Análisis Táctico Operativo: del caos al control.

La ciencia policial orientada a la eficiencia operativa

 

Por:  David Posada Munive.

 

 

La seguridad pública enfrenta desafíos complejos, alimentados por grupos y redes criminales cada vez más sofisticadas; tecnologías, subterfugios y lagunas legislativas aprovechadas para perpetrar ilícitos; delitos cada vez más violentos y un entorno urbano en constante transformación. En este escenario, la capacidad de responder con rapidez, precisión y estrategia no es un lujo, sino una necesidad. Es aquí donde una herramienta crucial, pero poco comprendida, se vuelve el diferenciador entre la estrategia y la improvisación, entre la experiencia y la incompetencia. La seguridad pública contemporánea requiere inteligencia y análisis criminal, no solo reacción.

 

El análisis táctico operativo surge como una herramienta pragmática de la inteligencia policial y criminal, en respuesta a una necesidad muy específica: actuar con rapidez y eficacia ante incidentes delictivos graves, relevantes o de “alto impacto”, especialmente en contextos urbanos de alta violencia o criminalidad organizada. Se dice comúnmente en los ámbitos de inteligencia operativa que "la inteligencia es información elevada al grado de certeza, útil para la toma de decisiones" , pero entonces surgen muchas dudas sobre el verdadero grado de certeza que ofrece el análisis táctico operativo cuando la información que se va recolectando en tiempo real no pasa por un proceso riguroso de sistematización y, por tanto, no ofrece certidumbre.

 

La realidad es que la inteligencia criminal y la inteligencia policial ofrecen esta categorización o forma de clasificar la inteligencia en razón de la necesidad información que satisface; es decir, podemos clasificarla en inteligencia básica, porque se trata de requerimientos de inteligencia permanentes y generales que cotidianamente se deben ir generando; inteligencia emergente, porque satisface los requerimientos puntuales y concretos de una organización, presentando el estado de una situación o de un acontecimiento, señalando los riesgos inmediatos y opciones de evolución del contexto en el corto plazo, e inteligencia crítica, porque produce elementos informativos con criterios de validez para la gestión de una crisis, permitiendo tomar decisiones rápidas y acertadas con la información disponible en ese momento, pero otorgándole fiabilidad en virtud del contraste con la inteligencia básica y emergente, como con la fuente de recolección, que comúnmente es directa y cerrada, es decir, no son solo datos, sino cocimiento procesado con valor táctico.

 

¿Qué es el análisis táctico operativo?

 

Se trata de una metodología de inteligencia aplicada que busca apoyar la toma de decisiones inmediatas ante eventos delictivos, especialmente aquellos de alto impacto, como homicidios, secuestros, extorsión o enfrentamientos armados. A diferencia del análisis estratégico (que proyecta tendencias a largo plazo) o el análisis operativo tradicional (que apoya investigaciones en curso), el análisis táctico se concentra en el “aquí y ahora”; su propósito es ofrecer una lectura rápida, integral y contextualizada del incidente: ¿qué pasó?, ¿dónde?, ¿quiénes podrían estar implicados?, ¿hay patrones similares?, ¿existen vínculos con eventos anteriores? Este conocimiento, procesado y entregado en minutos u horas, optimiza y agiliza la reacción de las autoridades, incrementando la probabilidad de detención de responsables, contención del daño y prevención de réplicas.

 

El análisis táctico operativo no es solo una herramienta policial, sino una mirada científica al crimen; es una práctica interdisciplinaria que combina ciencias sociales, criminología, estadística, geointeligencia, análisis criminal, psicología y muchas otras ciencias. Utiliza tecnologías como sistemas de información geográfica (SIG), minería de datos, videovigilancia inteligente y bases de datos criminalísticas, pero su valor no radica únicamente en el hardware tecnológico, sino en la capacidad humana para interpretar la información de forma crítica y convertirla en acciones concretas en el terreno.

 

Un caso ilustrativo es el de ciertos centros de mando en ciudades mexicanas, donde células especializadas en análisis táctico operan las 24 horas. Ante un homicidio registrado por los sistemas de videovigilancia o de emergencia, los analistas monitorean inmediatamente la zona, revisan antecedentes en esa misma zona, cruzan información con detenciones recientes, analizan rutas de escape y generan alertas para patrullas cercanas y unidades de investigación. A menudo, esta respuesta articulada permite capturas en flagrancia o ubicar vehículos utilizados por los probables responsables. Además, cuando se acumulan eventos similares en un perímetro o bajo un mismo modus operandi, el análisis táctico puede anticipar nuevas agresiones y reorientar los despliegues preventivos.

 

Desafíos y horizontes

 

El análisis táctico operativo no está exento de retos: la necesidad de comunicarse en tiempo real y de forma práctica, los riesgos de la interoperabilidad y de comunicación segura,  la fragmentación de bases de datos, la falta de personal capacitado o la resistencia institucional al uso de inteligencia pueden limitar su efectividad. A ello se suma la necesidad de operar bajo estrictos criterios éticos y legales, para evitar violaciones a derechos humanos en el uso de información sensible.

 

Sin embargo, su potencial es innegable. En un país donde muchas investigaciones inician sin pistas claras, contar con herramientas que articulen inteligencia e intervención en tiempo real puede marcar la diferencia entre la impunidad y la justicia. En última instancia, el análisis táctico operativo representa una apuesta por una policiamiento más racional, científico y proactivo. Frente al caos aparente del crimen, propone método; frente a la reacción improvisada, ofrece estrategia. En un contexto donde cada segundo cuenta, este enfoque puede ser, literalmente, una cuestión de vida o muerte; así, el análisis táctico operativo no solo acelera la respuesta ante el delito, sino que transforma la reacción en estrategia, y la incertidumbre en decisiones informadas.

iurisdapomu@gmail.com

 La urgencia de formar negociadores de crisis en las instituciones policiales mexicanas para la prevención de linchamientos

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Frente al fracaso de los sistemas sociales, México ha vivido en los últimos años un alarmante aumento en los casos de un tipo de justicia colectiva por mano propia coloquialmente conocida como “linchamientos”. Esta práctica no solo refleja la desconfianza y el hartazgo de la ciudadanía en las instituciones encargadas de las políticas públicas, la seguridad, así como la procuración de justicia. Sin embargo, esta práctica ha sido utilizada muchas veces por la delincuencia organizada con el fin de ocultar sus actividades en algunas comunidades del país. Entre los años 2020 y diciembre de 2024, se registraron más de mil intentos de linchamientos, así como linchamientos efectuados en todo el territorio nacional, con un promedio de más de 254 casos por año. Este fenómeno no solo representa una grave violación a los derechos humanos y el estado de derecho, sino que también evidencia la necesidad urgente de contar con personal policial especializado en negociación de crisis para prevenir estas tragedias y una comprensión por parte de los gobernantes de que los delegados de las secretarías de gobernación no puedes llevar a cabo dichas negociaciones para el control de crisis. Debiéndose limitarse únicamente a las negociaciones de ciertas exigencias mas no las que conllevan la seguridad de la ciudadanía, probables responsables de la comisión de algún delito (victima potencial de linchamientos) y/o involucrados (personas que amenazan con perpetrar el linchamiento).

