miércoles, 4 de junio de 2025

 La urgencia de formar negociadores de crisis en las instituciones policiales mexicanas para la prevención de linchamientos

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Frente al fracaso de los sistemas sociales, México ha vivido en los últimos años un alarmante aumento en los casos de un tipo de justicia colectiva por mano propia coloquialmente conocida como “linchamientos”. Esta práctica no solo refleja la desconfianza y el hartazgo de la ciudadanía en las instituciones encargadas de las políticas públicas, la seguridad, así como la procuración de justicia. Sin embargo, esta práctica ha sido utilizada muchas veces por la delincuencia organizada con el fin de ocultar sus actividades en algunas comunidades del país. Entre los años 2020 y diciembre de 2024, se registraron más de mil intentos de linchamientos, así como linchamientos efectuados en todo el territorio nacional, con un promedio de más de 254 casos por año. Este fenómeno no solo representa una grave violación a los derechos humanos y el estado de derecho, sino que también evidencia la necesidad urgente de contar con personal policial especializado en negociación de crisis para prevenir estas tragedias y una comprensión por parte de los gobernantes de que los delegados de las secretarías de gobernación no puedes llevar a cabo dichas negociaciones para el control de crisis. Debiéndose limitarse únicamente a las negociaciones de ciertas exigencias mas no las que conllevan la seguridad de la ciudadanía, probables responsables de la comisión de algún delito (victima potencial de linchamientos) y/o involucrados (personas que amenazan con perpetrar el linchamiento).

 

Los linchamientos son catalogados como manifestaciones extremas de violencia colectiva, donde una multitud decide castigar a una persona sin mediar proceso legal alguno. Este acto, además de ser ilegal, socava el estado de derecho y perpetúa un ciclo de violencia difícil de romper. Los linchamientos suelen surgir en contextos donde la población percibe una ausencia o ineficacia de las autoridades para impartir justicia, lo que lleva a las comunidades a tomar la ley en sus propias manos. Sin embargo, hoy en día se ha utilizado este tipo de fenómenos para poder encubrir operaciones ilícitas como puede ser el evitar que ingresen autoridades a poblaciones donde puede haber actividades como robo de hidrocarburo u operaciones de algunas células delictivas.

 

Para ilustrar lo anteriormente expresado, mencionaremos dos casos mediáticamente atendidos (mas no los únicos) que ilustran la gravedad de esta problemática. En marzo de 2024, en Taxco, Guerrero, la desaparición y asesinato de la niña Camila Gómez Ortega provocó la indignación de la comunidad. Ante la percepción de inacción por parte de las autoridades, una turba linchó a una mujer y agredió a dos hombres, que tenían probable implicados en el crimen. Otro caso emblemático ocurrió en noviembre de 2004, en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, Ciudad de México, donde tres agentes de la Policía Federal Preventiva fueron linchados por una multitud que los acusó erróneamente de intentar secuestrar a niños. Este hecho evidenció la falta de coordinación entre las autoridades y la desconfianza de la población hacia las instituciones de seguridad.

 

Diversos estudios señalan que los casos de linchamientos en México son consecuencia de una combinación multifactorial de carácter sociológica. La desconfianza en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como una marcada percepción de impunidad y falta de acceso a servicios institucionales son algunos de los elementos que contribuyen a que la población recurra a la justicia por propia mano. Además, la ausencia de canales efectivos de comunicación entre las autoridades y las comunidades agrava la situación, impidiendo una respuesta oportuna ante situaciones de crisis. Otro factor clave es que en masa, las personas pierden su individualidad y dejan de comportarse como un grupo de individuos para convertirse en una turba, es decir “una multitud, una muchedumbre, un grupo numeroso de personas que se mueve de manera desordenada, alborotada, y a menudo con un comportamiento no regulado”.

 

La presencia de personal policial especializado en negociación de crisis es fundamental para prevenir linchamientos y otros actos violentos. Estos profesionales deben estar capacitados para manejar situaciones de alta tensión, establecer comunicación efectiva con las partes involucradas y desescalar conflictos antes de que se tornen violentos y fuera de control. Expertos de talla internacional como Vince Dalfonzo agente del FBI y uno de los negociadores vivos más importantes actualmente demuestran que las crisis pueden ser: a) expresivas (movidas por sentimientos) como puede ser el asesinato de un niño y la violencia sexual hacia una mujer de la comunidad o b) instrumentales (con el fin de obtener algo como encubrir actividades ilícitas). Otro factor para tomar en cuenta es la de los famosos “rehenes”. No todas las personas retenidas en una crisis son rehenes, estos deben cumplir ciertos criterios de instrumentalización de los mismos por lo que solo el 5% de las personas retenidas en situaciones de crisis son realmente rehenes. Por lo tanto, intentar que personas externas a las instituciones policiales sin formación en la materia se hagan cargo de las negociaciones abre la puerta para que en lugar de tener a un retenido (persona que amenazan con linchar) tengamos dos (el “negociador” de la secretaria de gobernación). Incluso, el mal informar a los medios de comunicación sobre lo ocurrido puede generar un descontrol en la situación que se está llevando a cabo. Hace unos años me tocó estar en el equipo que desarrolló un protocolo contra linchamiento y fue lamentable como un protocolo de seguridad se desvirtuó para volverse un protocolo para que los políticos se cubrieran las espaldas en caso de linchamiento, y la seguridad de la población, de los policías y de las personas retenidas ¡Muy bien gracias! Una persona con 20 años de servicio en alguna policía o en las fuerzas armadas no necesariamente sabe de negociación un criminólogo no necesariamente sabe de negociación (ni se diga un delegado de gobernación) para poder ser negociador de crisis te debes preparar para ser uno. Es decir, cualquier perfil de los antes mencionados funciona, siempre y cuando te especialices en ello.

