¿Qué Pretende el Presidente?

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes.

     La crisis de Seguridad por la que pasa el país ha hecho urgente una serie de cambios profundos, el Presidente Enrique Peña Nieto ha hecho una propuesta que expuso de manera general en 10 puntos:

• Iniciativa de reforma constitucional que expide una ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales.

• Iniciativa de reforma constitucional para redefinir el sistema de competencias en materia penal y de seguridad y;

• Creación de policías estatales únicas. Crear un nuevo modelo policial con 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal en lugar de la más de mil 800 policías municipales. Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Jalisco, serán los primeros estados en tener Policía Única Estatal.

• Acelerar la creación de un teléfono único para pedir auxilio, ayuda y orientación para obtener una respuesta inmediata en el combate a la delincuencia. El #911 será instaurado en México, para atender emergencias y denuncias ciudadanas en el país.

• Establecimiento de una clave única de identidad, los datos se esta clave serán tomados de las bases de los registros del INE, IMSS y Seguro Popular.

• Realizar un operativo especial en Tierra Caliente Desde Guerrero a Michoacán.

• Se realizará un conjunto de acciones para la protección de los Derechos Humanos y;

• Instruir al Congreso para expedir leyes, fortalecer los protocolos y procedimientos para que en casos de tortura y desaparición forzada las respuestas sean oportunas.

• Se acelerará la publicación del Reglamento de la Ley General de Víctimas.

• La creación de un tribunal especial para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción que serán severamente sancionados; así como sanciones ejemplares para empresas que caigan en corrupción.

     Con estas medidas, el presidente aseguró que se haría responsable si esta estrategia no funciona (Hay ajá!).

¿En qué consiste la reforma?

     ¿Qué propone la reforma exactamente? El día de hoy, Peña envió al congreso su propuesta de reforma constitucional, con la que quiere dar el primer paso de su estrategia. Esta reforma pretende modificar los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123. En general, la propuesta entregada al congreso hoy tiene tres objetivos:

• Establecer el Mando Único Policial Estatal o, en otras palabras, eliminar las policías municipales.

• Que la Federación obtenga más poder sobre los municipios y que tome el control total de alguno en caso de que se detecte corrupción en él y;

• Que el Congreso haga leyes y normas para aclarar las funciones de cada funcionario de seguridad y que se adopten reglas y protocolos uniformes en todo el país para actuar en distintos casos, que vayan desde manifestaciones hasta operativos de asalto.

Pros y Contras

     El 32% (casi un tercio) de las fuerzas policiales del país actualmente son municipales. Existen mil 800 cuerpos de seguridad de esa clase, sin embargo, el 86% de las policías municipales cuentan con menos de 100 elementos. Mientras 20 policías municipales concentran el 25% de todos los oficiales, hay, por otro lado, un 10% de oficiales repartidos en mil 110 municipios. Es justamente en los municipios pequeños y medianos en los que el crimen organizado se instala para producir todo lo que posteriormente venderán (productos que van mucho más allá de las drogas).

     Contar con un mando único que pueda decidir cómo repartir a sus elementos por todo un estado en lugar de coordinarse con policías municipales no suena como una mala idea en el escenario actual. Sin embargo, al quitársele poder a los del municipio, se da mucho más a los gobernadores, de quienes tampoco tenemos una garantía enorme de que actuarán con transparencia.

     Lo que es más: si el Fiscal General de la Federación (antes Procurador General de la República) arma un caso en contra del ayuntamiento de un municipio y si el secretario de Gobierno Federal lo cree “procedente”, entonces, en forma conjunta, podrían pedir a la cámara de Senadores que permita, a través de una votación, que la Federación tome el control de ese municipio.

      Esta medida busca cortar de un solo tajo con los gobiernos municipales corruptos, pero también abre un gran problema de partidos, pues permite que, si el gobierno federal y  la mayoría de una cámara pertenecen al mismo partido, entonces inicien procesos en cualquier municipio de oposición y, por otro lado, si el gobierno federal y la mayoría en la cámara son de partidos diferentes, entonces prácticamente ningún proceso en contra de un gobernante municipal llegaría a concretarse. La reforma sacrifica la autonomía de los municipios confiando en la división de los poderes, pero olvida que esos poderes, supuestamente divididos, son manejados por los mismos partidos y sus intereses.

   Otros dos grandes problemas serán la homologación de grado (no porque la jurisdicción de las policías estatales sean en toooda una entidad, no significa que sean elementos policiales buenos) y el otro es uno c que, como la sabiduría popular dice: “torció la marrana el rabo”, es decir, el sueldo (que será abordado más adelante)

Protocolos de Seguridad Homologados

     Por otro lado, la Homologación de los Protocolos de Actuación a seguir, que tiene más de un lustro estudiándose y el estatus actual es: ”ya merito está”. En gran medida, la impunidad con la que los elementos de seguridad pueden atacar violentamente a los ciudadanos se debe a la falta de protocolos uniformes para actuar bajo diferentes escenarios. Con protocolos diferentes por Estado, cada elemento policial hace lo que cree o lo que el criterio del mando (no la ley) les dice y es muy difícil para un ciudadano conocer sus derechos. Por supuesto, el reglamento será la mitad del trabajo: la otra mitad será la puesta en práctica, y mientras los mandos sigan sin prepararse, los resultados serán fatales como en Chalchihuapan, Puebla.

No es tan fácil como parece

   La reforma contempla la posibilidad de que los actuales miembros de las policías municipales se unan a las nuevas policías estatales únicas, siempre que pasen un examen de confianza. El propio diagnóstico que acompaña a la propuesta indica que en 0.6% de los casos los policías municipales son analfabetas, 3% carece de educación básica, 11.9% apenas la concluyó y sólo 52% tiene educación media y que, por otro lado, las policías municipales tienen una confiabilidad actual del 39.2% (o sea, la adaptación de las propuestas presidenciales no es tan simple como el gobierno federal piensa).

   Ahora, a lo anterior le sumamos que los sueldos de las instituciones policiales municipales tienen un sueldo promedio de 4 mil 400 pesos, entonces surge un escenario bastante preocupante.

Lo más urgente:

     Es en los transitorios de esta ley donde se especifica que los alcaldes deberán pagar a las policías estatales con su propio presupuesto. Esto tiene sentido, porque estrictamente, los municipios tendrán que pagar los servicios de los estados para tener seguridad. Sin embargo, también implica que el dinero de la seguridad pasará primero por la federación, bajará a los municipios y llegará a los estados. ¿Quién cuidaré ese dinero durante todo el viaje? Básicamente, se pone en el charola de los alcaldes para que luego lo regresen al gobierno estatal. ¿Lo regresarán completo y como se debe?

Houston….tenemos un problema.

     La actitud del Presidente Peña Nieto es 100% centralista, sólo basta ver lo que le pasó al extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y sus homólogos estatales al fusionarlos en el Instituto Nacional Electoral, hoy en día se corre el riesgo de que, en caso de que se aprueben las reformas la Seguridad Pública sea utilizada para chantajear a las autoridades municipales “incómodas” a la Federación o a las Autoridades Estatales.

hidalgomontes@gmail.com