En el ámbito de seguridad, entre México y EE. UU.: cooperación policial bajo presión

 (y contra reloj)

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Hoy en día existe una ilusión cómoda que, nos guste o no, conviene romper: la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos no es un “sí” o “no”. Es una mezcla variable de inteligencia, judicialización, operaciones, controles políticos y gestos de confianza. Y cuando Washington aprieta (como hoy, con la administración Trump elevando el costo político de “no entregar resultados” en fentanilo, migración y crimen organizado) esa mezcla cambia de densidad.

 

El dato duro más reciente es revelador: México transfirió/entregó otros 37 integrantes y operadores de organizaciones delincuenciales a EE. UU. en este enero de 2026 (lo que eleva la cifra a más de 100), en una operación descrita como respuesta al endurecimiento del contexto bilateral. Esa decisión no es menor: manda una señal de “cooperación con hechos”, pero también exhibe el dilema central de esta etapa: cooperar sin parecer subordinado peeeeero de forma velada unas amenazas constantes que se pueden ilustrar con la expresión del tristemente famoso Zhenli Ye Gon, “empresario” (guiño, guiño) detrás del mayor decomiso de dinero en efectivo de la historia de México: “o copelas o cuello”.

 

En paralelo, Washington ya estaba barajeando la posibilidad de designar a los cárteles desde un lejano 2017, incluso en el minuto 19:50 de la película de Sicario 2: Día del Soldado  (2018) ya se barajeaba esa idea. No es hasta enero del 2023 que esta idea empieza a tomar forma gracias a la propuesta de los entonces congresistas (y ex miembros de las fuerzas especiales norteamericanas) Mike Waltz y Dan Crenshaw para nombrar a los cárteles de las drogas como grupos terroristas, propuesta que fue tomada por el entonces candidato republicano Donald Trump y que, al ganar las elecciones presidenciales, pudo formalizar un marco más agresivo para tratar a ciertos grupos delincuenciales: en enero de 2025 la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva para habilitar designaciones tipo Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) contra “cárteles y otras organizaciones”. Y el Departamento de Estado anunció designaciones de “international cartels” en febrero de 2025. Para México, eso tiene una lectura doble: puede facilitar herramientas financieras y judiciales contra redes transnacionales, pero también abre la puerta a acciones unilaterales (o presión para permitirlas, pregúntenle a Venezuela).

 

Todo esto ocurre encima del andamiaje diplomático existente: el Bicentennial Framework (marco bilateral anunciado en 2021 que suple a la Iniciativa Mérida del 2008) y sus mecanismos de coordinación, que buscaban sustituir la lógica de “guerra” por una de salud pública, reducción de violencia y persecución de redes delincuenciales. En 2025, ambos gobiernos reiteraron públicamente su cooperación y principios de reciprocidad y respeto. Pero los comunicados resisten menos que la política doméstica cuando el tema es “quién está ganando” contra el fentanilo.

 

Con ese tablero, el diagnóstico es claro: la colaboración seguirá, pero con fricciones estructurales. Esta relación entra en una fase de cooperación más intensa, pero más transaccional y políticamente sensible. Dos señales recientes ayudan a entender el momento:

 

• Gesto operativo “de alto impacto”: como comentamos al principio de esta columna, México transfirió otros 37 integrantes/colaboradores de cárteles a EE. UU. en una acción extraordinaria que aceleró los tiempos habituales (y que Washington presentó como resultado de su presión y la neta, todo indica que así fue).

 

• Marco formal que sigue vivo: ambos gobiernos reiteraron que el Security Implementation Group (mecanismo de coordinación) debe seguir entregando acciones tangibles; es decir, no hay ruptura formal, pero sí un clima de exigencia (aunque en el discurso federal México sea quien lleva las riendas).

 

Sin embargo, en el fondo, conviven tres fuerzas que empujan en direcciones distintas: En primer lugar, la prioridad estadounidense (política interna + seguridad nacional): fentanilo, redes transnacionales, migración y control fronterizo; además, presión con instrumentos económicos y de asistencia. En segunda, el límite mexicano (soberanía y control político): México mantiene restricciones y controles a la actuación de agentes extranjeros en su territorio (marco derivado de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional de 2021), lo que obliga a operar vía liaison, intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas “a la mexicana”.

 

¿Qué cambia “en la práctica” para las agencias (y qué no)?

 

·   Lo que tiende a subir es la cantidad de extradiciones/traslados, detenciones objetivo y casos “emblemáticos” (DEA/FBI/DOJ y, del lado mexicano, SSPC–FGR con apoyo de SEMAR/SEDENA según el caso). La transferencia reciente funciona como “prueba de desempeño” ante Washington.

 

·   Otro factor que se mantendrá a la alza es la investigación con un enfoque de red (finanzas, precursores, armas, logística): mayor peso de las agencias norteamericanas como IRS, HSI, ATF, además de DEA/FBI, buscando desmantelar ecosistemas completos, no sólo células armadas. (El CRS describe cómo los marcos recientes habilitan sanciones/acciones y cómo la agenda se ha ido reconfigurando).

 

·   Lo que se mantiene como fricción estructural es esta política (si así podría llamársele) de “Pisar territorio” (presencia/operación directa): el andamiaje legal y político mexicano sigue empujando a que la cooperación sea conducida por México y que la participación de EE. UU. sea más de apoyo técnico, inteligencia, casos judiciales y control fronterizo.

 

·   Lo que puede volverse palanca de presión son los aranceles, condicionalidad de asistencia y amenazas de medidas unilaterales (como incentivo para resultados visibles) así como la retórica y planeación de opciones militares contra cárteles (aunque operar en México es políticamente explosivo mas no imposible).

