El Blog de la Seguridad

 Terroristas, narcos y fronteras: La herencia del 11 de septiembre 25 años después

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

Hay fechas que sirven para dividir la historia en un antes y un después. El 11 de septiembre de 2001 es una de ellas. Quienes tenemos edad suficiente (jamás pensé en decir esto) para recordar aquella mañana sabemos exactamente dónde estábamos cuando vimos el segundo avión impactar contra la Torre Sur del World Trade Center. En cuestión de minutos quedó claro que no estábamos viendo un accidente. Tampoco era solamente un ataque contra Nueva York o Washington. Era el inicio de una transformación profunda de la seguridad internacional…su servidor recuerda vívidamente (con el español refinado que me caracteriza) solamente decir… “¡Ya valió madre!

A 25 años de este suceso, resulta difícil dimensionar cuántas cosas que hoy consideramos normales comenzaron a cambiar a partir de aquel martes: controles aeroportuarios (que odio más que aquellos individuos que ponen los frijoles en el refri en tóper de yogurt de fresa), listas de pasajeros, intercambio de inteligencia, seguimiento de operaciones financieras, vigilancia fronteriza, cooperación policial internacional, biometría, protección de infraestructura crítica y una larguísima lista de medidas que terminaron modificando incluso la vida cotidiana.

Estados Unidos reorganizó buena parte de su aparato de seguridad. En 2003 comenzó a operar el Department of Homeland Security (DHS), que integró 22 agencias y oficinas federales bajo una estructura creada precisamente como respuesta al nuevo escenario posterior al 11-S. Pero existe otra consecuencia del 11 de septiembre de la que hablamos mucho menos.

Los ataques obligaron a mirar con otros ojos algo que América Latina conocía desde hacía años: las fronteras entre terrorismo, delincuencia organizada, narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, trata de personas, falsificación de documentos y lavado de dinero podían ser bastante menos claras de lo que tradicionalmente suponíamos. Y aquí conviene hacer una precisión fundamental. El 11-S no descubrió el terrorismo en América Latina ni creó la relación entre organizaciones terroristas y actividades delincuenciales. Esa historia había comenzado mucho antes. Basta recordar Buenos Aires.

En 1992 fue atacada la Embajada de Israel en Argentina. Dos años después, el 18 de julio de 1994, una bomba destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Murieron 85 personas además de 151 heridos como consecuencia directa de la explosión.

El Departamento de Justicia estadounidense ha acusado a integrantes de Hezbollah de participar en la planeación y ejecución del atentado contra la AMIA, mientras que el Departamento del Tesoro ha documentado posteriormente redes vinculadas con esa organización que desarrollaron actividades comerciales y financieras en Sudamérica. Es decir, cuando cayeron las Torres Gemelas ya existían en nuestro continente antecedentes que obligaban a mirar mucho más allá del delincuente tradicional.

Otro caso emblemático es el de Perú que con la organización “Sendero Luminoso” oriundo de la región de Ayacucho en aquella región andina fue tristemente ícono del terrorismo político en América Latina. Otro caso importante es el de Colombia que durante años, organizaciones armadas combinaron objetivos políticos, control territorial, secuestro, extorsión y violencia con economías delincuenciales. Es aquí que comenzó a cobrar fuerza una palabra que después sería utilizada hasta el cansancio: “narcoterrorismo”. El problema es que repetirla muchas veces no necesariamente ayuda a entender el fenómeno.

Terrorismo y delincuencia organizada no son sinónimos. Un grupo terrorista utiliza la violencia fundamentalmente como instrumento para alcanzar determinados objetivos políticos, ideológicos o religiosos. Una organización delincuencial busca primordialmente beneficios económicos, mercados ilícitos, protección de sus operaciones y, en numerosos casos, control territorial. Pero una cosa es que sean fenómenos distintos y otra muy diferente que vivan en universos separados.

Naciones Unidas lo reconoce expresamente. UNICRI identifica dos dinámicas particularmente importantes en América Latina: organizaciones terroristas que recurren a actividades delincuenciales para financiar sus objetivos y organizaciones delincuenciales que emplean técnicas y tácticas asociadas al terrorismo para obtener beneficios económicos. Narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero pueden encontrarse de un lado; asesinatos, secuestros, extorsiones y ataques contra civiles o infraestructura crítica, del otro.

En febrero de 2026, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas volvió sobre el problema. Su planteamiento es particularmente útil: terrorismo y crimen organizado siguen siendo fenómenos distintos, pero pueden cooperar, coexistir e incluso aprender tácticas uno del otro. Esa probablemente sea la palabra que mejor describe lo que estamos observando: convergencia (no, el partido político que sostenía este nombre, aguante y ahorita explico). Y el 11 de septiembre hizo que Estados Unidos comenzara a observar esa convergencia como un asunto directamente relacionado con su seguridad nacional.

