¿Una Academia Nacional de Seguridad Pública en México es viable?
Por: Guillermo Alberto Hidalgo
Montes
El pasado 22 de
julio, el Gobierno de México anunció con bombo y platillos la creación de una
Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) para formar mandos, titulares de
seguridad, personal operativo y perfiles de investigación bajo estándares
unificados. De acuerdo con los comunicados y coberturas de ese día, la primera
generación arrancaría en agosto con una malla común para policías y operadores
de procuración de justicia, y un énfasis en principios éticos y visión centrada
en las personas.
La futura ANSP se
enmarca en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, que contiene
cuatro ejes rectores: 1) atención a causas, 2) consolidación de la Guardia
Nacional, 3) fortalecimiento de inteligencia e 4) investigación y coordinación
absoluta con estados y municipios. La academia es una pieza del eje de
profesionalización y estandarización del sistema policiológico y de procuración
de justicia. Sin embargo, esta idea no es nueva y no ha sido la primera vez que
se trata de generar una institución con dichas características, pero… ¿Por qué
se ha fracasado anteriormente?
a) Fragmentación institucional:
demasiadas “escuelas”, pocos estándares
México no carece de
centros de capacitación: al contrario, existen decenas de Instancias de
Profesionalización en Seguridad Pública (IPSP) registradas ante el SESNSP, con
academias municipales, estatales y universidades de seguridad que funcionan con
capacidades y calidades disparejas. Esa dispersión es el síntoma de un modelo
atomizado, difícil de supervisar y con costos de coordinación elevados.
Para corregir la
heterogeneidad, desde 2017 existen Consejos Académicos Regionales que deberían
armonizar contenidos; aun así, su operación ha sido intermitente y dependiente
del impulso político del momento. Sin embargo, se han convertido en reuniones
donde se mide el ego de los titulares de las instituciones y donde se llegan a
acuerdos que quedan en letra muerta (yo lo viví nadie me lo contó).
b) Currícula desalineadas y ejecución
desigual del Programa Rector
El Programa Rector de
Profesionalización (PRP) define contenidos mínimos de formación inicial y
continua. Pero su actualización (2019–2025) no siempre se ha traducido en
implementación homogénea en aula y campo; la actualización instruyó aplicar los
nuevos contenidos a más tardar en enero de 2024, pero varios estados avanzaron
a ritmos distintos. Además, se tiene cierto temor a poner en la mesa el tema de
las amenazas emergentes como: drones, fentanilo, lavado de activos con
criptomonedas, amenazas explosivas entre otras.
c) Certificación incompleta del
personal en activo
La norma exige que
cada policía cuente con Certificado Único Policial (CUP) —que acredita control
de confianza, competencias básicas y desempeño—. Al 31 de diciembre de 2024,
solo 88.2% del personal estatal contaba con CUP vigente, un rezago relevante para
un estándar que debería ser universal. En instituciones jóvenes como la Guardia
Nacional, la magnitud del reto fue explícitamente reconocida por la propia
administración.
d) Debilidades andragógicas
persistentes
En la literatura
académica latinoamericana se documentan déficits en la enseñanza-aprendizaje
policial, sesgos corporativos y poca evaluación formativa, lo que merma el
tránsito de contenidos normativos a desempeño en calle. México no es la
excepción: estudios en SciELO subrayan la necesidad de integrar derechos
humanos, ética pública y evaluación continua con diagnósticos serios en centros
educativos policiales.
Redondeando la idea, no
se ha fallado en “la idea” de profesionalizar a las instituciones policiales,
sino el cómo: un mosaico de academias sin un marco único de calidad; currícula
que cambian sin aseguramiento andragógico; y un estándar, el Certificado Único
Policial (CUP) aún no universal.
