Zemiología: una mirada crítica para fortalecer las políticas de seguridad en México

 

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

 

En el complejo panorama de seguridad que enfrenta México, caracterizado por la presencia de múltiples actores delictivos, violencia endémica, una campaña para combatir la música que haga apología del delito (que prácticamente condena la narración de los mismo pero que curiosamente no los hechos que la generan) y una percepción ciudadana de inseguridad persistente, se hace imperativo explorar enfoques innovadores que complementen las estrategias tradicionales. Desde la administración del ahora expresidente López Obrador hasta la actual de la Doctora Claudia Sheinbaum, hemos escuchado la expresión “debemos combatir las causas” y esto se debe a que (nos guste o no) el tejido social en México se ha ido dañando desde hace décadas. Pero esto de “combatir las causas” no es tan sencillo como se intenta dejar ver. Es aquí donde aparece una herramienta que, bien utilizada, se vuelve la luz al final del túnel “La zemiología”. ¿What? ¿Qué es eso? Bueno, la zemiología es la ciencia que estudia los daños sociales más allá de las tipificaciones legales, emerge como una herramienta valiosa para comprender y abordar las dinámicas estructurales que subyacen en los fenómenos de violencia y criminalidad. Es decir, va mas allá del derecho, la criminología y la policiología.

 

 

A veces confundida con su hermana (fonéticamente hablando) la semiología, la cual se encarga del estudio de los signos y síntomas de las enfermedades, incluyendo fenómenos espontáneos o provocados, subjetivos y objetivos, locales y generales, funcionales u orgánicos que ocurren en el proceso de la enfermedad. La zemiología (con z), derivada del griego zēmía (daño), se centra en el análisis de los daños sociales que afectan a grandes sectores de la población, pero que no siempre son reconocidos como delitos en los marcos legales tradicionales. Esta disciplina, surgida de la criminología crítica, pone énfasis en cómo las estructuras sociales, económicas y políticas pueden generar daños significativos, como la pobreza, la exclusión y la violencia estructural, que a menudo quedan fuera del alcance del sistema penal convencional (como podrán apreciar se ajusta más a la realidad del México contemporáneo). En el contexto mexicano, donde la violencia y la desigualdad están profundamente arraigadas, la zemiología ofrece una perspectiva que permite identificar y abordar las causas subyacentes de la inseguridad, más allá de los síntomas visibles.

 

 Las aplicaciones prácticas de la zemiología en políticas de seguridad podemos separarlas en tres grandes rubros:

 

a) Identificación de daños estructurales

La zemiología permite reconocer formas de violencia que no siempre son catalogadas como delitos, pero que tienen un impacto profundo en la sociedad. Por ejemplo, la marginación de comunidades enteras, la falta de acceso a servicios básicos o la impunidad en casos de corrupción pueden ser vistos como daños sociales que contribuyen a un entorno propicio para la violencia y la delincuencia, basta analizar zonas donde se extrae hidrocarburo de forma ilegal para darnos cuenta de que en el 90% de los casos encaja perfectamente esta narración en materia social.

 

b) Evaluación de políticas en materia social, penal, criminológica y policiológica

Al enfocarse en los daños sociales, la zemiología proporciona herramientas para evaluar el impacto real de las políticas públicas que se llevan a cabo dentro de una sociedad (no importando el corte de estas). Esto implica analizar si las estrategias implementadas están reduciendo efectivamente los daños estructurales o si, por el contrario, están perpetuando condiciones que favorecen la violencia y la delincuencia.

 

c) Diseño de intervenciones integrales

Incorporar la perspectiva zemiológica en el diseño de políticas que impactan a la población permite desarrollar intervenciones más holísticas (perdón, esa palabra me causa repele, pero es la que más se ajusta en el contexto del presente texto), que aborden tanto los factores inmediatos de la criminalidad como las condiciones estructurales que la alimentan. Esto puede incluir programas de desarrollo social, reformas institucionales y mecanismos de justicia restaurativa

 

Al integrar a la zemiología de forma seria dentro de las políticas del Estado mexicano para reducir los índices de violencia y delincuencia tendríamos beneficios tales como:

 

• Prevención más efectiva: Al identificar y abordar los daños sociales que subyacen a la criminalidad, es posible prevenir la violencia y la delincuencia de manera más efectiva que mediante enfoques punitivos tradicionales.

 

• Mejora en la equidad y justicia social: La zemiología promueve una visión de la seguridad que incluye la justicia social, al reconocer y enfrentar las desigualdades que contribuyen a la inseguridad (que es lo que buscamos todos los mexicanos no importando que grupo político ostente el poder).

 

• Fortalecimiento de la legitimidad institucional: Al atender las causas estructurales de la violencia, las instituciones pueden ganar mayor legitimidad y confianza por parte de la ciudadanía (que mucha falta hace).

 

Para poder generar diagnósticos más certeros utilizando la zemiología debemos entender que las instituciones policiales no pueden acabar con el problema de la violencia en el país (aunque se escuche rudo) debido a que las instituciones policiales (no importa del orden de gobierno que sean: municipal, estatal o federal) no controlan todas las políticas que un Estado implementa. Es decir, solo podrá disminuir algunos factores que generan violencia y delincuencia, pero no todos.

 

Para poder implementar el enfoque zemiológico en las políticas del Estado mexicano necesitamos: 1) Capacitar a personal de seguridad y formuladores de políticas en enfoques zemiológicos para enriquecer su comprensión de los factores estructurales de la violencia. 2)  Fomentar el trabajo conjunto entre expertos en seguridad, sociólogos, economistas y otros profesionales para desarrollar estrategias integrales y por último 3) Establecer mecanismos para evaluar el impacto de las políticas de seguridad en la reducción de daños sociales, ajustando las estrategias según sea necesario (Si no hay evidencia no sirve).

