martes, 2 de diciembre de 2025

 Ironías de la vida…La lección más grande que dejó el certamen de Miss Universo fue que las armas de le delincuencia organizada no llegaban todas de Estados Unidos

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

 

Hace unos días, la mexicana, Fátima Bosch ganó la edición 2025 del certamen Miss Universo. Esto la convirtió la cuarta mexicana en conseguir la corona de este certamen. Y lo que debía ser un hito para nuestro país y un orgullo nacional muy rápido se convirtió en una rocambolesca historia de corrupción, drogas y armas.

 

Se acusó que el padre de la señorita Bosch era un alto mando en Petróleos Mexicanos (PEMEX) y que tenía nexos con uno de los dueños del certamen de belleza, el también mexicano y cónsul honorario en Guatemala Raúl Rocha Cantú, situación que podría levantar sospechas de claros conflictos de interés.

 

Sin embargo, tal y como cuando se consume sinedafil caducado…aquí no paró la cosa y se puso peor porque (resulta y resalta) que unos días antes de la final del certamen el antes mencionado socio del certamen, Rocha Cantú obtuvo una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada contra Raúl Rocha Cantú, a quien se señala como parte de una red dedicada al tráfico de drogas, armas y combustible entre Guatemala y México.

 

Las investigaciones hablan de cargamentos que cruzan por río, combustible “importado” sin declarar (huachicol fiscal pa´los cuates) y una empresa fachada que termina distribuyendo hidrocarburos en el Bajío. No es el guion de una serie, es la radiografía más reciente de algo que llevamos años sin querer ver: la frontera sur como puerta de entrada de armas hacia México y, en lo personal, tengo aaaaaaaaaaños diciendo que el problema de las armas en México es más complejo que asumir que el problema era del vecino del norte.

 

Cuando se habla de armas ilegales en México, casi todos volteamos hacia el norte. Y con razón: datos de la Cancillería mexicana y de agencias estadounidenses señalan que entre 70% y 90% de las armas rastreadas y vinculadas a delitos en México se originan o pasan por Estados Unidos.

             

Pero esa cifra, aunque contundente, tiene un punto ciego: no explica las rutas alternativas que han ido ganando peso, especialmente las que se alimentan de los mercados negros de Centroamérica y que entran por la frontera con Guatemala y Belice y como los grupos de la delincuencia organizada se dedican (como usted podrá imaginar) a delinquir…pues se dieron con la tarea de localizar las antes mencionadas rutas alternas.

Investigaciones académicas sobre la frontera sur describen esa franja (el Soconusco, el río Suchiate, el Usumacinta, la selva que conecta con Petén y el corredor hacia Belice) como un espacio donde se cruzan migración, drogas, trata de personas, contrabando… y tráfico de armas (ya que la descripción gráfica más certera sería la de una coladera).

 
                Ahí no se ven colas de tráileres como en Tijuana o Ciudad Juárez, pero sí un entramado de pasos informales, brechas, ríos y comunidades que viven literalmente de “pasar cosas” de un lado a otro.

 

La ONU a través su oficina contra la droga y el delito (UNODC (ha documentado cómo los conflictos armados en Centroamérica, especialmente en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, dejaron miles de fusiles, municiones y granadas fuera de control, primero en manos de ejércitos y grupos irregulares, luego en bodegas clandestinas y colecciones privadas. Con el tiempo, una parte de ese arsenal se recicló: pasó de las guerras ideológicas a los mercados criminales.

 

Esa es una de las fuentes de armas que hoy cruzan hacia México por el sur: remanentes de arsenales militares, desviaciones de inventarios oficiales y compras legales que terminan desviadas. Estudios sobre la frontera con Guatemala y Belice hablan de “actividades de grupos delictivos organizados” donde el tráfico de armas es tan cotidiano como el de drogas o mercancías de contrabando.

 

A eso se suma un dato incómodo: algunas de las armas que entran por el sur tampoco nacieron ahí. La UNODC y distintos informes señalan que rifles y pistolas importados legalmente a Estados Unidos pueden ser revendidos a intermediarios y, tras varios movimientos, terminar en bodegas en Centroamérica… para después regresar a México por la puerta de la frontera sur. El circuito es tan circular como rentable.

 

El caso de Rocha Cantú ilustra bien el modelo criminal de tercera generación: redes que ya no se especializan en un solo delito, sino que combinan tráfico de combustible, drogas, armas y lavado de dinero, utilizando empresas legales, contactos políticos y la corrupción de autoridades como parte del mismo paquete.

 

En la práctica, las armas llegan fragmentadas: pequeños envíos ocultos en camionetas de carga, autobuses, lanchas en los ríos fronterizos o mezcladas con mercancías legales. Investigaciones periodísticas han descrito rutas que cruzan desde Guatemala y Belice hacia Tabasco, Campeche y Quintana Roo, con fusiles AK-47 y otras armas largas que ya no llegan solo del norte.

 

No se trata de convoyes espectaculares, sino de un goteo constante (también llamado “pitufeo”)  que termina alimentando a grupos locales y a grandes cárteles por igual.

 

Al encontrar las fronteras del norte de México más vigiladas en la actualidad, las armas que cruzan por el sur no se quedan necesariamente en Chiapas o Tabasco. Diversos estudios de la ONU y de centros de investigación muestran que las rutas de tráfico de drogas y armas se superponen: los mismos corredores que mueven cocaína hacia el norte pueden transportar fusiles hacia el interior de México o de regreso a Centroamérica.