 

Los linchamientos son catalogados como manifestaciones extremas de violencia colectiva, donde una multitud decide castigar a una persona sin mediar proceso legal alguno. Este acto, además de ser ilegal, socava el estado de derecho y perpetúa un ciclo de violencia difícil de romper. Los linchamientos suelen surgir en contextos donde la población percibe una ausencia o ineficacia de las autoridades para impartir justicia, lo que lleva a las comunidades a tomar la ley en sus propias manos. Sin embargo, hoy en día se ha utilizado este tipo de fenómenos para poder encubrir operaciones ilícitas como puede ser el evitar que ingresen autoridades a poblaciones donde puede haber actividades como robo de hidrocarburo u operaciones de algunas células delictivas.

 

Para ilustrar lo anteriormente expresado, mencionaremos dos casos mediáticamente atendidos (mas no los únicos) que ilustran la gravedad de esta problemática. En marzo de 2024, en Taxco, Guerrero, la desaparición y asesinato de la niña Camila Gómez Ortega provocó la indignación de la comunidad. Ante la percepción de inacción por parte de las autoridades, una turba linchó a una mujer y agredió a dos hombres, que tenían probable implicados en el crimen. Otro caso emblemático ocurrió en noviembre de 2004, en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, Ciudad de México, donde tres agentes de la Policía Federal Preventiva fueron linchados por una multitud que los acusó erróneamente de intentar secuestrar a niños. Este hecho evidenció la falta de coordinación entre las autoridades y la desconfianza de la población hacia las instituciones de seguridad.

 

Diversos estudios señalan que los casos de linchamientos en México son consecuencia de una combinación multifactorial de carácter sociológica. La desconfianza en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como una marcada percepción de impunidad y falta de acceso a servicios institucionales son algunos de los elementos que contribuyen a que la población recurra a la justicia por propia mano. Además, la ausencia de canales efectivos de comunicación entre las autoridades y las comunidades agrava la situación, impidiendo una respuesta oportuna ante situaciones de crisis. Otro factor clave es que en masa, las personas pierden su individualidad y dejan de comportarse como un grupo de individuos para convertirse en una turba, es decir “una multitud, una muchedumbre, un grupo numeroso de personas que se mueve de manera desordenada, alborotada, y a menudo con un comportamiento no regulado”.

 

La presencia de personal policial especializado en negociación de crisis es fundamental para prevenir linchamientos y otros actos violentos. Estos profesionales deben estar capacitados para manejar situaciones de alta tensión, establecer comunicación efectiva con las partes involucradas y desescalar conflictos antes de que se tornen violentos y fuera de control. Expertos de talla internacional como Vince Dalfonzo agente del FBI y uno de los negociadores vivos más importantes actualmente demuestran que las crisis pueden ser: a) expresivas (movidas por sentimientos) como puede ser el asesinato de un niño y la violencia sexual hacia una mujer de la comunidad o b) instrumentales (con el fin de obtener algo como encubrir actividades ilícitas). Otro factor para tomar en cuenta es la de los famosos “rehenes”. No todas las personas retenidas en una crisis son rehenes, estos deben cumplir ciertos criterios de instrumentalización de los mismos por lo que solo el 5% de las personas retenidas en situaciones de crisis son realmente rehenes. Por lo tanto, intentar que personas externas a las instituciones policiales sin formación en la materia se hagan cargo de las negociaciones abre la puerta para que en lugar de tener a un retenido (persona que amenazan con linchar) tengamos dos (el “negociador” de la secretaria de gobernación). Incluso, el mal informar a los medios de comunicación sobre lo ocurrido puede generar un descontrol en la situación que se está llevando a cabo. Hace unos años me tocó estar en el equipo que desarrolló un protocolo contra linchamiento y fue lamentable como un protocolo de seguridad se desvirtuó para volverse un protocolo para que los políticos se cubrieran las espaldas en caso de linchamiento, y la seguridad de la población, de los policías y de las personas retenidas ¡Muy bien gracias! Una persona con 20 años de servicio en alguna policía o en las fuerzas armadas no necesariamente sabe de negociación un criminólogo no necesariamente sabe de negociación (ni se diga un delegado de gobernación) para poder ser negociador de crisis te debes preparar para ser uno. Es decir, cualquier perfil de los antes mencionados funciona, siempre y cuando te especialices en ello.

 

Para fortalecer la capacidad de las corporaciones policiales en la prevención de linchamientos, es necesario implementar políticas públicas, criminológicas y policiológicas enfocadas en la capacitación y profesionalización del personal en negociación de crisis. Además de aprovechar que en la mayoría de los casos las instituciones policiales se vuelven “literalmente” en primer respondiente, es decir, son los primeros en llegar. Sin embargo, eso exige elementos policiales diferentes. El estudio "20 propuestas para una Agenda de Seguridad y Justicia", elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destaca la importancia de crear policías estatales y municipales bien formadas, surgidas de una genuina carrera policial, bien remuneradas y con derechos laborales adecuados. Además, se propone diseñar un modelo de investigación criminal que establezca las bases mínimas y la estructura para el funcionamiento del sistema penal, lo que permitiría una respuesta más efectiva ante situaciones de crisis.

 

Los linchamientos en México son una manifestación alarmante de la desconfianza ciudadana en las instituciones políticas, de seguridad, así como de procuración de justicia, pero también se han convertido en herramienta de grupos delincuenciales muy efectiva y mediática. Para prevenir estas tragedias, es imperativo contar con personal policial especializado en negociación de crisis, capaz de intervenir de manera oportuna y efectiva. La implementación de políticas públicas criminológicas y policiológicas enfocadas en la capacitación y profesionalización de las instituciones policiales es un paso fundamental para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y garantizar el respeto al estado de derecho. Los linchamientos en México se han convertido en un grito que nos dice que es momento de actuar con inteligencia, estrategia y humanidad. Profesionalizar a policías como negociadores, generar protocolos claros y concretos para estos casos y equipar correctamente a los negociadores con el equipo necesario para realizar esa función son, quizá, unas de las decisiones más urgentes y menos discutidas en la agenda nacional de seguridad.

