lunes, 15 de agosto de 2022

 Cuando Vivir en México ya puede ser Catalogado como Deporte Extremo

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Desde el pasado 5 de agosto, después de un homicidio múltiple acontecido en una comunidad de Celaya, en el estado de Guanajuato que, como resultado 5 víctimas mortales, pareciera que el país entro en colapso. Ese día, en Quechultenango, Guerrero ejecutaron a 6 personas, un operativo fallido por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en Ixtlahuacan del Río, Jalisco con la finalidad de detener a probables lideres del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) convirtió en un infierno el bajío mexicano lo que genero incendios y bloqueos para poder evitar las acciones de la autoridad. A 300 km de ahí en Guanajuato, también se llevaron acciones similares incendiando 20 tiendas de la cadena Oxxo, así como farmacias, camiones de transporte privado y público, totalizando 40 ataques. Para el viernes 12 arden Baja California y Chihuahua en acciones similares ¿Qué ocurre?

Bueno, para comenzar es importante mencionar que, desde hace mucho tiempo, se rompió la llamada “Pax Narca”. Este término significa la búsqueda de la disminución de la violencia a partir de que, en cada región, (donde hoy se está viviendo una lucha violenta entre las bandas delictivas que pretenden el control de cada una de las plazas), se logre la consolidación indiscutible de una de ellas como la líder y esto disminuya el alto índice de asesinatos y enfrentamientos violentos. Cosa que, desde la descomposición de el Cártel de Guadalajara comenzó a romperse, y aunque en la década de los 90´s se medio respetó, la llegada de los Zetas a inicio del milenio acabó de fracturar.

Ahora bien, regresando a lo ocurrido la semana pasada, aunque es cierto que en los actos terroristas antes mencionados hay (hasta la fecha) 167 detenidos con una alta probabilidad de pertenencia al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) todo indica que se debió a dos circunstancias. La primera es en represalia a las operaciones intentadas por la autoridad en contra de líderes de la organización, y la segunda, fue buen momento para mostrar músculo en busca de la sucesión de de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho” por parte de Ricardo Ruiz Velasco, mejor conocido como “RR” ante la disminuida capacidad física reportada por diferentes cuerpos de inteligencia mexicanos y estadounidenses de “El Mencho” debido a males hepáticos y renales con lo que trata de demostrar hacia dentro de su organización que el pudiera ser el sucesor perfecto para la organización

Sin embargo, con desconocimiento total del modo en que el mundo ha evolucionado durante los últimos años, -y con ello también el crimen organizado-, parece que el Gobierno Federal pretende repetir el modelo de la “Pax Narca” y por ello se niega a enfrentar con contundencia y todo el poder del Estado Mexicano a la delincuencia. ¿Estará esperando pacientemente a que en cada región se nulifiquen los cárteles entre sí y surja uno de ellos como ganador, con el cual negociar? La clara prueba de esto son las palabras de la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero pide a los miembros de la delincuencia organizada que, cito textualmente: “Que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias a los ciudadanos que trabajan…”

El acierto del gobierno federal hasta ahora ha sido, aunque usted no lo crea, llamar estos hechos como son: Actos terroristas, para comprender esto, usaremos la definición del diccionario de Oxford el cual define terrorismo como: “Forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general” Y a todas luces encaja con lo que miles de mexicanos experimentaron. Ya que estos hechos siembran miedo e incertidumbre en la población y en los inversionistas porque los estados antes mencionados son nodos industriales en sus respectivas regiones y hay inversiones nacionales e internacionales en juego que podrían generar fuga de capitales que ahondarían la crisis económica actual y de forma colateral la de seguridad (si pensaba que podríamos estar peor, créame podríamos).

Otro punto que no hay que dejar atrás son las acciones que podría tomar la Unión Americana al ver en riesgo sus inversiones, a ciudadanos americanos residentes en México y la lógica preocupación de tener un vecino con una rampante crisis de inseguridad y ahora actos terroristas declarados donde podrían aplicar el “Patriot Act” o “Freedom Act” para contrarrestar actos de organizaciones terroristas fuera de estados unidos, y si declaran a los cárteles como organizaciones terroristas podría significar fuga de capitales para nuestro país, restricciones comerciales y el fin de una política presidencial sin política, es decir a ocurrencias y a base de populismo penal.