De los insumos
públicos puede inferirse que la ANSP apunta a: I) unificar estándares
curriculares y de evaluación, II) alinear la formación inicial y continua con
el PRP, III) vincular investigación criminal, inteligencia y justicia cívica al
aula, y IV) certificar (o recertificar) bajo criterios nacionales, reduciendo
los “huecos” que deja la fragmentación. Todo ello está alineado con los ejes de
la Estrategia Nacional aprobada en
Instituciones como la Academia Nacional del Buró
Federal de Investigaciones (EUA), la Escuela Nacional de Policía (Ávila) y
Centro Universitario de la Policía (España), la École Nationale Supérieure de
la Police Francia, la Academia Nacional de Seguridad Pública (El Salvador) son
ejemplos vivos de que iniciativas así son necesarias y viables siempre y cuando
se cumplan algunas condiciones como:
a) Gobernanza
académica. Un Consejo Académico Nacional con representación estatal y local
con base a expertos con experiencia real y probada en seguridad que apruebe
mallas, abra procesos de evaluación externa y publique reportes anuales de
resultados (tasa de certificación, deserción, desempeño en competencias
básicas, queja ciudadana), en sintonía con el Programa Rector de
Profesionalización (PRP) y con los Consejos Regionales ya normados
b)
Alineación total con el CUP y metas públicas.
La ANSP debería fijar metas mensuales para llevar el CUP de 88.2% a 100% en
18–24 meses, con cursos equivalentes y recertificación por módulos, priorizando
plantillas operativas estatales y municipales.
c)
Universitarizar sin burocratizar. Firmar
convenios marco con universidades públicas para doble titulación, créditos
transferibles y investigación aplicada en temas policiales (fuerza,
comunicación en crisis, DDHH, justicia cívica). La evidencia europea sugiere
que la calidad depende de estándares evaluables y entrenamiento basado en
escenarios que simulan la carga psicofisiológica del servicio.
d)
Malla modular nacional con 30% de práctica
supervisada. Tomar como referencia Ávila y ENSP: bloque común nacional
(legalidad, uso de la fuerza, investigación y cadena de custodia, violencia de
género, proximidad y mediación), con pasantías obligatorias y evaluación por
rubricas estandarizadas.
e)
Escalafón vinculado a formación y desempeño.
El ascenso debe exigir resultados de evaluación y acreditación de competencias,
más allá de antigüedad, como documentan prácticas de ascenso en la ENP española
y no como pasa actualmente a través de procesos poco transparentes donde
ascienden amigos, compromisos y/o compadres.
f)
Transparencia de datos. Publicar datasets
trimestrales: avance de certificación, número de cursos, tasa de
aprobación/reprobación.
g)
Formación en derechos humanos y ética pública
con evaluación auténtica (no solo memorística), siguiendo recomendaciones
regionales para pasar del discurso al desempeño.
¿Cuáles son los riesgos? (porque los
hay)
- Centralizar sin capacidad operativa. Si la ANSP no
logra capilaridad (sedes regionales y alianzas locales), puede convertirse
en un cuello de botella. La red regional ya prevista en norma debe
activarse como extensión de la academia nacional.
- Politización y vaivenes sexenales. La experiencia
comparada enseña que la estabilidad proviene de dar autonomía técnica a la
academia y vincularla a universidades con reglas de aseguramiento de
calidad (cosa que en nuestro México pocas veces ocurre)
- Brecha entre currículo y calle. Sin práctica basada en
realidad o RBT (por sus siglas en inglés) y evaluación en servicio, los
contenidos no se traducen en menos abusos o mejores investigaciones.
- CUP como trámite. Si el certificado no se liga a
competencias observables y desempeño, será un requisito formal más. La
propia reflexión institucional sobre el CUP advierte la carga de
certificar plantillas numerosas sin perder calidad.
Esta propuesta no inventa la profesionalización; centraliza
y eleva el listón. Si se implementa con gobernanza académica robusta, metas
públicas de certificación y alianzas universitarias, puede corregir tres fallas
históricas: fragmentación, desalineación curricular y evaluación
laxa. La evidencia señala que centralización con estándares,
universitarización, entrenamiento realista y evaluación transparente son la
mezcla que más correlaciona con mejoras en desempeño y legitimidad y nuestras
policías y nuestro México ya se lo merecen.
hidalgomontes@gmail.com
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