 

Actualmente, se vislumbran tres escenarios probables para este 2026, los cuales tienen la misma constante: cooperación bajo presión, empero, con desenlaces distintos:

 

Escenario 1: “Cooperación transaccional intensificada” (el más probable): más resultados operativos medibles para contener la presión, sin conceder presencia operativa directa de EE. UU. en México que podría verse palpable a través de:

 

• Más traslados/extradiciones de alto perfil, priorizando objetivos que Washington pueda exhibir como victorias (casos de fentanilo, narcofinanzas, redes logísticas).

 

• Más equipos binacionales de caso (DOJ–FGR/SSPC) y uso intensivo de inteligencia compartida para capturas “quirúrgicas” lideradas por México.

 

• Presión estadounidense se canaliza por la vía de métricas y “entregables” del Security Implementation Group.

 

¿Qué riesgos conllevaría?:

 

• Incentiva una lógica de “trofeos” (mucho foco en objetivos mediáticos) en detrimento de fortalecimiento institucional de largo plazo.

 

• Puede aumentar la violencia reactiva si los golpes no van acompañados de contención territorial y prevención local.

 

Escenario 2: “Coerción y enfriamiento” (cooperación fragmentada): La presión sube de tono (aranceles/condiciones/amenazas), México resiste por soberanía y política interna; la cooperación continúa, pero se vuelve selectiva y desconfiada. Este escenario se vería con situaciones como:

 

• Menos intercambio de inteligencia “cruda” y más cooperación por canales estrechos (casos específicos), con mayores controles y retrasos.

 

• Aumento de fricciones por límites a agentes extranjeros y por demandas estadounidenses de acciones dentro de México que el gobierno mexicano considera inaceptables.

 

• Instrumentos económicos/condicionalidad de asistencia se usan con mayor fuerza como palanca.

 

¿Qué riesgos conllevaría?:

 

• Ventanas de oportunidad para redes delincuenciales (menos coordinación = más espacio para adaptación).

 

• Politización pública de casos judiciales y operativos, dañando la cooperación de campo (sobre todo con políticos ligados a la delincuencia organizada).

 

Escenario 3: “Reinstitucionalización con ‘candados’” (cooperación robusta, pero reglada): Ambos gobiernos pactan una cooperación más ordenada: sí a operaciones conjuntas, financiamiento/capacitación e inteligencia; no a despliegues unilaterales. Se “blindan” reglas para evitar crisis. Con situaciones tales como:

 

• Fortalecimiento formal del SIG y del andamiaje del Bicentennial Framework, con prioridades claras: fentanilo/precursores, armas, lavado, cruces fronterizos, homicidio.

 

• Mayor inversión en capacidad mexicana (que mucha falta hace) en tópicos como: laboratorios forenses, investigación financiera, aduanas, puertos, control de precursores; con métricas verificables (GAO subraya la lógica de ampliar enfoque hacia demanda de drogas y flujo de armas, además de seguridad).

 

• Menos “golpes mediáticos” aislados y más continuidad por objetivos de red (incluye sanciones y judicialización en EE. UU.).

 

¿Qué riesgos conllevaría?:

 

• Requiere disciplina política y paciencia (que el primero México no tiene y el Segundo Estado Unidos menos); es poco “vendible” en el corto plazo si la Casa Blanca exige victorias inmediatas.

 

• Puede chocar con ciclos electorales/locales y con incentivos burocráticos de ambos países.

 

Si lo vemos desde un punto de vista pragmático, en el corto plazo, la colaboración tiende a moverse hacia el Escenario 1: más cooperación, pero bajo una lógica de “cumplimiento por resultados” para despresurizar la relación. El principal punto de quiebre que empuja al Escenario 2 es cualquier insistencia en acciones unilaterales dentro de México; el puente hacia el Escenario 3 es transformar la presión en reglas, métricas y capacidades que sobrevivan a la coyuntura.

 

La cooperación México–EE. UU. en seguridad no desaparecerá porque es funcional para ambos; lo que está en disputa es quién escribe la gramática: si una de corresponsabilidad (difícil pero sostenible), o una de ultimátum (rápida, vistosa y riesgosa).

 

En el corto plazo, el incentivo es empujar el Escenario 1: cooperación quirúrgica, judicializable y medible, que reduzca presión sin cruzar líneas de soberanía. Sin embargo, si la política se impone sobre la operación, el costo no será diplomático: será operativo. Y en seguridad, la factura casi siempre llega tarde… pero llega.

hidalgomontes@gmail.com

 

  “Lección Venezuela”, lo que México podría enfrentar en seguridad.

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Lo ocurrido en Venezuela desde la elección presidencial del 28 de julio de 2024 dejó un patrón reconocible en seguridad hemisférica: crisis de legitimidad → protesta social → respuesta coercitiva del Estado (y actores parapoliciales) → detenciones masivas, denuncias de abusos y empuje migratorio. Organizaciones como Human Rights Watch documentaron abusos graves posteriores a esa elección (detenciones, tortura, desapariciones forzadas), y reportes periodísticos y de organismos de protección de Derechos Humanos hablan de miles de detenidos tras las protestas.

 

México no es Venezuela (afortunadamente), su arquitectura institucional, su integración económica y su relación con los vecinos del norte son (gracias a Dios) distintas. Pero el “efecto espejo” sí existe: polarización, disputa narrativa, uso político de la fuerza, y un riesgo hemisférico transversal (lo queramos ver o no), la delincuencia organizada como poder territorial.

 

En 2026 México arranca con una paradoja: el gobierno reporta una baja importante en homicidios hacia finales de 2025 (incluso cercana al 40% en promedios diarios, según datos preliminares y reportes recientes), pero convive con señales de alarma: desapariciones, extorsión y un creciente control delincuencial local.