México inevitablemente entró en esa ecuación, antes del 11-S, la conversación bilateral estaba fuertemente concentrada en migración, comercio y narcotráfico. De hecho, Vicente Fox y George W. Bush habían iniciado 2001 hablando de construir una relación migratoria diferente. Los atentados cambiaron las prioridades. El Congressional Research Service documentó posteriormente cómo las conversaciones migratorias se estancaron después de septiembre de 2001 mientras la seguridad fronteriza adquiría un peso mucho mayor. La frontera dejó de ser observada solamente como una línea por la que cruzaban personas, mercancías y drogas. Comenzó a entenderse también como una posible vulnerabilidad para la seguridad nacional estadounidense. Desde entonces, narcotráfico, migración irregular, tráfico de armas, lavado de dinero, terrorismo e inteligencia fueron acercándose dentro de la agenda bilateral. Y entonces apareció otra transformación: las organizaciones delincuenciales mexicanas comenzaron a utilizar métodos de violencia que, visualmente, podían parecerse a los empleados por organizaciones terroristas.

Carros bomba, artefactos explosivos improvisados, drones con explosivos y/o agentes químicos, decapitaciones, cuerpos exhibidos públicamente, ataques contra instalaciones categorizadas como críticas, asesinatos de funcionarios, bloqueos de ciudades, amenazas contra periodistas, videos propagandísticos, vehículos blindados artesanalmente, emboscadas contra policías y militares seguidos de un lamentable etcétera.

La violencia dejó de servir exclusivamente para eliminar al adversario, también comenzó a servir para comunicar y ahí está una de las claves del problema. Cuando una organización abandona la violencia discreta y convierte la brutalidad en espectáculo, busca producir algo adicional a la muerte de su víctima: miedo colectivo (Sun Tzu sostenía: “matar a uno para asustar a cien mil”). El cadáver deja de ser únicamente el resultado de un homicidio y se convierte en mensaje; el vehículo incendiado deja de ser solamente daño material y se transforma en advertencia; el video difundido en redes sociales deja de ser únicamente evidencia de un delito y se convierte en propaganda. Eso no convierte automáticamente a una organización delincuencial en organización terrorista pero sí explica por qué la discusión comenzó a trasladarse desde los círculos académicos y policiales hasta las decisiones políticas.

La culminación de todo este relajito llegó en Estados Unidos en 2025, el 20 de enero de ese año, el presidente Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 14157, que abrió el procedimiento para designar determinados cárteles y otras organizaciones como Foreign Terrorist Organizations y Specially Designated Global Terrorists. Un mes después, la decisión dejó de ser retórica (es decir, nos la dejaron caer…y como consuelo no solo a México).

En aquel primer movimiento, el Departamento de Estado designó al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, además del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha, bajo mecanismos estadounidenses de designación terrorista y entonces aquella discusión que durante décadas parecía reservada para especialistas adquirió consecuencias jurídicas, financieras, diplomáticas y de seguridad nacional.

El Estado mexicano señaló que combatiría a esas organizaciones, pero rechazó que la denominación estadounidense pudiera utilizarse como fundamento para intervenir en territorio mexicano. Su fórmula política fue sencilla: “coordinación y colaboración, pero sin subordinación ni injerencia”. Ese desacuerdo conceptual no ha impedido la cooperación. En septiembre de 2025, ambos gobiernos reafirmaron públicamente una agenda conjunta contra la delincuencia organizada transnacional basada en intercambio de inteligencia, combate a los flujos financieros ilícitos, seguridad fronteriza y acciones contra el tráfico de drogas y armas, señalando expresamente el respeto a la soberanía y la integridad territorial.

Aquí aparece quizá la mayor lección que nos dejó el 11 de septiembre. Las amenazas actuales difícilmente caben en los cajones institucionales que construimos durante el siglo XX ya que el terrorista puede lavar dinero, el narcotraficante puede utilizar explosivos, una organización delincuencial puede controlar territorio, una estructura terrorista puede financiarse mediante contrabando, un grupo armado puede traficar drogas para financiar objetivos políticos y una organización dedicada fundamentalmente al lucro puede emplear tácticas destinadas a aterrorizar comunidades enteras para garantizar impunidad, controlar mercados o doblegar autoridades. Eso es precisamente lo que vuelve tan peligroso el fenómeno no porque todos sean terroristas sino porque las herramientas, capacidades y métodos comienzan a mezclarse.

La diferencia parece pequeña, pero para policías, fiscales, analistas de inteligencia y responsables de políticas públicas es enorme. Confundir delincuencia organizada con terrorismo puede llevar a respuestas jurídicas y operativas equivocadas. Pero ignorar que organizaciones delincuenciales están incorporando tácticas tradicionalmente asociadas con actores terroristas resulta igualmente irresponsable.

Después del 11-S entendimos algo que los atentados de Buenos Aires, el conflicto colombiano, el peruano y posteriormente la violencia delincuencial mexicana ya venían advirtiendo: terrorismo y delincuencia organizada pueden tener motivaciones diferentes y continuar siendo jurídicamente fenómenos distintos, pero eso no impide que compartan dinero, rutas, mercados, conocimientos, métodos o simplemente oportunidades. El error sería pensar que para combatirlos debemos llamarlos igual y el desafío verdadero consiste en aprender a identificar dónde termina uno, dónde comienza el otro y, sobre todo, dónde se encuentran.

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