 

La integración de la zemiología en las políticas de seguridad en México ofrece una perspectiva enriquecedora que complementa las estrategias tradicionales (las cuales ya comienzan a verse obsoletas). Al comprender y abordar las dimensiones estructurales de la violencia y la criminalidad, es posible desarrollar intervenciones más efectivas y justas. En un entorno donde los daños sociales juegan un papel crucial en la construcción de realidades de inseguridad, la zemiología se presenta como una herramienta indispensable para la formulación de políticas de seguridad más humanas y eficaces apegadas a evidencias científicas no a creencias y/o suposiciones.

 

hidalgomontes@gmail.com

 Seguridad sin brújula: el costo de ignorar la evidencia en México

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

En México, la seguridad ciudadana ha sido abordada, durante décadas, con una lamentable mezcla de urgencia, improvisación, discurso político y condimentada con una pizca de buenas intenciones (como si se tratara de una receta de Chepina Peralta). En lugar de estrategias sustentadas en evidencia empírica y análisis técnico, predominan decisiones reactivas, de corto plazo, que priorizan efectos mediáticos sobre resultados sostenibles (llamados en el argot policial “bomberazos”). Este enfoque ha contribuido a la prolongación y recrudecimiento de la violencia, al debilitamiento institucional y al deterioro de la confianza ciudadana.

Basándonos en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el año 2023 cerró con más de 29,000 homicidios dolosos y en 2024 hubo 30,057. Pese a los múltiples cambios de administración y programas en materia de seguridad, las cifras de violencia se han mantenido persistentemente altas. Es aquí donde salta la odiosa pregunta: ¿Qué estamos haciendo mal? La respuesta parece estar en la raíz: estamos tomando decisiones sin evidencia (Es decir, sin conocimiento y basadas en creencias, no en hechos).

Uno de los errores más recurrentes en el diseño de políticas policiológicas y criminológicas en México ha sido la adopción de modelos extranjeros o propuestas ideológicas sin una evaluación rigurosa de su viabilidad en contextos locales. La falta de diagnósticos adecuados, el escaso uso de datos confiables y la ausencia de evaluaciones independientes perpetúan un ciclo de ensayo y error en el que los errores se pagan con vidas humanas (Si no me creen recuerden cuando a finales de la década de las 90´s se contrató a Rudolph Giuliani para realizar un diagnóstico de seguridad en CDMX que arrojo los mismos resultados de otro trabajo realizado antes por policías del entonces Distrito Federal).

La militarización de la seguridad es quizá el ejemplo más evidente. Desde 2006, México ha depositado en las fuerzas armadas tareas de seguridad ciudadana bajo el argumento de su eficacia operativa. No obstante, múltiples estudios han documentado que este modelo no solo ha sido ineficaz para reducir la violencia, sino que ha incrementado los riesgos de violaciones a derechos humanos (no porque no estén preparados o mal equipados, si no debido a que de génesis su formación laboral es de otra índole).

El informe de Human Rights Watch (2023) y los propios datos de la CNDH evidencian un aumento sostenido en quejas contra personal militar desde que se les asignaron labores de patrullaje y control civil. Además, investigaciones académicas como la de Ríos y Shirk (Justice in Mexico, 2021) demuestran que la presencia militar no guarda correlación directa con una disminución sostenible del crimen.

La improvisación ha alcanzado incluso áreas tan sensibles como la atención a víctimas y la búsqueda de personas desaparecidas. El caso del fallido Registro Nacional de Personas Desaparecidas es paradigmático: sin financiamiento adecuado, sin coordinación entre órdenes de gobierno y con metodologías opacas, los registros oficiales han sido cuestionados incluso por las familias de las víctimas.

En 2024, un reportaje de El País reveló que la cifra real de desaparecidos podría estar significativamente subestimada por la “depuración” de datos sin consulta ni transparencia. Incluso, escondiendo a víctimas mortales de la violencia en categorías como: “desaparecidos” y “otros tipos de delito que atentan contra la vida”. Este tipo de decisiones sin evidencia ni participación social solo abona a la desconfianza y al retraimiento de la ciudadanía frente al Estado.

Del mismo modo, las estrategias preventivas de violencia y delincuencia como los programas de "mochila segura", puntos fijos de control o los toques de queda informales que algunos municipios y comunidades han adoptado de manera unilateral no han mostrado impacto en la reducción de delitos y la violencia, generan tensiones legales y sociales.

La falta de estrategias claras y de largo plazo ha provocado una desarticulación entre los distintos actores del sistema de seguridad y justicia. Fiscalía, policía municipal, Guardia Nacional, ejército y gobiernos estatales actúan muchas veces con criterios contradictorios, compitiendo por recursos o protagonismo político.

Según un informe del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la dispersión institucional y la ausencia de una política nacional coordinada han obstaculizado la implementación efectiva de modelos exitosos como la justicia cívica, la mediación comunitaria o la policía de proximidad.

La consecuencia directa de esta fragmentación es que ningún actor asume responsabilidad plena sobre los resultados. Y cuando todos son responsables, nadie lo es realmente.

La buena noticia es que existen alternativas. Países como Colombia, Chile y algunos estados de EE.UU. han logrado avances significativos al adoptar políticas públicas basadas en evidencia. En México también hay ejemplos alentadores: municipios como Escobedo (Nuevo León) y programas como el de Justicia Cívica en Morelia han mostrado resultados positivos al aplicar intervenciones probadas, con evaluación constante y participación ciudadana.