En ese contexto, exponemos lo que consideramos (basados en la evidencia existente) tres escenarios probables (no deseables, ni inevitables…no se asusten), con detonantes e indicadores observables.

 

Escenario 1: “Mejora estadística con deuda oculta” (estabilización frágil). El homicidio baja, pero parte del conflicto se desplaza a desaparición, extorsión y control social delincuencial, generando una sensación pública ambigua: menos balaceras visibles, pero más miedo cotidiano.

 

Por qué es creíble para el 2026

• Ya hay reportes de caída relevante en homicidios y cautela de analistas por calidad/confirmación de datos; además, se advierte el peso del universo de personas desaparecidas y la posibilidad de subregistro o “reclasificación” del daño.
• También se reporta que la extorsión sube mientras otros delitos bajan.

 

Qué pasaría

• Menos homicidio visible en promedio nacional, pero bolsas regionales (corredores logísticos, puertos, zonas agrícolas/aguacate, limón/minería, fronteras) seguirían calientes.
• Más cobro de piso y captura de economías locales (transporte, comercio, construcción), con impacto directo en inflación local y empleo.
• Aumenta el costo político: la gente percibe que “bajó lo espectacular, subió lo inevitable”.

 

Escenario 2: “Paz mafiosa regional” o “Pax Narca” (menos guerra, más gobierno delincuencial).- Algunos mercados delincuenciales se estabilizan por consolidación de un actor dominante o pactos tácitos; se reduce la violencia inter-cárteles, pero aumenta la gobernanza delincuencial (impuestos ilegales, justicia informal, control de candidatos y policías municipales).

 

Por qué es creíble para el 2026

• Analistas citados en prensa internacional advierten que una parte de la baja de homicidios puede explicarse por consolidación de grupos más que por debilitamiento estructural de la delincuencia organizado.
• México Peace Index muestra que, aunque hay mejoras recientes, el país sigue cargando un deterioro acumulado desde 2015 y que la delincuencia organizada es un factor central.
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Qué pasaría

• En zonas donde “manda uno”, baja la tasa de homicidio, pero se normaliza:

ü  Reclutamiento (incluido de menores),

ü  Desplazamiento interno silencioso,

ü  Cooptación municipal (policía, obra pública, mercados).

• Aumenta la dependencia de fuerzas federales/militares para sostener el orden, con presión sobre controles civiles y transparencia (tema sensible por el debate de militarización y Guardia Nacional).

 

Escenario 3: “Choque político-social y coerción” (la ruta Venezuela, adaptada).-  Ante un evento desencadenador (crisis económica regional, escándalo de corrupción, masacre, conflicto postelectoral local, o presión externa), crece la protesta y la polarización; el Estado responde con mano dura y expansión de capacidades coercitivas. El riesgo no es “convertirse en Venezuela”, sino importar métodos: detención preventiva amplia, vigilancia, estigmatización de opositores/activistas, y tolerancia a abusos.

 

Por qué es plausible en 2026

• Venezuela es el ejemplo reciente de cómo una disputa política puede traducirse en un episodio de seguridad: represión posterior a elección, detenciones masivas, denuncias de tortura y desaparición forzada, y un clima de presos políticos (con liberaciones parciales posteriores).
• El componente hemisférico agrava: la migración venezolana supera 6.9 millones (última actualización disponible en 2025), y cualquier recrudecimiento empuja flujos por la región, presionando rutas y redes delincuenciales de tráfico de personas.

 

Qué pasaría en México

• Aumento de operativos y detenciones con narrativa de “estabilidad” y “enemigos internos”.
• Tensiones con organismos de derechos humanos y mayor litigio estratégico.
• La inseguridad se vuelve más política: no solo “delincuencia”, sino “orden público”.

 

¿Qué debemos vigilar en 2026 (sin importar el escenario)?

 

1. La brecha “homicidio vs. desaparición/extorsión”: si el homicidio baja, pero la desaparición y la extorsión suben, no es pacificación plena: es mutación del control delincuencial.
2. Capacidad municipal real: donde el municipio es débil, la delincuencia ofrece “orden”, cobra y regula y brinda “bienestar”.

 

3. Uso político de la fuerza: la lección Venezuela no es solo represión; es cómo la seguridad se vuelve instrumento de disputa de legitimidad.

 

4. Presión hemisférica: migración, sanciones, y economías ilegales transnacionales amplifican riesgos aun si el promedio nacional mejora (donde el amago de ésta ya se está volviendo una constante mexicana).

 

Si 2026 termina pareciéndose más al Escenario 1, México discutirá “éxitos” con costos ocultos. Si deriva al Escenario 2, se normalizará la gobernanza delincuencial. Y si se enciende el Escenario 3, el país entrará a una fase donde la seguridad ya no será solo estadística: será un campo de batalla político-social.

hidalgomontes@gmail.com

 

 México podría llegar a 2026 con menos asesinatos que en la última década… peeeero no necesariamente más seguro.

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

El gobierno mexicano declara que, desde el inicio de la administración de la presente administración federal iniciada en septiembre de 2024 y hasta noviembre de 2025, los homicidios diarios se redujeron alrededor de 37%, de casi 87 asesinatos al día a unos 55, según cifras oficiales presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Organismos y analistas independientes han matizado ese optimismo: advierten sobre subregistros, reclasificación de delitos y el crecimiento paralelo de las desapariciones y la extorsión.

Al mismo tiempo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 muestra que más de una cuarta parte de los hogares (27.5%) fue víctima de algún delito en 2023 y que la percepción de inseguridad sigue siendo mayoritaria.