 

Para fortalecer la capacidad de las corporaciones policiales en la prevención de linchamientos, es necesario implementar políticas públicas, criminológicas y policiológicas enfocadas en la capacitación y profesionalización del personal en negociación de crisis. Además de aprovechar que en la mayoría de los casos las instituciones policiales se vuelven “literalmente” en primer respondiente, es decir, son los primeros en llegar. Sin embargo, eso exige elementos policiales diferentes. El estudio "20 propuestas para una Agenda de Seguridad y Justicia", elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destaca la importancia de crear policías estatales y municipales bien formadas, surgidas de una genuina carrera policial, bien remuneradas y con derechos laborales adecuados. Además, se propone diseñar un modelo de investigación criminal que establezca las bases mínimas y la estructura para el funcionamiento del sistema penal, lo que permitiría una respuesta más efectiva ante situaciones de crisis.

 

Los linchamientos en México son una manifestación alarmante de la desconfianza ciudadana en las instituciones políticas, de seguridad, así como de procuración de justicia, pero también se han convertido en herramienta de grupos delincuenciales muy efectiva y mediática. Para prevenir estas tragedias, es imperativo contar con personal policial especializado en negociación de crisis, capaz de intervenir de manera oportuna y efectiva. La implementación de políticas públicas criminológicas y policiológicas enfocadas en la capacitación y profesionalización de las instituciones policiales es un paso fundamental para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y garantizar el respeto al estado de derecho. Los linchamientos en México se han convertido en un grito que nos dice que es momento de actuar con inteligencia, estrategia y humanidad. Profesionalizar a policías como negociadores, generar protocolos claros y concretos para estos casos y equipar correctamente a los negociadores con el equipo necesario para realizar esa función son, quizá, unas de las decisiones más urgentes y menos discutidas en la agenda nacional de seguridad.


Porque en México no puede haber lugar para más linchamientos. Ni por enojo, ni por abandono y mucho menos por complicidad.

 

hidalgomontes@gmail.com






lunes, 28 de abril de 2025

 Entre la precariedad y el deber: la otra trinchera de la policía mexicana


Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

Cuando el policía primero Ramírez (doce años en la corporación municipal de Zacatecas) termina un turno de 24 horas, no regresa a casa para poder dormir y descansar de una larga jornada: toma un taxi y se convierte en chofer por aplicación para completar el gasto familiar. Lo triste, es que este pasaje no es parte de una serie de televisión o de un capítulo de “La Rosa de Guadalupe” y lamentablemente, su historia no es la excepción; es la norma silenciosa de miles de policías (hombres y mujeres) que operan en condiciones poco dignas mientras se les exige enfrentar uno de los contextos de violencia más complejos del hemisferio sin la formación o profesionalización necesaria, en instituciones muchas veces llenas de mandos coludidos con la delincuencia y con una comunidad poco empática con el servicio policial y con el respeto a las normas, porque todos queremos que se cumpla la ley...pero sobre las mulas de mi compadre.

Sueldos que no alcanzan

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) recomienda un “ingreso digno” de $16,688 mensuales para la escala básica. Sin embargo, tres de cada cuatro policías municipales cobran menos que esa cifra y un 10 % percibe incluso menos de $5,000 pesos (Animal Político, 23/04/25). El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2023 del INEGI muestra que solo 8 % de los elementos estatales supera los $25,000 mensuales. Tales rangos quedan por debajo de la línea de bienestar urbano estimada por el CONEVAL (~$14 400 en 2025), lo que obliga a los uniformados a buscar segundos empleos, endeudarse o peor aún…corromperse.

Jornadas que pasan factura

El modelo 24×24 —trabajar un día completo y “descansar” otro— sigue siendo el régimen predominante: al menos 34 % de los elementos lo reporta (Causa en Común, ¿Quién cuida al policía?). Otros turnos, como 12×24 o 24×48, tampoco respetan las ocho horas constitucionales (que también coincide con los estándares internacionales recomendados). Resultado: semanas que pueden superar las 80 horas efectivas, con repercusiones directas en fatiga operativa, accidentes viales y decisiones críticas bajo presión y también pueden derivar en el uso de sustancias prohibidas para tratar de estar atento la jornada completa. Aquí es prudente la pregunta ¿Se puede estar en los 5 sentidos por 24 horas sin parar? ¿Podría ser entonces (bajo ciertas circunstancias) el uso de cierto tipo de drogas un riesgo laboral? Es decir, las instituciones que tienen jornadas muy saturadas ¿podrían estar orillando a sus elementos al uso de drogas ilícitas?.

