Uso de la Fuerza, la Gran Deuda del Estado Hacia la Sociedad y la Policía

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

A pesar de que el Uso de la Fuerza por parte de los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplirla Ley (FEHCL) buscó estandarizarse desde el año 1979 a través del “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” adoptado por la Asamblea General de las Naciones unidas su resolución 34/169, la verdad es que el Estado Mexicano se ha visto extremadamente ineficiente en poder generar el andamiaje legal que le permita seguridad legal a los servidores públicos encargados de la seguridad y ha generado una serie de mitos que no ayudan a la observabilidad del actuar policial por parte de la ciudadanía. Es decir, por una parte es mucho el desconocimiento sobre que puede y que no puede hacer un servidor público y existe una ignorancia total por parte de la ciudadanía de hasta dónde puede llegar antes que un Funcionario Encargado de Hacer Cumplir la Ley pueda utilizar la fuerza para controlar a una persona que se sustrae de la acción de la autoridad. Leyes como las de Baja California por solo poner un ejemplo, son generadas por legisladores inexpertos en la materia, sin el asesoramiento correcto de penalistas, policiólogos y criminólogos que dan como resultado leyes ambiguas que perjudican tanto a la institución policial así como a la ciudadanía.

En 2018 existió un gran esfuerzo por parte de la federación por generar un protocolo nacional en la materia, instrumento de más innovador que dio como resultado el modelo mexicano del Uso de la Fuerza, el cual fue elogiado hasta por autoridades de ONG´s internacionales así como por el gobierno norteamericano, desgraciadamente en el último consejo nacional de seguridad pública iba a ser presentado pero eso no ocurrió. Desde hace muchos años han existido propuestas para generar una ley nacional en la materia pero no pasan de la “congeladora legislativa”. La Creación del de la Guardia Nacional, el “Buque Insignia “dentro de la administración del presidente Andres Manuel López Obrador trae una pequeña luz al final del camino, sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas” ya que el propio jefe del ejecutivo ha declarado que no usará la fuerza, situación que se ve temeraria, ya que la propia ley te habilita y en ocasiones, obliga a utilizar la fuerza en protección de los bienes jurídicamente tutelados. Es necesario realizar acciones concretas que nos permitan proteger a los servidores públicos, pero que a su vez nos permitan una cultura del “accountability” institucional pero también es urgente el generar una política pública que permita informar a la ciudadanía sobre el uso de fuerza y sus alcances para que las exigencias y opiniones hacia los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley sean correctos y objetivos.

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