 

Así, un fusil que salió de un almacén clandestino en Petén puede terminar en manos de un grupo local en la frontera, en una célula de un cártel en el Bajío o incluso volver a cruzar hacia otro país. En esa lógica, la frontera sur no es una línea, sino una bisagra: conecta mercados, no solo territorios.

 

¿Por qué debería importarnos esto como país? Porque el tiempo y los hechos han demostrado que cualquier estrategia que se concentre exclusivamente en la “línea” con Estados Unidos dejará abierta una puerta trasera. Los cárteles y sus aliados empresariales ya operan a escala regional; si las instituciones mexicanas siguen pensando en clave doméstica, siempre llegarán tarde (odio decir se los dije pero se los dije)

 

              Cerrar las rutas del tráfico de armas por la frontera sur no significa militarizar aún más la región ni criminalizar a las comunidades que viven del comercio transfronterizo. Significa, sobre todo, tres cosas: 1. La necesidad de fortalecer la Inteligencia y trazabilidad de este tipo de herramientas, 2. Golpear las redes empresariales que se dedican a este delito ya que son a través de empresas que los grupos criminales pueden lavar los activos producto de este ilícito, 3. combatir la corrupción local (que eso si esta complicado) y por último 4. Mejorar el marco jurídico de las armas de fuego, tenemos una ley de armas de fuego y explosivos de los años 70´s cada vez más restrictivas y hay un fenómeno que tiene al menos dos lustros sucediendo, es cierto que la mayoría de las armas que ingresan de forma ilegal al país quedan en manos de la delincuencia, pero no todas. ¿La razón? Porque muchos ciudadanos se están armando por la burocracia para comprar un arma de fuego legalmente y incapacidad del estado por poder brindar seguridad y justicia. En lo personal se me hace sumamente cómico hacer campañas de “despistolización” cuando tener armas para protección de tu hogar es un derecho constitucional (artículo 10) por lo que estas campañas parecerían tender a desarmar ciudadanos. Dudo (y mucho) que miembros de la delincuencia organizada estén cambiando rifles de asalto (que son su herramienta de trabajo) por microondas.

 

Cada vez que se decomisa un fusil en la selva lacandona o en una brecha de Tabasco, la pregunta no debería ser solo a qué cártel pertenece, sino de qué camino llegó. Si no entendemos —y cerramos— la ruta de las armas que vienen del sur, cualquier promesa de “pacificar” México seguirá desfilando, como en un concurso de belleza, sobre un escenario frágil y lleno de espejos.

 

hidalgomontes@gmail.com





domingo, 9 de noviembre de 2025

 Cuando la seguridad se decide desde el mismo molde: por qué las estrategias deben adaptarse por región

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

En el horizonte de la seguridad mexicana recae un error persistente: tratar al país como si fuera una plancha uniforme donde aplicar la misma receta en cada rincón. Hablamos de territorios tan distintos entre sí como una comunidad indígena en la Sierra Madrense, un corredor industrial en el Bajío o una zona urbana de alta densidad en la periferia de la CDMX. En ellas, los factores que generan violencia, delincuencia, desconfianza y desequilibrio social difieren. Sin embargo, nuestras políticas policiológicas y criminológicas (por omisión, por centralismo administrativo o la neta por pura necedad) frecuentemente ignoran ese hecho. Es necesario plantear con firmeza que las estrategias de seguridad deben diferenciarse por región, en lugar de centralizarse bajo un solo modelo para todo el país.

 

El tejido territorial de México muestra con claridad que la criminalidad no está distribuida homogéneamente además de mutar constantemente. Algunas regiones concentran buena parte de los homicidios, las desapariciones forzadas o las extorsiones, mientras que otras sufren más robos, violencia doméstica o inseguridad cotidiana. Hacer caso omiso de esa diversidad equivale a aplicar medicina para la gripe cuando el paciente tiene neumonía.

 

El propio documento oficial Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024‑2030 reconoce que “se desarrollarán estrategias focalizadas según la naturaleza de los problemas locales y regionales, comenzando por los territorios más violentos”.  Además, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que las entidades federativas tienen atribución para “formular, dirigir y coordinar la estrategia de seguridad pública de la entidad federativa, en concordancia con la Estrategia Nacional”. Esto implica jurídica, estratégica y operativamente que la descentralización no solo es deseable, sino obligatoria.

 

Las razones para separar enfoques regionales no son meramente administrativas, sino operativas, culturales y de gobernabilidad. Algunas de las más relevantes:

 

  • Contexto social y cultural: cada región tiene sus propias dinámicas sociales (etnografía, migración, economía informal, tradiciones comunitarias), lo cual exige intervenciones distintas. Un programa de proximidad policial que funcione en un barrio urbano de la Zona Metropolitana difícilmente será replicable en una comunidad rural con mayor heterogeneidad indígena.

 

  • Delincuencia organizada y modalidades delictivas: las organizaciones delincuenciales ajustan sus negocios según la geografía: una zona de paso fronteriza enfrenta tráfico de armas, migrantes o drogas; una zona turística enfrenta robo, extorsión o violencia de proximidad; una zona urbana densa enfrenta pandillas y violencia juvenil. No todos los territorios necesitan la misma “herramienta” de intervención.