Con estos antecedentes, el pronóstico para 2026 apunta a un país donde la violencia letal podría descender en el promedio nacional, pero concentrarse aún más en ciertos territorios; donde la delincuencia organizada ejerza control fragmentado, pero eficaz, sobre economías locales; y donde la brecha entre los números oficiales y la experiencia cotidiana de la ciudadanía siga siendo motivo de desconfianza. Para poder entender mejor los escenarios probables de este año por iniciar, debemos entender cuatro factores clave:

1. Homicidios: tendencia a la baja, pero con “focos rojos”

En 2023, México cerró con una tasa aproximada de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con datos consolidados del Secretariado Ejecutivo y análisis de medios especializados. Aunque esa cifra sigue siendo muy alta, supone una ligera disminución respecto al pico observado entre 2018 y 2020. El Índice de Paz México 2023 ya advertía un escenario de “meseta violenta”: la tasa de homicidios en 2022 aún era 62.6% mayor que en 2015, pese a pequeños avances recientes.

Si las políticas actuales continúan (refuerzo operativo de la Guardia Nacional, despliegues militares focalizados, detenciones masivas y énfasis en inteligencia táctica) es razonable anticipar para 2026 una disminución adicional de los homicidios a nivel nacional, pero con tres matices:

1. Persistencia de “zonas de guerra” locales. Entidades como Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Colima o Baja California han acumulado tasas de homicidio y eventos de violencia extrema que las colocan de forma recurrente en los primeros lugares del país.
2. Picos de violencia tras rupturas internas. La fragmentación de cárteles y grupos regionales genera ciclos de violencia abrupta cuando se rompe un equilibrio criminal o se disputa una plaza estratégica (puertos, cruces fronterizos, ciudades intermedias).
3. Homicidios que “desaparecen” de las estadísticas. Colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos subrayan que la baja en asesinatos convive con un aumento de la desaparición de personas y el hallazgo de sitios de exterminio, como el descubierto en 2025 en Teuchitlán, Jalisco.

El resultado probable: un 2026 con menor promedio diario de homicidios, pero con altísimos niveles de violencia en alrededor de 50 a 80 municipios clave, y con una cifra de personas desaparecidas que seguirá creciendo.

2. Delincuencia organizada: menos “megacárteles”, más gobernanza criminal local

Los análisis recientes sobre delincuencia organizada en México indican un cambio de modelo: menos estructuras monolíticas y más redes flexibles, que combinan tráfico de drogas con ambientales. Para 2026, es previsible que continúen al menos cinco tendencias:

• Economía criminal diversificada. La renta por drogas sintéticas (en particular el fentanilo y sus precursores) coexistirá con negocios altamente rentables como la extorsión a comercios, el cobro de piso, el control de cargas en carreteras y la captura de contratos públicos locales.
• Control territorial “silencioso”. En varios municipios –sobre todo en el sur-sureste y el corredor Pacífico– el objetivo de la delincuencia no será exhibir violencia espectacular, sino asegurar la lealtad forzada de autoridades municipales, policías y empresarios.
• Mayor uso de tecnologías baratas. El uso de drones, comunicación encriptada, minería ilegal de criptomonedas y ciberfraudes seguirá en aumento, aprovechando la debilidad regulatoria y de capacidades técnicas de las policías.
• Violencia política focalizada. Tras un ciclo electoral federal extremadamente violento en 2024, estudios sobre violencia política muestran una clara correlación entre presencia de delincuencia organizada y asesinatos o agresiones contra autoridades y candidatos. Aunque 2026 no es año de elección presidencial, sí habrá disputas locales por presupuestos, obras y mandos policiales; la violencia podría ser menos visible a nivel nacional, pero muy intensa en municipios estratégicos.
• Reclutamiento de jóvenes en contextos de precariedad. Sin cambios estructurales en educación, empleo y movilidad social, la delincuencia organizada mantendrá una ventaja comparativa: ofrece salario inmediato, sentido de pertenencia y un “proyecto de vida” (por más destructivo que sea) frente a la ausencia de oportunidades legales.

3. El eslabón más débil: policías municipales y estatales

Como ya hemos tocado en diferentes ocasiones en este espacio, diversos diagnósticos coinciden en que las policías locales son el punto crítico del sistema de seguridad mexicano. Este factor sigue considerándose “el eslabón más débil de la cadena de seguridad pública”, por sus bajos salarios, falta de capacitación, escasez de prestaciones, sobrecarga de trabajo y vulnerabilidad frente a la corrupción y la cooptación criminal.

Al mismo tiempo, ejercicios de diagnóstico estatales revelan brechas significativas en certificación, equipamiento y profesionalización, pese a algunos avances en control de confianza y formación continua. Organizaciones como México Evalúa han propuesto un “salario digno policial” y la consolidación de una carrera profesional que permita retener talento, reducir la rotación y blindar a los agentes frente a la captura criminal.

De cara a 2026 cabe anticipar un escenario mixto:

• Intervenciones y “limpias” de instituciones. Desde 2025 se han intensificado los procesos de desarme e intervención de policías municipales ligadas a corrupción o colusión con la delincuencia (simple y/u organizada), como parte del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica 2025–2030. Es razonable esperar que esta tendencia continúe, sobre todo en municipios con indicadores de riesgo elevados.
• Brecha de capacidades entre estados. Algunas entidades que han invertido durante años en profesionalización, controles internos y tecnologías (como ciertos estados del norte y centro del país) mostrarán resultados más consistentes; otras seguirán dependiendo casi por completo de fuerzas federales.
• Guardia Nacional como “parche” permanente. Mientras no se consoliden policías locales fuertes, la Guardia Nacional continuará asumiendo tareas de seguridad de proximidad para las que no fue diseñada originalmente, sosteniendo una militarización de facto del espacio público.