Porque en México no puede haber lugar para más linchamientos. Ni por enojo, ni por abandono y mucho menos por complicidad.

 

hidalgomontes@gmail.com

 Entre la precariedad y el deber: la otra trinchera de la policía mexicana

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

Cuando el policía primero Ramírez (doce años en la corporación municipal de Zacatecas) termina un turno de 24 horas, no regresa a casa para poder dormir y descansar de una larga jornada: toma un taxi y se convierte en chofer por aplicación para completar el gasto familiar. Lo triste, es que este pasaje no es parte de una serie de televisión o de un capítulo de “La Rosa de Guadalupe” y lamentablemente, su historia no es la excepción; es la norma silenciosa de miles de policías (hombres y mujeres) que operan en condiciones poco dignas mientras se les exige enfrentar uno de los contextos de violencia más complejos del hemisferio sin la formación o profesionalización necesaria, en instituciones muchas veces llenas de mandos coludidos con la delincuencia y con una comunidad poco empática con el servicio policial y con el respeto a las normas, porque todos queremos que se cumpla la ley...pero sobre las mulas de mi compadre.

Sueldos que no alcanzan

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) recomienda un “ingreso digno” de $16,688 mensuales para la escala básica. Sin embargo, tres de cada cuatro policías municipales cobran menos que esa cifra y un 10 % percibe incluso menos de $5,000 pesos (Animal Político, 23/04/25). El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2023 del INEGI muestra que solo 8 % de los elementos estatales supera los $25,000 mensuales. Tales rangos quedan por debajo de la línea de bienestar urbano estimada por el CONEVAL (~$14 400 en 2025), lo que obliga a los uniformados a buscar segundos empleos, endeudarse o peor aún…corromperse.

Jornadas que pasan factura

El modelo 24×24 —trabajar un día completo y “descansar” otro— sigue siendo el régimen predominante: al menos 34 % de los elementos lo reporta (Causa en Común, ¿Quién cuida al policía?). Otros turnos, como 12×24 o 24×48, tampoco respetan las ocho horas constitucionales (que también coincide con los estándares internacionales recomendados). Resultado: semanas que pueden superar las 80 horas efectivas, con repercusiones directas en fatiga operativa, accidentes viales y decisiones críticas bajo presión y también pueden derivar en el uso de sustancias prohibidas para tratar de estar atento la jornada completa. Aquí es prudente la pregunta ¿Se puede estar en los 5 sentidos por 24 horas sin parar? ¿Podría ser entonces (bajo ciertas circunstancias) el uso de cierto tipo de drogas un riesgo laboral? Es decir, las instituciones que tienen jornadas muy saturadas ¿podrían estar orillando a sus elementos al uso de drogas ilícitas?.

Prestaciones incompletas

Menos de 70% de los policías municipales recibe vacaciones pagadas y aguinaldo; la mitad carece de seguro de vida y apenas 7% tiene acceso a créditos para vivienda (INEGI, ENECAP 2023). En materia de salud, entre 20 y 50% de los elementos policiales están afiliados al IMSS o ISSSTE; el resto depende de consultorios privados o de los escasos servicios médicos internos. Esta precariedad erosiona la vocación de carrera: la rotación anual supera 10% en varias entidades, lo que dispara los costos de reclutamiento y deja zonas descubiertas. Resultaría más barato para las instituciones paquetes solidos de prestaciones que alzas directas a los sueldos además que se aseguraría de forma indirecta a las familias de los policías lo que incidiría directamente en la disminución de probabilidades de generar actos de corrupción puesto que “la familia está cubierta y si cometo un acto indebido puedo poner en riesgo la seguridad de mis hijos”

 

Riesgo extremo, equipo vencido

Ser policía en México implica un peligro cotidiano: en los últimos dos años han sido asesinados más de 650 policías, un promedio de uno cada día y medio (registro hemerográfico de Causa en Común). Pese a ello, el 75% de los chalecos balísticos en uso está caducados o fuera de norma balística, según la Auditoría Superior de la Federación. La tasa de mortalidad policial (132 por cada 100 000) multiplica por quince la de sus pares en Estados Unidos. Hay una influencia negativa por parte de los medios de comunicación, las series policiales generan falsas expectativas a jóvenes que creen que el servicio policial es fácil y lleno de glamour. Sin embargo, es una profesión sumamente riesgosa y demandante lo que genera que un porcentaje alto de nuevos ingresos duren no mas de un par de años en las instituciones.

Capacitación y certificación parcial

El Certificado Único Policial (CUP) —que acredita control de confianza, formación inicial y evaluación de desempeño— cubre hoy 83 % del estado de fuerza, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entidades como Puebla o Veracruz rondan 40%; otras, como Campeche, presumen 100%. Mientras falte personal certificado, se profundiza la brecha entre el deber ser y la operación real y desgraciadamente, en muchas ocasiones, estos exámenes están manoseados para perjudicar y/o beneficiar a ciertas personas, los que hemos trabajado dentros de las filas de las instituciones policiales conocemos casos de compañeros dedicados y vocación de servicio que han sido separados por “reprobar” exámenes de control de confianza peeeeeeeeeeeeeeeeeero sabemos de personas que no deberían tener uniforme y los aprueban. Es necesaria una reingeniería a nivel nacional en materia de control de confianza. Si realmente funcionaran ¿Cómo nos explicamos que frecuentemente son detenidos policías coludidos con la delincuencia que curiosamente aprueban sus controles de confianza?

El impacto en la seguridad

La ecuación es clara: bajos sueldos + jornadas extenuantes + equipo insuficiente = menor desempeño y más corrupción de supervivencia. Cuando un elemento policial debe elegir entre hacer horas extra no pagadas o aceptar “mordidas” que complementen su salario, el incentivo perverso salta a la vista. A ello se suma la desconfianza ciudadana: según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad (ENVIPE 2024), 55% de la población sigue creyendo que la policía abusa de la fuerza o es corrupta. Precariedad y mala imagen retroalimentan el círculo vicioso.

¿Hay salida?

Sí, pero requiere decisión política y dinero contante (nos guste o no):

1. Homologación salarial vinculada al costo de la vida regional y financiada con un fondo federal de aportaciones etiquetado exclusivamente a nómina.
2. Jornadas de 8×16 supervisadas por inspecciones laborales sorpresa.
3. Cobertura universal de salud y retiro (cada policía con IMSS/ISSSTE y un seguro de vida colectivo) costeada vía fideicomiso tripartito (Federación-Estado-Municipio).
4. Renovación estructurada de equipo policial
5. CUP al 100% como condición para que los estados (y a su vez municipios) reciban recursos federales de seguridad.
6. Programa nacional de salud mental que incluya detección temprana de estrés post-traumático y seguimiento psicológico.