Adoptar una perspectiva de “gobierno basado en evidencia” no es un lujo tecnocrático: es una necesidad urgente. Esto implica:

1. Diagnósticos rigurosos: Invertir en datos confiables y análisis territorial del delito.
2. Evaluación de impacto: Toda política debe medirse, no solo por intenciones, sino por      resultados.
3. Rendición de cuentas (que en México le tenemos fobia): Los responsables de las políticas deben asumir su desempeño, con consecuencias claras.
4. Participación ciudadana: Incluir a la comunidad en el diseño y revisión de las políticas mejora la legitimidad y eficacia de las acciones.

Documentos como las “Guías para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia” de CONEVAL y la Secretaría de Gobernación (2021) ofrecen rutas claras para transitar hacia este modelo. No se trata de inventar de cero, sino de adaptar lo que ya sabemos que funciona, el problema es que ni a las autoridades políticas ni a muchos mandos policiales les gusta investigar.

La crisis de seguridad en México no se resolverá con más recursos ni con discursos más duros. Se resolverá cuando el Estado (en sus distintos órdenes) tome decisiones informadas, medibles y orientadas a resultados. Mientras sigamos diseñando políticas con base en percepciones, intuiciones o presiones mediáticas, estaremos condenados a repetir los mismos errores.

El tiempo de improvisar ya pasó. Lo que hoy se necesita es claridad, ciencia y compromiso político real. Solo así podrá México aspirar a construir una paz duradera, con justicia y con verdad.

hidalgomontes@gmail.com

 Un riesgo emergente silencioso se presenta: La modificación del consumo de drogas sintéticas en México

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

En los últimos meses, México ha intensificado (más por presión que por obligación) de forma significativa sus esfuerzos contra de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, particularmente en lo que respecta al combate a las drogas sintéticas. Un caso emblemático se registró hace unos días en el estado de Zacatecas, donde las fuerzas federales desmantelaron un laboratorio clandestino de dimensiones industriales. En dicho operativo, las autoridades incautaron más de 27 toneladas de metanfetamina, una cifra sin precedentes que equivale a aproximadamente 698 millones de dosis individuales, según reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional y del medio español El País. Este tipo de acciones evidencian una política más agresiva del Estado mexicano hacia las estructuras logísticas de los cárteles, al centrarse no sólo en el aseguramiento de sustancias, sino también en neutralizar la capacidad de producción masiva de drogas haciendo énfasis que esto ha sido derivado a la rampante presión del presidente Trump y la latente posibilidad de desplegar acciones militares de Estados Unidos en territorio mexicano.

 

Sin embargo, estos contundentes golpes a las organizaciones criminales no han estado exentos de efectos colaterales. El incremento de la presión policial y militar ha provocado una reconfiguración en las rutas y estrategias del crimen organizado, debido a que particularmente en lo referente al tráfico y consumo de fentanilo. Existen indicios preocupantes de que esta droga, hasta ahora consumida mayoritariamente en Estados Unidos, comienza a penetrar con mayor fuerza en el mercado mexicano. Esta posible transición responde no sólo al endurecimiento de los operativos, sino también a la creciente disponibilidad de precursores químicos y a la adaptación de los cárteles a las nuevas dinámicas del mercado global de estupefacientes. Lo anterior debida a que, al configurarse como una empresa (criminal en este caso) tienen una estructura que mantener.

 

El fentanilo es una de las sustancias más potentes y peligrosas del actual panorama de drogas. Se estima que es entre 50 y 100 veces más fuerte que la morfina, y una cantidad tan pequeña como dos miligramos puede ser letal. Esta característica convierte al fentanilo no solo en una amenaza para quienes lo consumen de forma intencional, sino también para aquellos que pueden exponerse de manera accidental. Policías, militares, paramédicos y bomberos, por ejemplo, corren el riesgo de intoxicarse simplemente al entrar en contacto con residuos de la sustancia durante operativos o tareas de rescate. Han existido reportes internacionales de casos de sobredosis entre primeros respondientes, lo que subraya la urgencia de una respuesta institucional adecuada.

 

A pesar de la peligrosidad ampliamente documentada del fentanilo, México aún no ha logrado establecer protocolos de actuación estandarizados para la protección del personal de emergencia y aunque la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL) ha estado capacitado de forma constante a elementos policiales en México, aun no se ha permeado los procedimientos a todos los policías y ni se diga a otros miembros de la comunidad de respuesta a emergencias como paramédicos y/o bomberos.

 

 En contraste, países como Estados Unidos han desarrollado manuales detallados que abordan desde el uso obligatorio de guantes y mascarillas especiales, hasta procedimientos de descontaminación y administración de naloxona en casos de exposición. En nuestro país, como ya se explicó anteriormente, capacitación específica es escasa y el acceso a insumos adecuados resulta limitado, especialmente en municipios con menor presupuesto. Esto representa una vulnerabilidad crítica que debe ser atendida de manera urgente por los tres niveles de gobierno.

 

Ante este escenario, resulta imperativo que las autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno diseñen y apliquen un protocolo nacional unificado (que ya existe y fue diseñado por un connotado policía chihuahuense Pablo Cajigal del Ángel). Dicho protocolo debería ser incluido en el Programa Rector de Profesionalización (PRP) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad de Seguridad Pública (SNSP) para ser parte de la formación y profesionalización policial para poder informar sobre la identificación y manipulación segura de sustancias sintéticas, dotación obligatoria de equipos de protección individual de alta especificación, y rutas claras de actuación en situaciones de riesgo. También se requiere establecer un sistema nacional de monitoreo y reporte de incidentes de exposición, para generar estadísticas y evidencias (cosa que le choca a las cabezas de estos sectores) confiables que sirvan como base para la mejora constante de las políticas públicas en esta materia.

