Cuando la seguridad se decide desde el mismo molde: por qué las estrategias deben adaptarse por región
Por: Guillermo Alberto Hidalgo
Montes
En el horizonte de la
seguridad mexicana recae un error persistente: tratar al país como si fuera una
plancha uniforme donde aplicar la misma receta en cada rincón. Hablamos de
territorios tan distintos entre sí como una comunidad indígena en la Sierra
Madrense, un corredor industrial en el Bajío o una zona urbana de alta densidad
en la periferia de la CDMX. En ellas, los factores que generan violencia,
delincuencia, desconfianza y desequilibrio social difieren. Sin embargo,
nuestras políticas policiológicas y criminológicas (por omisión, por
centralismo administrativo o la neta por pura necedad) frecuentemente ignoran
ese hecho. Es necesario plantear con firmeza que las estrategias de seguridad
deben diferenciarse por región, en lugar de centralizarse bajo un solo modelo
para todo el país.
El tejido territorial
de México muestra con claridad que la criminalidad no está distribuida
homogéneamente además de mutar constantemente. Algunas regiones concentran
buena parte de los homicidios, las desapariciones forzadas o las extorsiones,
mientras que otras sufren más robos, violencia doméstica o inseguridad
cotidiana. Hacer caso omiso de esa diversidad equivale a aplicar medicina para
la gripe cuando el paciente tiene neumonía.
El propio documento
oficial Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024‑2030 reconoce que “se
desarrollarán estrategias focalizadas según la naturaleza de los problemas
locales y regionales, comenzando por los territorios más violentos”. Además, la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública establece que las entidades federativas tienen atribución
para “formular, dirigir y coordinar la estrategia de seguridad pública de la
entidad federativa, en concordancia con la Estrategia Nacional”. Esto implica
jurídica, estratégica y operativamente que la descentralización no solo es
deseable, sino obligatoria.
Las razones para
separar enfoques regionales no son meramente administrativas, sino operativas,
culturales y de gobernabilidad. Algunas de las más relevantes:
- Contexto social y cultural: cada región tiene sus
propias dinámicas sociales (etnografía, migración, economía informal,
tradiciones comunitarias), lo cual exige intervenciones distintas. Un
programa de proximidad policial que funcione en un barrio urbano de la
Zona Metropolitana difícilmente será replicable en una comunidad rural con
mayor heterogeneidad indígena.
- Delincuencia organizada y modalidades delictivas: las
organizaciones delincuenciales ajustan sus negocios según la geografía:
una zona de paso fronteriza enfrenta tráfico de armas, migrantes o drogas;
una zona turística enfrenta robo, extorsión o violencia de proximidad; una
zona urbana densa enfrenta pandillas y violencia juvenil. No todos los
territorios necesitan la misma “herramienta” de intervención.
- Capacidad institucional local: las instituciones
policiales estatales o municipales tienen diferentes capacidades de
profesionalización, tecnología, recursos humanos. Un modelo centralizado
que asume uniformidad puede dejar fuera a las instituciones que operan con
menor soporte técnico o menor autonomía local. En ese sentido,
investigaciones señalan que “la centralización y profesionalización
mitigan el impacto de la victimización del crimen y la corrupción policial
sobre la opinión pública” (lo cual implica que sin reconocer las diferencias
institucionales se pierde legitimidad).
- Legitimidad y participación ciudadana: cuando la
seguridad se diseña sin conectar con la realidad local, el resultado es
desconfianza y falta de colaboración ciudadana. Por el contrario, modelos
que fortalecen la policía comunitaria o de proximidad, adaptada a
condiciones regionales, favorecen un vínculo más cercano con la población.
Trabajar
con estrategias diferenciales no implica abandonar la coordinación nacional (al
contrario), pero sí dar flexibilidad para que cada entidad y municipio coloquen
en su centro aquello que realmente los afecta. Algunos elementos clave que
deben tomarse en cuenta son: a) un diagnóstico local profundo basado en
evidencias, b) diseño territorial, c) capacitación y especialización local (no
es lo mismo operar en una ciudad que en una zona rural), d) evaluación flexible
rendición de cuentas (para que no digan que Chuchita la bolsearon) así como e)
coordinación federal-estatal-municipal (hacer un verdadero equipo sin egos).
Si no se realizan
estrategias descentralizadas se crearían varias vulnerabilidades, tales como:
- Desajuste operativo: aplicar recursos y metodologías
equivocados para la realidad concreta, lo cual genera desperdicio de
tiempo, dinero y desgaste institucional (circunstancia super recurrente en
la realidad).
- Deslegitimación local: la población percibe que la
estrategia no responde a lo que vive; si la policía actúa sin entender la
región, hay resistencias o desconexión, lo que redunda en impunidad y en
menor colaboración ciudadana (pero los mandos policiales o las autoridades
locales dicen bien contentas: “pero así bajo el delito en Kuala Lumpur”).
- Ineficacia ante adaptabilidad delincuencial: las
organizaciones delincuenciales se mueven y evolucionan; un sistema rígido
y homogéneo es más vulnerable frente a tácticas flexibles de la delincuencia
organizado (en mi tierra se dice: “te agarran con los pantalones abajo”.
- Desigualdad territorial en seguridad: algunas regiones
podrían quedar desamparadas porque el programa nacional no les brinda
prioridad o recursos suficientes, profundizando brechas de injusticia
(como en el punto número uno…esto es todos los días).
Para lograr una
verdadera implementación de estrategias regionales diferenciadas se requiere
voluntad política, profesionalización de los mandos, cooperación
interinstitucional y persistencia. Aquí tres recomendaciones clave:
- Desconcentrar sin dispersar: asegurar que la autoridad
nacional no pierda la coordinación y los estándares mínimos, pero que deje
espacio para que las entidades federativas adapten los programas a su
realidad.
- Fomentar cultura de evaluación local: instrumentos de
seguimiento deben ajustarse a cada contexto (tasas por tipo de delito,
percepción ciudadana, índice de confianza policial) y permitir ajustes
rápidos.
- Invertir en capacidades regionales: no es suficiente
la cantidad de policías; es indispensable su profesionalización,
equipamiento, formación en inteligencia, prevención, proximidad
comunitaria. La investigación “Effective law enforcement and human
security in Mexico” destaca que la eficacia policial es requisito para
garantizar seguridad humana, especialmente en regiones con fuerte
presencia de la violencia y la delincuencia.
Cuando miramos el
mapa de México, vemos no una sola cara, sino muchas: litorales turísticos,
fronteras activas, comunidades indígenas, zonas metropolitanas densas,
cinturones industriales, zonas agrícolas vulnerables. Atender cada una con la
misma receta de seguridad es una invitación al fracaso. Tomar en serio las
condiciones locales, adaptar los instrumentos, involucrar a la ciudadanía,
fortalecer la policía regional y conectar todo ello con la coordinación
nacional: ese es el camino para que la promesa de seguridad pública deje de ser
retórica y se traduzca en realidades diversas pero integradas. Solo así la
estrategia será no solo nacional… sino verdaderamente territorial, eficaz y
legítima.
hidalgomontes@gmail.com