Prestaciones incompletas

Menos de 70% de los policías municipales recibe vacaciones pagadas y aguinaldo; la mitad carece de seguro de vida y apenas 7% tiene acceso a créditos para vivienda (INEGI, ENECAP 2023). En materia de salud, entre 20 y 50% de los elementos policiales están afiliados al IMSS o ISSSTE; el resto depende de consultorios privados o de los escasos servicios médicos internos. Esta precariedad erosiona la vocación de carrera: la rotación anual supera 10% en varias entidades, lo que dispara los costos de reclutamiento y deja zonas descubiertas. Resultaría más barato para las instituciones paquetes solidos de prestaciones que alzas directas a los sueldos además que se aseguraría de forma indirecta a las familias de los policías lo que incidiría directamente en la disminución de probabilidades de generar actos de corrupción puesto que “la familia está cubierta y si cometo un acto indebido puedo poner en riesgo la seguridad de mis hijos”

 

Riesgo extremo, equipo vencido

Ser policía en México implica un peligro cotidiano: en los últimos dos años han sido asesinados más de 650 policías, un promedio de uno cada día y medio (registro hemerográfico de Causa en Común). Pese a ello, el 75% de los chalecos balísticos en uso está caducados o fuera de norma balística, según la Auditoría Superior de la Federación. La tasa de mortalidad policial (132 por cada 100 000) multiplica por quince la de sus pares en Estados Unidos. Hay una influencia negativa por parte de los medios de comunicación, las series policiales generan falsas expectativas a jóvenes que creen que el servicio policial es fácil y lleno de glamour. Sin embargo, es una profesión sumamente riesgosa y demandante lo que genera que un porcentaje alto de nuevos ingresos duren no mas de un par de años en las instituciones.

Capacitación y certificación parcial

El Certificado Único Policial (CUP) —que acredita control de confianza, formación inicial y evaluación de desempeño— cubre hoy 83 % del estado de fuerza, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entidades como Puebla o Veracruz rondan 40%; otras, como Campeche, presumen 100%. Mientras falte personal certificado, se profundiza la brecha entre el deber ser y la operación real y desgraciadamente, en muchas ocasiones, estos exámenes están manoseados para perjudicar y/o beneficiar a ciertas personas, los que hemos trabajado dentros de las filas de las instituciones policiales conocemos casos de compañeros dedicados y vocación de servicio que han sido separados por “reprobar” exámenes de control de confianza peeeeeeeeeeeeeeeeeero sabemos de personas que no deberían tener uniforme y los aprueban. Es necesaria una reingeniería a nivel nacional en materia de control de confianza. Si realmente funcionaran ¿Cómo nos explicamos que frecuentemente son detenidos policías coludidos con la delincuencia que curiosamente aprueban sus controles de confianza?

El impacto en la seguridad

La ecuación es clara: bajos sueldos + jornadas extenuantes + equipo insuficiente = menor desempeño y más corrupción de supervivencia. Cuando un elemento policial debe elegir entre hacer horas extra no pagadas o aceptar “mordidas” que complementen su salario, el incentivo perverso salta a la vista. A ello se suma la desconfianza ciudadana: según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad (ENVIPE 2024), 55% de la población sigue creyendo que la policía abusa de la fuerza o es corrupta. Precariedad y mala imagen retroalimentan el círculo vicioso.

¿Hay salida?

Sí, pero requiere decisión política y dinero contante (nos guste o no):

  1. Homologación salarial vinculada al costo de la vida regional y financiada con un fondo federal de aportaciones etiquetado exclusivamente a nómina.
  2. Jornadas de 8×16 supervisadas por inspecciones laborales sorpresa.
  3. Cobertura universal de salud y retiro (cada policía con IMSS/ISSSTE y un seguro de vida colectivo) costeada vía fideicomiso tripartito (Federación-Estado-Municipio).
  4. Renovación estructurada de equipo policial
  5. CUP al 100% como condición para que los estados (y a su vez municipios) reciban recursos federales de seguridad.
  6. Programa nacional de salud mental que incluya detección temprana de estrés post-traumático y seguimiento psicológico.

Al igual que un médico mal pagado o un piloto extenuado, un policía en precariedad pone en riesgo no solo su vida, sino la de todos. Dignificar la carrera policial no es un lujo; es la cláusula mínima de un contrato social que prometimos cuando, democracia en mano, les entregamos la misión de protegernos.

Uno de los debates más longevos que hay en materia de seguridad es si los policías somos guardianes o guerreros. Y uno de mis mentores en materia de pandillas, Tony "Pac Man" Moreno, quien fue uno de los primeros investigadores en la materia y su vida profesional fue parcialmente dramatizada para hacer la película de “Colors” con Sean Penn y Robert Duval (los invito a que la vean) en uno de sus últimos libros Cop Spirit explica lo ridículamente inservible que es reducir el servicio policial a solo estas dos funciones, cuando son solo dos “sombreros” (así lo refiere el no me vean con ojos raros) de los mucho que el policía usa en servicio. “Eres guardián y de repente hay un choque, te quitas el sobrero de guardián y te pones el de paramédico, hay un problema legal te pones el sombrero de abogado; un problema de salud mental, el de psicólogo y así sucesivamente”. Por lo que un elemento policial se vuelve el ser más multifacético dentro de una sociedad por lo que la remuneración debería ser acorde a sus servicios. Y por favor, respete la norma, no podemos quejarnos del servicio policial si pretendemos que la ley se use a discreción… ¿Se le hace muy caro $3,000 pesos por pasarse un alto? Fácil, pague su multa y no se lo vuelva a pasar y ¡listo! Ya no lo vuelve a hacer ¿Muy delicadito porque se puso altanero con el o la policía y golpeo a uno, situación que le hizo acreedor a un método de control y después a la aplicación de un dispositivo de restricción como las esposas? Respete al policía. Somos servidores públicos, no nanas ni sparrings.

hidalgomontes@gmail.com




miércoles, 23 de abril de 2025

 La Hoplología, ciencia ignorada en la formación y profesionalización policial en México

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

En el contexto actual de México, donde las fuerzas policiales enfrentan desafíos complejos y multifacéticos, es imperativo explorar otras ciencias y disciplinas que enriquezcan la formación y profesionalización de los cuerpos de seguridad. Una de estas ciencias es la hoplología, el estudio de la conducta combativa humana, que ofrece perspectivas valiosas para entender y mejorar las prácticas policiales.

