Hacia una cultura del bienestar mental policial: una urgencia social

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

Cuando hablamos de seguridad ciudadana, solemos concentrarnos en cifras de homicidio, robos, extorsiones y presencia policial en las calles. Sin embargo, un factor crucial y muchas veces invisibilizado (a veces de forma inadvertida y otras “convenientemente”) es el bienestar emocional, psicológico y social de quienes portan el uniforme: los elementos de las fuerzas policiales. Hoy, más que nunca, una cultura de bienestar mental no es un lujo ni una concesión benévola: es una inversión estratégica en legitimidad, eficacia y que créalo o no, incide en el respeto de los derechos humanos tanto de ciudadanos, elementos policiales y hasta de probables responsables de la comisión de algún delito.

Las instituciones policiales trabajan cotidianamente expuestas a factores de alto riesgo mental: confrontaciones violentas, accidentes, intervenciones en escenas traumáticas, presión institucional, intransigencias por parte de miembros de la comunidad (se tenía que decir y se dijo) así como quejas ciudadanas. Estos elementos los colocan en mayor probabilidad de padecer trastornos como depresión, ansiedad, estrés postraumático (TEPT), abuso de sustancias o ideación suicida. En el ámbito internacional, se observa con claridad que los cuerpos policiales registran índices de trastornos mentales por encima del promedio poblacional.

Pero no basta con señalar el problema: lo que marca la diferencia es el entorno organizacional. La cultura policial (con su énfasis en fortaleza, disciplina y control) muchas veces estigmatiza la expresión de vulnerabilidad. En otros términos: un elemento policial que acude a terapia puede verse como “débil”, “no apto”, “traidor” al espíritu de cuerpo. Esa presión silente inhibe la búsqueda de ayuda.

Por ejemplo, en un estudio cualitativo en Reino Unido donde, como en muchos países, si se hacen investigaciones científicas enfocadas a las instituciones policiales(cof, cof), exfuncionarios policiales relataron que la mentalidad interna les impedía compartir el peso emocional del oficio: “todo se internaliza, todo se asimila como parte del deber”. En otro trabajo, la “cultura policial” se identifica como un factor de riesgo para que los oficiales eviten acudir a servicios de salud mental, por temor al juicio institucional o la repercusión profesional.

Este ciclo (riesgo psicológico + estigma institucional) reproduce silencios que afectan no solo al agente sino al ciudadano: un policía emocionalmente desgastado puede reaccionar con menor empatía, mayor rigidez o responder indebidamente ante crisis. En ese espacio, se erosiona la confianza pública, precisamente cuando más se necesita.

El adoptar una cultura de bienestar mental de las instituciones policiales no es “un gasto social opcional”, sino una política de mejora organizacional con, al menos, 4 efectos multiplicadores:

1.    Mejor desempeño y vigilancia de calidad: Un policía que cuenta con herramientas para gestionar estrés, trauma o desgaste emocional estará en mejores condiciones de tomar decisiones con mesura, calma y profesionalismo.

2.    Prevención de errores críticos: Estudios muestran que las intervenciones psicológicas (como terapia cognitivo-conductual, programas de respiración, mindfulness) pueden reducir manifestaciones de violencia, conductas reactivas o uso excesivo de fuerza. En México, un proyecto piloto con policías de la Ciudad de México aplicó técnicas de cambio de hábitos y meditación, con buena aceptación. Pero como todo en este país al cambio de jefes o administración, las buenas prácticas se olvidan o ignoran.

3.    Salud laboral y retención del capital humano: Las instituciones policiales que descuidan la salud mental enfrentan ausentismo, renuncias prematuras, incapacidades psicológicas y desgaste institucional. Invertir en salud mental es, al fin, proteger a su propio recurso más valioso: su gente.

4.    Legitimidad y confianza social: Cuando la ciudadanía percibe que los policías son tratados como seres humanos (y no como máquinas de seguridad), se favorece un círculo virtuoso de respeto mutuo y colaboración ciudadana.

