México podría llegar a 2026 con menos asesinatos que en la última década… peeeero no necesariamente más seguro.

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

El gobierno mexicano declara que, desde el inicio de la administración de la presente administración federal iniciada en septiembre de 2024 y hasta noviembre de 2025, los homicidios diarios se redujeron alrededor de 37%, de casi 87 asesinatos al día a unos 55, según cifras oficiales presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Organismos y analistas independientes han matizado ese optimismo: advierten sobre subregistros, reclasificación de delitos y el crecimiento paralelo de las desapariciones y la extorsión.

Al mismo tiempo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 muestra que más de una cuarta parte de los hogares (27.5%) fue víctima de algún delito en 2023 y que la percepción de inseguridad sigue siendo mayoritaria.

Con estos antecedentes, el pronóstico para 2026 apunta a un país donde la violencia letal podría descender en el promedio nacional, pero concentrarse aún más en ciertos territorios; donde la delincuencia organizada ejerza control fragmentado, pero eficaz, sobre economías locales; y donde la brecha entre los números oficiales y la experiencia cotidiana de la ciudadanía siga siendo motivo de desconfianza. Para poder entender mejor los escenarios probables de este año por iniciar, debemos entender cuatro factores clave:

1. Homicidios: tendencia a la baja, pero con “focos rojos”

En 2023, México cerró con una tasa aproximada de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con datos consolidados del Secretariado Ejecutivo y análisis de medios especializados. Aunque esa cifra sigue siendo muy alta, supone una ligera disminución respecto al pico observado entre 2018 y 2020. El Índice de Paz México 2023 ya advertía un escenario de “meseta violenta”: la tasa de homicidios en 2022 aún era 62.6% mayor que en 2015, pese a pequeños avances recientes.

Si las políticas actuales continúan (refuerzo operativo de la Guardia Nacional, despliegues militares focalizados, detenciones masivas y énfasis en inteligencia táctica) es razonable anticipar para 2026 una disminución adicional de los homicidios a nivel nacional, pero con tres matices:

1. Persistencia de “zonas de guerra” locales. Entidades como Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Colima o Baja California han acumulado tasas de homicidio y eventos de violencia extrema que las colocan de forma recurrente en los primeros lugares del país.
2. Picos de violencia tras rupturas internas. La fragmentación de cárteles y grupos regionales genera ciclos de violencia abrupta cuando se rompe un equilibrio criminal o se disputa una plaza estratégica (puertos, cruces fronterizos, ciudades intermedias).
3. Homicidios que “desaparecen” de las estadísticas. Colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos subrayan que la baja en asesinatos convive con un aumento de la desaparición de personas y el hallazgo de sitios de exterminio, como el descubierto en 2025 en Teuchitlán, Jalisco.

El resultado probable: un 2026 con menor promedio diario de homicidios, pero con altísimos niveles de violencia en alrededor de 50 a 80 municipios clave, y con una cifra de personas desaparecidas que seguirá creciendo.

2. Delincuencia organizada: menos “megacárteles”, más gobernanza criminal local

Los análisis recientes sobre delincuencia organizada en México indican un cambio de modelo: menos estructuras monolíticas y más redes flexibles, que combinan tráfico de drogas con ambientales. Para 2026, es previsible que continúen al menos cinco tendencias:

• Economía criminal diversificada. La renta por drogas sintéticas (en particular el fentanilo y sus precursores) coexistirá con negocios altamente rentables como la extorsión a comercios, el cobro de piso, el control de cargas en carreteras y la captura de contratos públicos locales.
• Control territorial “silencioso”. En varios municipios –sobre todo en el sur-sureste y el corredor Pacífico– el objetivo de la delincuencia no será exhibir violencia espectacular, sino asegurar la lealtad forzada de autoridades municipales, policías y empresarios.
• Mayor uso de tecnologías baratas. El uso de drones, comunicación encriptada, minería ilegal de criptomonedas y ciberfraudes seguirá en aumento, aprovechando la debilidad regulatoria y de capacidades técnicas de las policías.
• Violencia política focalizada. Tras un ciclo electoral federal extremadamente violento en 2024, estudios sobre violencia política muestran una clara correlación entre presencia de delincuencia organizada y asesinatos o agresiones contra autoridades y candidatos. Aunque 2026 no es año de elección presidencial, sí habrá disputas locales por presupuestos, obras y mandos policiales; la violencia podría ser menos visible a nivel nacional, pero muy intensa en municipios estratégicos.
• Reclutamiento de jóvenes en contextos de precariedad. Sin cambios estructurales en educación, empleo y movilidad social, la delincuencia organizada mantendrá una ventaja comparativa: ofrece salario inmediato, sentido de pertenencia y un “proyecto de vida” (por más destructivo que sea) frente a la ausencia de oportunidades legales.

3. El eslabón más débil: policías municipales y estatales

Como ya hemos tocado en diferentes ocasiones en este espacio, diversos diagnósticos coinciden en que las policías locales son el punto crítico del sistema de seguridad mexicano. Este factor sigue considerándose “el eslabón más débil de la cadena de seguridad pública”, por sus bajos salarios, falta de capacitación, escasez de prestaciones, sobrecarga de trabajo y vulnerabilidad frente a la corrupción y la cooptación criminal.