¿Qué es la hoplología?

La hoplología, es la ciencia que estudia el comportamiento y rendimiento humano en situaciones (hablando únicamente desde el punto de vista del servicio policial) de uso de la fuerza, tanto armado como desarmado. También estudia 1) cómo luchan las personas, 2) por qué lo hacen, 3) cómo las diferentes culturas han manifestado estas conductas, 4) el desarrollo de armas, armaduras y otras herramientas de uso de las fuerza, así como 5) el desarrollo de la cultura de la lucha.

La hoplología puede dividirse en a) conductual, la cual analiza los factores psicológicos y fisiológicos que afectan el rendimiento en el uso de la fuerza y por otro lado b)tecnológica, que estudia el desarrollo de armas, armaduras y herramientas para (en caso del servicio policial) hacer cumplir la ley.

La palabra hoploogía derivada del griego “hoplon” (arma) y “logos” (estudio). Fundada por el explorador y lingüista Sir Richard Burton en el siglo XIX y desarrollada académicamente por Donn F. Draeger en la década de 1960 (así que nuevo, no es), la hoplología examina cómo las culturas desarrollan sistemas de combate, las motivaciones detrás de la violencia y las respuestas humanas en situaciones de conflicto.

Dentro del servicio policial se empezó a hablar abiertamente de este tema hasta que autores e investigadores con antecedentes dentro del servicio militar o de aplicación de la ley como el teniente coronel David Grossman con su obra “sobre el combate”, Michael Brave, del Use of Force Institute (quien es a mediados de los 90 quien introduce la materia de uso de la fuerza de forma práctica a México), la empresa Taser (hoy Axon) desde mediados de los 80 y el Doctor William Lewinski de Force Science (por solo mencionar algunos) impulsan la importancia de este tema dentro del servicio policial.

La aplicación de la hoplología en la formación y servicio policial podemos dividirla en tres grandes pilares

a) Comprensión de la conducta agresiva y/o de supervivencia

Permite a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley entender las raíces culturales y psicológicas de la violencia, facilitando una mejor interpretación de las situaciones de riesgo y una respuesta más adecuada de ellos, pero también de lo que sucede dentro de la cabeza y el cuerpo del agresor.

b) Desarrollo de tácticas de intervención

Al estudiar diferentes sistemas de uso de la fuerza y sus aplicaciones, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden adquirir habilidades tácticas más efectivas y adaptables a diversos escenarios, mejorando su capacidad de respuesta ante amenazas a través de entrenamiento basado en la realidad, generando evidencias e indicadores de los mismos con el fin de poder evitar futuras cicatrices de entrenamiento[i].

c) Fortalecimiento de la disciplina y la ética

Enfatiza la importancia de la disciplina, el autocontrol y la ética en situaciones de uso de la fuerza, valores que son esenciales para el ejercicio responsable del servicio policial.

               El integrar dentro de las políticas y estándares en el estudio e impartición de la hiplología en la formación y profesionalización policial nos permitirá obtener los siguientes beneficios:

·       Mejoramiento en la toma de decisiones: Una comprensión profunda del comportamiento agresivo y/o de supervivencia permite a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tomar decisiones más informadas, apegadas al andamiaje legal existente y efectivas en situaciones de alto riesgo.

  • Reducción del uso excesivo de la fuerza: Al entender las dinámicas de confrontación, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden aplicar técnicas de desescalada más eficaces, minimizando la necesidad de recurrir a la fuerza.
  • Incremento en la confianza ciudadana: Una policía mejor preparada y más consciente de su rol en la sociedad contribuye a fortalecer la confianza y la cooperación de la comunidad.

La hoplología ofrece una perspectiva única y enriquecedora para la formación y profesionalización de los servicios policiales en México. Al comprender mejor la naturaleza del comportamiento agresivo y las dinámicas de la violencia, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden desempeñar su labor de manera más efectiva, ética y segura. Integrar esta disciplina en las políticas de formación policial no solo mejora las capacidades operativas, sino que también contribuye a construir una relación más sólida y de confianza con la ciudadanía por lo que se vuelve imperante:

  • Incorporación en los planes de formación y educación continua: Integrar módulos de hoplología en las academias de policía para proporcionar una formación más completa y contextualizada.
  • Capacitación continua: Ofrecer talleres y cursos de actualización en hoplología para mantener a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley al día con las últimas investigaciones y prácticas.
  • Colaboración interdisciplinaria: Fomentar la cooperación entre expertos en hoplología, policiología, derecho, criminología, medicina y psicología para desarrollar programas de formación y profesionalización integrales.

 

hidalgomontes@gmail.com






 Zemiología: una mirada crítica para fortalecer las políticas de seguridad en México

 

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

 

En el complejo panorama de seguridad que enfrenta México, caracterizado por la presencia de múltiples actores delictivos, violencia endémica, una campaña para combatir la música que haga apología del delito (que prácticamente condena la narración de los mismo pero que curiosamente no los hechos que la generan) y una percepción ciudadana de inseguridad persistente, se hace imperativo explorar enfoques innovadores que complementen las estrategias tradicionales. Desde la administración del ahora expresidente López Obrador hasta la actual de la Doctora Claudia Sheinbaum, hemos escuchado la expresión “debemos combatir las causas” y esto se debe a que (nos guste o no) el tejido social en México se ha ido dañando desde hace décadas. Pero esto de “combatir las causas” no es tan sencillo como se intenta dejar ver. Es aquí donde aparece una herramienta que, bien utilizada, se vuelve la luz al final del túnel “La zemiología”. ¿What? ¿Qué es eso? Bueno, la zemiología es la ciencia que estudia los daños sociales más allá de las tipificaciones legales, emerge como una herramienta valiosa para comprender y abordar las dinámicas estructurales que subyacen en los fenómenos de violencia y criminalidad. Es decir, va mas allá del derecho, la criminología y la policiología.