El capricho federal de apostar a la fórmula que ya ha quedad demostrada a través del tiempo en México de apostar al fortalecimiento de policías federales que tienen poco contacto con la ciudadanía en vez de a las policías locales que son los primeros respondientes en un 90% de los casos además de una estrategia basada en la no cooperación interinstitucional deja en  un descobijo a la población entera a merced de la violencia y la delincuencia además que pone un riesgo el trabajo y sustento de forma directa e indirecta de cientos de miles de mexicano que trabajan en empresas donde el capital viene de empresas del extranjero y una política de no veo lo que no me conviene y así no existe (como el clásico entre los jóvenes de “borracho no cuenta”)

Es cierto que hay más de 167 detenido y eso parece de entrada bueno, pero (odio ser aguafiestas) hay que esperar que, se judicialicen de forma correcta los casos, no haya fallas al debido proceso y de ahí quienes se les demuestre su culpabilidad, pero de nuevo es atacar los síntomas en lugar de atacar los factores que detonan la enfermedad

Ahora bien, va pregunta para usted querido lector: ¿con todos estos factores, la militarización del país es la respuesta? No se usted, pero yo…yo tengo otros datos.

 

hidalgomontes@gmail.com




lunes, 8 de agosto de 2022

 Los Dispositivos Electrónicos de Control en el Uso de la Fuerza

Por: Mtro. Javier Ortiz Sullivan


     La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y el Protocolo Nacional sobre el Uso de la Fuerza definen las armas no letales como aquellas a través de las cuales se disminuyen las funciones corporales de un individuo, reduciendo al mínimo el riesgo de causarle lesiones que pongan en peligro su vida, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) les ha definido como aquellas “...diseñadas o destinadas a ser utilizadas contra personas o grupos de personas y que, en el curso de su uso esperado o razonablemente previsto, entrañan un riesgo menor de causar la muerte o lesiones graves que las armas de fuego.”


     El artículo 14 de la Ley Nacional para el Uso de la Fuerza establece que “Las instituciones de seguridad asignarán las armas solamente al agente que apruebe la capacitación establecida para su uso, y este, a su vez, solo podrá usar las armas que le hayan sido asignadas.”, y en el artículo 15 establece que, “Los agentes podrán tener a su cargo y portar las siguientes armas: I. Incapacitantes menos letales: (...) b) Dispositivos que generan descargas eléctricas; (...)”.


     Es importante mencionar que los Dispositivos Electrónicos de Control, coloquialmente conocidos como Taser por ser el nombre de uno de los productos más conocidos en el imaginario popular, también están referidos en el apartado de equipamiento del Modelo de Policía de Proximidad considerado dentro del Modelo de Policía y Justicia Cívica (MPJC) impulsado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) y encuentran su fundamento en los ya referidos instrumentos relativos al Uso de la Fuerza en México, así como en diversos instrumentos normativos internacionales como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.


     Es importante mencionar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la Acción de Inconstitucionalidad 64/2019 promovida en su oportunidad por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, resuelta el 24 de octubre de 2020, en la que las y los Ministros de dicho órgano jurisdiccional señalaron que la diferencia entre las armas menos letales, como el Taser, y las armas letales radica en “...la capacidad que tenga para causar lesiones graves o la muerte, pues las primeras están diseñadas para reducir al mínimo este aspecto...”, así como el hecho que la SCJN reconoció que la ley establece la distinción y regulación de armas menos letales, así como el adiestramiento que para su uso deben recibir los agentes de las instituciones de seguridad.


     Ahora, ¿cómo funcionan los dispositivos electrónicos de control? El Taser es un dispositivo electrónico de control manufacturado por Axon Enterprise Inc., que transmite pulsos eléctricos diseñados para impactar las funciones sensoriales y motoras del sistema nervioso periférico y causa contracciones musculares involuntarias que provocan un efecto denominado inmovilización neuromuscular.


     Invariablemente, explicar de manera rápida el funcionamiento de los dispositivos electrónicos de control conlleva la pregunta sobre su seguridad y efectividad. Y para ello, es menesteroso señalar que los TASER son la opción menos letal más estudiada a nivel mundial, con más de 800 estudios publicados que evalúan su seguridad y efectividad tanto por centros médicos o sanitarios, como por instituciones tecnológicas y profesionales relacionadas al sector seguridad.