 

La colaboración internacional también debe ser vista como un componente estratégico de esta lucha. Como ya es conocida, en fechas recientes, México y Estados Unidos reforzaron su acuerdo bilateral para combatir tanto el tráfico de fentanilo como el flujo ilegal de armas, comprometiéndose a compartir inteligencia y buenas prácticas (fuente: EMEEQUIS). Este tipo de cooperación puede ser clave para la transferencia de tecnología, insumos médicos y conocimientos técnicos que fortalezcan la capacidad de respuesta de las instituciones mexicanas. La experiencia estadounidense, por ejemplo, ha demostrado la eficacia de dotar a todo el personal de campo con kits de naloxona, una medida que podría replicarse en zonas de alto riesgo en nuestro país.

 

Si bien es justo reconocer los avances en el combate al narcotráfico, después de haber encontrado al país convulso en materia de seguridad por la administración pasada, también es necesario señalar con firmeza los desafíos emergentes que esta estrategia ha provocado. El crecimiento potencial del consumo de fentanilo en México plantea un reto sanitario, logístico y operativo de gran escala. Frente a esta amenaza, el Estado debe responder con políticas integrales que no sólo persigan el decomiso y la erradicación, sino que también protejan la vida de quienes están en la primera línea de respuesta. La profesionalización de los cuerpos de emergencia, la inversión en tecnología y la estandarización de protocolos no son lujos, sino requisitos básicos para hacer frente con eficacia a la nueva cara del narcotráfico en México.

hidalgomontes@gmail.com

 México y Estados Unidos: ¿Más policías o mejor capacitación?

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

A través del tiempo, la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad ha sido un tema de constante tensión y negociación y desde el regreso del presidente Trump ha añadido un ingrediente de franca hostilidad a este coctel. Con la reciente reconfiguración de acuerdos bilaterales y el cambio de enfoque en la cooperación entre ambos países, la pregunta central sigue siendo la misma: ¿qué necesita más México para hacer frente a la crisis de violencia e inseguridad? ¿Más policías en las calles o una mejor profesionalización de los cuerpos de seguridad?

El paradigma de la seguridad en México ha oscilado entre una estrategia basada en el incremento del número de efectivos y otra orientada a la mejora de las capacidades institucionales. Sin embargo, la evidencia apunta a que el simple aumento de elementos en las fuerzas del orden no garantiza una disminución de la violencia y/o la delincuencia. Ejemplo de ello son los constantes casos de corrupción, abuso de autoridad y la falta de confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.

Desde la Iniciativa Mérida hasta su transformación al Entendimiento Bicentenario, la cooperación entre México y EE.UU. ha tenido altibajos, pero una constante es la preocupación de Washington por el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad mexicanas. No obstante, la prioridad debe estar en la calidad sobre la cantidad. Un policía bien formado, con capacidades técnicas y conocimientos en derechos humanos, investigación criminal y resolución de conflictos, es mucho más valioso que diez policías sin preparación adecuada. El problema radica es que, se confunde la calidad de la formación y profesionalización con las horas necesarias para ello. Hemos pasado de 872 horas necesarias para la formación de un elemento policial en 2012 a 1,080 en 2024 y no se ha visto una mejora sustancial. En América Latina existen casos como el de Perú donde la Policía Nacional estudia seriamente bajar su formación de 3 años a 1 ya que no se ve el impacto positivo de tiempo versus calidad. Y ni se diga de lo lento que es el cambio o adición de temas en el Programa Rector de Profesionalizacion (que es el documento que rige la formación y profesionalización policial en Mexico), ya que el Sistema Nacional del Seguridad Pública se ha viste lento desde hace lustros para poder estar en la vanguardia en temas como uso de la fuerza, análisis criminal, bienestar mental policial, protocolos de seguridad en caso de detención de laboratorios o cargamentos con drogas (la intoxicación por contacto de fentanilo es una realidad mortal en el servicio policial en México), por solo mencionar algunos temas.

El caso de la policía comunitaria en diversas regiones del país es un ejemplo de cómo la capacitación y la cercanía con la población pueden generar mejores resultados que la mera militarización de la seguridad. La cooperación con Estados Unidos debe enfocarse en la transferencia de tecnología, inteligencia y programas de profesionalización que permitan construir instituciones confiables, no solo en dotar de armamento y equipamiento a fuerzas mal preparadas y poder lograr que aquellos elementos que salen de las academias de formación, con el tiempo se vuelven los jefes de sus policías, es ahí y solo ahí donde se ve coronado un sistema policial tal y como pasa en las fuerzas armadas, donde un cadete entra al sistema de formación y sabe que si hace bien las cosas y es dedicado hay altas posibilidades de llegar a general y porque no, quizá, secretario de Defensa o Marina (según sea el caso). Esto le cerraría la puerta a pseudo expertos en seguridad que no tienen el perfil ni los conocimientos necesarios para dirigir una institución policial.

La respuesta a la pregunta inicial es clara: México necesita mejor capacitación, estructuras sólidas y cuerpos de seguridad con altos estándares de profesionalismo. No se puede generar a los mejores policías si no tienes a los mejores instructores, y que estos roten entre la academia y la calle cada 3 o 4 años, para que puedan aplicar su expertise en la calle al mismo tiempo de poder aplicar los conocimientos especializados que van adquiriendo ya que en muchas academias de nuestro país tenemos a instructores con 20 años de experiencia en aula y el mismo tiempo sin pisar la calle. ¿Qué puede enseñar en esas circunstancias si la fenomenología delincuencial de hace 20 años no es la misma que la de ahora? Sólo así se podrá garantizar una seguridad sostenible y efectiva, más allá de las coyunturas políticas y los intereses de corto plazo.

