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martes, 2 de abril de 2019

El “Estado Profundo”


Por: Mtro. Eduardo García Anguiano


Desde hace algunos años en México se ha configurado un “estado” dentro del Estado.


          El término “Estado Profundo” tuvo su origen con el caso turco y hace referencia a un sistema compuesto por militares, judiciales, de inteligencia, seguridad y crimen organizado, que es capaz de “gobernar” un país sin el consentimiento expreso del gobierno formal.


          No sólo se dice que el “estado” dentro del Estado fue privativo de Turquía en 1996 sino que fenómenos similares han sucedido en Egipto, Estados Unidos de América, Venezuela y el Daesh, al operar como el iceberg que se emplea en la Deep Web.


          Al respecto, en nuestro país los actores políticos se han coludido con los grupos delictivos, como se pudo observar en Iguala, Guerrero, cuando narcotraficantes, autoridades de seguridad pública y la esposa del presidente municipal estaban vinculados entre sí, hecho que salió a relucir con el secuestro de estudiantes.


          Si pensamos que cuando una autoridad se colude se trata sólo de un caso personal, estaríamos faltando a la rigurosidad y profundidad en el análisis porque las indagaciones de la justicia no son difundidas en su totalidad, lo que no ayuda al propósito, o no analizamos con la óptica del Deep State.


Para contribuir al tema se apuntan algunas variables para identificar la presencia del fenómeno en México:


· Protección a las actividades del crimen organizado.

· Obstrucción de la justicia.

· Actuación de la autoridad sin cumplir las leyes.

· Laxitud en los controles del personal de áreas de gobierno y seguridad.

· Aislacionismo del gobierno y sociedad en el ámbito internacional.

· Sociedad que se beneficia de los bienes y servicios que le adquiere al crimen organizado, “divorciada” de la cultura de la legalidad y “casada” con la oferta criminal.


          Con el paso el tiempo los protagonistas del “Estado Profundo” y sus prácticas se enraízan y se ocultan en el anonimato de los medios electrónicos, ello dificulta su identificación y la red de complicidades. Ha llegado el momento de actualizar nuestras concepciones y prácticas de la seguridad nacional, que es el área por antonomasia para atender este problema.


          El poeta británico Lord Byron expresó: “Apenas son suficientes mil años para formar un Estado, pero puede bastar una hora para reducirlo a polvo”.


@EGAnguiano






lunes, 1 de abril de 2019

Uso de la Fuerza, la Gran Deuda del Estado Hacia la Sociedad y la Policía




Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes




A pesar de que el Uso de la Fuerza por parte de los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplirla Ley (FEHCL) buscó estandarizarse desde el año 1979 a través del “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley” adoptado por la Asamblea General de las Naciones unidas su resolución 34/169, la verdad es que el Estado Mexicano se ha visto extremadamente ineficiente en poder generar el andamiaje legal que le permita seguridad legal a los servidores públicos encargados de la seguridad y ha generado una serie de mitos que no ayudan a la observabilidad del actuar policial por parte de la ciudadanía. Es decir, por una parte es mucho el desconocimiento sobre que puede y que no puede hacer un servidor público y existe una ignorancia total por parte de la ciudadanía de hasta dónde puede llegar antes que un Funcionario Encargado de Hacer Cumplir la Ley pueda utilizar la fuerza para controlar a una persona que se sustrae de la acción de la autoridad. Leyes como las de Baja California por solo poner un ejemplo, son generadas por legisladores inexpertos en la materia, sin el asesoramiento correcto de penalistas, policiólogos y criminólogos que dan como resultado leyes ambiguas que perjudican tanto a la institución policial así como a la ciudadanía.




En 2018 existió un gran esfuerzo por parte de la federación por generar un protocolo nacional en la materia, instrumento de más innovador que dio como resultado el modelo mexicano del Uso de la Fuerza, el cual fue elogiado hasta por autoridades de ONG´s internacionales así como por el gobierno norteamericano, desgraciadamente en el último consejo nacional de seguridad pública iba a ser presentado pero eso no ocurrió. Desde hace muchos años han existido propuestas para generar una ley nacional en la materia pero no pasan de la “congeladora legislativa”. La Creación del de la Guardia Nacional, el “Buque Insignia “dentro de la administración del presidente Andres Manuel López Obrador trae una pequeña luz al final del camino, sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas” ya que el propio jefe del ejecutivo ha declarado que no usará la fuerza, situación que se ve temeraria, ya que la propia ley te habilita y en ocasiones, obliga a utilizar la fuerza en protección de los bienes jurídicamente tutelados. Es necesario realizar acciones concretas que nos permitan proteger a los servidores públicos, pero que a su vez nos permitan una cultura del “accountability” institucional pero también es urgente el generar una política pública que permita informar a la ciudadanía sobre el uso de fuerza y sus alcances para que las exigencias y opiniones hacia los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley sean correctos y objetivos.





hidalgomontes@gmail.com