 

 

A veces confundida con su hermana (fonéticamente hablando) la semiología, la cual se encarga del estudio de los signos y síntomas de las enfermedades, incluyendo fenómenos espontáneos o provocados, subjetivos y objetivos, locales y generales, funcionales u orgánicos que ocurren en el proceso de la enfermedad. La zemiología (con z), derivada del griego zēmía (daño), se centra en el análisis de los daños sociales que afectan a grandes sectores de la población, pero que no siempre son reconocidos como delitos en los marcos legales tradicionales. Esta disciplina, surgida de la criminología crítica, pone énfasis en cómo las estructuras sociales, económicas y políticas pueden generar daños significativos, como la pobreza, la exclusión y la violencia estructural, que a menudo quedan fuera del alcance del sistema penal convencional (como podrán apreciar se ajusta más a la realidad del México contemporáneo). En el contexto mexicano, donde la violencia y la desigualdad están profundamente arraigadas, la zemiología ofrece una perspectiva que permite identificar y abordar las causas subyacentes de la inseguridad, más allá de los síntomas visibles.

 

 Las aplicaciones prácticas de la zemiología en políticas de seguridad podemos separarlas en tres grandes rubros:

 

a) Identificación de daños estructurales


La zemiología permite reconocer formas de violencia que no siempre son catalogadas como delitos, pero que tienen un impacto profundo en la sociedad. Por ejemplo, la marginación de comunidades enteras, la falta de acceso a servicios básicos o la impunidad en casos de corrupción pueden ser vistos como daños sociales que contribuyen a un entorno propicio para la violencia y la delincuencia, basta analizar zonas donde se extrae hidrocarburo de forma ilegal para darnos cuenta de que en el 90% de los casos encaja perfectamente esta narración en materia social.

 

b) Evaluación de políticas en materia social, penal, criminológica y policiológica


Al enfocarse en los daños sociales, la zemiología proporciona herramientas para evaluar el impacto real de las políticas públicas que se llevan a cabo dentro de una sociedad (no importando el corte de estas). Esto implica analizar si las estrategias implementadas están reduciendo efectivamente los daños estructurales o si, por el contrario, están perpetuando condiciones que favorecen la violencia y la delincuencia.

 

c) Diseño de intervenciones integrales


Incorporar la perspectiva zemiológica en el diseño de políticas que impactan a la población permite desarrollar intervenciones más holísticas (perdón, esa palabra me causa repele, pero es la que más se ajusta en el contexto del presente texto), que aborden tanto los factores inmediatos de la criminalidad como las condiciones estructurales que la alimentan. Esto puede incluir programas de desarrollo social, reformas institucionales y mecanismos de justicia restaurativa

 

Al integrar a la zemiología de forma seria dentro de las políticas del Estado mexicano para reducir los índices de violencia y delincuencia tendríamos beneficios tales como:

 

  • Prevención más efectiva: Al identificar y abordar los daños sociales que subyacen a la criminalidad, es posible prevenir la violencia y la delincuencia de manera más efectiva que mediante enfoques punitivos tradicionales.

 

  • Mejora en la equidad y justicia social: La zemiología promueve una visión de la seguridad que incluye la justicia social, al reconocer y enfrentar las desigualdades que contribuyen a la inseguridad (que es lo que buscamos todos los mexicanos no importando que grupo político ostente el poder).

 

  • Fortalecimiento de la legitimidad institucional: Al atender las causas estructurales de la violencia, las instituciones pueden ganar mayor legitimidad y confianza por parte de la ciudadanía (que mucha falta hace).

 

Para poder generar diagnósticos más certeros utilizando la zemiología debemos entender que las instituciones policiales no pueden acabar con el problema de la violencia en el país (aunque se escuche rudo) debido a que las instituciones policiales (no importa del orden de gobierno que sean: municipal, estatal o federal) no controlan todas las políticas que un Estado implementa. Es decir, solo podrá disminuir algunos factores que generan violencia y delincuencia, pero no todos.

 

Para poder implementar el enfoque zemiológico en las políticas del Estado mexicano necesitamos: 1) Capacitar a personal de seguridad y formuladores de políticas en enfoques zemiológicos para enriquecer su comprensión de los factores estructurales de la violencia. 2)  Fomentar el trabajo conjunto entre expertos en seguridad, sociólogos, economistas y otros profesionales para desarrollar estrategias integrales y por último 3) Establecer mecanismos para evaluar el impacto de las políticas de seguridad en la reducción de daños sociales, ajustando las estrategias según sea necesario (Si no hay evidencia no sirve).

 

La integración de la zemiología en las políticas de seguridad en México ofrece una perspectiva enriquecedora que complementa las estrategias tradicionales (las cuales ya comienzan a verse obsoletas). Al comprender y abordar las dimensiones estructurales de la violencia y la criminalidad, es posible desarrollar intervenciones más efectivas y justas. En un entorno donde los daños sociales juegan un papel crucial en la construcción de realidades de inseguridad, la zemiología se presenta como una herramienta indispensable para la formulación de políticas de seguridad más humanas y eficaces apegadas a evidencias científicas no a creencias y/o suposiciones.

