En el ámbito de seguridad, entre México y EE. UU.: cooperación policial bajo presión

 (y contra reloj)

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Hoy en día existe una ilusión cómoda que, nos guste o no, conviene romper: la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos no es un “sí” o “no”. Es una mezcla variable de inteligencia, judicialización, operaciones, controles políticos y gestos de confianza. Y cuando Washington aprieta (como hoy, con la administración Trump elevando el costo político de “no entregar resultados” en fentanilo, migración y crimen organizado) esa mezcla cambia de densidad.

 

El dato duro más reciente es revelador: México transfirió/entregó otros 37 integrantes y operadores de organizaciones delincuenciales a EE. UU. en este enero de 2026 (lo que eleva la cifra a más de 100), en una operación descrita como respuesta al endurecimiento del contexto bilateral. Esa decisión no es menor: manda una señal de “cooperación con hechos”, pero también exhibe el dilema central de esta etapa: cooperar sin parecer subordinado peeeeero de forma velada unas amenazas constantes que se pueden ilustrar con la expresión del tristemente famoso Zhenli Ye Gon, “empresario” (guiño, guiño) detrás del mayor decomiso de dinero en efectivo de la historia de México: “o copelas o cuello”.

 

En paralelo, Washington ya estaba barajeando la posibilidad de designar a los cárteles desde un lejano 2017, incluso en el minuto 19:50 de la película de Sicario 2: Día del Soldado  (2018) ya se barajeaba esa idea. No es hasta enero del 2023 que esta idea empieza a tomar forma gracias a la propuesta de los entonces congresistas (y ex miembros de las fuerzas especiales norteamericanas) Mike Waltz y Dan Crenshaw para nombrar a los cárteles de las drogas como grupos terroristas, propuesta que fue tomada por el entonces candidato republicano Donald Trump y que, al ganar las elecciones presidenciales, pudo formalizar un marco más agresivo para tratar a ciertos grupos delincuenciales: en enero de 2025 la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva para habilitar designaciones tipo Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) contra “cárteles y otras organizaciones”. Y el Departamento de Estado anunció designaciones de “international cartels” en febrero de 2025. Para México, eso tiene una lectura doble: puede facilitar herramientas financieras y judiciales contra redes transnacionales, pero también abre la puerta a acciones unilaterales (o presión para permitirlas, pregúntenle a Venezuela).

 

Todo esto ocurre encima del andamiaje diplomático existente: el Bicentennial Framework (marco bilateral anunciado en 2021 que suple a la Iniciativa Mérida del 2008) y sus mecanismos de coordinación, que buscaban sustituir la lógica de “guerra” por una de salud pública, reducción de violencia y persecución de redes delincuenciales. En 2025, ambos gobiernos reiteraron públicamente su cooperación y principios de reciprocidad y respeto. Pero los comunicados resisten menos que la política doméstica cuando el tema es “quién está ganando” contra el fentanilo.

 

Con ese tablero, el diagnóstico es claro: la colaboración seguirá, pero con fricciones estructurales. Esta relación entra en una fase de cooperación más intensa, pero más transaccional y políticamente sensible. Dos señales recientes ayudan a entender el momento:

 

• Gesto operativo “de alto impacto”: como comentamos al principio de esta columna, México transfirió otros 37 integrantes/colaboradores de cárteles a EE. UU. en una acción extraordinaria que aceleró los tiempos habituales (y que Washington presentó como resultado de su presión y la neta, todo indica que así fue).

 

• Marco formal que sigue vivo: ambos gobiernos reiteraron que el Security Implementation Group (mecanismo de coordinación) debe seguir entregando acciones tangibles; es decir, no hay ruptura formal, pero sí un clima de exigencia (aunque en el discurso federal México sea quien lleva las riendas).

 

Sin embargo, en el fondo, conviven tres fuerzas que empujan en direcciones distintas: En primer lugar, la prioridad estadounidense (política interna + seguridad nacional): fentanilo, redes transnacionales, migración y control fronterizo; además, presión con instrumentos económicos y de asistencia. En segunda, el límite mexicano (soberanía y control político): México mantiene restricciones y controles a la actuación de agentes extranjeros en su territorio (marco derivado de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional de 2021), lo que obliga a operar vía liaison, intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas “a la mexicana”.

 

¿Qué cambia “en la práctica” para las agencias (y qué no)?

 

·   Lo que tiende a subir es la cantidad de extradiciones/traslados, detenciones objetivo y casos “emblemáticos” (DEA/FBI/DOJ y, del lado mexicano, SSPC–FGR con apoyo de SEMAR/SEDENA según el caso). La transferencia reciente funciona como “prueba de desempeño” ante Washington.

 

·   Otro factor que se mantendrá a la alza es la investigación con un enfoque de red (finanzas, precursores, armas, logística): mayor peso de las agencias norteamericanas como IRS, HSI, ATF, además de DEA/FBI, buscando desmantelar ecosistemas completos, no sólo células armadas. (El CRS describe cómo los marcos recientes habilitan sanciones/acciones y cómo la agenda se ha ido reconfigurando).