Al igual que un médico mal pagado o un piloto extenuado, un policía en precariedad pone en riesgo no solo su vida, sino la de todos. Dignificar la carrera policial no es un lujo; es la cláusula mínima de un contrato social que prometimos cuando, democracia en mano, les entregamos la misión de protegernos.

Uno de los debates más longevos que hay en materia de seguridad es si los policías somos guardianes o guerreros. Y uno de mis mentores en materia de pandillas, Tony "Pac Man" Moreno, quien fue uno de los primeros investigadores en la materia y su vida profesional fue parcialmente dramatizada para hacer la película de “Colors” con Sean Penn y Robert Duval (los invito a que la vean) en uno de sus últimos libros Cop Spirit explica lo ridículamente inservible que es reducir el servicio policial a solo estas dos funciones, cuando son solo dos “sombreros” (así lo refiere el no me vean con ojos raros) de los mucho que el policía usa en servicio. “Eres guardián y de repente hay un choque, te quitas el sobrero de guardián y te pones el de paramédico, hay un problema legal te pones el sombrero de abogado; un problema de salud mental, el de psicólogo y así sucesivamente”. Por lo que un elemento policial se vuelve el ser más multifacético dentro de una sociedad por lo que la remuneración debería ser acorde a sus servicios. Y por favor, respete la norma, no podemos quejarnos del servicio policial si pretendemos que la ley se use a discreción… ¿Se le hace muy caro $3,000 pesos por pasarse un alto? Fácil, pague su multa y no se lo vuelva a pasar y ¡listo! Ya no lo vuelve a hacer ¿Muy delicadito porque se puso altanero con el o la policía y golpeo a uno, situación que le hizo acreedor a un método de control y después a la aplicación de un dispositivo de restricción como las esposas? Respete al policía. Somos servidores públicos, no nanas ni sparrings.

hidalgomontes@gmail.com

 Zemiología: una mirada crítica para fortalecer las políticas de seguridad en México

 

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

 

En el complejo panorama de seguridad que enfrenta México, caracterizado por la presencia de múltiples actores delictivos, violencia endémica, una campaña para combatir la música que haga apología del delito (que prácticamente condena la narración de los mismo pero que curiosamente no los hechos que la generan) y una percepción ciudadana de inseguridad persistente, se hace imperativo explorar enfoques innovadores que complementen las estrategias tradicionales. Desde la administración del ahora expresidente López Obrador hasta la actual de la Doctora Claudia Sheinbaum, hemos escuchado la expresión “debemos combatir las causas” y esto se debe a que (nos guste o no) el tejido social en México se ha ido dañando desde hace décadas. Pero esto de “combatir las causas” no es tan sencillo como se intenta dejar ver. Es aquí donde aparece una herramienta que, bien utilizada, se vuelve la luz al final del túnel “La zemiología”. ¿What? ¿Qué es eso? Bueno, la zemiología es la ciencia que estudia los daños sociales más allá de las tipificaciones legales, emerge como una herramienta valiosa para comprender y abordar las dinámicas estructurales que subyacen en los fenómenos de violencia y criminalidad. Es decir, va mas allá del derecho, la criminología y la policiología.

 

 

A veces confundida con su hermana (fonéticamente hablando) la semiología, la cual se encarga del estudio de los signos y síntomas de las enfermedades, incluyendo fenómenos espontáneos o provocados, subjetivos y objetivos, locales y generales, funcionales u orgánicos que ocurren en el proceso de la enfermedad. La zemiología (con z), derivada del griego zēmía (daño), se centra en el análisis de los daños sociales que afectan a grandes sectores de la población, pero que no siempre son reconocidos como delitos en los marcos legales tradicionales. Esta disciplina, surgida de la criminología crítica, pone énfasis en cómo las estructuras sociales, económicas y políticas pueden generar daños significativos, como la pobreza, la exclusión y la violencia estructural, que a menudo quedan fuera del alcance del sistema penal convencional (como podrán apreciar se ajusta más a la realidad del México contemporáneo). En el contexto mexicano, donde la violencia y la desigualdad están profundamente arraigadas, la zemiología ofrece una perspectiva que permite identificar y abordar las causas subyacentes de la inseguridad, más allá de los síntomas visibles.

 

 Las aplicaciones prácticas de la zemiología en políticas de seguridad podemos separarlas en tres grandes rubros:

 

a) Identificación de daños estructurales

La zemiología permite reconocer formas de violencia que no siempre son catalogadas como delitos, pero que tienen un impacto profundo en la sociedad. Por ejemplo, la marginación de comunidades enteras, la falta de acceso a servicios básicos o la impunidad en casos de corrupción pueden ser vistos como daños sociales que contribuyen a un entorno propicio para la violencia y la delincuencia, basta analizar zonas donde se extrae hidrocarburo de forma ilegal para darnos cuenta de que en el 90% de los casos encaja perfectamente esta narración en materia social.

 

b) Evaluación de políticas en materia social, penal, criminológica y policiológica

Al enfocarse en los daños sociales, la zemiología proporciona herramientas para evaluar el impacto real de las políticas públicas que se llevan a cabo dentro de una sociedad (no importando el corte de estas). Esto implica analizar si las estrategias implementadas están reduciendo efectivamente los daños estructurales o si, por el contrario, están perpetuando condiciones que favorecen la violencia y la delincuencia.

 

c) Diseño de intervenciones integrales

Incorporar la perspectiva zemiológica en el diseño de políticas que impactan a la población permite desarrollar intervenciones más holísticas (perdón, esa palabra me causa repele, pero es la que más se ajusta en el contexto del presente texto), que aborden tanto los factores inmediatos de la criminalidad como las condiciones estructurales que la alimentan. Esto puede incluir programas de desarrollo social, reformas institucionales y mecanismos de justicia restaurativa

 

Al integrar a la zemiología de forma seria dentro de las políticas del Estado mexicano para reducir los índices de violencia y delincuencia tendríamos beneficios tales como:

 

• Prevención más efectiva: Al identificar y abordar los daños sociales que subyacen a la criminalidad, es posible prevenir la violencia y la delincuencia de manera más efectiva que mediante enfoques punitivos tradicionales.