 

hidalgomontes@gmail.com






lunes, 31 de marzo de 2025

 Seguridad sin brújula: el costo de ignorar la evidencia en México

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes


En México, la seguridad ciudadana ha sido abordada, durante décadas, con una lamentable mezcla de urgencia, improvisación, discurso político y condimentada con una pizca de buenas intenciones (como si se tratara de una receta de Chepina Peralta). En lugar de estrategias sustentadas en evidencia empírica y análisis técnico, predominan decisiones reactivas, de corto plazo, que priorizan efectos mediáticos sobre resultados sostenibles (llamados en el argot policial “bomberazos”). Este enfoque ha contribuido a la prolongación y recrudecimiento de la violencia, al debilitamiento institucional y al deterioro de la confianza ciudadana.

Basándonos en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el año 2023 cerró con más de 29,000 homicidios dolosos y en 2024 hubo 30,057. Pese a los múltiples cambios de administración y programas en materia de seguridad, las cifras de violencia se han mantenido persistentemente altas. Es aquí donde salta la odiosa pregunta: ¿Qué estamos haciendo mal? La respuesta parece estar en la raíz: estamos tomando decisiones sin evidencia (Es decir, sin conocimiento y basadas en creencias, no en hechos).

Uno de los errores más recurrentes en el diseño de políticas policiológicas y criminológicas en México ha sido la adopción de modelos extranjeros o propuestas ideológicas sin una evaluación rigurosa de su viabilidad en contextos locales. La falta de diagnósticos adecuados, el escaso uso de datos confiables y la ausencia de evaluaciones independientes perpetúan un ciclo de ensayo y error en el que los errores se pagan con vidas humanas (Si no me creen recuerden cuando a finales de la década de las 90´s se contrató a Rudolph Giuliani para realizar un diagnóstico de seguridad en CDMX que arrojo los mismos resultados de otro trabajo realizado antes por policías del entonces Distrito Federal).

La militarización de la seguridad es quizá el ejemplo más evidente. Desde 2006, México ha depositado en las fuerzas armadas tareas de seguridad ciudadana bajo el argumento de su eficacia operativa. No obstante, múltiples estudios han documentado que este modelo no solo ha sido ineficaz para reducir la violencia, sino que ha incrementado los riesgos de violaciones a derechos humanos (no porque no estén preparados o mal equipados, si no debido a que de génesis su formación laboral es de otra índole).

El informe de Human Rights Watch (2023) y los propios datos de la CNDH evidencian un aumento sostenido en quejas contra personal militar desde que se les asignaron labores de patrullaje y control civil. Además, investigaciones académicas como la de Ríos y Shirk (Justice in Mexico, 2021) demuestran que la presencia militar no guarda correlación directa con una disminución sostenible del crimen.

La improvisación ha alcanzado incluso áreas tan sensibles como la atención a víctimas y la búsqueda de personas desaparecidas. El caso del fallido Registro Nacional de Personas Desaparecidas es paradigmático: sin financiamiento adecuado, sin coordinación entre órdenes de gobierno y con metodologías opacas, los registros oficiales han sido cuestionados incluso por las familias de las víctimas.

En 2024, un reportaje de El País reveló que la cifra real de desaparecidos podría estar significativamente subestimada por la “depuración” de datos sin consulta ni transparencia. Incluso, escondiendo a víctimas mortales de la violencia en categorías como: “desaparecidos” y “otros tipos de delito que atentan contra la vida”. Este tipo de decisiones sin evidencia ni participación social solo abona a la desconfianza y al retraimiento de la ciudadanía frente al Estado.

Del mismo modo, las estrategias preventivas de violencia y delincuencia como los programas de "mochila segura", puntos fijos de control o los toques de queda informales que algunos municipios y comunidades han adoptado de manera unilateral no han mostrado impacto en la reducción de delitos y la violencia, generan tensiones legales y sociales.

La falta de estrategias claras y de largo plazo ha provocado una desarticulación entre los distintos actores del sistema de seguridad y justicia. Fiscalía, policía municipal, Guardia Nacional, ejército y gobiernos estatales actúan muchas veces con criterios contradictorios, compitiendo por recursos o protagonismo político.

Según un informe del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la dispersión institucional y la ausencia de una política nacional coordinada han obstaculizado la implementación efectiva de modelos exitosos como la justicia cívica, la mediación comunitaria o la policía de proximidad.

La consecuencia directa de esta fragmentación es que ningún actor asume responsabilidad plena sobre los resultados. Y cuando todos son responsables, nadie lo es realmente.

La buena noticia es que existen alternativas. Países como Colombia, Chile y algunos estados de EE.UU. han logrado avances significativos al adoptar políticas públicas basadas en evidencia. En México también hay ejemplos alentadores: municipios como Escobedo (Nuevo León) y programas como el de Justicia Cívica en Morelia han mostrado resultados positivos al aplicar intervenciones probadas, con evaluación constante y participación ciudadana.

Adoptar una perspectiva de “gobierno basado en evidencia” no es un lujo tecnocrático: es una necesidad urgente. Esto implica:

  1. Diagnósticos rigurosos: Invertir en datos confiables y análisis territorial del delito.
  2. Evaluación de impacto: Toda política debe medirse, no solo por intenciones, sino por      resultados.
  3. Rendición de cuentas (que en México le tenemos fobia): Los responsables de las políticas deben asumir su desempeño, con consecuencias claras.
  4. Participación ciudadana: Incluir a la comunidad en el diseño y revisión de las políticas mejora la legitimidad y eficacia de las acciones.

