Cambio en la Visión de Seguridad.

 

Por: Mtro. Eduardo García Anguiano.

 

El discurso del Palacio Nacional y el Pacto de Chapultepec muestran señales de cambio. Durante los últimos meses se debatió si era factible otra política de seguridad, los más la denominaban estrategia y colocaban en el centro de las discusiones el combate al narcotráfico.

 

A raíz del traspaso en el Poder Ejecutivo Federal, observamos en la alocución de su titular en el Palacio Nacional tres puntos: 1) Promover un Programa Nacional de Prevención del Delito, 2) Desistir la controversia constitucional para que la Ley Federal de Víctimas sea aprobada por el Congreso y 3) Enviar una iniciativa de reforma para un sólo Código Penal de aplicación nacional y uno de Procedimientos Penales.

 

Asimismo, en el Pacto de Chapultepec se agregaron otros compromisos como parte de los “Acuerdos para la Seguridad y la Justicia”, cuyo cumplimiento impulsará: reformas a los cuerpos de policía, reforma a la Ley de Amparo y al sistema penitenciario

 

Y se concretizó un poco más en los objetivos: “recuperar la paz y la libertad disminuyendo la violencia, en específico se focalizarán los esfuerzos del Estado mexicano para reducir los tres delitos que más lastiman a la población: asesinatos, secuestros y extorsiones”.

 

Una primera lectura de ambos instrumentos públicos, nos sugiere diversos puntos a resaltar comparados con la anterior administración:

 

·       Se separan los temas de seguridad pública y seguridad nacional que en el pasado inmediato aparecían con fronteras muy tenues, cuando el combate al narcotráfico calificado de seguridad nacional, derivó en uno de seguridad pública sin neutralizarse el primero.

 

·       Se dará prioridad a la prevención sobre la represión y además se incorporará a otras dependencias públicas en la tarea, actividad que aunque ya fue considerada como objetivo, el monto de recursos que recibió fue mucho menor en comparación con los que sustentaron las áreas operativas, además no tuvo el carácter de política transversal.

 

·       También se atenderán demandas urgentes de la población relativas a tres delitos que hoy generan un alto impacto en la gente y cuyo índice aumentó en el sexenio anterior, así como sus consecuencias.

 

·       Se dará sentido de uniformidad al tratamiento de los delitos en virtud de que los códigos penales locales ubican penalidades diferentes a los mismos delitos.

·       Se enfatizará en la función originaria de las policías municipales que en la práctica y luego legalmente, fueron llevadas a tareas de seguridad nacional en un tiempo muy corto, sin que el incremento de sus capacidades creciese al mismo ritmo a pesar de los recursos con las que fueron apoyadas.

 

·       Además se creará un cuerpo de seguridad para lugares y tareas específicas, que al menos en el papel realizará funciones complementarias a la Policía Federal.

 

·       Se despresurizará el sistema penitenciario cuyo hacinamiento es un problema que se incrementó en los últimos años y además se complementaría con medidas extracarcelarias.

 

A reserva de lo que se conocerá posteriormente cuando se divulguen otros textos de política o planeación gubernamental, adelanto algunas conclusiones:

 

1.     El gobierno federal dará prioridad a un problema de seguridad pública heredado, que propiamente es del orden local y que hoy por su magnitud, requiere situarlo en la agenda de política nacional.

 

2.     Se atenderá a las víctimas del delito, complicación que generó la administración anterior y que como toda política de nuevo cuño tendrá la oportunidad de probarse.

 

3.     La transversalidad en la política de prevención del delito es un avance para lograr un mayor alcance e impacto social, en virtud de que anteriormente se circunscribió a la procuración de justicia o a la seguridad.

 

4.     Se incursionará en reformas legales que superan los esfuerzos pasados de homologación de legislaciones, para alcanzar uniformidad en los criterios penales.

 

5.     Las líneas políticas enunciadas tendrán que concatenarse y/o separarse de las de seguridad nacional, que son facultad del gobierno federal y pueden sumarse los gobiernos locales.

 

6.      Las tareas de seguridad pública habrá que engarzarlas con la política de seguridad interior.

 

Mas que enfatizar en cambios a la estrategia, lo que en el pasado resultó un debate estéril, con las líneas anunciadas considero es posible empezar a generar una visión de política de Estado, que defina cabalmente la política de seguridad pública en el marco de las grandes directrices de seguridad de un proyecto de orden nacional.

 

 

@EGAnguiano