 

• Mejora en la equidad y justicia social: La zemiología promueve una visión de la seguridad que incluye la justicia social, al reconocer y enfrentar las desigualdades que contribuyen a la inseguridad (que es lo que buscamos todos los mexicanos no importando que grupo político ostente el poder).

 

• Fortalecimiento de la legitimidad institucional: Al atender las causas estructurales de la violencia, las instituciones pueden ganar mayor legitimidad y confianza por parte de la ciudadanía (que mucha falta hace).

 

Para poder generar diagnósticos más certeros utilizando la zemiología debemos entender que las instituciones policiales no pueden acabar con el problema de la violencia en el país (aunque se escuche rudo) debido a que las instituciones policiales (no importa del orden de gobierno que sean: municipal, estatal o federal) no controlan todas las políticas que un Estado implementa. Es decir, solo podrá disminuir algunos factores que generan violencia y delincuencia, pero no todos.

 

Para poder implementar el enfoque zemiológico en las políticas del Estado mexicano necesitamos: 1) Capacitar a personal de seguridad y formuladores de políticas en enfoques zemiológicos para enriquecer su comprensión de los factores estructurales de la violencia. 2)  Fomentar el trabajo conjunto entre expertos en seguridad, sociólogos, economistas y otros profesionales para desarrollar estrategias integrales y por último 3) Establecer mecanismos para evaluar el impacto de las políticas de seguridad en la reducción de daños sociales, ajustando las estrategias según sea necesario (Si no hay evidencia no sirve).

 

La integración de la zemiología en las políticas de seguridad en México ofrece una perspectiva enriquecedora que complementa las estrategias tradicionales (las cuales ya comienzan a verse obsoletas). Al comprender y abordar las dimensiones estructurales de la violencia y la criminalidad, es posible desarrollar intervenciones más efectivas y justas. En un entorno donde los daños sociales juegan un papel crucial en la construcción de realidades de inseguridad, la zemiología se presenta como una herramienta indispensable para la formulación de políticas de seguridad más humanas y eficaces apegadas a evidencias científicas no a creencias y/o suposiciones.

 

hidalgomontes@gmail.com

 Seguridad sin brújula: el costo de ignorar la evidencia en México

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

En México, la seguridad ciudadana ha sido abordada, durante décadas, con una lamentable mezcla de urgencia, improvisación, discurso político y condimentada con una pizca de buenas intenciones (como si se tratara de una receta de Chepina Peralta). En lugar de estrategias sustentadas en evidencia empírica y análisis técnico, predominan decisiones reactivas, de corto plazo, que priorizan efectos mediáticos sobre resultados sostenibles (llamados en el argot policial “bomberazos”). Este enfoque ha contribuido a la prolongación y recrudecimiento de la violencia, al debilitamiento institucional y al deterioro de la confianza ciudadana.

Basándonos en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el año 2023 cerró con más de 29,000 homicidios dolosos y en 2024 hubo 30,057. Pese a los múltiples cambios de administración y programas en materia de seguridad, las cifras de violencia se han mantenido persistentemente altas. Es aquí donde salta la odiosa pregunta: ¿Qué estamos haciendo mal? La respuesta parece estar en la raíz: estamos tomando decisiones sin evidencia (Es decir, sin conocimiento y basadas en creencias, no en hechos).

Uno de los errores más recurrentes en el diseño de políticas policiológicas y criminológicas en México ha sido la adopción de modelos extranjeros o propuestas ideológicas sin una evaluación rigurosa de su viabilidad en contextos locales. La falta de diagnósticos adecuados, el escaso uso de datos confiables y la ausencia de evaluaciones independientes perpetúan un ciclo de ensayo y error en el que los errores se pagan con vidas humanas (Si no me creen recuerden cuando a finales de la década de las 90´s se contrató a Rudolph Giuliani para realizar un diagnóstico de seguridad en CDMX que arrojo los mismos resultados de otro trabajo realizado antes por policías del entonces Distrito Federal).

La militarización de la seguridad es quizá el ejemplo más evidente. Desde 2006, México ha depositado en las fuerzas armadas tareas de seguridad ciudadana bajo el argumento de su eficacia operativa. No obstante, múltiples estudios han documentado que este modelo no solo ha sido ineficaz para reducir la violencia, sino que ha incrementado los riesgos de violaciones a derechos humanos (no porque no estén preparados o mal equipados, si no debido a que de génesis su formación laboral es de otra índole).

El informe de Human Rights Watch (2023) y los propios datos de la CNDH evidencian un aumento sostenido en quejas contra personal militar desde que se les asignaron labores de patrullaje y control civil. Además, investigaciones académicas como la de Ríos y Shirk (Justice in Mexico, 2021) demuestran que la presencia militar no guarda correlación directa con una disminución sostenible del crimen.

La improvisación ha alcanzado incluso áreas tan sensibles como la atención a víctimas y la búsqueda de personas desaparecidas. El caso del fallido Registro Nacional de Personas Desaparecidas es paradigmático: sin financiamiento adecuado, sin coordinación entre órdenes de gobierno y con metodologías opacas, los registros oficiales han sido cuestionados incluso por las familias de las víctimas.

En 2024, un reportaje de El País reveló que la cifra real de desaparecidos podría estar significativamente subestimada por la “depuración” de datos sin consulta ni transparencia. Incluso, escondiendo a víctimas mortales de la violencia en categorías como: “desaparecidos” y “otros tipos de delito que atentan contra la vida”. Este tipo de decisiones sin evidencia ni participación social solo abona a la desconfianza y al retraimiento de la ciudadanía frente al Estado.

Del mismo modo, las estrategias preventivas de violencia y delincuencia como los programas de "mochila segura", puntos fijos de control o los toques de queda informales que algunos municipios y comunidades han adoptado de manera unilateral no han mostrado impacto en la reducción de delitos y la violencia, generan tensiones legales y sociales.

La falta de estrategias claras y de largo plazo ha provocado una desarticulación entre los distintos actores del sistema de seguridad y justicia. Fiscalía, policía municipal, Guardia Nacional, ejército y gobiernos estatales actúan muchas veces con criterios contradictorios, compitiendo por recursos o protagonismo político.

Según un informe del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la dispersión institucional y la ausencia de una política nacional coordinada han obstaculizado la implementación efectiva de modelos exitosos como la justicia cívica, la mediación comunitaria o la policía de proximidad.

La consecuencia directa de esta fragmentación es que ningún actor asume responsabilidad plena sobre los resultados. Y cuando todos son responsables, nadie lo es realmente.