Documentos como las “Guías para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia” de CONEVAL y la Secretaría de Gobernación (2021) ofrecen rutas claras para transitar hacia este modelo. No se trata de inventar de cero, sino de adaptar lo que ya sabemos que funciona, el problema es que ni a las autoridades políticas ni a muchos mandos policiales les gusta investigar.

La crisis de seguridad en México no se resolverá con más recursos ni con discursos más duros. Se resolverá cuando el Estado (en sus distintos órdenes) tome decisiones informadas, medibles y orientadas a resultados. Mientras sigamos diseñando políticas con base en percepciones, intuiciones o presiones mediáticas, estaremos condenados a repetir los mismos errores.

El tiempo de improvisar ya pasó. Lo que hoy se necesita es claridad, ciencia y compromiso político real. Solo así podrá México aspirar a construir una paz duradera, con justicia y con verdad.


hidalgomontes@gmail.com





lunes, 24 de marzo de 2025

 Un riesgo emergente silencioso se presenta: La modificación del consumo de drogas sintéticas en México

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

En los últimos meses, México ha intensificado (más por presión que por obligación) de forma significativa sus esfuerzos contra de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, particularmente en lo que respecta al combate a las drogas sintéticas. Un caso emblemático se registró hace unos días en el estado de Zacatecas, donde las fuerzas federales desmantelaron un laboratorio clandestino de dimensiones industriales. En dicho operativo, las autoridades incautaron más de 27 toneladas de metanfetamina, una cifra sin precedentes que equivale a aproximadamente 698 millones de dosis individuales, según reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional y del medio español El País. Este tipo de acciones evidencian una política más agresiva del Estado mexicano hacia las estructuras logísticas de los cárteles, al centrarse no sólo en el aseguramiento de sustancias, sino también en neutralizar la capacidad de producción masiva de drogas haciendo énfasis que esto ha sido derivado a la rampante presión del presidente Trump y la latente posibilidad de desplegar acciones militares de Estados Unidos en territorio mexicano.

 

Sin embargo, estos contundentes golpes a las organizaciones criminales no han estado exentos de efectos colaterales. El incremento de la presión policial y militar ha provocado una reconfiguración en las rutas y estrategias del crimen organizado, debido a que particularmente en lo referente al tráfico y consumo de fentanilo. Existen indicios preocupantes de que esta droga, hasta ahora consumida mayoritariamente en Estados Unidos, comienza a penetrar con mayor fuerza en el mercado mexicano. Esta posible transición responde no sólo al endurecimiento de los operativos, sino también a la creciente disponibilidad de precursores químicos y a la adaptación de los cárteles a las nuevas dinámicas del mercado global de estupefacientes. Lo anterior debida a que, al configurarse como una empresa (criminal en este caso) tienen una estructura que mantener.

 

El fentanilo es una de las sustancias más potentes y peligrosas del actual panorama de drogas. Se estima que es entre 50 y 100 veces más fuerte que la morfina, y una cantidad tan pequeña como dos miligramos puede ser letal. Esta característica convierte al fentanilo no solo en una amenaza para quienes lo consumen de forma intencional, sino también para aquellos que pueden exponerse de manera accidental. Policías, militares, paramédicos y bomberos, por ejemplo, corren el riesgo de intoxicarse simplemente al entrar en contacto con residuos de la sustancia durante operativos o tareas de rescate. Han existido reportes internacionales de casos de sobredosis entre primeros respondientes, lo que subraya la urgencia de una respuesta institucional adecuada.

 

A pesar de la peligrosidad ampliamente documentada del fentanilo, México aún no ha logrado establecer protocolos de actuación estandarizados para la protección del personal de emergencia y aunque la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (INL) ha estado capacitado de forma constante a elementos policiales en México, aun no se ha permeado los procedimientos a todos los policías y ni se diga a otros miembros de la comunidad de respuesta a emergencias como paramédicos y/o bomberos.

 

 En contraste, países como Estados Unidos han desarrollado manuales detallados que abordan desde el uso obligatorio de guantes y mascarillas especiales, hasta procedimientos de descontaminación y administración de naloxona en casos de exposición. En nuestro país, como ya se explicó anteriormente, capacitación específica es escasa y el acceso a insumos adecuados resulta limitado, especialmente en municipios con menor presupuesto. Esto representa una vulnerabilidad crítica que debe ser atendida de manera urgente por los tres niveles de gobierno.

 

Ante este escenario, resulta imperativo que las autoridades mexicanas de los tres órdenes de gobierno diseñen y apliquen un protocolo nacional unificado (que ya existe y fue diseñado por un connotado policía chihuahuense Pablo Cajigal del Ángel). Dicho protocolo debería ser incluido en el Programa Rector de Profesionalización (PRP) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad de Seguridad Pública (SNSP) para ser parte de la formación y profesionalización policial para poder informar sobre la identificación y manipulación segura de sustancias sintéticas, dotación obligatoria de equipos de protección individual de alta especificación, y rutas claras de actuación en situaciones de riesgo. También se requiere establecer un sistema nacional de monitoreo y reporte de incidentes de exposición, para generar estadísticas y evidencias (cosa que le choca a las cabezas de estos sectores) confiables que sirvan como base para la mejora constante de las políticas públicas en esta materia.