Las buenas prácticas existentes lo confirman. En el informe “Best Practices to Advance Officer Wellness” del Departamento de Justicia de EE. UU., se recopilan programas exitosos de bienestar integral (físico, emocional, social) con evidencia creciente de su eficacia. Asimismo, se recomienda que las agencias recopilen datos, realicen evaluaciones constantes y promuevan una cultura de salud mental como parte del deber policial, no como un añadido.

Pero…si la solución es clara, ¿por qué pocas policías la adoptan de forma efectiva? Los obstáculos son varios:

a)       Resistencia cultural: La tradición policial tiende a valorar el “aguante”, la disciplina férrea y el sacrificio silencioso. Esto aún opera como norma no escrita en muchos cuerpos.

b)       Falta de capacitación y sensibilidad de liderazgo: Muchos mandos intermedios desconocen los efectos del trauma psicológico o ni siquiera lo consideran como parte de la responsabilidad institucional. Ante ello, los programas de bienestar pueden verse como “blandos” o secundarios.

c)       Insuficiente presupuesto o prioridades contrapuestas: Las fuerzas policiales a menudo operan con restricciones presupuestarias importantes, que priorizan equipamiento, patrullas o armamento, relegando lo “blando” a segundo plano.

d)       Carencia de estructuras de salud mental integradas: No basta con tener psicólogos aislados; es necesario disponer de unidades especializadas, protocolos confidenciales, seguimiento institucionalizado y redes de apoyo.

e)       Miedo a repercusiones profesionales: Si un agente asume que acudir a terapia será utilizado en su contra (evaluaciones, promociones, expedientes), el incentivo es no hacerlo.

Estas barreras exigen algo más que discursos: requieren transformaciones tácticas y simbólicas simultáneas.

Fomentar una cultura de bienestar mental policial no es suavizar exigencias, sino fortalecer raíces. Cuando un agente puede expresar su angustia, reconocer su desgaste, gestionar su estrés y encontrar apoyo profesional, se le dota de herramientas internas que se traducen en mejores relaciones con ciudadanos, decisiones más calibradas bajo tensión y reducción de errores trágicos.

La transformación de una cultura policial exige paciencia, voluntad política y persistencia. No bastan memorandos: deben acompañarse de acciones visibles, presupuestos reales y señales simbólicas. Imaginemos por un momento un operativo donde la planificación incluya no solo logística y táctica, sino pausas psicológicas, monitoreo emocional de los agentes y apoyo posterior. Eso no debilita la institución: la robustece.

En un país como el nuestro, donde la relación entre policía y ciudadanía está marcada por desconfianza y heridas, construir fuerzas policiales con salud mental no es solo un acto de justicia interna: es un acto de responsabilidad pública. Una policía emocionalmente sana es más justa, más eficiente y más digna.

Que en cada institución federal, estatal y municipal nazca la política de bienestar mental no como un adorno progresista, sino como un eje central de su función. No es un reclamo secundario: es una deuda con quienes cuidan nuestra seguridad y con la propia seguridad del país. Donde muchas veces se cree que solo se necesita un sueldo y equipo para realizar el servicio policial dejando de largo que lo mas valioso de una institución que se dedica a la aplicación de la ley es su capital humano.

hidalgomontes@gmail.com

 La anatomía del extremismo violento, la nueva constante no solo en Estados Unidos sino en América Latina

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

El pasado 10 de septiembre de este 2025, el activista conservador Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA, fue asesinado de un disparo durante un evento al aire libre en la Utah Valley University y el video de este impactante y a la vez lamentable suceso se hizo viral en cuestión de minuto. Autoridades estatales y federales capturaron a probable responsable de 22 años, y el gobernador de Utah ha calificado el hecho como un atentado político mientras se investigan los motivos y las redes de influencia que lo rodearon.