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México, entre las amenazas, los mitos y las crudas realidades

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

La relación México-Estados Unidos se encuentra en un punto sin precedentes, la tensión que se vive es tal como cuando te pareja te dice: “tenemos que hablar”. Sin embargo, dentro de los dimes y diretes, lo que en medios se propaga y lo que en realidad sucede hay muchas diferencias. Un ejemplo claro es el tema migratorio, hasta el día de hoy 17 de febrero de 2025 se han deportado en promedio 437 migrantes mexicanos diario, sin embargo, en el primer gobierno de Trump, este número era de 525 de promedio ¿Considerable diferencia cierto? Pues tiene razón si tomamos en cuenta los 564 connacionales deportados por día en la administración Biden o los 975 de la administración Obama ¿Qué cambio no? En este primer round los demócratas se yerguen victoriosos.

Aquí es donde la realidad se cruza con la fantasía de lo que en los medios se dicen y lo que ocurre de facto. Otro ejemplo es el de los ya multicitados “vuelos espía”. Donde si nos hemos enterado de ellos es precisamente porque la administración Trump así lo ha querido, lo anterior se deba a que carecemos de la tecnología que nos permitiría ubicar e interceptar dichas actividades. Respecto a esto es muy importante que se entienda que responde si, en parte de una muestra de fuerza. En pocas palabras, un: “mira los juguetes que tengo, ahí tu sabrás si cooperas o no” (si no quisieran que se enterara el gobierno mexicano usan satélites o tecnología más avanzada y ni nos enteraríamos). Es un mensaje muy claro a los llamados por Trump “bad hombres”, dejando claro que, si las autoridades mexicanas no van por ellos, las norteamericanas lo harán y por último, dar certeza a la información que los jugadores de alto nivel del narcotráfico mexicano que están negociando entrar al programa de testigos colaboradores. Cruzan información recibida con información a tiempo real para poder obtener la inteligencia necesaria para, de ser necesario, poder ejecutar operaciones con o sin el apoyo (nos guste o no) de autoridades mexicanas.

El presidente Trump ama filtrar mensajes para que los incrédulos le crean que ahí viene el lobo…y nunca llega, basta leer su libro “The Art of the Deal” (el arte de la negociación) para entenderlo, pero en esta ocasión no llegará solo un lobo, si no la jauría completa.

La realidad que hoy respiramos y vivimos en México, es muy compleja, cruda y hasta cierto punto cruel. Aunque el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch sostiene que es la misma política en materia de seguridad, la verdad es que no es cierto (gracias a Dios y en lo personal celebro eso) pero aún no se ven resultados palpables más allá de: 1) las acciones que poco a poco se han ido dando, 2) las acciones que la presión norteamericana ha generado y 3) de lo que las estadísticas oficiales revelan…ya saben lo que reza aquella frase atribuida a Mark Twain, uno de los más grandes escritores norteamericanos: “Hay tres clases de mentiras: las mentiras, las grandes mentiras y… las estadísticas” y pues desgraciadamente no nos escapamos y para muestra basta un botón: Según cifras de la Secretaría de Gobernación, en la CDMX el año pasado hubo una disminución de 2018 de 4.0 a 2.4 homicidios diarios pero se vivió un aumento en desapariciones  de 0.2 a 4.6 diarios y recuerden que sin cuerpo no hay homicidio por lo que, aunque desgraciadamente, muchas de estas personas que están desaparecidas ya han sido privadas de la vida no se contabilizan por lo que, es discurso que “se han bajado los homicidios” no es del todo cierto (y eso que solamente pusimos la CDMX de ejemplo).

Más allá de las preferencias personales de cada individuo debemos comenzar a analizar con buenos datos lo que sucede, como puede constatar los datos arriba mencionados son de la propia Secretaría de Gobernación Federal, pero ¿Qué pasaría si nos vamos a otras fuentes como ONG´s o el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)? Seguramente el resultado sería menos favorable.

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 Estados Unidos afila las navajas de afeitar para rasurar al ras a los cárteles de droga mexicanos

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

El pasado 05 de febrero se emitió un memorándum para todos los empleados del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) en el cual cuyo asunto a tratar dejó perplejo a más de uno y ni se diga a muchos “opinólogos” que juraban que las maniobras en contra de los cárteles mexicanos por parte del ahora presidente norteamericano Donald Trump eran, como en el argot mexicano se dice “puro petate del muerto” y es que, en el citado documento, se lee como tema “Total eliminación de los cárteles y organizaciones de crimen trasnacional”. Maniobra que deja en claro que, el nuevo inquilino de la Casa Blanca va en serio contra los “Carteles de la Droga mexicanos o como les gusta definirlos a las autoridades mexicanas “grupos generadores de violencia”, en específico (pero no se limita) a El cartel de Jalisco Nueva generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa

La estrategia que va preparando el gobierno norteamericano, más allá de nombrar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Busca fortalecer a dos equipos o Grupo de Tarea Conjunta o “Joint Task Force” (JTF) por un lado la JTF “Vulcan” que se enfocaba desde hace unos años a “eliminar a la Mara Salvatrucha” y ahora operará también en contra de la mega banda criminal de origen venezolano de el Tren de Aragua (TDA) y por otro lado la JTF “Alpha” que se dedicaba a la trata de personas y ahora también a trabajará en contra de los cárteles mexicanos.

Ahora bien, es muy importante entender que “el texto sin contexto” cae en terreno estéril y debemos entender que más allá de que si es bueno o malo que un país intente ingresar a otro para resolver un problema en específico con o sin autorización del estado a intervenir o si el Estado mexicano a dado o no resultados con la estrategia continuada de “abrazos y no balazos” del ahora expresidente López Obrador (ya que con las palabras del secretario de seguridad ciudadana Omar García Harfuch “la estrategia no ha cambiado”, lo de menos es que Estados Unidos realice operaciones en contra de los carteles mexicanos, ya que, si no se tiene una estrategia para que el Estado recupere el espacio que han ganado las organizaciones delictivas, otro ente delincuencial del mismo rubro, es decir, narcotráfico o de otra actividad delincuencial podría ocuparlo y en poco tiempo estaríamos en otra crisis de igual o mayor magnitud que la actual. Es decir, solo habría un cambio de “jugadores” por ocupar un término deportivo.