La buena noticia es que existen alternativas. Países como Colombia, Chile y algunos estados de EE.UU. han logrado avances significativos al adoptar políticas públicas basadas en evidencia. En México también hay ejemplos alentadores: municipios como Escobedo (Nuevo León) y programas como el de Justicia Cívica en Morelia han mostrado resultados positivos al aplicar intervenciones probadas, con evaluación constante y participación ciudadana.

Adoptar una perspectiva de “gobierno basado en evidencia” no es un lujo tecnocrático: es una necesidad urgente. Esto implica:

1. Diagnósticos rigurosos: Invertir en datos confiables y análisis territorial del delito.
2. Evaluación de impacto: Toda política debe medirse, no solo por intenciones, sino por      resultados.
3. Rendición de cuentas (que en México le tenemos fobia): Los responsables de las políticas deben asumir su desempeño, con consecuencias claras.
4. Participación ciudadana: Incluir a la comunidad en el diseño y revisión de las políticas mejora la legitimidad y eficacia de las acciones.

Documentos como las “Guías para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia” de CONEVAL y la Secretaría de Gobernación (2021) ofrecen rutas claras para transitar hacia este modelo. No se trata de inventar de cero, sino de adaptar lo que ya sabemos que funciona, el problema es que ni a las autoridades políticas ni a muchos mandos policiales les gusta investigar.

La crisis de seguridad en México no se resolverá con más recursos ni con discursos más duros. Se resolverá cuando el Estado (en sus distintos órdenes) tome decisiones informadas, medibles y orientadas a resultados. Mientras sigamos diseñando políticas con base en percepciones, intuiciones o presiones mediáticas, estaremos condenados a repetir los mismos errores.

El tiempo de improvisar ya pasó. Lo que hoy se necesita es claridad, ciencia y compromiso político real. Solo así podrá México aspirar a construir una paz duradera, con justicia y con verdad.

hidalgomontes@gmail.com

 Un riesgo emergente silencioso se presenta: La modificación del consumo de drogas sintéticas en México

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

En los últimos meses, México ha intensificado (más por presión que por obligación) de forma significativa sus esfuerzos contra de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, particularmente en lo que respecta al combate a las drogas sintéticas. Un caso emblemático se registró hace unos días en el estado de Zacatecas, donde las fuerzas federales desmantelaron un laboratorio clandestino de dimensiones industriales. En dicho operativo, las autoridades incautaron más de 27 toneladas de metanfetamina, una cifra sin precedentes que equivale a aproximadamente 698 millones de dosis individuales, según reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional y del medio español El País. Este tipo de acciones evidencian una política más agresiva del Estado mexicano hacia las estructuras logísticas de los cárteles, al centrarse no sólo en el aseguramiento de sustancias, sino también en neutralizar la capacidad de producción masiva de drogas haciendo énfasis que esto ha sido derivado a la rampante presión del presidente Trump y la latente posibilidad de desplegar acciones militares de Estados Unidos en territorio mexicano.

 

Sin embargo, estos contundentes golpes a las organizaciones criminales no han estado exentos de efectos colaterales. El incremento de la presión policial y militar ha provocado una reconfiguración en las rutas y estrategias del crimen organizado, debido a que particularmente en lo referente al tráfico y consumo de fentanilo. Existen indicios preocupantes de que esta droga, hasta ahora consumida mayoritariamente en Estados Unidos, comienza a penetrar con mayor fuerza en el mercado mexicano. Esta posible transición responde no sólo al endurecimiento de los operativos, sino también a la creciente disponibilidad de precursores químicos y a la adaptación de los cárteles a las nuevas dinámicas del mercado global de estupefacientes. Lo anterior debida a que, al configurarse como una empresa (criminal en este caso) tienen una estructura que mantener.

 

El fentanilo es una de las sustancias más potentes y peligrosas del actual panorama de drogas. Se estima que es entre 50 y 100 veces más fuerte que la morfina, y una cantidad tan pequeña como dos miligramos puede ser letal. Esta característica convierte al fentanilo no solo en una amenaza para quienes lo consumen de forma intencional, sino también para aquellos que pueden exponerse de manera accidental. Policías, militares, paramédicos y bomberos, por ejemplo, corren el riesgo de intoxicarse simplemente al entrar en contacto con residuos de la sustancia durante operativos o tareas de rescate. Han existido reportes internacionales de casos de sobredosis entre primeros respondientes, lo que subraya la urgencia de una respuesta institucional adecuada.

 

A pesar de la peligrosidad ampliamente documentada del fentanilo, México aún no ha logrado establecer protocolos de actuación estandarizados para la protección del personal de emergencia y aunque la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL) ha estado capacitado de forma constante a elementos policiales en México, aun no se ha permeado los procedimientos a todos los policías y ni se diga a otros miembros de la comunidad de respuesta a emergencias como paramédicos y/o bomberos.

 

 En contraste, países como Estados Unidos han desarrollado manuales detallados que abordan desde el uso obligatorio de guantes y mascarillas especiales, hasta procedimientos de descontaminación y administración de naloxona en casos de exposición. En nuestro país, como ya se explicó anteriormente, capacitación específica es escasa y el acceso a insumos adecuados resulta limitado, especialmente en municipios con menor presupuesto. Esto representa una vulnerabilidad crítica que debe ser atendida de manera urgente por los tres niveles de gobierno.

 

Ante este escenario, resulta imperativo que las autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno diseñen y apliquen un protocolo nacional unificado (que ya existe y fue diseñado por un connotado policía chihuahuense Pablo Cajigal del Ángel). Dicho protocolo debería ser incluido en el Programa Rector de Profesionalización (PRP) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad de Seguridad Pública (SNSP) para ser parte de la formación y profesionalización policial para poder informar sobre la identificación y manipulación segura de sustancias sintéticas, dotación obligatoria de equipos de protección individual de alta especificación, y rutas claras de actuación en situaciones de riesgo. También se requiere establecer un sistema nacional de monitoreo y reporte de incidentes de exposición, para generar estadísticas y evidencias (cosa que le choca a las cabezas de estos sectores) confiables que sirvan como base para la mejora constante de las políticas públicas en esta materia.

 

La colaboración internacional también debe ser vista como un componente estratégico de esta lucha. Como ya es conocida, en fechas recientes, México y Estados Unidos reforzaron su acuerdo bilateral para combatir tanto el tráfico de fentanilo como el flujo ilegal de armas, comprometiéndose a compartir inteligencia y buenas prácticas (fuente: EMEEQUIS). Este tipo de cooperación puede ser clave para la transferencia de tecnología, insumos médicos y conocimientos técnicos que fortalezcan la capacidad de respuesta de las instituciones mexicanas. La experiencia estadounidense, por ejemplo, ha demostrado la eficacia de dotar a todo el personal de campo con kits de naloxona, una medida que podría replicarse en zonas de alto riesgo en nuestro país.