Para lograr lo anterior, es importante entender que éstos dispositivos deben cumplir diversos estándares técnicos que garanticen tanto su efectividad como su seguridad, a saber: el estándar ANSI/CPLSO-17, elaborado por el Instituto Americano de Estándares Nacionales (ANSI, por sus siglas en inglés) y que refiere a las características eléctricas de los Dispositivos Electrónicos de Control; y, el estándar IEC 60335-2-76 de la Comisión Electrotécnica Internacional, de la que México forma parte, que aborda los requisitos de seguridad para aparatos electrodomésticos y análogos.


     Pero ¿cuál es la postura de asociaciones profesionales sobre el TASER? La Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP por sus siglas en inglés) ha señalado que es esencial que los departamentos proporcionen a sus funcionarios la capacitación y los instrumentos adecuados para ejercer la cantidad de fuerza necesaria para prevenir daños a las fuerzas del orden, transeúntes o sujetos potencialmente violentos, ya que proporcionar acceso a herramientas y capacitación apropiadas permite a los departamentos de policía reducir las lesiones y muertes de oficiales, sospechosos y miembros del público.


     Por su parte, el Consejo Nacional de Jefes de Policía del Reino Unido publicó un reporte del Grupo de Trabajo de Armas Menos Letales, señalando que tras un análisis de 34,000 incidentes de uso de la fuerza, los dispositivos electrónicos de control estaban asociados a menos lesiones en los oficiales de Policía y en las personas contra quienes se empleaba que los binomios caninos, los bastones, los aerosoles irritantes o las confrontaciones físicas lo que, a su consideración, podría sugerir que son más seguros que otros medios de fuerza.

 
     Por su parte, los Relatores Especiales sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas han subrayado la idoneidad de que elementos policiales cuenten con herramientas además de las armas de fuego, señalando que “Basándose en una evaluación de los riesgos, el equipamiento de los agentes del orden desplegados durante las concentraciones debería incluir material de protección personal apropiado y armas no letales adecuadas. Las armas y tácticas deberían posibilitar una respuesta graduada y una atenuación de las tensiones. Por lo tanto, no es aceptable dotar a los agentes del orden de armas letales sin que dispongan de otras alternativas no letales aparte de las porras”

 En conclusión, de manera somera podemos señalar que:

  • Las armas menos letales son complementarias a otros medios de fuerza, por lo que deberían ser consideradas dentro del proceso de toma de decisiones para su adquisición, dotación y aprovechamiento de acuerdo a la naturaleza, los riesgos y condiciones de los diversos servicios policiales.
  • La efectividad de éstos sistemas (dispositivos + municiones + operadores) dependerá de las circunstancias y condiciones de cada uso, por lo que no deberá asumirse que el menor potencial lesivo está garantizado al 100% y se deberán tomar precauciones ex ante y ex post para ofrecer asistencia médica a las personas heridas o afectadas, cuando y si así se requiera.
  • El empleo de armas menos letales debe ceñirse a los principios internacionales de uso de la fuerza: Legalidad, Necesidad y Proporcionalidad, y observar los mecanismos de rendición de cuentas apropiados, especialmente cuando haya personas heridas o afectadas por su uso.

javier.ortizsullivan@gmail.com





domingo, 20 de marzo de 2022

 Los nada halagadores “otros datos” en materia de Seguridad.

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

En materia de seguridad también existen “otros datos” además de las alegres cifras oficiales comunicadas día con día desde las “mañaneras” de Palacio Nacional, y es que el pasado 07 de marzo se generó una noticia la cual el portal de Forbes hizo viral, se publicó el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo y aunque, como se explicó, el portal de Forbes lo hizo viral, la información venía de Consejo ciudadano para la seguridad pública y la justicia penal A.C. Ciudades. (http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/). En 2021 las ocho ciudades más violentas del mundo fueron todas ellas mexicanas: Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Juárez, Ensenada y Uruapan. México es el país con el mayor número de ciudades violentas: 18 de 50. También se destaca que, De las 14 ediciones anuales de este ranking, en 8 la ciudad más violenta del mundo ha sido mexicana (esto es, en los años 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2019, 2020, y 2021).