Al mismo tiempo, ejercicios de diagnóstico estatales revelan brechas significativas en certificación, equipamiento y profesionalización, pese a algunos avances en control de confianza y formación continua. Organizaciones como México Evalúa han propuesto un “salario digno policial” y la consolidación de una carrera profesional que permita retener talento, reducir la rotación y blindar a los agentes frente a la captura criminal.

De cara a 2026 cabe anticipar un escenario mixto:

• Intervenciones y “limpias” de instituciones. Desde 2025 se han intensificado los procesos de desarme e intervención de policías municipales ligadas a corrupción o colusión con la delincuencia (simple y/u organizada), como parte del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica 2025–2030. Es razonable esperar que esta tendencia continúe, sobre todo en municipios con indicadores de riesgo elevados.
• Brecha de capacidades entre estados. Algunas entidades que han invertido durante años en profesionalización, controles internos y tecnologías (como ciertos estados del norte y centro del país) mostrarán resultados más consistentes; otras seguirán dependiendo casi por completo de fuerzas federales.
• Guardia Nacional como “parche” permanente. Mientras no se consoliden policías locales fuertes, la Guardia Nacional continuará asumiendo tareas de seguridad de proximidad para las que no fue diseñada originalmente, sosteniendo una militarización de facto del espacio público.

En resumen, en 2026 la seguridad cotidiana que perciba la ciudadanía seguirá dependiendo, sobre todo, de la solidez o fragilidad de su policía municipal y estatal.

4. Víctimas, justicia y desapariciones: el gran pendiente

Aunque se logren reducir los homicidios, la calidad del sistema de justicia penal será determinante para evaluar la seguridad real del país. Un informe de Human Rights Watch de 2025 documenta cómo el sistema de justicia mexicano sigue fallando tanto a víctimas como a personas acusadas, con investigaciones incompletas, uso excesivo de la prisión preventiva y estándares deficientes de debido proceso.

En el terreno de la desaparición de personas, la cifra acumulada supera las 120 mil personas no localizadas, con estados como Jalisco en el centro de la crisis. El hallazgo de sitios de exterminio y fosas clandestinas seguirá marcando la agenda pública en 2026, aun si los homicidios registrados disminuyen.

La ENVIPE 2024 revela, además, un dato preocupante para cualquier pronóstico: un amplísimo subregistro. La mayoría de los delitos no se denuncian por desconfianza, pérdida de tiempo o miedo a represalias. Mientras esa “cifra negra” no se reduzca, cualquier descenso de los indicadores oficiales deberá tomarse con prudencia.

El reto para 2026 será menos “hacer bajar la gráfica” y más reconstruir la confianza: que las personas perciban que denunciar vale la pena, que el Estado responde y que el paso por el sistema de justicia no se convierte en una segunda victimización.

Con base en las tendencias descritas, pueden bosquejarse tres escenarios plausibles para la seguridad en México en 2026:

a) Escenario inercial (el más probable)

• El promedio nacional de homicidios baja moderadamente respecto a 2023–2024.
• La violencia se concentra en un conjunto relativamente estable de municipios, muchos de ellos en el Bajío, el Pacífico y la frontera norte.
• La Guardia Nacional sigue siendo la principal fuerza visible en calles y carreteras, mientras las policías locales avanzan de manera desigual en profesionalización.
• La extorsión, el cobro de piso y los delitos patrimoniales mantienen alta la victimización y la percepción de inseguridad.
• La crisis de desapariciones se mantiene sin ruptura clara, con hallazgos periódicos que conmocionan a la opinión pública, pero sin una política de Estado verdaderamente integral.

b) Escenario de mejora relativa (el que nos gustaría)

Este escenario requiere que en 2025–2026 se aceleren reformas ya en curso:

• Convergencia real entre el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica y la política de seguridad federal, con incentivos presupuestales claros para profesionalizar policías locales.
• Fortalecimiento de fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República en capacidades de investigación financiera, inteligencia criminal y litigación estratégica.
• Políticas focalizadas de prevención social en los municipios de mayor riesgo, con metas verificables en reducción de reclutamiento juvenil por grupos criminales.
• Transparencia en cifras de homicidios, desapariciones y delitos de alto impacto, con mecanismos externos de auditoría estadística.

De materializarse, México podría no solo tener menos homicidios en 2026, sino también una ligera mejora en indicadores de percepción de seguridad, confianza en instituciones y cohesión social.

c) Escenario de deterioro focalizado

También existe el riesgo de una reversión parcial:

• Reacomodos violentos entre grupos criminales tras capturas de líderes o rupturas de pactos locales.
• Fatiga operativa y política en el despliegue permanente de fuerzas federales, sin relevo efectivo de policías locales.
• Aumento de la violencia política local alrededor de disputas por presupuestos, concesiones, obras públicas y control policial.
• Crisis económicas regionales que hagan más atractivo el reclutamiento criminal para jóvenes y trabajadores precarizados.

En este escenario, el país podría seguir exhibiendo un descenso agregado de homicidios, pero con estallidos de violencia extrema que desborden regiones completas.