 

Si bien es justo reconocer los avances en el combate al narcotráfico, después de haber encontrado al país convulso en materia de seguridad por la administración pasada, también es necesario señalar con firmeza los desafíos emergentes que esta estrategia ha provocado. El crecimiento potencial del consumo de fentanilo en México plantea un reto sanitario, logístico y operativo de gran escala. Frente a esta amenaza, el Estado debe responder con políticas integrales que no sólo persigan el decomiso y la erradicación, sino que también protejan la vida de quienes están en la primera línea de respuesta. La profesionalización de los cuerpos de emergencia, la inversión en tecnología y la estandarización de protocolos no son lujos, sino requisitos básicos para hacer frente con eficacia a la nueva cara del narcotráfico en México.

hidalgomontes@gmail.com

 México y Estados Unidos: ¿Más policías o mejor capacitación?

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

A través del tiempo, la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad ha sido un tema de constante tensión y negociación y desde el regreso del presidente Trump ha añadido un ingrediente de franca hostilidad a este coctel. Con la reciente reconfiguración de acuerdos bilaterales y el cambio de enfoque en la cooperación entre ambos países, la pregunta central sigue siendo la misma: ¿qué necesita más México para hacer frente a la crisis de violencia e inseguridad? ¿Más policías en las calles o una mejor profesionalización de los cuerpos de seguridad?

El paradigma de la seguridad en México ha oscilado entre una estrategia basada en el incremento del número de efectivos y otra orientada a la mejora de las capacidades institucionales. Sin embargo, la evidencia apunta a que el simple aumento de elementos en las fuerzas del orden no garantiza una disminución de la violencia y/o la delincuencia. Ejemplo de ello son los constantes casos de corrupción, abuso de autoridad y la falta de confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.

Desde la Iniciativa Mérida hasta su transformación al Entendimiento Bicentenario, la cooperación entre México y EE.UU. ha tenido altibajos, pero una constante es la preocupación de Washington por el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad mexicanas. No obstante, la prioridad debe estar en la calidad sobre la cantidad. Un policía bien formado, con capacidades técnicas y conocimientos en derechos humanos, investigación criminal y resolución de conflictos, es mucho más valioso que diez policías sin preparación adecuada. El problema radica es que, se confunde la calidad de la formación y profesionalización con las horas necesarias para ello. Hemos pasado de 872 horas necesarias para la formación de un elemento policial en 2012 a 1,080 en 2024 y no se ha visto una mejora sustancial. En América Latina existen casos como el de Perú donde la Policía Nacional estudia seriamente bajar su formación de 3 años a 1 ya que no se ve el impacto positivo de tiempo versus calidad. Y ni se diga de lo lento que es el cambio o adición de temas en el Programa Rector de Profesionalizacion (que es el documento que rige la formación y profesionalización policial en Mexico), ya que el Sistema Nacional del Seguridad Pública se ha viste lento desde hace lustros para poder estar en la vanguardia en temas como uso de la fuerza, análisis criminal, bienestar mental policial, protocolos de seguridad en caso de detención de laboratorios o cargamentos con drogas (la intoxicación por contacto de fentanilo es una realidad mortal en el servicio policial en México), por solo mencionar algunos temas.

El caso de la policía comunitaria en diversas regiones del país es un ejemplo de cómo la capacitación y la cercanía con la población pueden generar mejores resultados que la mera militarización de la seguridad. La cooperación con Estados Unidos debe enfocarse en la transferencia de tecnología, inteligencia y programas de profesionalización que permitan construir instituciones confiables, no solo en dotar de armamento y equipamiento a fuerzas mal preparadas y poder lograr que aquellos elementos que salen de las academias de formación, con el tiempo se vuelven los jefes de sus policías, es ahí y solo ahí donde se ve coronado un sistema policial tal y como pasa en las fuerzas armadas, donde un cadete entra al sistema de formación y sabe que si hace bien las cosas y es dedicado hay altas posibilidades de llegar a general y porque no, quizá, secretario de Defensa o Marina (según sea el caso). Esto le cerraría la puerta a pseudo expertos en seguridad que no tienen el perfil ni los conocimientos necesarios para dirigir una institución policial.

La respuesta a la pregunta inicial es clara: México necesita mejor capacitación, estructuras sólidas y cuerpos de seguridad con altos estándares de profesionalismo. No se puede generar a los mejores policías si no tienes a los mejores instructores, y que estos roten entre la academia y la calle cada 3 o 4 años, para que puedan aplicar su expertise en la calle al mismo tiempo de poder aplicar los conocimientos especializados que van adquiriendo ya que en muchas academias de nuestro país tenemos a instructores con 20 años de experiencia en aula y el mismo tiempo sin pisar la calle. ¿Qué puede enseñar en esas circunstancias si la fenomenología delincuencial de hace 20 años no es la misma que la de ahora? Sólo así se podrá garantizar una seguridad sostenible y efectiva, más allá de las coyunturas políticas y los intereses de corto plazo.

hidalgomontes@gmail.com

México, entre las amenazas, los mitos y las crudas realidades

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

La relación México-Estados Unidos se encuentra en un punto sin precedentes, la tensión que se vive es tal como cuando te pareja te dice: “tenemos que hablar”. Sin embargo, dentro de los dimes y diretes, lo que en medios se propaga y lo que en realidad sucede hay muchas diferencias. Un ejemplo claro es el tema migratorio, hasta el día de hoy 17 de febrero de 2025 se han deportado en promedio 437 migrantes mexicanos diario, sin embargo, en el primer gobierno de Trump, este número era de 525 de promedio ¿Considerable diferencia cierto? Pues tiene razón si tomamos en cuenta los 564 connacionales deportados por día en la administración Biden o los 975 de la administración Obama ¿Qué cambio no? En este primer round los demócratas se yerguen victoriosos.