Es innegable la necedad de la administración federal de no fortalecer a las policías locales donde más del 90% de los delitos son cometidos (según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública) y tratar de fortalecer la Centralización de la estrategia de seguridad, la cual no se consolida debido a que las problemáticas de inseguridad, así como los factores que las originan varían entre región y región del país. La inseguridad ha generado uno de los sexenios más violentos para el gremio periodístico e incluso el parlamento europeo señaló el peligro para esta profesión en el país y el presidente mexicano redactó una carta ruda, descortés e imprecisa que deja al descubierto la nula estrategia en materia de seguridad. Incluso se pierde el tiempo en demandando a empresas norteamericanas que fabrican armas que son utilizadas en México en lugar de analizar cambios en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y poner orden en las aduanas mexicanas, así como en el rastreo e identificación de estas. Espero también que se demande a las fábricas que construyen autos por las muertes que producen los accidentes automovilísticos por conductores ebrios (tono sarcástico) Aunque (aumenta el tono de sarcasmo) corremos el riesgo de que los Estados Unidos de América nos demanden por las muertes por sobredosis que producen las drogas en sus conciudadanos que en México se elaboran. Todo lo anterior de ser, por primera vez desde hace muchas décadas responsables de la situación actual en lugar de buscar a los culpables fuera de nuestras fronteras.


Y como estas situaciones no fueran ya desesperanzadoras, nos cae la cereza del pastel: El presidente Joe Biden hizo oficial este martes un nuevo veto que impedirá al Gobierno de Estados Unidos dotar de fondos a militares mexicanos que participen en labores de seguridad pública y que expertos en seguridad aseguran dificultará financiar programas de la Guardia Nacional mexicana. Como parte de la misiva Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2022 promulgada hoy por Biden, el Congreso de EU destinará más de 158 millones de dólares en ayuda bilateral para México, pero por primera vez estableció un veto para evitar que llegue a elementos militares en labores de seguridad pública.


"Ninguno de los fondos asignados por esta iniciativa y puestos a disposición para ayuda a México se utilizará para apoyar la participación militar en la aplicación de la ley en México", dice el texto de la Ley promulgada hoy por Biden luego de meses de negociación entre las dos Cámaras del Capitolio.

 

Lo curioso es que el propio mandatario mexicano se quejó de la ayuda recibida por el gobierno de Estados Unidos, pero se benefició del mismo para su proyecto que, a tres años de iniciado, sigue sin pies ni cabeza y ha violentado derechos humanos y los borales de los miembros de la extinta Policía Federal.


Existe una imperiosa necesidad un real fortalecimiento policial en México el ayuda, las donaciones y la capacitación no serán eternas por lo que debemos generar una política de mejora continua responsable y sustentable tanto operacional como presupuestalmente hablando en los tres órdenes de gobierno, ya lo dice el viejo dicho “Al amigo y al caballo no se le cansa”.


El problema de la seguridad en México es un fenómeno multidimensional, va más allá de la actuación y profesionalización focalizada de las policías, la prevención de la violencia y la delincuencia, la proximidad social, el desempleo, la pobreza de oportunidades entre otras. Es la articulación de estas y esa es, aunque se niegue, obligación del Estado, Estado que se preocupa más en lo político que en lo social, en materia de seguridad no hay colores y no debe haberlos.

 

          La situación que México vive agranda más el vacío de poder, este​ es un término usado en política que significa la ausencia de gobernante o Gobierno, provocada por diferentes razones y que puede ser ocupado por actores como la delincuencia organizada (como ocurre en muchas zonas de México), redes sociales (donde hoy en día muchos mexicanos se “informan” y “educan”) así como pseudo “líderes sociales”, mientras el Estado se duerme en sus laureles.

hidalgomontes@gmail.com




martes, 28 de septiembre de 2021

 Cuando ni Mentir se Sabe...


Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes


Como lo ha anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, confirma que la Guardia Nacional dejará de ser civil, pero la verdad es que nunca lo ha sido. Si bien, el general, Luis Rodríguez Bucio se encuentra en estado de retiro y para la población que no está familiarizada con temas de seguridad podría pensar que, al estar en este estatus, se convierte en civil, la verdad es que no es cierto y me explico:

Según la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos vigente, en su artículo 137 dice: “De acuerdo con su situación en el Ejército y Fuerza Aérea, los militares se consideran en: activo, reserva y retiro”. Por lo tanto, la Guardia Nacional nunca ha sido, contradiciendo lo que indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21 que indica “…Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.

Es un hecho que la Guardia Nacional pasará a ser parte de las Fuerzas Armadas, particularmente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como fue desde un principio la visión del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Con esta maniobra queda en descubierto la nula articulación que se tiene en materia de seguridad. Se siguen mezclando las atribuciones y las necesidades reales se dejan a un lado en un país donde todos los días se rompen récords de inseguridad.

Manifiesta Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, que su dependencia a cargo no perderá su importancia tras pase de la Guardia Nacional al Ejército, sin embargo es palpable que desde el inicio de la administración, esta secretaría dejó de tener relevancia real en la estrategia de seguridad.

Mientras que no entendamos que debemos invertir la pirámide y fortalecer las policías municipales que es donde la mayoría de los delitos se comenten, no se podrá contener y disminuir de manera sensible la violencia y la delincuencia.

Tal pareciera que estamos frente a un capricho, como muchos otros de sexenios anteriores, basta ver cuantas policías de carácter federal se han tenido en los últimos 20 años (Policía federal de Caminos , Policía Judicial Federal, Policía Fiscal Federal, Policía Federal Preventiva, Agencia Federal de Investigación, Policía Federal, Policía Federal Ministerial, el intento de la Gendarmería, entre otras) hasta que no se institucionalice la Policía y se deje de jugar con la seguridad de nuestro México, no podremos avanzar a una sociedad más justa y segura, los policías y los militares no son números, son seres humanos con familias que merecen seguridad jurídica y social, afortunadamente el ejército si tiene bien cimentado ese pilar, pero los y las policías están quedando en el olvido cuando son el primer contacto con la delincuencia.

hidalgomontes@gmail.com





jueves, 5 de agosto de 2021

 Aunque usted no lo crea, México demanda a empresas fabricantes de armas en EU por prácticas "negligentes"

(Es en serio, no se ría)

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes


El pasado 4 de agosto de este 2021, se dio a conocer el recurso que aplicará para compañías a las que el Gobierno Mexicano acusa de promover acciones que facilitan "el tráfico ilegal" de armamento en el país, lo anterior, a través de una demanda civil en contra de empresas de producción y distribución de armas en Estados Unidos donde se acusa a dichas compañías de emprender “prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”. 


Lo anterior, fue confirmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana (SER) que la acción legal fue presentada ante una corte federal en Boston (Massachusetts) con el objetivo de detener el flujo de armamento ilegal que llega al país desde Estados Unidos.


El titular de la dependencia, Marcelo Ebrard indicó que desde hace dos años se trabaja con este litigio y también destacó que México no tiene intención de interferir en la política interna de EU relacionada a las armas y advirtió que el proceso judicial no apunta al Gobierno estadounidense sino contra a las empresas que han causado daño a través de la venta y distribución ilegal, una práctica que podría haber ocasionado unos 17 mil asesinatos en el país.


Ahora bien, lo que podría ser una medida innovadora se vuelve una farsa, ya que el tráfico de armas no lo realizan las fábricas que las manufacturas, es como esperar que de denuncie a las armadoras de vehículos por la cantidad de lesiones y muertes que causan en los accidentes automovilísticos (que cabe destacar en porcentajes son más altas).


El tráfico de armas de fuego es multidimensional. Las armas de fuego se fabrican y comercian tanto legal como ilegalmente, lo que hace que la identificación y el rastreo de armas de fuego fabricadas y traficadas ilegalmente sean muy complejo. Para complicar aún más las cosas, la mayoría de las armas de fuego se producen legalmente y luego se desvían al mercado ilícito.


¿Quiénes son los verdaderos culpables de esta crisis?