 

  • Capacidad institucional local: las instituciones policiales estatales o municipales tienen diferentes capacidades de profesionalización, tecnología, recursos humanos. Un modelo centralizado que asume uniformidad puede dejar fuera a las instituciones que operan con menor soporte técnico o menor autonomía local. En ese sentido, investigaciones señalan que “la centralización y profesionalización mitigan el impacto de la victimización del crimen y la corrupción policial sobre la opinión pública” (lo cual implica que sin reconocer las diferencias institucionales se pierde legitimidad).

 

  • Legitimidad y participación ciudadana: cuando la seguridad se diseña sin conectar con la realidad local, el resultado es desconfianza y falta de colaboración ciudadana. Por el contrario, modelos que fortalecen la policía comunitaria o de proximidad, adaptada a condiciones regionales, favorecen un vínculo más cercano con la población.

 

Trabajar con estrategias diferenciales no implica abandonar la coordinación nacional (al contrario), pero sí dar flexibilidad para que cada entidad y municipio coloquen en su centro aquello que realmente los afecta. Algunos elementos clave que deben tomarse en cuenta son: a) un diagnóstico local profundo basado en evidencias, b) diseño territorial, c) capacitación y especialización local (no es lo mismo operar en una ciudad que en una zona rural), d) evaluación flexible rendición de cuentas (para que no digan que Chuchita la bolsearon) así como e) coordinación federal-estatal-municipal (hacer un verdadero equipo sin egos).

 

Si no se realizan estrategias descentralizadas se crearían varias vulnerabilidades, tales como:

 

  • Desajuste operativo: aplicar recursos y metodologías equivocados para la realidad concreta, lo cual genera desperdicio de tiempo, dinero y desgaste institucional (circunstancia super recurrente en la realidad).

 

  • Deslegitimación local: la población percibe que la estrategia no responde a lo que vive; si la policía actúa sin entender la región, hay resistencias o desconexión, lo que redunda en impunidad y en menor colaboración ciudadana (pero los mandos policiales o las autoridades locales dicen bien contentas: “pero así bajo el delito en Kuala Lumpur”).

 

  • Ineficacia ante adaptabilidad delincuencial: las organizaciones delincuenciales se mueven y evolucionan; un sistema rígido y homogéneo es más vulnerable frente a tácticas flexibles de la delincuencia organizado (en mi tierra se dice: “te agarran con los pantalones abajo”.

 

  • Desigualdad territorial en seguridad: algunas regiones podrían quedar desamparadas porque el programa nacional no les brinda prioridad o recursos suficientes, profundizando brechas de injusticia (como en el punto número uno…esto es todos los días).

 

Para lograr una verdadera implementación de estrategias regionales diferenciadas se requiere voluntad política, profesionalización de los mandos, cooperación interinstitucional y persistencia. Aquí tres recomendaciones clave:

 

  1. Desconcentrar sin dispersar: asegurar que la autoridad nacional no pierda la coordinación y los estándares mínimos, pero que deje espacio para que las entidades federativas adapten los programas a su realidad.

 

  1. Fomentar cultura de evaluación local: instrumentos de seguimiento deben ajustarse a cada contexto (tasas por tipo de delito, percepción ciudadana, índice de confianza policial) y permitir ajustes rápidos.

 

  1. Invertir en capacidades regionales: no es suficiente la cantidad de policías; es indispensable su profesionalización, equipamiento, formación en inteligencia, prevención, proximidad comunitaria. La investigación “Effective law enforcement and human security in Mexico” destaca que la eficacia policial es requisito para garantizar seguridad humana, especialmente en regiones con fuerte presencia de la violencia y la delincuencia.

 

Cuando miramos el mapa de México, vemos no una sola cara, sino muchas: litorales turísticos, fronteras activas, comunidades indígenas, zonas metropolitanas densas, cinturones industriales, zonas agrícolas vulnerables. Atender cada una con la misma receta de seguridad es una invitación al fracaso. Tomar en serio las condiciones locales, adaptar los instrumentos, involucrar a la ciudadanía, fortalecer la policía regional y conectar todo ello con la coordinación nacional: ese es el camino para que la promesa de seguridad pública deje de ser retórica y se traduzca en realidades diversas pero integradas. Solo así la estrategia será no solo nacional… sino verdaderamente territorial, eficaz y legítima.

 

hidalgomontes@gmail.com





domingo, 28 de septiembre de 2025

 Hacia una cultura del bienestar mental policial: una urgencia social

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

Cuando hablamos de seguridad ciudadana, solemos concentrarnos en cifras de homicidio, robos, extorsiones y presencia policial en las calles. Sin embargo, un factor crucial y muchas veces invisibilizado (a veces de forma inadvertida y otras “convenientemente”) es el bienestar emocional, psicológico y social de quienes portan el uniforme: los elementos de las fuerzas policiales. Hoy, más que nunca, una cultura de bienestar mental no es un lujo ni una concesión benévola: es una inversión estratégica en legitimidad, eficacia y que créalo o no, incide en el respeto de los derechos humanos tanto de ciudadanos, elementos policiales y hasta de probables responsables de la comisión de algún delito.

Las instituciones policiales trabajan cotidianamente expuestas a factores de alto riesgo mental: confrontaciones violentas, accidentes, intervenciones en escenas traumáticas, presión institucional, intransigencias por parte de miembros de la comunidad (se tenía que decir y se dijo) así como quejas ciudadanas. Estos elementos los colocan en mayor probabilidad de padecer trastornos como depresión, ansiedad, estrés postraumático (TEPT), abuso de sustancias o ideación suicida. En el ámbito internacional, se observa con claridad que los cuerpos policiales registran índices de trastornos mentales por encima del promedio poblacional.