Lo que habrá que mirar en 2026

Para evaluar con honestidad cómo evoluciona la seguridad en nuestro país durante el 2026, será indispensable ir más allá de la cifra de homicidios y seguir de cerca al menos cinco indicadores:

a)      Concentración territorial de la violencia. No solo cuántos asesinatos hay, sino en cuántos municipios se concentran y qué tan sostenidos son los picos de violencia.

b)      Extorsión y delitos patrimoniales. Son el termómetro más directo de la vida cotidiana de comercios, transportistas y familias. Si estos delitos no bajan, difícilmente la ciudadanía sentirá mejoras.

c)      Desapariciones y hallazgos forenses. Más que un dato estadístico, son la prueba más cruda de la capacidad (o incapacidad) del Estado para proteger la vida e investigar la muerte.

d)      Profesionalización policial local. Niveles de certificación, salarios, controles internos, modelo de proximidad y justicia cívica serán indicadores clave para saber si se está construyendo seguridad sostenible desde abajo.

e)      Confianza ciudadana en instituciones de seguridad y justicia. Las encuestas como ENVIPE y los ejercicios trimestrales de percepción de seguridad del INEGI serán una brújula indispensable.

Para cerrar esta última colaboración del 2025, en 2026, México podrá presumir gráficas a la baja. Pero la verdadera medida de su seguridad será otra: qué tanto se reduce el miedo a salir de casa, a abrir un negocio, a denunciar un delito, a ser mujer joven en un territorio disputado, a ejercer un cargo público sin convertirse en objetivo.

La estadística dirá una parte de la historia. El resto seguirá escribiéndose, día a día, en las calles de los municipios donde se juega (para bien o para mal) el futuro de la seguridad en el país.

hidalgomontes@gmail.com

 Más que números: la urgencia de construir policías locales con calidad y no solo con volumen

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

En México, la conversación sobre seguridad ciudadana suele caer en la trampa seductora de creer que “más policías” equivale automáticamente a “más seguridad”. Lo anterior debido a que, esta aseveración, es una idea fácil de vender políticamente (porque es cuantificable), pero peligrosa cuando reemplaza lo que de verdad cambia la calle: “la calidad” del servicio policial. La paradoja es evidente: podemos engrosar nóminas, abrir convocatorias masivas y presumir “estado de fuerza”, y aun así mantener patrullajes erráticos, respuestas tardías, detenciones mal hechas que se caen en el Ministerio Público (tal y como sucede en muchos lugares de nuestro país), y una relación rota con la comunidad. No es un dilema abstracto: es el punto exacto donde la seguridad deja de ser política pública y se vuelve ruleta rusa o un acto meramente de fe (funciona porque Dios quiere).

 

La lógica de “contratar por contratar” suele ocultar un costo silencioso: la rotación. En 2022, dentro de las instituciones municipales se reportaron 15,248 renuncias (además de lesiones, jubilaciones y casos de desaparición/no localización). Una corporación que pierde gente de manera constante no solo pierde manos: pierde experiencia, cohesión, supervisión informal, mentoría en campo y memoria operativa. Cuando el flujo de entrada y salida es permanente, la institución vive en modo “curso básico eterno”, y cada generación nueva vuelve a cometer los mismos errores que la anterior ya había pagado con sangre, expedientes o desprestigio.

 

La otra cara de la moneda es el riesgo. Ser policía en México, sobre todo en lo local, es ejercer una profesión expuesta. Con cifras de Causa en Común, en lo que va de 2025, una organización civil ha documentado más de 300 policías asesinados (en promedio, alrededor de uno al día), con variaciones por entidad y semana. Esto no se resuelve con discursos motivacionales ni con reclutamiento express. Se enfrenta con capacidades reales: policiamiento basado en evidencia, táctica, inteligencia básica, protección institucional, mando funcional, disciplina, y un sistema de bienestar que reduzca la vulnerabilidad (y la corrupción). Sin calidad, el “refuerzo” de personal puede convertirse, literalmente, en reposición.

 

Por eso la discusión correcta no es si faltan policías (que en muchos lugares sí), sino qué tipo de policía estamos formando y sosteniendo. Y aquí aparece el núcleo duro: la calidad no nace en el uniforme; nace en el aula… pero sobre todo en quien está frente al grupo.

 

La Calidad policial debe existir con menos mitos pero más estándares. Esto no es romantizar “policías de élite”. Es exigir estándares mínimos sostenidos en toda la cadena: reclutamiento, formación inicial, evaluación, certificación, entrenamiento continuo, supervisión en campo, carrera, disciplina y mando. Es cierto que tenemos habilidades de la función policial estandarizadas. Sin embargo, al subir la escala jerárquica, estas habilidades cambian; ahora se debe saber de estrategia, gerenciamiento, presupuestación, entre otras muchas. Al carecer de estas “Habilidades Gerenciales” muchos de los mandos policiales no cumplen con su labor. México no parte de cero en normatividad: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece bases para la selección, ingreso, formación y certificación; y contempla la exigencia del Certificado Único Policial como condición clave para la trayectoria del integrante. El problema es que, en demasiados lugares, la norma vive en papel y la operación vive en urgencias: faltan patrullas, sube la incidencia, “hay que sacar turnos”, y el entrenamiento se vuelve el primer recorte tácito.

 

El costo de esa improvisación lo paga la ciudadanía de varias maneras. Una es la confianza: cuando la policía local no investiga lo básico, no preserva indicios, no documenta bien, o no sabe aplicar el uso de la fuerza con legalidad, la gente aprende a no llamar. Y esa desconfianza se refleja en un dato brutal: en 2024, 93.2% de los delitos no se denunciaron o no derivaron en carpeta de investigación (la llamada “cifra negra”). Sin denuncia, el sistema se queda sin información; sin información, se patrulla a ciegas; y patrullar a ciegas suele terminar en operativos reactivos, detenciones de ocasión o abuso.