En este contexto, el caso de Charlie Kirk es necesario estudiarlo no solo como un delito violento, sino como una ventana (incómoda pero necesaria) a la dinámica del extremismo violento contemporáneo. Si no se estudia con rigor y enfoque preventivo, poco importa la ideología de origen (política, social o religiosa): las mismas lógicas de deshumanización, polarización y legitimación de la violencia pueden derivar en conductas con tendencias terroristas. Dicho de otro modo: el punto no es quién habla más fuerte, sino quién cruza el umbral hacia la violencia y por qué y ojo no me refiero únicamente a Estados Unidos el extremismo violento se comienza a percibir como una amenaza constante en toda América Latina.

Según el parte oficial, Kirk fue abatido de un solo disparo durante un evento masivo de formato de “debate abierto” con estudiantes. Días después, la policía y el FBI confirmaron la detención de un probable agresor; el gobernador de Utah, Spencer Cox detalló que el individuo habría mostrado un deterioro personal en meses recientes, y que se investigan sus consumos mediáticos y su actividad en línea. Al mismo tiempo, universidades de diversos estados reportaron un repunte de llamadas falsas, conocidas como “swatting” tras el asesinato, lo que añadió presión operativa y miedo colectivo. Nada de esto es anecdótico: el modus operandi, la elección del objetivo (una figura polarizante y de alto perfil) y las reacciones digitales que siguen al hecho son parte de la ecología contemporánea del extremismo.

La prevención moderna de la violencia dirigida y del terrorismo, al menos en Estados Unidos asume que muchos actos son prevenibles si se interviene antes de que la conducta escale a la violencia. Para ello, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través del Center for Prevention Programs and Partnerships (CP3), financia y coordina programas locales que trabajan con escuelas, universidades, autoridades y sociedad civil. No se trata de perseguir ideas, sino de detectar comportamientos de riesgo, brindar rutas de ayuda y activar protocolos de evaluación/gestión de amenazas, sin embargo la mayoría de naciones del continente no cuentan con este tipo de programas lo que ha generado un aumento de casos de extremismo violento en la región a pesar de la existencia del Plan de Acción para Prevenir el Extremismo Violento de Naciones Unidas (2015–2016) insiste en anteponer la prevención, reforzar instituciones, educar en derechos humanos y trabajar con factores de riesgo psicosocial y comunitario. UNESCO sintetiza la idea: “nadie nace extremista violento; se forma y se alimenta” —la educación y la resiliencia son herramientas clave. La verdad es que en la praxis es letra muerta.

3) La caja negra de la radicalización: de la retórica a la acción

En los últimos años ganó tracción un concepto polémico pero útil para el análisis de riesgo: “terrorismo estocástico”. En términos generales, describe la posible relación entre discursos públicos deshumanizantes o incendiarios y actos violentos cometidos por actores solitarios, de forma estadísticamente previsible pero individualmente impredecible. La literatura académica y técnica lo discute (y matiza su utilidad legal), pero coincide en que la retórica pública puede bajar umbrales de inhibición en audiencias predispuestas. (Cof cof…como en muchos países latinoamericanos “guiño guiño”)

Importa subrayarlo en el caso Kirk: analizar la retórica y los ecosistemas informativos no equivale a culpar automáticamente a un orador o a un bando por un delito ajeno. Sí implica, en cambio, mapear cómo ecosistemas de mensajes (algorítmicamente amplificados) crean marcos de “nosotros vs. ellos”, producen “silbatos para perros” o “dog whistles” (un tipo de lenguaje codificado o simbólico que se utiliza para transmitir un mensaje específico a un público o grupo determinado, sin que el mensaje sea evidente o comprensible para la población en general) y normalizan el lenguaje de eliminación, factores que pueden interactuar con crisis personales o mentales del eventual agresor.

Los campus universitarios son hoy nodos de riesgo y oportunidad. Riesgo, porque concentran debates altamente polarizados, públicos masivos y, en algunos estados, regímenes permisivos de armas en espacios educativos (el caso Utah reabrió esa discusión). Oportunidad, porque cuentan con infraestructura para evaluación conductual de amenazas, redes psicosociales, códigos de convivencia y programas de alfabetización mediática. Un enfoque de salud pública (primario, secundario y terciario) permite actuar en cada capa: construir resiliencia comunitaria; detectar y derivar a servicios a quien exhibe señales de riesgo; y gestionar casos críticos con equipos interdisciplinarios.