Pero no basta con señalar el problema: lo que marca la diferencia es el entorno organizacional. La cultura policial (con su énfasis en fortaleza, disciplina y control) muchas veces estigmatiza la expresión de vulnerabilidad. En otros términos: un elemento policial que acude a terapia puede verse como “débil”, “no apto”, “traidor” al espíritu de cuerpo. Esa presión silente inhibe la búsqueda de ayuda.

Por ejemplo, en un estudio cualitativo en Reino Unido donde, como en muchos países, si se hacen investigaciones científicas enfocadas a las instituciones policiales(cof, cof), exfuncionarios policiales relataron que la mentalidad interna les impedía compartir el peso emocional del oficio: “todo se internaliza, todo se asimila como parte del deber”. En otro trabajo, la “cultura policial” se identifica como un factor de riesgo para que los oficiales eviten acudir a servicios de salud mental, por temor al juicio institucional o la repercusión profesional.

Este ciclo (riesgo psicológico + estigma institucional) reproduce silencios que afectan no solo al agente sino al ciudadano: un policía emocionalmente desgastado puede reaccionar con menor empatía, mayor rigidez o responder indebidamente ante crisis. En ese espacio, se erosiona la confianza pública, precisamente cuando más se necesita.

El adoptar una cultura de bienestar mental de las instituciones policiales no es “un gasto social opcional”, sino una política de mejora organizacional con, al menos, 4 efectos multiplicadores:

1.    Mejor desempeño y vigilancia de calidad: Un policía que cuenta con herramientas para gestionar estrés, trauma o desgaste emocional estará en mejores condiciones de tomar decisiones con mesura, calma y profesionalismo.

2.    Prevención de errores críticos: Estudios muestran que las intervenciones psicológicas (como terapia cognitivo-conductual, programas de respiración, mindfulness) pueden reducir manifestaciones de violencia, conductas reactivas o uso excesivo de fuerza. En México, un proyecto piloto con policías de la Ciudad de México aplicó técnicas de cambio de hábitos y meditación, con buena aceptación. Pero como todo en este país al cambio de jefes o administración, las buenas prácticas se olvidan o ignoran.

3.    Salud laboral y retención del capital humano: Las instituciones policiales que descuidan la salud mental enfrentan ausentismo, renuncias prematuras, incapacidades psicológicas y desgaste institucional. Invertir en salud mental es, al fin, proteger a su propio recurso más valioso: su gente.

4.    Legitimidad y confianza social: Cuando la ciudadanía percibe que los policías son tratados como seres humanos (y no como máquinas de seguridad), se favorece un círculo virtuoso de respeto mutuo y colaboración ciudadana.

Las buenas prácticas existentes lo confirman. En el informe “Best Practices to Advance Officer Wellness” del Departamento de Justicia de EE. UU., se recopilan programas exitosos de bienestar integral (físico, emocional, social) con evidencia creciente de su eficacia. Asimismo, se recomienda que las agencias recopilen datos, realicen evaluaciones constantes y promuevan una cultura de salud mental como parte del deber policial, no como un añadido.

Pero…si la solución es clara, ¿por qué pocas policías la adoptan de forma efectiva? Los obstáculos son varios:

a)       Resistencia cultural: La tradición policial tiende a valorar el “aguante”, la disciplina férrea y el sacrificio silencioso. Esto aún opera como norma no escrita en muchos cuerpos.

b)       Falta de capacitación y sensibilidad de liderazgo: Muchos mandos intermedios desconocen los efectos del trauma psicológico o ni siquiera lo consideran como parte de la responsabilidad institucional. Ante ello, los programas de bienestar pueden verse como “blandos” o secundarios.

c)       Insuficiente presupuesto o prioridades contrapuestas: Las fuerzas policiales a menudo operan con restricciones presupuestarias importantes, que priorizan equipamiento, patrullas o armamento, relegando lo “blando” a segundo plano.

d)       Carencia de estructuras de salud mental integradas: No basta con tener psicólogos aislados; es necesario disponer de unidades especializadas, protocolos confidenciales, seguimiento institucionalizado y redes de apoyo.

e)       Miedo a repercusiones profesionales: Si un agente asume que acudir a terapia será utilizado en su contra (evaluaciones, promociones, expedientes), el incentivo es no hacerlo.

Estas barreras exigen algo más que discursos: requieren transformaciones tácticas y simbólicas simultáneas.

Fomentar una cultura de bienestar mental policial no es suavizar exigencias, sino fortalecer raíces. Cuando un agente puede expresar su angustia, reconocer su desgaste, gestionar su estrés y encontrar apoyo profesional, se le dota de herramientas internas que se traducen en mejores relaciones con ciudadanos, decisiones más calibradas bajo tensión y reducción de errores trágicos.

La transformación de una cultura policial exige paciencia, voluntad política y persistencia. No bastan memorandos: deben acompañarse de acciones visibles, presupuestos reales y señales simbólicas. Imaginemos por un momento un operativo donde la planificación incluya no solo logística y táctica, sino pausas psicológicas, monitoreo emocional de los agentes y apoyo posterior. Eso no debilita la institución: la robustece.