Es cierto que Estados Unidos juega un papel importante, aparte de ser vecinos, es el país donde se producen la mayoría de las armas que la delincuencia utiliza en nuestro país. Sin embargo, si no fueran de Estados Unidos, se consiguieran de otro país ya que la delincuencia encontraría la forma de hacerse de estas. La verdad, aunque duela, es que todos nosotros somos los culpables, comenzando desde Aduanas, la Fiscalía General de la República, Fuerzas Armadas, las Policías, los Estados, hasta los Municipios ya que el Estado Mexicano se ha visto imposibilitado en frenar este tráfico que va hacia dos vertientes: 1.-Los grupos delincuenciales (eso es innegable)  y 2.- Los civiles, lo aceptemos o no, la población civil se está armando de forma legal, gracias al artículo 10 de la Constitución Mexicana (a través de la Secretaria de la Defensa Nacional) y de forma ilegal a través del mercado negro, lo anterior impulsado por la rampante crisis en materia de seguridad que inunda al país desde hace más de una década así como a una anacrónica Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Incluso, las famosas campañas de “despistolización” parecen burla donde la medida va hacia el desarme de Ciudadanos y no de Delincuentes, ya que las armas son herramientas su trabajo y no las van a cambiar por un microondas (en el mejor de los casos).


Mientras no tomemos al toro por los cuernos, nos hagamos responsables de nuestros errores y, a través de expertos de verdad (y no de gabinete) y generemos políticas de corte social, público, criminal, criminológico y policiológico adecuadas para frenar este y todos los demás problemas que las organizaciones de crimen transnacional (TCO´s por sus siglas en inglés) provocan no mejoraremos de forma real la crítica situación que en México se vive. Ya que lo que hoy impulsa el Estado Mexicano es tan absurdo como denunciar a una empresa embotelladora de cerveza por haber chocado ebrio. Triste pero cierto.

 

hidalgomontes@gmail.com




 

 

jueves, 24 de junio de 2021

 ¿Hasta Cuándo Seguiremos Ignorando al Narcoterrorismo en México?

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes


El pasado sábado 19 de junio, en el municipio de Reynosa, perteneciente a la entidad federativa mexicana de Tamaulipas, tras una serie de ataques violentos con armas de fuego en contra de la población civil, dejaron 18 muertos en un solo día. Los tiroteos provocaron la movilización del ejército, la Guardia Nacional, la policía estatal y la fiscalía del Estado.


La información señala que los homicidios se cometieron en las colonias Almaguer, Lampacitos, Unidad Obrera y Bienestar; y que entre las víctimas hay una familia y un comerciante, de acuerdo con el medio de comunicación Elefante Blanco.


Por parte del Estado, el Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Tamaulipas también informó que, “derivado de las acciones de patrullaje y vigilancia, se logró detectar a varios sujetos y vehículos que participaron en los homicidios de 14 personas en diferentes colonias de la ciudad de Reynosa. Al ser localizados, los individuos opusieron resistencia y agredieron a personal policial, el cual repelió la agresión. Murieron 4 de los civiles armados”. También señaló que “personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y de la Fiscalía General de Justicia del Estado continúan desplegados en diversos puntos de la ciudad de Reynosa en labores de patrullaje y vigilancia, así como de investigación”.


Lo que sucedió en Tamaulipas requiere que hagamos una pausa en México, ya que cuando un grupo armado decide disparar en contra de población civil, sin más razón que la generar terror, no podemos envolver este suceso en la violenta cotidianeidad de nuestro México actual. No podemos catalogar el hecho bajo el delito de “delincuencia organizada”, lo ocurrido es, estimados lectores, un acto claro de “narcoterrorismo”, nos guste o no. Lo que ha venido ocurriendo en nuestro país se ha convertido en la historia a la que nos hemos acostumbrado. Ha ocurrido por tanto tiempo que ya pocas cosas nos sorprenden, nos hemos acostumbrado a la violencia, la disputa entre cárteles, las balaceras, los colgados, los narcomensajes a la impunidad, a las fosas entre otras muchas cosas que ya hemos perdido la capacidad de asombro e interés. ¿Hacia dónde vamos como país si nos acostumbramos a lo que ocurrió en Reynosa? El pasado mayo ha sido el segundo mes más violento en lo que va de la administración del presidente Lopez Obrador, delitos como el feminicidio aumentaron un 25% y la violación un 30% y el delito de trata de personas un 47.5% según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Algo o mucho no está bien, repito, esto no es un hecho aislado ni es el primero en su clase, la explosión de una granada en Michoacan el 15 de septiembre de 2008 o la explosión de un carro bomba en Ciudad Juárez en julio de 2010, por solo mencionar un ejemplo de hechos que anteceden a lo ocurrido en Tamaulipas