 

Otra es el desempeño institucional: si el municipio fracasa, el vacío lo ocupan otros. No solo el crimen organizado; también la dependencia estructural de fuerzas estatales o federales para tareas que deberían resolverse localmente. Eso erosiona capacidades municipales, y crea una cultura de “esperar que alguien más lo haga”.

 

Es importante recalcar que el problema no es “más cursos”, es profesionalizar a quien enseña y es aquí donde entramos a un tema incómodo: los instructores. La formación policial puede fallar aunque el temario sea correcto, si el cuerpo docente no está preparado para enseñar adultos a través de estrategias andragógicas, evaluar competencias y trasladar aprendizaje a escenarios reales. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública define el Programa Rector de Profesionalización (PRP) como el instrumento que establece lineamientos, programas y contenidos mínimos para la profesionalización del personal policial y de procuración de justicia, y señala la necesidad de procesos homologados para que el personal adquiera y fortalezca habilidades y conocimientos peeeeeeeeeeeeeeeeeeeero, la neta la neta el proceso actualmente no es eficiente.

 

El propio sistema reconoce que no basta con “tener instructores”; se requiere trazabilidad, evaluación y estandarización del instructor, porque el instructor es el multiplicador. Un mal instructor produce generaciones de malas prácticas (a lo que se le conoce como “cicatrices de entrenamiento” o “training scars”); un buen instructor produce hábitos operativos que se vuelven cultura.

 

En México, el instructor policial enfrenta al menos cinco obstáculos estructurales (y culturales): 1) La precariedad del rol. En muchas instituciones de formación y profesionalización policial, “ser instructor” no es una carrera: es una comisión temporal, un complemento salarial, o una tarea adicional. Sin estabilidad, no hay mejora continua. Sin mejora continua, se recicla el mismo material, año tras año. 2) El divorcio entre aula y calle. Hay instructores con experiencia operativa, pero sin didáctica; y otros con formación académica, pero sin práctica real. En ambos casos, el alumno aprende “lo que suena bien” o “lo que se hacía antes”, no lo que se necesita hoy: intervención policial con legalidad, primer respondiente, justicia cívica, investigación básica, proximidad e inteligencia cotidiana. Urge el poder amalgamar la práctica con lo académico y generar lo que se conoce como “Pracademics” 3) La evaluación débil. Si el curso se aprueba por asistencia y no por desempeño, la capacitación se convierte en trámite. La calidad exige evaluación por competencias: qué sabe hacer el policía en escenarios, cómo decide, cómo documenta, cómo escala el uso de la fuerza, cómo preserva evidencia, cómo comunica. 4) La captura por urgencias operativas. Cuando falta personal en la calle, los mejores perfiles se regresan a patrullar. El instructor queda como “lujo” prescindible. Así, la institución pierde el motor de profesionalización. 5) La falta de “train-the-trainer” real. Muchos instructores no han sido formados como instructores. Se asume que quien sabe hacer, sabe enseñar. Es falso. Enseñar policías adultos requiere metodología, gestión de grupo, evaluación objetiva y diseño instruccional orientado a riesgo.

 

Entonces… ¿Qué significa “calidad” en términos concretos? Si tuviéramos que aterrizar la palabra, calidad policial municipal y estatal significa, como mínimo:

 

• Reclutar menos, pero mejor: filtros reales de perfil, integridad y aptitud. No “llenar turnos”, sino construir carrera.

 

• Formación inicial sólida y estandarizada (no recortada por urgencia).

 

• Capacitación continua con contenido práctico y evaluación por competencias.

 

• Supervisión en campo: el aprendizaje se consolida en la patrulla, no solo en el aula.

 

• Mando profesional: mandos que sepan dirigir, evaluar y corregir; no solo “administrar guardias”.

 

• Instructores certificados, evaluados y con carrera: si el instructor es improvisado, la policía será improvisada.

 

México no necesita una discusión sentimental sobre “héroes” ni una discusión electoral sobre “más elementos”. Necesita una discusión institucional sobre capacidad. Los municipios y estados pueden sumar personal, sí, pero si no se invierte en profesionalización (y especialmente en profesionalizar instructores), se multiplicará el problema: más contactos policiales mal hechos, más expedientes frágiles, más fricción con la ciudadanía, más desgaste y más renuncias.

 

La calidad cuesta, pero la mala calidad cuesta más: en confianza perdida (aunque suene a cliché), en delitos no denunciados, en casos mal integrados, en policías caídos y en comunidades que aprenden a vivir sin Estado. Mientras sigamos celebrando la cantidad como si fuera logro, seguiremos postergando lo único que cambia la historia cotidiana: una policía local que sepa lo que hace, pueda demostrarlo y tenga instructores capaces de formar (con rigor) a la siguiente generación.

 

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 Ironías de la vida…La lección más grande que dejó el certamen de Miss Universo fue que las armas de le delincuencia organizada no llegaban todas de Estados Unidos

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

 

Hace unos días, la mexicana, Fátima Bosch ganó la edición 2025 del certamen Miss Universo. Esto la convirtió la cuarta mexicana en conseguir la corona de este certamen. Y lo que debía ser un hito para nuestro país y un orgullo nacional muy rápido se convirtió en una rocambolesca historia de corrupción, drogas y armas.