En resumen, en 2026 la seguridad cotidiana que perciba la ciudadanía seguirá dependiendo, sobre todo, de la solidez o fragilidad de su policía municipal y estatal.

4. Víctimas, justicia y desapariciones: el gran pendiente

Aunque se logren reducir los homicidios, la calidad del sistema de justicia penal será determinante para evaluar la seguridad real del país. Un informe de Human Rights Watch de 2025 documenta cómo el sistema de justicia mexicano sigue fallando tanto a víctimas como a personas acusadas, con investigaciones incompletas, uso excesivo de la prisión preventiva y estándares deficientes de debido proceso.

En el terreno de la desaparición de personas, la cifra acumulada supera las 120 mil personas no localizadas, con estados como Jalisco en el centro de la crisis. El hallazgo de sitios de exterminio y fosas clandestinas seguirá marcando la agenda pública en 2026, aun si los homicidios registrados disminuyen.

La ENVIPE 2024 revela, además, un dato preocupante para cualquier pronóstico: un amplísimo subregistro. La mayoría de los delitos no se denuncian por desconfianza, pérdida de tiempo o miedo a represalias. Mientras esa “cifra negra” no se reduzca, cualquier descenso de los indicadores oficiales deberá tomarse con prudencia.

El reto para 2026 será menos “hacer bajar la gráfica” y más reconstruir la confianza: que las personas perciban que denunciar vale la pena, que el Estado responde y que el paso por el sistema de justicia no se convierte en una segunda victimización.

Con base en las tendencias descritas, pueden bosquejarse tres escenarios plausibles para la seguridad en México en 2026:

a) Escenario inercial (el más probable)

• El promedio nacional de homicidios baja moderadamente respecto a 2023–2024.
• La violencia se concentra en un conjunto relativamente estable de municipios, muchos de ellos en el Bajío, el Pacífico y la frontera norte.
• La Guardia Nacional sigue siendo la principal fuerza visible en calles y carreteras, mientras las policías locales avanzan de manera desigual en profesionalización.
• La extorsión, el cobro de piso y los delitos patrimoniales mantienen alta la victimización y la percepción de inseguridad.
• La crisis de desapariciones se mantiene sin ruptura clara, con hallazgos periódicos que conmocionan a la opinión pública, pero sin una política de Estado verdaderamente integral.

b) Escenario de mejora relativa (el que nos gustaría)

Este escenario requiere que en 2025–2026 se aceleren reformas ya en curso:

• Convergencia real entre el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica y la política de seguridad federal, con incentivos presupuestales claros para profesionalizar policías locales.
• Fortalecimiento de fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República en capacidades de investigación financiera, inteligencia criminal y litigación estratégica.
• Políticas focalizadas de prevención social en los municipios de mayor riesgo, con metas verificables en reducción de reclutamiento juvenil por grupos criminales.
• Transparencia en cifras de homicidios, desapariciones y delitos de alto impacto, con mecanismos externos de auditoría estadística.

De materializarse, México podría no solo tener menos homicidios en 2026, sino también una ligera mejora en indicadores de percepción de seguridad, confianza en instituciones y cohesión social.

c) Escenario de deterioro focalizado

También existe el riesgo de una reversión parcial:

• Reacomodos violentos entre grupos criminales tras capturas de líderes o rupturas de pactos locales.
• Fatiga operativa y política en el despliegue permanente de fuerzas federales, sin relevo efectivo de policías locales.
• Aumento de la violencia política local alrededor de disputas por presupuestos, concesiones, obras públicas y control policial.
• Crisis económicas regionales que hagan más atractivo el reclutamiento criminal para jóvenes y trabajadores precarizados.

En este escenario, el país podría seguir exhibiendo un descenso agregado de homicidios, pero con estallidos de violencia extrema que desborden regiones completas.

Lo que habrá que mirar en 2026

Para evaluar con honestidad cómo evoluciona la seguridad en nuestro país durante el 2026, será indispensable ir más allá de la cifra de homicidios y seguir de cerca al menos cinco indicadores:

a)      Concentración territorial de la violencia. No solo cuántos asesinatos hay, sino en cuántos municipios se concentran y qué tan sostenidos son los picos de violencia.

b)      Extorsión y delitos patrimoniales. Son el termómetro más directo de la vida cotidiana de comercios, transportistas y familias. Si estos delitos no bajan, difícilmente la ciudadanía sentirá mejoras.

c)      Desapariciones y hallazgos forenses. Más que un dato estadístico, son la prueba más cruda de la capacidad (o incapacidad) del Estado para proteger la vida e investigar la muerte.

d)      Profesionalización policial local. Niveles de certificación, salarios, controles internos, modelo de proximidad y justicia cívica serán indicadores clave para saber si se está construyendo seguridad sostenible desde abajo.

e)      Confianza ciudadana en instituciones de seguridad y justicia. Las encuestas como ENVIPE y los ejercicios trimestrales de percepción de seguridad del INEGI serán una brújula indispensable.

Para cerrar esta última colaboración del 2025, en 2026, México podrá presumir gráficas a la baja. Pero la verdadera medida de su seguridad será otra: qué tanto se reduce el miedo a salir de casa, a abrir un negocio, a denunciar un delito, a ser mujer joven en un territorio disputado, a ejercer un cargo público sin convertirse en objetivo.