Con hechos, ya quedó más que claro que el problema no reside en los gobernantes ni en los partidos políticos sino en la sociedad. A través del tiempo hemos permitido desde la corrupción como instrumento de progreso para pocos, hasta la polarización y el confrontamiento generando aún más violencia e impunidad en un Estado de por sí debilitado. Debemos exigir al Estado la estricta aplicación de la ley empezando a llamar a las cosas como son, y en este caso tiene un nombre: “Narcoterrrorismo”. Estoy consiente del poder de las palabras, pero hemos tenido el miedo de la fuga de capitales o de la intervención extranjera en temas nacionales negando la inevitable globalización. Pero si hemos llegado a este punto no ha sido culpa de los partidos políticos ni de lo gobernantes (no importando el color) ha sido culpa de una sociedad que no ha sido responsable de ejercer la “ciudadanía”, si exigiendo derechos pero también cumpliendo con nuestras obligaciones, respetando la ley, pagando impuestos, etc.


A estas alturas de la historia nacional, hemos probado las tres posiciones políticas derecha, centro e izquierda y todo sigue empeorando, los políticos no son ni han sido la respuesta, la respuesta está en la sociedad y en la responsabilidad de volvernos habitantes a ciudadanos de nuestro hermoso México.


hidalgomontes@gmail.com




miércoles, 16 de junio de 2021

 La Delincuencia Internacional podría haber encontrado su Nuevo Paraíso

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

El Salvador aprueba la criptomoneda más popular, el Bitcoin, como moneda de uso legal, convirtiéndose en el primer país en hacerlo pero: ¿será esto bueno en un país donde solo el 30% de la población está bancarizada y donde uno de las Organizaciones de Crimen Transnacional (TCO´s, por sus siglas en inglés) está asentado y es conocido por el lavado de activos producto de las drogas?.

La nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido Nuevas Ideas del presidente, Nayib Bukele, aprobó el martes la Ley Bitcoin. El texto convierte a este pequeño país centroamericano en el primero en el mundo que adopta la criptomoneda como moneda de curso legal. La criptomoneda se podrá usar “en cualquier transacción y cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas requerían realizar”, según la nueva ley.

El tipo de cambio entre el Bitcoin y el dólar será establecido libremente por el mercado y todo precio “podrá ser expresado en bitcoin”, según la ley, que obliga a todo agente económico a “aceptar bitcoin como forma de pago”. Quedan excluidos quienes por hecho notorio y de manera evidente “no tenga acceso a la tecnología” que permite ejecutar las transacciones.

Hasta aquí todo se lee muy bonito e innovador, sin embargo, hay que entender que Bitcoin es una moneda virtual o un medio de intercambio electrónico que sirve para adquirir productos y servicios como cualquier otra moneda. Pero esta moneda es descentralizada, es decir que no existe una autoridad o ente de control que sea responsable de su emisión y registro de sus movimientos. Consiste en una clave criptográfica digital que se asocia a un monedero virtual, el cual descuenta y recibe pagos.

Existen un sinnúmero de criptomonedas en el mercado y su uso y expansión ha generado más dificultad para identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI´s), es aquí donde la Mara Salvatrucha y grupos delincuenciales que les ayudan a lavar los activos productos del narcotráfico, la trata de personas y la extorsión, encontrarán la oportunidad para poder vulnerar un Estado debilitado como el del Salvador, quien sigue siendo uno de los punteros en violencia e impunidad según La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Se vislumbra un horizonte complicado para la seguridad de nuestros hermanos salvadoreños y para la región en general, será importante seguir de cerca aciertos y errores de esta medida para poder hacer ejercicios de seguridad comparada cuando estas propuestas lleguen a nuestros países porque la realidad es que las criptomonedas llegaron para quedarse, el punto es que lleguen y se asienten en forma segura generando desarrollo, empleos y paz, esa paz que la región tanto necesita.

hidalgomontes@gmail.com