Otro claro ejemplo sobre la importancia de los contextos se da cuando gran parte de los mexicanos vieron con cierta gracia que presidente de Ecuador, Daniel Noboa, imponía aranceles del 27% a los productos hechos en México comercializados en su país. Aunque mi 50% sinaloense concuerda con la presidenta Sheinbaum en que los camarones de Sinaloa son mejores que los de Ecuador, perdemos de vista que esta medida tiene que ver en cierta forma como respuesta a la nueva realidad que los grupos criminales mexicanos han impuesto en aquellas sureñas coordenadas ya que, 8 de las 10 grandes pandillas del Ecuador, están colaborando y siendo patrocinadas por cárteles mexicanos, específicamente con el cartel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) estas alianzas han dejado motines en el sistema penitenciario provocando decenas de muertos, el magnicidio de un candidato presidencial (Fernando Villavicencio en 2023) y una ola de violencia sin precedentes en aquel país. Este desplazamiento delincuencial (o exportación si así quiere verlo) se da porque el Estado mexicano, no ha tenido una estrategia bien articulada y coordinada hacia el exterior en materia de seguridad y ha provocado una expansión internacional de estos grupos delincuenciales. ¿Qué sucederá? Eso está por saberse, pero una cubetada con agua helada de realidad nos indica que el presidente Trump tiene toda la intención de cumplir lo prometido en campaña y tiene las herramientas para hacerlas. Desde el punto de vista tecnológico, operacional y de inteligencia solo basta recordar que parte de la familia Guzmán y de la Zambada se han vuelto pieza fundamental para lo que pueda ocurrir en un futuro muy cercano dentro y fuera del gobierno mexicano.

hidalgomontes@gmail.com

 La ayuda Internacional como arma de manipulación y presión política

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

El pasado lunes 20 de enero, una orden ejecutiva firmada por el ahora presidente estadounidense, Donald Trump, congeló no solo de forma figurativa, sino en la práctica, al mundo entero. Estados Unidos de América suspendía la asistencia internacional por un plazo de 90 días con el fin de verificar que dicha asistencia “se encuentre alineada con los intereses estadounidenses”

 Esta noticia desató una oleada de preocupaciones y quejas, pero sobre todo la pregunta que se volvería “la madre de todas las preguntas”: ¿Qué madres es la asistencia internacional? Bueno, la "asistencia internacional", también conocida como "ayuda exterior" o "ayuda internacional", se refiere a la transferencia VOLUNTARIA (en negritas y con mayúsculas) de recursos, como dinero, bienes o servicios, de un país a otro, generalmente de naciones desarrolladas a países en desarrollo, para apoyar aumento económico, la seguridad, la justicia, necesidades humanitarias o lograr objetivos políticos específicos en el país receptor; Esta ayuda puede ser proporcionada por gobiernos, ONG´s, instituciones educativas y de investigación de renombre u organizaciones internacionales como el Banco Mundial.

Los puntos clave que debemos saber para poder comprender más sobre la asistencia internacional son:

a)   Formas de asistencia: Puede incluir subvenciones financieras, préstamos, ayuda alimentaria, experiencia técnica, programas de capacitación, donaciones de equipos especializados y suministros médicos.

 

b)   Motivaciones para dar ayuda: Promover el desarrollo económico, la seguridad, la justicia, disminuir la pobreza, responder a los desastres naturales, mejorar los sistemas de salud y educación, mejorar la estabilidad política y promover los intereses de política exterior de un país donante.

 

c)   Actores involucrados: Gobiernos donantes, organizaciones internacionales como el Banco Mundial y agencias de las Naciones Unidas, instituciones educativas y de investigación de renombre, organizaciones no gubernamentales (ONG´s). Como en el caso mexicano: Mexicanos en contra de la Corrupción y la Impunidad A.C., Causa en Común A.C., entre muchas otras así como organizaciones benéficas privadas.

 

Ahora bien, para ser más concretos y aterrizar este tema a México, estas acciones encabezadas por el nuevo inquilino de la casa blanca generaron el bloqueo temporal (hasta ahora) de al menos $120,246,940 millones de dólares. Cabe destacar que, en la región el primer receptor de asistencia por parte de Estados Unidos es Colombia con una cifra en el 2024 de 440 millones de dólares y nuestro país es el octavo lugar y a nivel global somos el noveno, donde Jordania encabeza la lista con 1,300 millones de dólares. Los sectores más afectados en el caso mexicano son: 1) Gobierno y Sociedad Civil, 2) Otras Infraestructuras y Servicios Sociales, 3) Gastos Operativos, 4) Protección Ambiental en General, 5) Respuesta a Emergencias, 6) Energía, 7) Otros Multisectoriales, 8) Agricultura, 9) Educación Secundaria Superior y 10) Conflictos, paz y seguridad (todas las cifras provienen del portal del gobierno norteamericano www.ForeignAssistance.gov)

Esta maniobra muy válida por parte de un donante (porque realmente no es una obligación hacerlo) ha puesto de cabeza al mundo ya que son muchas organizaciones y gobiernos que realmente dependen de dicha asistencia para poder operar, pero también es necesario señalar que algunas ONG´s han generado un negocio de las mismas por lo que millones de personas han sido afectadas.