En un país como el nuestro, donde la relación entre policía y ciudadanía está marcada por desconfianza y heridas, construir fuerzas policiales con salud mental no es solo un acto de justicia interna: es un acto de responsabilidad pública. Una policía emocionalmente sana es más justa, más eficiente y más digna.

Que en cada institución federal, estatal y municipal nazca la política de bienestar mental no como un adorno progresista, sino como un eje central de su función. No es un reclamo secundario: es una deuda con quienes cuidan nuestra seguridad y con la propia seguridad del país. Donde muchas veces se cree que solo se necesita un sueldo y equipo para realizar el servicio policial dejando de largo que lo mas valioso de una institución que se dedica a la aplicación de la ley es su capital humano.

hidalgomontes@gmail.com






domingo, 14 de septiembre de 2025

 La anatomía del extremismo violento, la nueva constante no solo en Estados Unidos sino en América Latina

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

El pasado 10 de septiembre de este 2025, el activista conservador Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA, fue asesinado de un disparo durante un evento al aire libre en la Utah Valley University y el video de este impactante y a la vez lamentable suceso se hizo viral en cuestión de minuto. Autoridades estatales y federales capturaron a probable responsable de 22 años, y el gobernador de Utah ha calificado el hecho como un atentado político mientras se investigan los motivos y las redes de influencia que lo rodearon.

En este contexto, el caso de Charlie Kirk es necesario estudiarlo no solo como un delito violento, sino como una ventana (incómoda pero necesaria) a la dinámica del extremismo violento contemporáneo. Si no se estudia con rigor y enfoque preventivo, poco importa la ideología de origen (política, social o religiosa): las mismas lógicas de deshumanización, polarización y legitimación de la violencia pueden derivar en conductas con tendencias terroristas. Dicho de otro modo: el punto no es quién habla más fuerte, sino quién cruza el umbral hacia la violencia y por qué y ojo no me refiero únicamente a Estados Unidos el extremismo violento se comienza a percibir como una amenaza constante en toda América Latina.

Según el parte oficial, Kirk fue abatido de un solo disparo durante un evento masivo de formato de “debate abierto” con estudiantes. Días después, la policía y el FBI confirmaron la detención de un probable agresor; el gobernador de Utah, Spencer Cox detalló que el individuo habría mostrado un deterioro personal en meses recientes, y que se investigan sus consumos mediáticos y su actividad en línea. Al mismo tiempo, universidades de diversos estados reportaron un repunte de llamadas falsas, conocidas como “swatting” tras el asesinato, lo que añadió presión operativa y miedo colectivo. Nada de esto es anecdótico: el modus operandi, la elección del objetivo (una figura polarizante y de alto perfil) y las reacciones digitales que siguen al hecho son parte de la ecología contemporánea del extremismo.

La prevención moderna de la violencia dirigida y del terrorismo, al menos en Estados Unidos asume que muchos actos son prevenibles si se interviene antes de que la conducta escale a la violencia. Para ello, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través del Center for Prevention Programs and Partnerships (CP3), financia y coordina programas locales que trabajan con escuelas, universidades, autoridades y sociedad civil. No se trata de perseguir ideas, sino de detectar comportamientos de riesgo, brindar rutas de ayuda y activar protocolos de evaluación/gestión de amenazas, sin embargo la mayoría de naciones del continente no cuentan con este tipo de programas lo que ha generado un aumento de casos de extremismo violento en la región a pesar de la existencia del Plan de Acción para Prevenir el Extremismo Violento de Naciones Unidas (2015–2016) insiste en anteponer la prevención, reforzar instituciones, educar en derechos humanos y trabajar con factores de riesgo psicosocial y comunitario. UNESCO sintetiza la idea: “nadie nace extremista violento; se forma y se alimenta” —la educación y la resiliencia son herramientas clave. La verdad es que en la praxis es letra muerta.

3) La caja negra de la radicalización: de la retórica a la acción

En los últimos años ganó tracción un concepto polémico pero útil para el análisis de riesgo: “terrorismo estocástico”. En términos generales, describe la posible relación entre discursos públicos deshumanizantes o incendiarios y actos violentos cometidos por actores solitarios, de forma estadísticamente previsible pero individualmente impredecible. La literatura académica y técnica lo discute (y matiza su utilidad legal), pero coincide en que la retórica pública puede bajar umbrales de inhibición en audiencias predispuestas. (Cof cof…como en muchos países latinoamericanos “guiño guiño”)

Importa subrayarlo en el caso Kirk: analizar la retórica y los ecosistemas informativos no equivale a culpar automáticamente a un orador o a un bando por un delito ajeno. Sí implica, en cambio, mapear cómo ecosistemas de mensajes (algorítmicamente amplificados) crean marcos de “nosotros vs. ellos”, producen “silbatos para perros” o “dog whistles” (un tipo de lenguaje codificado o simbólico que se utiliza para transmitir un mensaje específico a un público o grupo determinado, sin que el mensaje sea evidente o comprensible para la población en general) y normalizan el lenguaje de eliminación, factores que pueden interactuar con crisis personales o mentales del eventual agresor.

