), minería de datos, videovigilancia inteligente y bases de datos criminalísticas, pero su valor no radica únicamente en el hardware tecnológico, sino en la capacidad humana para interpretar la información de forma crítica y convertirla en acciones concretas en el terreno.

 

Un caso ilustrativo es el de ciertos centros de mando en ciudades mexicanas, donde células especializadas en análisis táctico operan las 24 horas. Ante un homicidio registrado por los sistemas de videovigilancia o de emergencia, los analistas monitorean inmediatamente la zona, revisan antecedentes en esa misma zona, cruzan información con detenciones recientes, analizan rutas de escape y generan alertas para patrullas cercanas y unidades de investigación. A menudo, esta respuesta articulada permite capturas en flagrancia o ubicar vehículos utilizados por los probables responsables. Además, cuando se acumulan eventos similares en un perímetro o bajo un mismo modus operandi, el análisis táctico puede anticipar nuevas agresiones y reorientar los despliegues preventivos.

 

Desafíos y horizontes

 

El análisis táctico operativo no está exento de retos: la necesidad de comunicarse en tiempo real y de forma práctica, los riesgos de la interoperabilidad y de comunicación segura,  la fragmentación de bases de datos, la falta de personal capacitado o la resistencia institucional al uso de inteligencia pueden limitar su efectividad. A ello se suma la necesidad de operar bajo estrictos criterios éticos y legales, para evitar violaciones a derechos humanos en el uso de información sensible.

 

Sin embargo, su potencial es innegable. En un país donde muchas investigaciones inician sin pistas claras, contar con herramientas que articulen inteligencia e intervención en tiempo real puede marcar la diferencia entre la impunidad y la justicia. En última instancia, el análisis táctico operativo representa una apuesta por una policiamiento más racional, científico y proactivo. Frente al caos aparente del crimen, propone método; frente a la reacción improvisada, ofrece estrategia. En un contexto donde cada segundo cuenta, este enfoque puede ser, literalmente, una cuestión de vida o muerte; así, el análisis táctico operativo no solo acelera la respuesta ante el delito, sino que transforma la reacción en estrategia, y la incertidumbre en decisiones informadas.

iurisdapomu@gmail.com