La estadística dirá una parte de la historia. El resto seguirá escribiéndose, día a día, en las calles de los municipios donde se juega (para bien o para mal) el futuro de la seguridad en el país.

hidalgomontes@gmail.com

 Más que números: la urgencia de construir policías locales con calidad y no solo con volumen

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

En México, la conversación sobre seguridad ciudadana suele caer en la trampa seductora de creer que “más policías” equivale automáticamente a “más seguridad”. Lo anterior debido a que, esta aseveración, es una idea fácil de vender políticamente (porque es cuantificable), pero peligrosa cuando reemplaza lo que de verdad cambia la calle: “la calidad” del servicio policial. La paradoja es evidente: podemos engrosar nóminas, abrir convocatorias masivas y presumir “estado de fuerza”, y aun así mantener patrullajes erráticos, respuestas tardías, detenciones mal hechas que se caen en el Ministerio Público (tal y como sucede en muchos lugares de nuestro país), y una relación rota con la comunidad. No es un dilema abstracto: es el punto exacto donde la seguridad deja de ser política pública y se vuelve ruleta rusa o un acto meramente de fe (funciona porque Dios quiere).

 

La lógica de “contratar por contratar” suele ocultar un costo silencioso: la rotación. En 2022, dentro de las instituciones municipales se reportaron 15,248 renuncias (además de lesiones, jubilaciones y casos de desaparición/no localización). Una corporación que pierde gente de manera constante no solo pierde manos: pierde experiencia, cohesión, supervisión informal, mentoría en campo y memoria operativa. Cuando el flujo de entrada y salida es permanente, la institución vive en modo “curso básico eterno”, y cada generación nueva vuelve a cometer los mismos errores que la anterior ya había pagado con sangre, expedientes o desprestigio.

 

La otra cara de la moneda es el riesgo. Ser policía en México, sobre todo en lo local, es ejercer una profesión expuesta. Con cifras de Causa en Común, en lo que va de 2025, una organización civil ha documentado más de 300 policías asesinados (en promedio, alrededor de uno al día), con variaciones por entidad y semana. Esto no se resuelve con discursos motivacionales ni con reclutamiento express. Se enfrenta con capacidades reales: policiamiento basado en evidencia, táctica, inteligencia básica, protección institucional, mando funcional, disciplina, y un sistema de bienestar que reduzca la vulnerabilidad (y la corrupción). Sin calidad, el “refuerzo” de personal puede convertirse, literalmente, en reposición.

 

Por eso la discusión correcta no es si faltan policías (que en muchos lugares sí), sino qué tipo de policía estamos formando y sosteniendo. Y aquí aparece el núcleo duro: la calidad no nace en el uniforme; nace en el aula… pero sobre todo en quien está frente al grupo.

 

La Calidad policial debe existir con menos mitos pero más estándares. Esto no es romantizar “policías de élite”. Es exigir estándares mínimos sostenidos en toda la cadena: reclutamiento, formación inicial, evaluación, certificación, entrenamiento continuo, supervisión en campo, carrera, disciplina y mando. Es cierto que tenemos habilidades de la función policial estandarizadas. Sin embargo, al subir la escala jerárquica, estas habilidades cambian; ahora se debe saber de estrategia, gerenciamiento, presupuestación, entre otras muchas. Al carecer de estas “Habilidades Gerenciales” muchos de los mandos policiales no cumplen con su labor. México no parte de cero en normatividad: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece bases para la selección, ingreso, formación y certificación; y contempla la exigencia del Certificado Único Policial como condición clave para la trayectoria del integrante. El problema es que, en demasiados lugares, la norma vive en papel y la operación vive en urgencias: faltan patrullas, sube la incidencia, “hay que sacar turnos”, y el entrenamiento se vuelve el primer recorte tácito.

 

El costo de esa improvisación lo paga la ciudadanía de varias maneras. Una es la confianza: cuando la policía local no investiga lo básico, no preserva indicios, no documenta bien, o no sabe aplicar el uso de la fuerza con legalidad, la gente aprende a no llamar. Y esa desconfianza se refleja en un dato brutal: en 2024, 93.2% de los delitos no se denunciaron o no derivaron en carpeta de investigación (la llamada “cifra negra”). Sin denuncia, el sistema se queda sin información; sin información, se patrulla a ciegas; y patrullar a ciegas suele terminar en operativos reactivos, detenciones de ocasión o abuso.

 

Otra es el desempeño institucional: si el municipio fracasa, el vacío lo ocupan otros. No solo el crimen organizado; también la dependencia estructural de fuerzas estatales o federales para tareas que deberían resolverse localmente. Eso erosiona capacidades municipales, y crea una cultura de “esperar que alguien más lo haga”.

 

Es importante recalcar que el problema no es “más cursos”, es profesionalizar a quien enseña y es aquí donde entramos a un tema incómodo: los instructores. La formación policial puede fallar aunque el temario sea correcto, si el cuerpo docente no está preparado para enseñar adultos a través de estrategias andragógicas, evaluar competencias y trasladar aprendizaje a escenarios reales. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública define el Programa Rector de Profesionalización (PRP) como el instrumento que establece lineamientos, programas y contenidos mínimos para la profesionalización del personal policial y de procuración de justicia, y señala la necesidad de procesos homologados para que el personal adquiera y fortalezca habilidades y conocimientos peeeeeeeeeeeeeeeeeeeero, la neta la neta el proceso actualmente no es eficiente.

 

El propio sistema reconoce que no basta con “tener instructores”; se requiere trazabilidad, evaluación y estandarización del instructor, porque el instructor es el multiplicador. Un mal instructor produce generaciones de malas prácticas (a lo que se le conoce como “cicatrices de entrenamiento” o “training scars”); un buen instructor produce hábitos operativos que se vuelven cultura.