Los campus universitarios son hoy nodos de riesgo y oportunidad. Riesgo, porque concentran debates altamente polarizados, públicos masivos y, en algunos estados, regímenes permisivos de armas en espacios educativos (el caso Utah reabrió esa discusión). Oportunidad, porque cuentan con infraestructura para evaluación conductual de amenazas, redes psicosociales, códigos de convivencia y programas de alfabetización mediática. Un enfoque de salud pública (primario, secundario y terciario) permite actuar en cada capa: construir resiliencia comunitaria; detectar y derivar a servicios a quien exhibe señales de riesgo; y gestionar casos críticos con equipos interdisciplinarios.

¿Qué nos dice el caso Kirk sobre todas las ideologías?

La investigación oficial aún perfila el motivo y el itinerario de radicalización del sospechoso. Informes periodísticos indican que familiares refirieron un giro ideológico reciente y un consumo intenso de contenidos en línea; otras notas mencionan contradicciones biográficas (procedencia conservadora vs. posturas emergentes). Más que fijarnos en la etiqueta política, el hallazgo crítico es otro: las trayectorias hacia la violencia son individualizadas, no lineales y mediadas por crisis personales; lo determinante es si el entorno ofrece rutas de contención antes de que un individuo cruce el umbral.

De hecho, la política pública puede acelerar o frenar esa capacidad preventiva. En agosto se reportó un giro de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para despriorizar actividades explícitas contra el extremismo violento doméstico en ciertos fondos, alentando a reetiquetar proyectos bajo otras prioridades. Más allá de los matices partisanos, cualquier reducción abrupta en prevención —sin evaluación de impacto— resulta contraproducente frente a un fenómeno que se alimenta de ciclos de atención y abandono.

Recomendaciones prácticas (aplicables más allá de EE. UU.)

a)             Hablar de conductas, no de ideas. Las universidades, partidos, iglesias, sindicatos y empresas necesitan protocolos de evaluación de amenazas conductuales que miren señales: fijación con agravios, fugas de confidencias (“leaking”), búsqueda de medios, ensayo, intención comunicada. Destigmatizar la derivación temprana a apoyo psicosocial.

 

b)             Transparencia y “guardrails” en plataformas digitales. La frontera entre “contenido no ilegal pero dañino” y apología abierta de la violencia requiere reglas de diseño: frenos algorítmicos el “brigading”, detección de “dog whistles” contextuales y rutas de alerta hacia equipos de prevención locales que identifiquen como un vacío recurrente ante el “contenido limítrofe”.

 

c)             Currículas de resiliencia y alfabetización informacional. No es pedagogía moralizante: es entrenamiento práctico para reconocer técnicas de deshumanización, propaganda de “enemigo existencial”, narrativas conspirativas y “gaslighting” político. La ONU y UNESCO lo plantean como prioridad civilizatoria, no partidaria.

 

d)             Seguridad de eventos sin “militarizar” las universidades. Lecciones del asesinato en Utah: evaluación de escenarios de forma razonable según riesgo, inteligencia de entornos digitales previa al evento, rutas de evacuación y alianzas con equipos clínicos y de bienestar. Ajustar marcos de porte de armas donde corresponda—decisiones soberanas, sí, pero informadas por riesgos reales de violencia motivada.

La conclusión incómoda (y necesaria)

Es posible (y saludable) discrepar con las posturas de Charlie Kirk, su movimiento y sus ideas. También es innegociable defender que la violencia nunca es respuesta en una democracia. Reducir su asesinato a “otro crimen violento” sería una evasión: nos impide ver los engranajes que pueden llevar, a cualquier persona y desde cualquier ideología, a cruzar el umbral de la violencia política. Estudiar el caso con lente preventiva no es criminalizar disensos; es fortalecer las defensas de la sociedad contra todas las derivas que, por la vía de la deshumanización, terminen pareciéndose demasiado al terrorismo.

Lo que está en juego no es la agenda de un bando, sino el perímetro de lo civilizado, no solo en Estados Unidos, ejemplos palpables los tenemos en lugares como Argentina, Colombia, Ecuador, México (ni como negarlo), Perú, Brasil y el reguero de pólvora se extiende por todo el continente. La pregunta obligada es ¿Haremos algo o seguiremos evadiendo el tema?

hidalgomontes@gmail.com




domingo, 31 de agosto de 2025

 A un año de la actual administración federal ¿hacia dónde vamos en materia de seguridad?

 

Por: hidalgomontes@gmail.com

 

A un año ya de la llegada al poder de la presidenta Claudia Sheinbaum, más allá de los ritos políticos que cada año se llevan a cabo para realizar “cortes de caja” y el envío de notables generadores de violencia mexicanos hacia Estados Unidos se vuelve necesario reflexionar ¿hacia dónde vamos? Y esta pregunta podemos aplicarla a muchos rubros, pero nos enfocaremos en el de la seguridad.

A 365 días del cambio de administración federal ha quedado claro el golpe de timón que se ha dado en el tema que, junto con la salud, se volvío el talón de Aquiles de los que antecedieron la administración de la mandataria mexicana don el “Abrazos y no balazos” agrando la ya lastimosa crisis en la cual el país se encontrara antes de la llegada de la llamada “cuarta transformación”

              No sería justo negar los logros que se han alcanzado como la disminución de homicidios donde el promedio diario de homicidios dolosos ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos meses, con un registro de 72 homicidios diarios en el sexenio actual hasta agosto de 2025, lo que representa una disminución significativa respecto al sexenio anterior. 

Otros ilícitos como el robo de vehículos ha registrado una reducción importante en el robo de vehículos, con un promedio de 98.8 vehículos diarios robados con violencia en junio de 2025, una disminución del 33.5% respecto a octubre de 2024. 