¿Qué nos dice el caso Kirk sobre todas las ideologías?

La investigación oficial aún perfila el motivo y el itinerario de radicalización del sospechoso. Informes periodísticos indican que familiares refirieron un giro ideológico reciente y un consumo intenso de contenidos en línea; otras notas mencionan contradicciones biográficas (procedencia conservadora vs. posturas emergentes). Más que fijarnos en la etiqueta política, el hallazgo crítico es otro: las trayectorias hacia la violencia son individualizadas, no lineales y mediadas por crisis personales; lo determinante es si el entorno ofrece rutas de contención antes de que un individuo cruce el umbral.

De hecho, la política pública puede acelerar o frenar esa capacidad preventiva. En agosto se reportó un giro de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para despriorizar actividades explícitas contra el extremismo violento doméstico en ciertos fondos, alentando a reetiquetar proyectos bajo otras prioridades. Más allá de los matices partisanos, cualquier reducción abrupta en prevención —sin evaluación de impacto— resulta contraproducente frente a un fenómeno que se alimenta de ciclos de atención y abandono.

Recomendaciones prácticas (aplicables más allá de EE. UU.)

a)             Hablar de conductas, no de ideas. Las universidades, partidos, iglesias, sindicatos y empresas necesitan protocolos de evaluación de amenazas conductuales que miren señales: fijación con agravios, fugas de confidencias (“leaking”), búsqueda de medios, ensayo, intención comunicada. Destigmatizar la derivación temprana a apoyo psicosocial.

 

b)             Transparencia y “guardrails” en plataformas digitales. La frontera entre “contenido no ilegal pero dañino” y apología abierta de la violencia requiere reglas de diseño: frenos algorítmicos el “brigading”, detección de “dog whistles” contextuales y rutas de alerta hacia equipos de prevención locales que identifiquen como un vacío recurrente ante el “contenido limítrofe”.

 

c)             Currículas de resiliencia y alfabetización informacional. No es pedagogía moralizante: es entrenamiento práctico para reconocer técnicas de deshumanización, propaganda de “enemigo existencial”, narrativas conspirativas y “gaslighting” político. La ONU y UNESCO lo plantean como prioridad civilizatoria, no partidaria.

 

d)             Seguridad de eventos sin “militarizar” las universidades. Lecciones del asesinato en Utah: evaluación de escenarios de forma razonable según riesgo, inteligencia de entornos digitales previa al evento, rutas de evacuación y alianzas con equipos clínicos y de bienestar. Ajustar marcos de porte de armas donde corresponda—decisiones soberanas, sí, pero informadas por riesgos reales de violencia motivada.

La conclusión incómoda (y necesaria)

Es posible (y saludable) discrepar con las posturas de Charlie Kirk, su movimiento y sus ideas. También es innegociable defender que la violencia nunca es respuesta en una democracia. Reducir su asesinato a “otro crimen violento” sería una evasión: nos impide ver los engranajes que pueden llevar, a cualquier persona y desde cualquier ideología, a cruzar el umbral de la violencia política. Estudiar el caso con lente preventiva no es criminalizar disensos; es fortalecer las defensas de la sociedad contra todas las derivas que, por la vía de la deshumanización, terminen pareciéndose demasiado al terrorismo.

Lo que está en juego no es la agenda de un bando, sino el perímetro de lo civilizado, no solo en Estados Unidos, ejemplos palpables los tenemos en lugares como Argentina, Colombia, Ecuador, México (ni como negarlo), Perú, Brasil y el reguero de pólvora se extiende por todo el continente. La pregunta obligada es ¿Haremos algo o seguiremos evadiendo el tema?

hidalgomontes@gmail.com