 

Se acusó que el padre de la señorita Bosch era un alto mando en Petróleos Mexicanos (PEMEX) y que tenía nexos con uno de los dueños del certamen de belleza, el también mexicano y cónsul honorario en Guatemala Raúl Rocha Cantú, situación que podría levantar sospechas de claros conflictos de interés.

 

Sin embargo, tal y como cuando se consume sinedafil caducado…aquí no paró la cosa y se puso peor porque (resulta y resalta) que unos días antes de la final del certamen el antes mencionado socio del certamen, Rocha Cantú obtuvo una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada contra Raúl Rocha Cantú, a quien se señala como parte de una red dedicada al tráfico de drogas, armas y combustible entre Guatemala y México.

 

Las investigaciones hablan de cargamentos que cruzan por río, combustible “importado” sin declarar (huachicol fiscal pa´los cuates) y una empresa fachada que termina distribuyendo hidrocarburos en el Bajío. No es el guion de una serie, es la radiografía más reciente de algo que llevamos años sin querer ver: la frontera sur como puerta de entrada de armas hacia México y, en lo personal, tengo aaaaaaaaaaños diciendo que el problema de las armas en México es más complejo que asumir que el problema era del vecino del norte.

 

Cuando se habla de armas ilegales en México, casi todos volteamos hacia el norte. Y con razón: datos de la Cancillería mexicana y de agencias estadounidenses señalan que entre 70% y 90% de las armas rastreadas y vinculadas a delitos en México se originan o pasan por Estados Unidos.

             

Pero esa cifra, aunque contundente, tiene un punto ciego: no explica las rutas alternativas que han ido ganando peso, especialmente las que se alimentan de los mercados negros de Centroamérica y que entran por la frontera con Guatemala y Belice y como los grupos de la delincuencia organizada se dedican (como usted podrá imaginar) a delinquir…pues se dieron con la tarea de localizar las antes mencionadas rutas alternas.

Investigaciones académicas sobre la frontera sur describen esa franja (el Soconusco, el río Suchiate, el Usumacinta, la selva que conecta con Petén y el corredor hacia Belice) como un espacio donde se cruzan migración, drogas, trata de personas, contrabando… y tráfico de armas (ya que la descripción gráfica más certera sería la de una coladera).

 
                Ahí no se ven colas de tráileres como en Tijuana o Ciudad Juárez, pero sí un entramado de pasos informales, brechas, ríos y comunidades que viven literalmente de “pasar cosas” de un lado a otro.

 

La ONU a través su oficina contra la droga y el delito (UNODC (ha documentado cómo los conflictos armados en Centroamérica, especialmente en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, dejaron miles de fusiles, municiones y granadas fuera de control, primero en manos de ejércitos y grupos irregulares, luego en bodegas clandestinas y colecciones privadas. Con el tiempo, una parte de ese arsenal se recicló: pasó de las guerras ideológicas a los mercados criminales.

 

Esa es una de las fuentes de armas que hoy cruzan hacia México por el sur: remanentes de arsenales militares, desviaciones de inventarios oficiales y compras legales que terminan desviadas. Estudios sobre la frontera con Guatemala y Belice hablan de “actividades de grupos delictivos organizados” donde el tráfico de armas es tan cotidiano como el de drogas o mercancías de contrabando.

 

A eso se suma un dato incómodo: algunas de las armas que entran por el sur tampoco nacieron ahí. La UNODC y distintos informes señalan que rifles y pistolas importados legalmente a Estados Unidos pueden ser revendidos a intermediarios y, tras varios movimientos, terminar en bodegas en Centroamérica… para después regresar a México por la puerta de la frontera sur. El circuito es tan circular como rentable.

 

El caso de Rocha Cantú ilustra bien el modelo criminal de tercera generación: redes que ya no se especializan en un solo delito, sino que combinan tráfico de combustible, drogas, armas y lavado de dinero, utilizando empresas legales, contactos políticos y la corrupción de autoridades como parte del mismo paquete.

 

En la práctica, las armas llegan fragmentadas: pequeños envíos ocultos en camionetas de carga, autobuses, lanchas en los ríos fronterizos o mezcladas con mercancías legales. Investigaciones periodísticas han descrito rutas que cruzan desde Guatemala y Belice hacia Tabasco, Campeche y Quintana Roo, con fusiles AK-47 y otras armas largas que ya no llegan solo del norte.

 

No se trata de convoyes espectaculares, sino de un goteo constante (también llamado “pitufeo”)  que termina alimentando a grupos locales y a grandes cárteles por igual.

 

Al encontrar las fronteras del norte de México más vigiladas en la actualidad, las armas que cruzan por el sur no se quedan necesariamente en Chiapas o Tabasco. Diversos estudios de la ONU y de centros de investigación muestran que las rutas de tráfico de drogas y armas se superponen: los mismos corredores que mueven cocaína hacia el norte pueden transportar fusiles hacia el interior de México o de regreso a Centroamérica.

 

Así, un fusil que salió de un almacén clandestino en Petén puede terminar en manos de un grupo local en la frontera, en una célula de un cártel en el Bajío o incluso volver a cruzar hacia otro país. En esa lógica, la frontera sur no es una línea, sino una bisagra: conecta mercados, no solo territorios.