              Desgraciadamente no todo es miel sobre hojuelas, ya que, aunque la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 2024 indica que, en 2023, el 27.5% de los hogares tuvo al menos una víctima de un delito y que los delitos que más afectan a la población son el fraude, el robo o asalto en calle o transporte público, y la extorsión. La verdad es que las cifras no encajan con la palpable ola de violencia que en todo el territorio nacional se vive.

Sin embargo, a las halagadoras cifras que sí, demuestran cierta mejoría, se ponen en duda ciertos métodos del cómo se obtienen. Por ejemplo, en homicidios, donde estos han disminuido curiosamente en casi en la misma cantidad que las desapariciones han aumentado así como el uso de la categoría “Otros delitos que atentan contra la vida” que pareciera que se utiliza para diluir la cantidad de homicidios ocurridos en el país.

Y si a lo anterior le sumamos que, un alto porcentaje de los delitos (más del 90%) en 2024, no se denuncia o la autoridad no inicia una carpeta de investigación, lo que se conoce como la "cifra oculta". Así que en cifras vamos bien peeeeeeeeero (porque siempre existe negrito en el arroz) no se basa con la completa realidad nacional.

La actividad de la delincuencia organizada siegue siendo la principal causa de homicidios y violencia con armas de fuego en el país, y se estima que su proporción en los homicidios ha crecido considerablemente.

A pesar de los datos antes primeramente expuestos, la percepción de inseguridad sigue siendo alta, y en 2024, el crimen se identificó como el mayor problema crítico por el 68% de los encuestados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ente del cual depende la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) antes mencionada.

En esta ocasión, estoy utilizando solo este instrumento de medición para que, basándonos en los datos oficiales, se pueda comprender la necesidad de la reflexión que se necesita en materia de seguridad.

¿Ha habido avances considerables? Si respecto a la estrategia anterior ¿Se deben redoblar esfuerzos? La respuesta es un rotundo ¡sí! Aquí el problema yace que hay regiones del país donde se están cometiendo los mismos errores del pasado. Se debe apostar por la prevención de la violencia y la delincuencia, así como en el fortalecimiento de las policías locales en lugar de fortalecer las estatales o nacionales ¿Por qué sostengo esto? Bueno es debido a que, con cifras del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), de los delitos denunciados, aproximadamente 17.76 % de las víctimas corresponden al fuero federal, mientras que 82.24 % pertenecen al fuero común. Por lo que sostengo que, mientras no le apostemos a generar estrategias de prevención de la violencia y la delincuencia, así como profesionalizar y equipar a los servicios policiales en el orden local no podremos tener resultados palpables para el año dos de esta actual administración federal y no sé qué piensen ustedes, pero ya la situación se siente insostenible a un mediano plazo.

hidalgomontes@gmail.com




domingo, 17 de agosto de 2025

 ¿Una Academia Nacional de Seguridad Pública en México es viable?

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

El pasado 22 de julio, el Gobierno de México anunció con bombo y platillos la creación de una Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) para formar mandos, titulares de seguridad, personal operativo y perfiles de investigación bajo estándares unificados. De acuerdo con los comunicados y coberturas de ese día, la primera generación arrancaría en agosto con una malla común para policías y operadores de procuración de justicia, y un énfasis en principios éticos y visión centrada en las personas.

 

La futura ANSP se enmarca en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, que contiene cuatro ejes rectores: 1) atención a causas, 2) consolidación de la Guardia Nacional, 3) fortalecimiento de inteligencia e 4) investigación y coordinación absoluta con estados y municipios. La academia es una pieza del eje de profesionalización y estandarización del sistema policiológico y de procuración de justicia. Sin embargo, esta idea no es nueva y no ha sido la primera vez que se trata de generar una institución con dichas características, pero… ¿Por qué se ha fracasado anteriormente?

 

a) Fragmentación institucional: demasiadas “escuelas”, pocos estándares

 

México no carece de centros de capacitación: al contrario, existen decenas de Instancias de Profesionalización en Seguridad Pública (IPSP) registradas ante el SESNSP, con academias municipales, estatales y universidades de seguridad que funcionan con capacidades y calidades disparejas. Esa dispersión es el síntoma de un modelo atomizado, difícil de supervisar y con costos de coordinación elevados.

 

Para corregir la heterogeneidad, desde 2017 existen Consejos Académicos Regionales que deberían armonizar contenidos; aun así, su operación ha sido intermitente y dependiente del impulso político del momento. Sin embargo, se han convertido en reuniones donde se mide el ego de los titulares de las instituciones y donde se llegan a acuerdos que quedan en letra muerta (yo lo viví nadie me lo contó).

 

b) Currícula desalineadas y ejecución desigual del Programa Rector

 

El Programa Rector de Profesionalización (PRP) define contenidos mínimos de formación inicial y continua. Pero su actualización (2019–2025) no siempre se ha traducido en implementación homogénea en aula y campo; la actualización instruyó aplicar los nuevos contenidos a más tardar en enero de 2024, pero varios estados avanzaron a ritmos distintos. Además, se tiene cierto temor a poner en la mesa el tema de las amenazas emergentes como: drones, fentanilo, lavado de activos con criptomonedas, amenazas explosivas entre otras.