El pasado 26 de enero vimos una escalada de amenazas del presidente Trump al presidente de Colombia, Gustavo Petro por un tema de la autorización del aterrizaje de aviones norteamericanos en suelo colombiano con el fin de repatriar a colombianos deportados de Estados Unidos. Este impase político duro 6 horas y después de desplegar una plétora de amenazas de índole económico y migratorio al presidente colombiano, este último tuvo que ceder.

México y Colombia están en una situación muy similar, por motivos de seguridad y justica se depende mucho de los recursos norteamericanos en los citados temas, ya sea de a través del Estado mexicano y/o la sociedad civil.

¿Serán estos paquetes de ayuda internacional las nuevas armas que usarán los países en desarrollo con tal de presionar a los países receptores? Trump está jalando demasiado la soga para que los países que dependen en muchos sentidos de estas ayudas se vuelvan incondicionales de las políticas norteamericanas y desplazar (o al menos intentar hacerlo) a rivales como Rusia o China.

En cuanto a México ¿Cuánto más resistirá el aparato gubernamental bajo el discurso de ser un país soberano, política y económicamente fuerte? En caso de que la administración federal ceda a los actuales embates ¿los mexicanos podrían ser beneficiados del resultado final? Este tema es muy polarizante y polémico, pero de algo si estoy seguro, la presión que está recibiendo México del exterior está generando que en materia de seguridad se trate con más seriedad la crisis en la que nuestro México está inmerso más allá de la continuación del sueño de opio que fueron “los abrazos y no balazos”.

 

hidalgomontes@gmail.com

 El verdadero “segundo piso de la 4 T” inicia hoy con el regreso de Trump

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

Hoy es un día crucial para Estados Unidos y en particular, en todos los socios comerciales de la superpotencia, entre ellos, México ya que, uno de los políticos más polarizantes de lo que va del siglo, Donald Trump, regresa a la Casa blanca en un hito político que ya es llamado “Trump 2.0”. En esta segunda ocasión, vimos a un presidente electo mucho más empoderado, más estridente, con un equipo de colaboradores mucho más compacto y radical, podemos decir… “más echado para adelante” ya que no tiene nada que perder, en primer lugar, porque arrasó con ambas cámaras en Washington y en segundo lugar (y más peligroso), porque ya no podría reelegirse para un próximo periodo.

Este gran “pequeño detalle” significa que podrá dar rienda suelta a sus más fuertes impulsos, Trump aprendió que en su primer periodo en la Casablanca (de 2017 a 2021) estuvo limitado por la burocracia, por las leyes y por algunos funcionarios públicos que veían que sus excesos tenían que ser contenidos, como el caso de su primer Secretario de Defensa, el General Norman James Mattis. En esta “revancha política” que la vida le otorga, se ha rodeado de personajes mucho más leales, mucho más subordinados y sobre todo, mucho más comprometidos con su movimiento, que es un movimiento altamente polarizante que quiere recuperar una supuesta grandeza de Estados Unidos con base en un proteccionismo comercial, base en un aislamiento internacional, transfiriendo la totalidad de la responsabilidad a otros países de sus problemas de seguridad y en una xenofobia contra los migrantes

Es inevitable que todos tengan algún tipo de trueque o que reciban algún beneficio de la relación con Estados Unidos, en cambio también Estados Unidos lo recibe y por supuesto México es uno de los países que tiene una relación más profunda con nuestro vecino. Lo tenemos en migración, en seguridad, en comercio, en medio ambiente, en cooperación internacional y estamos a la expectativa de cómo va a llegar Trump. Por ejemplo, en el tema de seguridad, ¿declarará a los cárteles de drogas mexicanos como organizaciones terroristas? ¿tendremos una “invasión suave”? En el tema migratorio, quizá haya acciones no serán inmediatas, por ejemplo, en las deportaciones masivas, pues tardarán tiempo en materializarse, tal como lo adelantó el virtual secretario de estado, Marc Rubio: “Se quiere regresar el programa denominado “Permanecer en México”. Este programa, que, en su primera vuelta por la Casa blanca, Trump le impuso al gobierno mexicano para que en México se queden los migrantes de otros países que piden asilo en Estados Unidos y que se esperen en ciudades fronterizas a que se resuelvan sus solicitudes. Esta maniobra, impuso muchísima presión a ciudades fronterizas mexicanas, que al aumentó súbito de su población vieron alteradas sus capacidades para brindar servicios públicos básicos, así como un aumento de la violencia y la delincuencia. Si Trump realmente pretende regresar esta práctica, es posible que lo pueda hacer presionando al gobierno mexicano para que lo acepte, también puede presionar al gobierno mexicano para que acepte a migrantes deportados que no son mexicanos para que de aquí, ellos sean repatriados a sus países de origen, lo cual también pues va a meter en apuros.

A pesar de que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de cumplir 100 días, la llegada de una nueva administración en nuestro vecino del norte, mayor socio comercial y la mayor potencia mundial en estos días, generará un cambio de velocidad para México sobre todo en materia comercial, aunque solo queda en discurso, la política de “abrazos y no balazos”, en la práctica ya esta más que enterrada, aún no está articulada una estrategia integrada en seguridad, las cifras en materia de seguridad no cuadran, existen brotes de violencia en México que ya no son focos rojos si no “fosforecentes” y el intercambio de información entre autoridades mexicanas y norteamericanas es casi nulo lo que causa que muchos temas relevantes como el “tren de Aragua”, la migración de pandillas de El Salvador hacia México gracias a las políticas de Bukele pongan en riesgo a los ciudadanos de ambos países.