 

¿Por qué debería importarnos esto como país? Porque el tiempo y los hechos han demostrado que cualquier estrategia que se concentre exclusivamente en la “línea” con Estados Unidos dejará abierta una puerta trasera. Los cárteles y sus aliados empresariales ya operan a escala regional; si las instituciones mexicanas siguen pensando en clave doméstica, siempre llegarán tarde (odio decir se los dije pero se los dije)

 

              Cerrar las rutas del tráfico de armas por la frontera sur no significa militarizar aún más la región ni criminalizar a las comunidades que viven del comercio transfronterizo. Significa, sobre todo, tres cosas: 1. La necesidad de fortalecer la Inteligencia y trazabilidad de este tipo de herramientas, 2. Golpear las redes empresariales que se dedican a este delito ya que son a través de empresas que los grupos criminales pueden lavar los activos producto de este ilícito, 3. combatir la corrupción local (que eso si esta complicado) y por último 4. Mejorar el marco jurídico de las armas de fuego, tenemos una ley de armas de fuego y explosivos de los años 70´s cada vez más restrictivas y hay un fenómeno que tiene al menos dos lustros sucediendo, es cierto que la mayoría de las armas que ingresan de forma ilegal al país quedan en manos de la delincuencia, pero no todas. ¿La razón? Porque muchos ciudadanos se están armando por la burocracia para comprar un arma de fuego legalmente y incapacidad del estado por poder brindar seguridad y justicia. En lo personal se me hace sumamente cómico hacer campañas de “despistolización” cuando tener armas para protección de tu hogar es un derecho constitucional (artículo 10) por lo que estas campañas parecerían tender a desarmar ciudadanos. Dudo (y mucho) que miembros de la delincuencia organizada estén cambiando rifles de asalto (que son su herramienta de trabajo) por microondas.

 

Cada vez que se decomisa un fusil en la selva lacandona o en una brecha de Tabasco, la pregunta no debería ser solo a qué cártel pertenece, sino de qué camino llegó. Si no entendemos —y cerramos— la ruta de las armas que vienen del sur, cualquier promesa de “pacificar” México seguirá desfilando, como en un concurso de belleza, sobre un escenario frágil y lleno de espejos.

 

hidalgomontes@gmail.com

 Cuando la seguridad se decide desde el mismo molde: por qué las estrategias deben adaptarse por región

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

En el horizonte de la seguridad mexicana recae un error persistente: tratar al país como si fuera una plancha uniforme donde aplicar la misma receta en cada rincón. Hablamos de territorios tan distintos entre sí como una comunidad indígena en la Sierra Madrense, un corredor industrial en el Bajío o una zona urbana de alta densidad en la periferia de la CDMX. En ellas, los factores que generan violencia, delincuencia, desconfianza y desequilibrio social difieren. Sin embargo, nuestras políticas policiológicas y criminológicas (por omisión, por centralismo administrativo o la neta por pura necedad) frecuentemente ignoran ese hecho. Es necesario plantear con firmeza que las estrategias de seguridad deben diferenciarse por región, en lugar de centralizarse bajo un solo modelo para todo el país.

 

El tejido territorial de México muestra con claridad que la criminalidad no está distribuida homogéneamente además de mutar constantemente. Algunas regiones concentran buena parte de los homicidios, las desapariciones forzadas o las extorsiones, mientras que otras sufren más robos, violencia doméstica o inseguridad cotidiana. Hacer caso omiso de esa diversidad equivale a aplicar medicina para la gripe cuando el paciente tiene neumonía.

 

El propio documento oficial Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024‑2030 reconoce que “se desarrollarán estrategias focalizadas según la naturaleza de los problemas locales y regionales, comenzando por los territorios más violentos”.  Además, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que las entidades federativas tienen atribución para “formular, dirigir y coordinar la estrategia de seguridad pública de la entidad federativa, en concordancia con la Estrategia Nacional”. Esto implica jurídica, estratégica y operativamente que la descentralización no solo es deseable, sino obligatoria.

 

Las razones para separar enfoques regionales no son meramente administrativas, sino operativas, culturales y de gobernabilidad. Algunas de las más relevantes:

 

• Contexto social y cultural: cada región tiene sus propias dinámicas sociales (etnografía, migración, economía informal, tradiciones comunitarias), lo cual exige intervenciones distintas. Un programa de proximidad policial que funcione en un barrio urbano de la Zona Metropolitana difícilmente será replicable en una comunidad rural con mayor heterogeneidad indígena.

 

• Delincuencia organizada y modalidades delictivas: las organizaciones delincuenciales ajustan sus negocios según la geografía: una zona de paso fronteriza enfrenta tráfico de armas, migrantes o drogas; una zona turística enfrenta robo, extorsión o violencia de proximidad; una zona urbana densa enfrenta pandillas y violencia juvenil. No todos los territorios necesitan la misma “herramienta” de intervención.

 

• Capacidad institucional local: las instituciones policiales estatales o municipales tienen diferentes capacidades de profesionalización, tecnología, recursos humanos. Un modelo centralizado que asume uniformidad puede dejar fuera a las instituciones que operan con menor soporte técnico o menor autonomía local. En ese sentido, investigaciones señalan que “la centralización y profesionalización mitigan el impacto de la victimización del crimen y la corrupción policial sobre la opinión pública” (lo cual implica que sin reconocer las diferencias institucionales se pierde legitimidad).

 

• Legitimidad y participación ciudadana: cuando la seguridad se diseña sin conectar con la realidad local, el resultado es desconfianza y falta de colaboración ciudadana. Por el contrario, modelos que fortalecen la policía comunitaria o de proximidad, adaptada a condiciones regionales, favorecen un vínculo más cercano con la población.