 

·   Lo que se mantiene como fricción estructural es esta política (si así podría llamársele) de “Pisar territorio” (presencia/operación directa): el andamiaje legal y político mexicano sigue empujando a que la cooperación sea conducida por México y que la participación de EE. UU. sea más de apoyo técnico, inteligencia, casos judiciales y control fronterizo.

 

·   Lo que puede volverse palanca de presión son los aranceles, condicionalidad de asistencia y amenazas de medidas unilaterales (como incentivo para resultados visibles) así como la retórica y planeación de opciones militares contra cárteles (aunque operar en México es políticamente explosivo mas no imposible).

 

Actualmente, se vislumbran tres escenarios probables para este 2026, los cuales tienen la misma constante: cooperación bajo presión, empero, con desenlaces distintos:

 

Escenario 1: “Cooperación transaccional intensificada” (el más probable): más resultados operativos medibles para contener la presión, sin conceder presencia operativa directa de EE. UU. en México que podría verse palpable a través de:

 

• Más traslados/extradiciones de alto perfil, priorizando objetivos que Washington pueda exhibir como victorias (casos de fentanilo, narcofinanzas, redes logísticas).

 

• Más equipos binacionales de caso (DOJ–FGR/SSPC) y uso intensivo de inteligencia compartida para capturas “quirúrgicas” lideradas por México.

 

• Presión estadounidense se canaliza por la vía de métricas y “entregables” del Security Implementation Group.

 

¿Qué riesgos conllevaría?:

 

• Incentiva una lógica de “trofeos” (mucho foco en objetivos mediáticos) en detrimento de fortalecimiento institucional de largo plazo.

 

• Puede aumentar la violencia reactiva si los golpes no van acompañados de contención territorial y prevención local.

 

Escenario 2: “Coerción y enfriamiento” (cooperación fragmentada): La presión sube de tono (aranceles/condiciones/amenazas), México resiste por soberanía y política interna; la cooperación continúa, pero se vuelve selectiva y desconfiada. Este escenario se vería con situaciones como:

 

• Menos intercambio de inteligencia “cruda” y más cooperación por canales estrechos (casos específicos), con mayores controles y retrasos.

 

• Aumento de fricciones por límites a agentes extranjeros y por demandas estadounidenses de acciones dentro de México que el gobierno mexicano considera inaceptables.

 

• Instrumentos económicos/condicionalidad de asistencia se usan con mayor fuerza como palanca.

 

¿Qué riesgos conllevaría?:

 

• Ventanas de oportunidad para redes delincuenciales (menos coordinación = más espacio para adaptación).

 

• Politización pública de casos judiciales y operativos, dañando la cooperación de campo (sobre todo con políticos ligados a la delincuencia organizada).

 

Escenario 3: “Reinstitucionalización con ‘candados’” (cooperación robusta, pero reglada): Ambos gobiernos pactan una cooperación más ordenada: sí a operaciones conjuntas, financiamiento/capacitación e inteligencia; no a despliegues unilaterales. Se “blindan” reglas para evitar crisis. Con situaciones tales como:

 

• Fortalecimiento formal del SIG y del andamiaje del Bicentennial Framework, con prioridades claras: fentanilo/precursores, armas, lavado, cruces fronterizos, homicidio.

 

• Mayor inversión en capacidad mexicana (que mucha falta hace) en tópicos como: laboratorios forenses, investigación financiera, aduanas, puertos, control de precursores; con métricas verificables (GAO subraya la lógica de ampliar enfoque hacia demanda de drogas y flujo de armas, además de seguridad).

 

• Menos “golpes mediáticos” aislados y más continuidad por objetivos de red (incluye sanciones y judicialización en EE. UU.).

 

¿Qué riesgos conllevaría?:

 

• Requiere disciplina política y paciencia (que el primero México no tiene y el Segundo Estado Unidos menos); es poco “vendible” en el corto plazo si la Casa Blanca exige victorias inmediatas.

 

• Puede chocar con ciclos electorales/locales y con incentivos burocráticos de ambos países.

 

Si lo vemos desde un punto de vista pragmático, en el corto plazo, la colaboración tiende a moverse hacia el Escenario 1: más cooperación, pero bajo una lógica de “cumplimiento por resultados” para despresurizar la relación. El principal punto de quiebre que empuja al Escenario 2 es cualquier insistencia en acciones unilaterales dentro de México; el puente hacia el Escenario 3 es transformar la presión en reglas, métricas y capacidades que sobrevivan a la coyuntura.

 

La cooperación México–EE. UU. en seguridad no desaparecerá porque es funcional para ambos; lo que está en disputa es quién escribe la gramática: si una de corresponsabilidad (difícil pero sostenible), o una de ultimátum (rápida, vistosa y riesgosa).

 

En el corto plazo, el incentivo es empujar el Escenario 1: cooperación quirúrgica, judicializable y medible, que reduzca presión sin cruzar líneas de soberanía. Sin embargo, si la política se impone sobre la operación, el costo no será diplomático: será operativo. Y en seguridad, la factura casi siempre llega tarde… pero llega.

hidalgomontes@gmail.com