 

En México, el instructor policial enfrenta al menos cinco obstáculos estructurales (y culturales): 1) La precariedad del rol. En muchas instituciones de formación y profesionalización policial, “ser instructor” no es una carrera: es una comisión temporal, un complemento salarial, o una tarea adicional. Sin estabilidad, no hay mejora continua. Sin mejora continua, se recicla el mismo material, año tras año. 2) El divorcio entre aula y calle. Hay instructores con experiencia operativa, pero sin didáctica; y otros con formación académica, pero sin práctica real. En ambos casos, el alumno aprende “lo que suena bien” o “lo que se hacía antes”, no lo que se necesita hoy: intervención policial con legalidad, primer respondiente, justicia cívica, investigación básica, proximidad e inteligencia cotidiana. Urge el poder amalgamar la práctica con lo académico y generar lo que se conoce como “Pracademics” 3) La evaluación débil. Si el curso se aprueba por asistencia y no por desempeño, la capacitación se convierte en trámite. La calidad exige evaluación por competencias: qué sabe hacer el policía en escenarios, cómo decide, cómo documenta, cómo escala el uso de la fuerza, cómo preserva evidencia, cómo comunica. 4) La captura por urgencias operativas. Cuando falta personal en la calle, los mejores perfiles se regresan a patrullar. El instructor queda como “lujo” prescindible. Así, la institución pierde el motor de profesionalización. 5) La falta de “train-the-trainer” real. Muchos instructores no han sido formados como instructores. Se asume que quien sabe hacer, sabe enseñar. Es falso. Enseñar policías adultos requiere metodología, gestión de grupo, evaluación objetiva y diseño instruccional orientado a riesgo.

 

Entonces… ¿Qué significa “calidad” en términos concretos? Si tuviéramos que aterrizar la palabra, calidad policial municipal y estatal significa, como mínimo:

 

• Reclutar menos, pero mejor: filtros reales de perfil, integridad y aptitud. No “llenar turnos”, sino construir carrera.

 

• Formación inicial sólida y estandarizada (no recortada por urgencia).

 

• Capacitación continua con contenido práctico y evaluación por competencias.

 

• Supervisión en campo: el aprendizaje se consolida en la patrulla, no solo en el aula.

 

• Mando profesional: mandos que sepan dirigir, evaluar y corregir; no solo “administrar guardias”.

 

• Instructores certificados, evaluados y con carrera: si el instructor es improvisado, la policía será improvisada.

 

México no necesita una discusión sentimental sobre “héroes” ni una discusión electoral sobre “más elementos”. Necesita una discusión institucional sobre capacidad. Los municipios y estados pueden sumar personal, sí, pero si no se invierte en profesionalización (y especialmente en profesionalizar instructores), se multiplicará el problema: más contactos policiales mal hechos, más expedientes frágiles, más fricción con la ciudadanía, más desgaste y más renuncias.

 

La calidad cuesta, pero la mala calidad cuesta más: en confianza perdida (aunque suene a cliché), en delitos no denunciados, en casos mal integrados, en policías caídos y en comunidades que aprenden a vivir sin Estado. Mientras sigamos celebrando la cantidad como si fuera logro, seguiremos postergando lo único que cambia la historia cotidiana: una policía local que sepa lo que hace, pueda demostrarlo y tenga instructores capaces de formar (con rigor) a la siguiente generación.

 

hidalgomontes@gmail.com

 Ironías de la vida…La lección más grande que dejó el certamen de Miss Universo fue que las armas de le delincuencia organizada no llegaban todas de Estados Unidos

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

 

Hace unos días, la mexicana, Fátima Bosch ganó la edición 2025 del certamen Miss Universo. Esto la convirtió la cuarta mexicana en conseguir la corona de este certamen. Y lo que debía ser un hito para nuestro país y un orgullo nacional muy rápido se convirtió en una rocambolesca historia de corrupción, drogas y armas.

 

Se acusó que el padre de la señorita Bosch era un alto mando en Petróleos Mexicanos (PEMEX) y que tenía nexos con uno de los dueños del certamen de belleza, el también mexicano y cónsul honorario en Guatemala Raúl Rocha Cantú, situación que podría levantar sospechas de claros conflictos de interés.

 

Sin embargo, tal y como cuando se consume sinedafil caducado…aquí no paró la cosa y se puso peor porque (resulta y resalta) que unos días antes de la final del certamen el antes mencionado socio del certamen, Rocha Cantú obtuvo una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada contra Raúl Rocha Cantú, a quien se señala como parte de una red dedicada al tráfico de drogas, armas y combustible entre Guatemala y México.

 

Las investigaciones hablan de cargamentos que cruzan por río, combustible “importado” sin declarar (huachicol fiscal pa´los cuates) y una empresa fachada que termina distribuyendo hidrocarburos en el Bajío. No es el guion de una serie, es la radiografía más reciente de algo que llevamos años sin querer ver: la frontera sur como puerta de entrada de armas hacia México y, en lo personal, tengo aaaaaaaaaaños diciendo que el problema de las armas en México es más complejo que asumir que el problema era del vecino del norte.

 

Cuando se habla de armas ilegales en México, casi todos volteamos hacia el norte. Y con razón: datos de la Cancillería mexicana y de agencias estadounidenses señalan que entre 70% y 90% de las armas rastreadas y vinculadas a delitos en México se originan o pasan por Estados Unidos.

             

Pero esa cifra, aunque contundente, tiene un punto ciego: no explica las rutas alternativas que han ido ganando peso, especialmente las que se alimentan de los mercados negros de Centroamérica y que entran por la frontera con Guatemala y Belice y como los grupos de la delincuencia organizada se dedican (como usted podrá imaginar) a delinquir…pues se dieron con la tarea de localizar las antes mencionadas rutas alternas.