 

Trabajar con estrategias diferenciales no implica abandonar la coordinación nacional (al contrario), pero sí dar flexibilidad para que cada entidad y municipio coloquen en su centro aquello que realmente los afecta. Algunos elementos clave que deben tomarse en cuenta son: a) un diagnóstico local profundo basado en evidencias, b) diseño territorial, c) capacitación y especialización local (no es lo mismo operar en una ciudad que en una zona rural), d) evaluación flexible rendición de cuentas (para que no digan que Chuchita la bolsearon) así como e) coordinación federal-estatal-municipal (hacer un verdadero equipo sin egos).

 

Si no se realizan estrategias descentralizadas se crearían varias vulnerabilidades, tales como:

 

• Desajuste operativo: aplicar recursos y metodologías equivocados para la realidad concreta, lo cual genera desperdicio de tiempo, dinero y desgaste institucional (circunstancia super recurrente en la realidad).

 

• Deslegitimación local: la población percibe que la estrategia no responde a lo que vive; si la policía actúa sin entender la región, hay resistencias o desconexión, lo que redunda en impunidad y en menor colaboración ciudadana (pero los mandos policiales o las autoridades locales dicen bien contentas: “pero así bajo el delito en Kuala Lumpur”).

 

• Ineficacia ante adaptabilidad delincuencial: las organizaciones delincuenciales se mueven y evolucionan; un sistema rígido y homogéneo es más vulnerable frente a tácticas flexibles de la delincuencia organizado (en mi tierra se dice: “te agarran con los pantalones abajo”.

 

• Desigualdad territorial en seguridad: algunas regiones podrían quedar desamparadas porque el programa nacional no les brinda prioridad o recursos suficientes, profundizando brechas de injusticia (como en el punto número uno…esto es todos los días).

 

Para lograr una verdadera implementación de estrategias regionales diferenciadas se requiere voluntad política, profesionalización de los mandos, cooperación interinstitucional y persistencia. Aquí tres recomendaciones clave:

 

1. Desconcentrar sin dispersar: asegurar que la autoridad nacional no pierda la coordinación y los estándares mínimos, pero que deje espacio para que las entidades federativas adapten los programas a su realidad.

 

2. Fomentar cultura de evaluación local: instrumentos de seguimiento deben ajustarse a cada contexto (tasas por tipo de delito, percepción ciudadana, índice de confianza policial) y permitir ajustes rápidos.

 

3. Invertir en capacidades regionales: no es suficiente la cantidad de policías; es indispensable su profesionalización, equipamiento, formación en inteligencia, prevención, proximidad comunitaria. La investigación “Effective law enforcement and human security in Mexico” destaca que la eficacia policial es requisito para garantizar seguridad humana, especialmente en regiones con fuerte presencia de la violencia y la delincuencia.

 

Cuando miramos el mapa de México, vemos no una sola cara, sino muchas: litorales turísticos, fronteras activas, comunidades indígenas, zonas metropolitanas densas, cinturones industriales, zonas agrícolas vulnerables. Atender cada una con la misma receta de seguridad es una invitación al fracaso. Tomar en serio las condiciones locales, adaptar los instrumentos, involucrar a la ciudadanía, fortalecer la policía regional y conectar todo ello con la coordinación nacional: ese es el camino para que la promesa de seguridad pública deje de ser retórica y se traduzca en realidades diversas pero integradas. Solo así la estrategia será no solo nacional… sino verdaderamente territorial, eficaz y legítima.

 

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 Hacia una cultura del bienestar mental policial: una urgencia social

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

Cuando hablamos de seguridad ciudadana, solemos concentrarnos en cifras de homicidio, robos, extorsiones y presencia policial en las calles. Sin embargo, un factor crucial y muchas veces invisibilizado (a veces de forma inadvertida y otras “convenientemente”) es el bienestar emocional, psicológico y social de quienes portan el uniforme: los elementos de las fuerzas policiales. Hoy, más que nunca, una cultura de bienestar mental no es un lujo ni una concesión benévola: es una inversión estratégica en legitimidad, eficacia y que créalo o no, incide en el respeto de los derechos humanos tanto de ciudadanos, elementos policiales y hasta de probables responsables de la comisión de algún delito.

Las instituciones policiales trabajan cotidianamente expuestas a factores de alto riesgo mental: confrontaciones violentas, accidentes, intervenciones en escenas traumáticas, presión institucional, intransigencias por parte de miembros de la comunidad (se tenía que decir y se dijo) así como quejas ciudadanas. Estos elementos los colocan en mayor probabilidad de padecer trastornos como depresión, ansiedad, estrés postraumático (TEPT), abuso de sustancias o ideación suicida. En el ámbito internacional, se observa con claridad que los cuerpos policiales registran índices de trastornos mentales por encima del promedio poblacional.

Pero no basta con señalar el problema: lo que marca la diferencia es el entorno organizacional. La cultura policial (con su énfasis en fortaleza, disciplina y control) muchas veces estigmatiza la expresión de vulnerabilidad. En otros términos: un elemento policial que acude a terapia puede verse como “débil”, “no apto”, “traidor” al espíritu de cuerpo. Esa presión silente inhibe la búsqueda de ayuda.