Es hoy, con este protocolo político con lo que realmente inicia la administración de la presidenta mexicana, ¿habrá colaboración en todos los frentes con las autoridades mexicanas? ¿Serán forzadas a colaborar? Sobre todo, en temas donde ambas partes culpan al otro de sus crisis. Estados Unidos con su crisis de opioides que, aunque es cierto que las organizaciones de crimen transnacional mexicanas tienen un papel importante, la verdad es que, estados unidos se ha visto incapaz de controlar el consumo. O en el caso mexicano, donde se cree que estados unidos es el culpable de la crisis de seguridad que se viven en México cuando, en realidad, es el resultado de una política retrograda, necia que nunca funciono y generó más impunidad (que de por sí ya era un tema de importancia en pasadas administraciones)

¿Qué pasará? Sin duda estaremos viviendo capítulos dignos de una serie de streaming de drama, manipulación y traiciones políticas.

 

hidalgomontes@gmail.com

 El terrorismo esta aun vivo en la Unión Americana, pero... ¿Y en México?

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

Este año 2025 ha iniciado de una forma violenta para la Unión Americana. Al menos 15 personas  murieron y 35 más resultaron heridas en la madrugada del 1 de enero después de que un vehículo atropellara a una multitud en Nueva Orleans, en Luisiana, durante las celebraciones de Año Nuevo, el atacante, identificado como Shamsud Din Jabbar, un veterano del ejército de EE.UU. de 42 años y En la camioneta se encontró una bandera del grupo radical Estado Islámico, así como dos dispositivos explosivos improvisados en neveras portátiles; la explosión sucedida fuera del Hotel Trump de la ciudad de Las Vegas donde el perpetrador fue Matthew Livelsberger, un ex Boina Verde altamente condecorado de 37 años de edad; o la sorpresa que se dio después del arresto de Brad Spafford, puesto bajo custodia después de su arresto el 17 de diciembre por la posesión de un rifle Barrett calibre .50 BMG no registrado que dio un giro inesperado ya que, mientras ejecutaban una orden de registro en su granja de 8 hectáreas en el condado de la Isla de Wight, los investigadores encontraron "un arsenal de más de 150 artefactos explosivos improvisados ​​caseros" que fueron evaluados como bombas caseras.

Estos hechos dejan un claro mensaje: El extremismo violento que puede ser conducente al terrorismo no se ha borrado en Estados Unidos. Este tipo de violencia, aunque se ha sentido como algo relativamente nuevo gracias a la masificación de medios de comunicación como las redes sociales, la verdad es que tiene cientos de años, desde los Zelotes, un grupo extremista judío que en el siglo I cometía asesinatos en contra de militares romanos a través un arma punzo córtate de nombre “sica” (de ahí el termino sicario) pasando en el tema de hoy en América del Norte por grupos de terrorismo doméstico (en este caso de extrema derecha) como el Ku Klux Klan (KKK) un grupo de odio terrorista supremacista blanco, conocido por promover por medio de actos violentos y propagandísticos el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, la homofobia, el anticatolicismo y el anticomunismo. Ya en la segunda mitad del siglo pasado, como el caso de Theodore John Kaczynski, mejor conocido como “Unabomber”, activo de 1978 a 1995; el lamentable atentado de Oklahoma perpetrado el miércoles 19 de abril de 1995 por Timothy McVeigh y Terry Nichols, que tuvo como blanco el Edificio Federal Alfred P. Murrah; el multicitado 11 de septiembre donde 4 aviones fueron secuestrados simultáneamente y dejaron un saldo 2,996 muertos y alrededor de 25,000 heridos; El atentado de la maratón de Boston que ocurrió el lunes 15 de abril de 2013 en el cual los perpetradores fueron los hermanos Tamerlán y Dzhojar Tsárnayev. El cómo pueden radicalizarse es multifactorial pero ya sean reclutados o auto alienados como en el caso de los llamados “lobos solitarios” pone en alerta a las autoridades norteamericanas. La polarización política y social, así como la masificación de la información a través del internet son herramientas que abonan a que estos hechos sigan sucediendo.

Sin embargo, el escenario mexicano es muy diferente debido a las características de los hechos que frecuentemente se presentan en México que, aunque SI (con negritas y mayúsculas) legalmente cumplen con los requisitos asentados en el artículo 139 del Código Penal Federal para llamarles terroristas, la verdad es que la diferencia es el móvil, es decir el motivo del hecho en sí. Mientras que, en Estados Unidos, estos hechos tienen un fuerte móvil ideológico (ya sea de izquierda o derecha) en México los móviles son dos: económico y ganar o mantener el poder de una organización delincuencial a través de un acto de terror.

El complicado panorama social que en ambas regiones se viven, por un lado por ideas y en otro por dinero y/o poder pone en jaque a dos sociedades hartas de violencia e inseguridad que pueden radicalizar las medidas que los gobiernos soberanos (en este caso México y Estados Unidos) pueden tomar generando el caldo de cultivo para violaciones de derechos humanos.

¿Qué estrategias conjuntas se tomarán para poder disminuir estos hechos en ambos lados de la frontera? ¿Estados  Unidos presionará al Estado mexicano para cambiar sus políticas en materia de seguridad? ¿Seguirán los abrazos? Esta y otras muchas incógnitas están a días de poder contestarse con el arranque del capítulo 2 de la administración Trump, que se visualiza más radicalizada y con un deseo revanchista que puede generar un aumento de este tipo de incidentes en nuestro vecino del norte mientras en México la pregunta es ¿Se seguirá distrayendo la atención de la sociedad mexicana para no llamar las cosas como son? Evocando al escritor irlandés del siglo XVII Jonathan Swift la pregunta para la administración federal sería ¿Es conveniente engañar al pueblo? La verdad, es que, como reza el proverbio árabe “los ojos no ven lo que el cerebro no sabe” y el problema yace en que los únicos perjudicados somos los propios ciudadanos.

hidalgomontes@gmail.com