 

La colaboración internacional también debe ser vista como un componente estratégico de esta lucha. Como ya es conocida, en fechas recientes, México y Estados Unidos reforzaron su acuerdo bilateral para combatir tanto el tráfico de fentanilo como el flujo ilegal de armas, comprometiéndose a compartir inteligencia y buenas prácticas (fuente: EMEEQUIS). Este tipo de cooperación puede ser clave para la transferencia de tecnología, insumos médicos y conocimientos técnicos que fortalezcan la capacidad de respuesta de las instituciones mexicanas. La experiencia estadounidense, por ejemplo, ha demostrado la eficacia de dotar a todo el personal de campo con kits de naloxona, una medida que podría replicarse en zonas de alto riesgo en nuestro país.

 

Si bien es justo reconocer los avances en el combate al narcotráfico, después de haber encontrado al país convulso en materia de seguridad por la administración pasada, también es necesario señalar con firmeza los desafíos emergentes que esta estrategia ha provocado. El crecimiento potencial del consumo de fentanilo en México plantea un reto sanitario, logístico y operativo de gran escala. Frente a esta amenaza, el Estado debe responder con políticas integrales que no sólo persigan el decomiso y la erradicación, sino que también protejan la vida de quienes están en la primera línea de respuesta. La profesionalización de los cuerpos de emergencia, la inversión en tecnología y la estandarización de protocolos no son lujos, sino requisitos básicos para hacer frente con eficacia a la nueva cara del narcotráfico en México.



hidalgomontes@gmail.com




domingo, 9 de marzo de 2025

 México y Estados Unidos: ¿Más policías o mejor capacitación?

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

A través del tiempo, la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad ha sido un tema de constante tensión y negociación y desde el regreso del presidente Trump ha añadido un ingrediente de franca hostilidad a este coctel. Con la reciente reconfiguración de acuerdos bilaterales y el cambio de enfoque en la cooperación entre ambos países, la pregunta central sigue siendo la misma: ¿qué necesita más México para hacer frente a la crisis de violencia e inseguridad? ¿Más policías en las calles o una mejor profesionalización de los cuerpos de seguridad?


El paradigma de la seguridad en México ha oscilado entre una estrategia basada en el incremento del número de efectivos y otra orientada a la mejora de las capacidades institucionales. Sin embargo, la evidencia apunta a que el simple aumento de elementos en las fuerzas del orden no garantiza una disminución de la violencia y/o la delincuencia. Ejemplo de ello son los constantes casos de corrupción, abuso de autoridad y la falta de confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.


Desde la Iniciativa Mérida hasta su transformación al Entendimiento Bicentenario, la cooperación entre México y EE.UU. ha tenido altibajos, pero una constante es la preocupación de Washington por el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad mexicanas. No obstante, la prioridad debe estar en la calidad sobre la cantidad. Un policía bien formado, con capacidades técnicas y conocimientos en derechos humanos, investigación criminal y resolución de conflictos, es mucho más valioso que diez policías sin preparación adecuada. El problema radica es que, se confunde la calidad de la formación y profesionalización con las horas necesarias para ello. Hemos pasado de 872 horas necesarias para la formación de un elemento policial en 2012 a 1,080 en 2024 y no se ha visto una mejora sustancial. En América Latina existen casos como el de Perú donde la Policía Nacional estudia seriamente bajar su formación de 3 años a 1 ya que no se ve el impacto positivo de tiempo versus calidad. Y ni se diga de lo lento que es el cambio o adición de temas en el Programa Rector de Profesionalizacion (que es el documento que rige la formación y profesionalización policial en Mexico), ya que el Sistema Nacional del Seguridad Pública se ha viste lento desde hace lustros para poder estar en la vanguardia en temas como uso de la fuerza, análisis criminal, bienestar mental policial, protocolos de seguridad en caso de detención de laboratorios o cargamentos con drogas (la intoxicación por contacto de fentanilo es una realidad mortal en el servicio policial en México), por solo mencionar algunos temas.


El caso de la policía comunitaria en diversas regiones del país es un ejemplo de cómo la capacitación y la cercanía con la población pueden generar mejores resultados que la mera militarización de la seguridad. La cooperación con Estados Unidos debe enfocarse en la transferencia de tecnología, inteligencia y programas de profesionalización que permitan construir instituciones confiables, no solo en dotar de armamento y equipamiento a fuerzas mal preparadas y poder lograr que aquellos elementos que salen de las academias de formación, con el tiempo se vuelven los jefes de sus policías, es ahí y solo ahí donde se ve coronado un sistema policial tal y como pasa en las fuerzas armadas, donde un cadete entra al sistema de formación y sabe que si hace bien las cosas y es dedicado hay altas posibilidades de llegar a general y porque no, quizá, secretario de Defensa o Marina (según sea el caso). Esto le cerraría la puerta a pseudo expertos en seguridad que no tienen el perfil ni los conocimientos necesarios para dirigir una institución policial.


La respuesta a la pregunta inicial es clara: México necesita mejor capacitación, estructuras sólidas y cuerpos de seguridad con altos estándares de profesionalismo. No se puede generar a los mejores policías si no tienes a los mejores instructores, y que estos roten entre la academia y la calle cada 3 o 4 años, para que puedan aplicar su expertise en la calle al mismo tiempo de poder aplicar los conocimientos especializados que van adquiriendo ya que en muchas academias de nuestro país tenemos a instructores con 20 años de experiencia en aula y el mismo tiempo sin pisar la calle. ¿Qué puede enseñar en esas circunstancias si la fenomenología delincuencial de hace 20 años no es la misma que la de ahora? Sólo así se podrá garantizar una seguridad sostenible y efectiva, más allá de las coyunturas políticas y los intereses de corto plazo.


hidalgomontes@gmail.com