Por ejemplo, en un estudio cualitativo en Reino Unido donde, como en muchos países, si se hacen investigaciones científicas enfocadas a las instituciones policiales(cof, cof), exfuncionarios policiales relataron que la mentalidad interna les impedía compartir el peso emocional del oficio: “todo se internaliza, todo se asimila como parte del deber”. En otro trabajo, la “cultura policial” se identifica como un factor de riesgo para que los oficiales eviten acudir a servicios de salud mental, por temor al juicio institucional o la repercusión profesional.

Este ciclo (riesgo psicológico + estigma institucional) reproduce silencios que afectan no solo al agente sino al ciudadano: un policía emocionalmente desgastado puede reaccionar con menor empatía, mayor rigidez o responder indebidamente ante crisis. En ese espacio, se erosiona la confianza pública, precisamente cuando más se necesita.

El adoptar una cultura de bienestar mental de las instituciones policiales no es “un gasto social opcional”, sino una política de mejora organizacional con, al menos, 4 efectos multiplicadores:

1.    Mejor desempeño y vigilancia de calidad: Un policía que cuenta con herramientas para gestionar estrés, trauma o desgaste emocional estará en mejores condiciones de tomar decisiones con mesura, calma y profesionalismo.

2.    Prevención de errores críticos: Estudios muestran que las intervenciones psicológicas (como terapia cognitivo-conductual, programas de respiración, mindfulness) pueden reducir manifestaciones de violencia, conductas reactivas o uso excesivo de fuerza. En México, un proyecto piloto con policías de la Ciudad de México aplicó técnicas de cambio de hábitos y meditación, con buena aceptación. Pero como todo en este país al cambio de jefes o administración, las buenas prácticas se olvidan o ignoran.

3.    Salud laboral y retención del capital humano: Las instituciones policiales que descuidan la salud mental enfrentan ausentismo, renuncias prematuras, incapacidades psicológicas y desgaste institucional. Invertir en salud mental es, al fin, proteger a su propio recurso más valioso: su gente.

4.    Legitimidad y confianza social: Cuando la ciudadanía percibe que los policías son tratados como seres humanos (y no como máquinas de seguridad), se favorece un círculo virtuoso de respeto mutuo y colaboración ciudadana.

Las buenas prácticas existentes lo confirman. En el informe “Best Practices to Advance Officer Wellness” del Departamento de Justicia de EE. UU., se recopilan programas exitosos de bienestar integral (físico, emocional, social) con evidencia creciente de su eficacia. Asimismo, se recomienda que las agencias recopilen datos, realicen evaluaciones constantes y promuevan una cultura de salud mental como parte del deber policial, no como un añadido.

Pero…si la solución es clara, ¿por qué pocas policías la adoptan de forma efectiva? Los obstáculos son varios:

a)       Resistencia cultural: La tradición policial tiende a valorar el “aguante”, la disciplina férrea y el sacrificio silencioso. Esto aún opera como norma no escrita en muchos cuerpos.

b)       Falta de capacitación y sensibilidad de liderazgo: Muchos mandos intermedios desconocen los efectos del trauma psicológico o ni siquiera lo consideran como parte de la responsabilidad institucional. Ante ello, los programas de bienestar pueden verse como “blandos” o secundarios.

c)       Insuficiente presupuesto o prioridades contrapuestas: Las fuerzas policiales a menudo operan con restricciones presupuestarias importantes, que priorizan equipamiento, patrullas o armamento, relegando lo “blando” a segundo plano.

d)       Carencia de estructuras de salud mental integradas: No basta con tener psicólogos aislados; es necesario disponer de unidades especializadas, protocolos confidenciales, seguimiento institucionalizado y redes de apoyo.

e)       Miedo a repercusiones profesionales: Si un agente asume que acudir a terapia será utilizado en su contra (evaluaciones, promociones, expedientes), el incentivo es no hacerlo.

Estas barreras exigen algo más que discursos: requieren transformaciones tácticas y simbólicas simultáneas.

Fomentar una cultura de bienestar mental policial no es suavizar exigencias, sino fortalecer raíces. Cuando un agente puede expresar su angustia, reconocer su desgaste, gestionar su estrés y encontrar apoyo profesional, se le dota de herramientas internas que se traducen en mejores relaciones con ciudadanos, decisiones más calibradas bajo tensión y reducción de errores trágicos.

La transformación de una cultura policial exige paciencia, voluntad política y persistencia. No bastan memorandos: deben acompañarse de acciones visibles, presupuestos reales y señales simbólicas. Imaginemos por un momento un operativo donde la planificación incluya no solo logística y táctica, sino pausas psicológicas, monitoreo emocional de los agentes y apoyo posterior. Eso no debilita la institución: la robustece.

En un país como el nuestro, donde la relación entre policía y ciudadanía está marcada por desconfianza y heridas, construir fuerzas policiales con salud mental no es solo un acto de justicia interna: es un acto de responsabilidad pública. Una policía emocionalmente sana es más justa, más eficiente y más digna.

Que en cada institución federal, estatal y municipal nazca la política de bienestar mental no como un adorno progresista, sino como un eje central de su función. No es un reclamo secundario: es una deuda con quienes cuidan nuestra seguridad y con la propia seguridad del país. Donde muchas veces se cree que solo se necesita un sueldo y equipo para realizar el servicio policial dejando de largo que lo mas valioso de una institución que se dedica a la aplicación de la ley es su capital humano.

hidalgomontes@gmail.com