Investigaciones académicas sobre la frontera sur describen esa franja (el Soconusco, el río Suchiate, el Usumacinta, la selva que conecta con Petén y el corredor hacia Belice) como un espacio donde se cruzan migración, drogas, trata de personas, contrabando… y tráfico de armas (ya que la descripción gráfica más certera sería la de una coladera).

 
                Ahí no se ven colas de tráileres como en Tijuana o Ciudad Juárez, pero sí un entramado de pasos informales, brechas, ríos y comunidades que viven literalmente de “pasar cosas” de un lado a otro.

 

La ONU a través su oficina contra la droga y el delito (UNODC (ha documentado cómo los conflictos armados en Centroamérica, especialmente en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, dejaron miles de fusiles, municiones y granadas fuera de control, primero en manos de ejércitos y grupos irregulares, luego en bodegas clandestinas y colecciones privadas. Con el tiempo, una parte de ese arsenal se recicló: pasó de las guerras ideológicas a los mercados criminales.

 

Esa es una de las fuentes de armas que hoy cruzan hacia México por el sur: remanentes de arsenales militares, desviaciones de inventarios oficiales y compras legales que terminan desviadas. Estudios sobre la frontera con Guatemala y Belice hablan de “actividades de grupos delictivos organizados” donde el tráfico de armas es tan cotidiano como el de drogas o mercancías de contrabando.

 

A eso se suma un dato incómodo: algunas de las armas que entran por el sur tampoco nacieron ahí. La UNODC y distintos informes señalan que rifles y pistolas importados legalmente a Estados Unidos pueden ser revendidos a intermediarios y, tras varios movimientos, terminar en bodegas en Centroamérica… para después regresar a México por la puerta de la frontera sur. El circuito es tan circular como rentable.

 

El caso de Rocha Cantú ilustra bien el modelo criminal de tercera generación: redes que ya no se especializan en un solo delito, sino que combinan tráfico de combustible, drogas, armas y lavado de dinero, utilizando empresas legales, contactos políticos y la corrupción de autoridades como parte del mismo paquete.

 

En la práctica, las armas llegan fragmentadas: pequeños envíos ocultos en camionetas de carga, autobuses, lanchas en los ríos fronterizos o mezcladas con mercancías legales. Investigaciones periodísticas han descrito rutas que cruzan desde Guatemala y Belice hacia Tabasco, Campeche y Quintana Roo, con fusiles AK-47 y otras armas largas que ya no llegan solo del norte.

 

No se trata de convoyes espectaculares, sino de un goteo constante (también llamado “pitufeo”)  que termina alimentando a grupos locales y a grandes cárteles por igual.

 

Al encontrar las fronteras del norte de México más vigiladas en la actualidad, las armas que cruzan por el sur no se quedan necesariamente en Chiapas o Tabasco. Diversos estudios de la ONU y de centros de investigación muestran que las rutas de tráfico de drogas y armas se superponen: los mismos corredores que mueven cocaína hacia el norte pueden transportar fusiles hacia el interior de México o de regreso a Centroamérica.

 

Así, un fusil que salió de un almacén clandestino en Petén puede terminar en manos de un grupo local en la frontera, en una célula de un cártel en el Bajío o incluso volver a cruzar hacia otro país. En esa lógica, la frontera sur no es una línea, sino una bisagra: conecta mercados, no solo territorios.

 

¿Por qué debería importarnos esto como país? Porque el tiempo y los hechos han demostrado que cualquier estrategia que se concentre exclusivamente en la “línea” con Estados Unidos dejará abierta una puerta trasera. Los cárteles y sus aliados empresariales ya operan a escala regional; si las instituciones mexicanas siguen pensando en clave doméstica, siempre llegarán tarde (odio decir se los dije pero se los dije)

 

              Cerrar las rutas del tráfico de armas por la frontera sur no significa militarizar aún más la región ni criminalizar a las comunidades que viven del comercio transfronterizo. Significa, sobre todo, tres cosas: 1. La necesidad de fortalecer la Inteligencia y trazabilidad de este tipo de herramientas, 2. Golpear las redes empresariales que se dedican a este delito ya que son a través de empresas que los grupos criminales pueden lavar los activos producto de este ilícito, 3. combatir la corrupción local (que eso si esta complicado) y por último 4. Mejorar el marco jurídico de las armas de fuego, tenemos una ley de armas de fuego y explosivos de los años 70´s cada vez más restrictivas y hay un fenómeno que tiene al menos dos lustros sucediendo, es cierto que la mayoría de las armas que ingresan de forma ilegal al país quedan en manos de la delincuencia, pero no todas. ¿La razón? Porque muchos ciudadanos se están armando por la burocracia para comprar un arma de fuego legalmente y incapacidad del estado por poder brindar seguridad y justicia. En lo personal se me hace sumamente cómico hacer campañas de “despistolización” cuando tener armas para protección de tu hogar es un derecho constitucional (artículo 10) por lo que estas campañas parecerían tender a desarmar ciudadanos. Dudo (y mucho) que miembros de la delincuencia organizada estén cambiando rifles de asalto (que son su herramienta de trabajo) por microondas.

 

Cada vez que se decomisa un fusil en la selva lacandona o en una brecha de Tabasco, la pregunta no debería ser solo a qué cártel pertenece, sino de qué camino llegó. Si no entendemos —y cerramos— la ruta de las armas que vienen del sur, cualquier promesa de “pacificar” México seguirá desfilando, como en un concurso de belleza, sobre un escenario frágil y lleno de espejos.

 

hidalgomontes@gmail.com