Aquí es donde la realidad se cruza con la fantasía de lo que en los medios se dicen y lo que ocurre de facto. Otro ejemplo es el de los ya multicitados “vuelos espía”. Donde si nos hemos enterado de ellos es precisamente porque la administración Trump así lo ha querido, lo anterior se deba a que carecemos de la tecnología que nos permitiría ubicar e interceptar dichas actividades. Respecto a esto es muy importante que se entienda que responde si, en parte de una muestra de fuerza. En pocas palabras, un: “mira los juguetes que tengo, ahí tu sabrás si cooperas o no” (si no quisieran que se enterara el gobierno mexicano usan satélites o tecnología más avanzada y ni nos enteraríamos). Es un mensaje muy claro a los llamados por Trump “bad hombres”, dejando claro que, si las autoridades mexicanas no van por ellos, las norteamericanas lo harán y por último, dar certeza a la información que los jugadores de alto nivel del narcotráfico mexicano que están negociando entrar al programa de testigos colaboradores. Cruzan información recibida con información a tiempo real para poder obtener la inteligencia necesaria para, de ser necesario, poder ejecutar operaciones con o sin el apoyo (nos guste o no) de autoridades mexicanas.

El presidente Trump ama filtrar mensajes para que los incrédulos le crean que ahí viene el lobo…y nunca llega, basta leer su libro “The Art of the Deal” (el arte de la negociación) para entenderlo, pero en esta ocasión no llegará solo un lobo, si no la jauría completa.

La realidad que hoy respiramos y vivimos en México, es muy compleja, cruda y hasta cierto punto cruel. Aunque el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch sostiene que es la misma política en materia de seguridad, la verdad es que no es cierto (gracias a Dios y en lo personal celebro eso) pero aún no se ven resultados palpables más allá de: 1) las acciones que poco a poco se han ido dando, 2) las acciones que la presión norteamericana ha generado y 3) de lo que las estadísticas oficiales revelan…ya saben lo que reza aquella frase atribuida a Mark Twain, uno de los más grandes escritores norteamericanos: “Hay tres clases de mentiras: las mentiras, las grandes mentiras y… las estadísticas” y pues desgraciadamente no nos escapamos y para muestra basta un botón: Según cifras de la Secretaría de Gobernación, en la CDMX el año pasado hubo una disminución de 2018 de 4.0 a 2.4 homicidios diarios pero se vivió un aumento en desapariciones  de 0.2 a 4.6 diarios y recuerden que sin cuerpo no hay homicidio por lo que, aunque desgraciadamente, muchas de estas personas que están desaparecidas ya han sido privadas de la vida no se contabilizan por lo que, es discurso que “se han bajado los homicidios” no es del todo cierto (y eso que solamente pusimos la CDMX de ejemplo).

Más allá de las preferencias personales de cada individuo debemos comenzar a analizar con buenos datos lo que sucede, como puede constatar los datos arriba mencionados son de la propia Secretaría de Gobernación Federal, pero ¿Qué pasaría si nos vamos a otras fuentes como ONG´s o el propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)? Seguramente el resultado sería menos favorable.

hidalgomontes@gmail.com

 Estados Unidos afila las navajas de afeitar para rasurar al ras a los cárteles de droga mexicanos

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

El pasado 05 de febrero se emitió un memorándum para todos los empleados del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) en el cual cuyo asunto a tratar dejó perplejo a más de uno y ni se diga a muchos “opinólogos” que juraban que las maniobras en contra de los cárteles mexicanos por parte del ahora presidente norteamericano Donald Trump eran, como en el argot mexicano se dice “puro petate del muerto” y es que, en el citado documento, se lee como tema “Total eliminación de los cárteles y organizaciones de crimen trasnacional”. Maniobra que deja en claro que, el nuevo inquilino de la Casa Blanca va en serio contra los “Carteles de la Droga mexicanos o como les gusta definirlos a las autoridades mexicanas “grupos generadores de violencia”, en específico (pero no se limita) a El cartel de Jalisco Nueva generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa

La estrategia que va preparando el gobierno norteamericano, más allá de nombrar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Busca fortalecer a dos equipos o Grupo de Tarea Conjunta o “Joint Task Force” (JTF) por un lado la JTF “Vulcan” que se enfocaba desde hace unos años a “eliminar a la Mara Salvatrucha” y ahora operará también en contra de la mega banda criminal de origen venezolano de el Tren de Aragua (TDA) y por otro lado la JTF “Alpha” que se dedicaba a la trata de personas y ahora también a trabajará en contra de los cárteles mexicanos.

Ahora bien, es muy importante entender que “el texto sin contexto” cae en terreno estéril y debemos entender que más allá de que si es bueno o malo que un país intente ingresar a otro para resolver un problema en específico con o sin autorización del estado a intervenir o si el Estado mexicano a dado o no resultados con la estrategia continuada de “abrazos y no balazos” del ahora expresidente López Obrador (ya que con las palabras del secretario de seguridad ciudadana Omar García Harfuch “la estrategia no ha cambiado”, lo de menos es que Estados Unidos realice operaciones en contra de los carteles mexicanos, ya que, si no se tiene una estrategia para que el Estado recupere el espacio que han ganado las organizaciones delictivas, otro ente delincuencial del mismo rubro, es decir, narcotráfico o de otra actividad delincuencial podría ocuparlo y en poco tiempo estaríamos en otra crisis de igual o mayor magnitud que la actual. Es decir, solo habría un cambio de “jugadores” por ocupar un término deportivo.

Otro claro ejemplo sobre la importancia de los contextos se da cuando gran parte de los mexicanos vieron con cierta gracia que presidente de Ecuador, Daniel Noboa, imponía aranceles del 27% a los productos hechos en México comercializados en su país. Aunque mi 50% sinaloense concuerda con la presidenta Sheinbaum en que los camarones de Sinaloa son mejores que los de Ecuador, perdemos de vista que esta medida tiene que ver en cierta forma como respuesta a la nueva realidad que los grupos criminales mexicanos han impuesto en aquellas sureñas coordenadas ya que, 8 de las 10 grandes pandillas del Ecuador, están colaborando y siendo patrocinadas por cárteles mexicanos, específicamente con el cartel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) estas alianzas han dejado motines en el sistema penitenciario provocando decenas de muertos, el magnicidio de un candidato presidencial (Fernando Villavicencio en 2023) y una ola de violencia sin precedentes en aquel país. Este desplazamiento delincuencial (o exportación si así quiere verlo) se da porque el Estado mexicano, no ha tenido una estrategia bien articulada y coordinada hacia el exterior en materia de seguridad y ha provocado una expansión internacional de estos grupos delincuenciales. ¿Qué sucederá? Eso está por saberse, pero una cubetada con agua helada de realidad nos indica que el presidente Trump tiene toda la intención de cumplir lo prometido en campaña y tiene las herramientas para hacerlas. Desde el punto de vista tecnológico, operacional y de inteligencia solo basta recordar que parte de la familia Guzmán y de la Zambada se han vuelto pieza fundamental para lo que pueda ocurrir en un futuro muy cercano dentro y fuera del gobierno mexicano.

hidalgomontes@gmail.com