 

c) Certificación incompleta del personal en activo

 

La norma exige que cada policía cuente con Certificado Único Policial (CUP) —que acredita control de confianza, competencias básicas y desempeño—. Al 31 de diciembre de 2024, solo 88.2% del personal estatal contaba con CUP vigente, un rezago relevante para un estándar que debería ser universal. En instituciones jóvenes como la Guardia Nacional, la magnitud del reto fue explícitamente reconocida por la propia administración.

 

d) Debilidades andragógicas persistentes

 

En la literatura académica latinoamericana se documentan déficits en la enseñanza-aprendizaje policial, sesgos corporativos y poca evaluación formativa, lo que merma el tránsito de contenidos normativos a desempeño en calle. México no es la excepción: estudios en SciELO subrayan la necesidad de integrar derechos humanos, ética pública y evaluación continua con diagnósticos serios en centros educativos policiales.

 

Redondeando la idea, no se ha fallado en “la idea” de profesionalizar a las instituciones policiales, sino el cómo: un mosaico de academias sin un marco único de calidad; currícula que cambian sin aseguramiento andragógico; y un estándar, el Certificado Único Policial (CUP) aún no universal.

 

De los insumos públicos puede inferirse que la ANSP apunta a: I) unificar estándares curriculares y de evaluación, II) alinear la formación inicial y continua con el PRP, III) vincular investigación criminal, inteligencia y justicia cívica al aula, y IV) certificar (o recertificar) bajo criterios nacionales, reduciendo los “huecos” que deja la fragmentación. Todo ello está alineado con los ejes de la Estrategia Nacional aprobada en

 

Instituciones como la Academia Nacional del Buró Federal de Investigaciones (EUA), la Escuela Nacional de Policía (Ávila) y Centro Universitario de la Policía (España), la École Nationale Supérieure de la Police Francia, la Academia Nacional de Seguridad Pública (El Salvador) son ejemplos vivos de que iniciativas así son necesarias y viables siempre y cuando se cumplan algunas condiciones como:

 

a)      Gobernanza académica. Un Consejo Académico Nacional con representación estatal y local con base a expertos con experiencia real y probada en seguridad que apruebe mallas, abra procesos de evaluación externa y publique reportes anuales de resultados (tasa de certificación, deserción, desempeño en competencias básicas, queja ciudadana), en sintonía con el Programa Rector de Profesionalización (PRP) y con los Consejos Regionales ya normados

 

b)      Alineación total con el CUP y metas públicas. La ANSP debería fijar metas mensuales para llevar el CUP de 88.2% a 100% en 18–24 meses, con cursos equivalentes y recertificación por módulos, priorizando plantillas operativas estatales y municipales.

 

c)      Universitarizar sin burocratizar. Firmar convenios marco con universidades públicas para doble titulación, créditos transferibles y investigación aplicada en temas policiales (fuerza, comunicación en crisis, DDHH, justicia cívica). La evidencia europea sugiere que la calidad depende de estándares evaluables y entrenamiento basado en escenarios que simulan la carga psicofisiológica del servicio.

 

d)      Malla modular nacional con 30% de práctica supervisada. Tomar como referencia Ávila y ENSP: bloque común nacional (legalidad, uso de la fuerza, investigación y cadena de custodia, violencia de género, proximidad y mediación), con pasantías obligatorias y evaluación por rubricas estandarizadas.

 

e)      Escalafón vinculado a formación y desempeño. El ascenso debe exigir resultados de evaluación y acreditación de competencias, más allá de antigüedad, como documentan prácticas de ascenso en la ENP española y no como pasa actualmente a través de procesos poco transparentes donde ascienden amigos, compromisos y/o compadres.

 

f)        Transparencia de datos. Publicar datasets trimestrales: avance de certificación, número de cursos, tasa de aprobación/reprobación.

 

g)      Formación en derechos humanos y ética pública con evaluación auténtica (no solo memorística), siguiendo recomendaciones regionales para pasar del discurso al desempeño.

 

¿Cuáles son los riesgos? (porque los hay)

 

  1. Centralizar sin capacidad operativa. Si la ANSP no logra capilaridad (sedes regionales y alianzas locales), puede convertirse en un cuello de botella. La red regional ya prevista en norma debe activarse como extensión de la academia nacional.

 

  1. Politización y vaivenes sexenales. La experiencia comparada enseña que la estabilidad proviene de dar autonomía técnica a la academia y vincularla a universidades con reglas de aseguramiento de calidad (cosa que en nuestro México pocas veces ocurre)

 

  1. Brecha entre currículo y calle. Sin práctica basada en realidad o RBT (por sus siglas en inglés) y evaluación en servicio, los contenidos no se traducen en menos abusos o mejores investigaciones.

 

  1. CUP como trámite. Si el certificado no se liga a competencias observables y desempeño, será un requisito formal más. La propia reflexión institucional sobre el CUP advierte la carga de certificar plantillas numerosas sin perder calidad.

 

Esta propuesta no inventa la profesionalización; centraliza y eleva el listón. Si se implementa con gobernanza académica robusta, metas públicas de certificación y alianzas universitarias, puede corregir tres fallas históricas: fragmentación, desalineación curricular y evaluación laxa. La evidencia señala que centralización con estándares, universitarización, entrenamiento realista y evaluación transparente son la mezcla que más correlaciona con mejoras en desempeño y legitimidad y nuestras policías y nuestro México ya se lo merecen.

 

hidalgomontes@gmail.com