Lo que lo mexicanos necesitamos de forma urgente es: seguridad sin política y justicia sin consignas

 

Por: Guillermo Alberto Hidalgo Montes

 

Hace apenas unas semanas, durante la Cumbre del G7 celebrada en Francia, el mandatario estadounidense Donald Trump volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: colocar un mensaje político en el centro de la conversación internacional. Entre declaraciones sobre conflictos globales, comercio y seguridad, el presidente estadounidense reiteró que el combate contra los cárteles mexicanos seguirá siendo una prioridad estratégica para Washington. No fue una frase improvisada ni un comentario aislado. Forma parte de una narrativa que su administración ha venido construyendo desde hace meses y que cada vez encuentra más respaldo en acciones concretas de las agencias estadounidenses. Situación casi calcada a las maniobras realizadas por la administración norteamericana antes de las conocidas acciones tomadas en Venezuela, Cuba e Irán (no lo digo yo, con una pequeña googleada basta para que no digan que ando de hablador).

 En México, sin embargo, aquellas palabras pasaron casi desapercibidas. Quizá porque estamos acostumbrados a interpretar los discursos de Trump únicamente desde la óptica electoral. Pero esta vez, sería un error. Más allá del estilo confrontativo del mandatario estadounidense (que ya todos conocemos), la política de seguridad de Estados Unidos suele enviar señales antes de ejecutar movimientos de mayor alcance (ya se la Sanborns, aquello de “el que avisa no es traidor”). Y cuando esas señales comienzan a coincidir con investigaciones judiciales, sanciones financieras, procesos de extradición y acusaciones contra integrantes del crimen organizado, conviene prestar atención.

Ahora bien queridos lectores, ustedes dirán: “Bueno ajá, todo muy interesante pero eso pasó hace dos semanas, ¿eso ahora qué?” A lo que su servidor contestará: ¡Haaaaaa! Lo que pasa es que, en las últimas semanas, también han aumentado las versiones periodísticas, las filtraciones y los análisis que apuntan hacia una posible colaboración de integrantes de organizaciones delincuenciales mexicanas, así como políticos con autoridades estadounidenses (consagrando aquel dicho que reza: “el miedo no anda en burro”). Conviene ser claros: muchas de esas versiones permanecen sin confirmación oficial y no pueden asumirse como hechos consumados. Sin embargo, sí existe un elemento objetivo que no admite discusión. Durante los últimos años diversos líderes delincuenciales extraditados a Estados Unidos (y últimamente políticos con nexos bastante cuestionables) han optado por convertirse en testigos cooperantes, proporcionando información a fiscales federales a cambio de beneficios procesales. Esa práctica forma parte del sistema de justicia estadounidense y ha permitido desmantelar organizaciones delincuenciales internacionales en casos de narcotráfico, corrupción y delincuencia organizada (práctica que en México conocemos como el “ayúdame a ayudarte”).

Si esa tendencia continúa, el alcance de las investigaciones difícilmente se limitará a los propios delincuentes. La experiencia demuestra que el interés de las fiscalías federales estadounidenses suele dirigirse hacia las redes completas que hicieron posible la operación de esas organizaciones: operadores financieros, empresarios, prestanombres, funcionarios públicos y, cuando existen elementos probatorios suficientes, actores políticos (¿ahora me entienden por qué es relevante a estas alturas?).

No sería la primera ocasión que ocurre. Casos como los de funcionarios mexicanos procesados en cortes estadounidenses demuestran que Washington está dispuesto a judicializar expedientes cuando considera que existen pruebas para hacerlo, independientemente de las consecuencias diplomáticas. La diferencia es que hoy la presión política parece mayor y la prioridad estratégica de combatir a la delincuencia organizada transnacional ocupa un lugar central en la agenda de seguridad nacional estadounidense.

Frente a ese escenario, México tiene dos caminos. El primero consiste en esperar, como tantas veces, a que las investigaciones extranjeras terminen exhibiendo las debilidades de nuestras instituciones (que lamentablemente sí las tenemos). El segundo, mucho más complejo pero también más responsable (y alentador), implica aprovechar este momento para corregir problemas estructurales que durante décadas han debilitado la procuración de justicia.

Quizá la reforma más urgente no sea crear nuevas instituciones, modificar nuevamente el organigrama gubernamental o endurecer las penas (como cada seis años ocurre). El verdadero cambio de paradigma consiste en separar definitivamente la agenda de seguridad de la agenda política.

Mientras las decisiones de seguridad dependan de calendarios electorales, intereses partidistas o cálculos de popularidad, será prácticamente imposible construir políticas públicas, policiológicas y criminológicas de largo plazo. La delincuencia organizada no cambia de estrategia cada tres o seis años; el Estado tampoco debería hacerlo (pero somos bien ocurrentes y nos encanta buscarles las patitas a las víboras).

Lo mismo ocurre con las fiscalías. En una democracia madura (madura, no de Maduro), el Ministerio Público no investiga para favorecer gobiernos ni para perjudicar opositores. Investiga porque existen hechos posiblemente constitutivos de delito. Nada más. Nada menos.

La autonomía constitucional de las fiscalías representa un avance importante, pero la autonomía jurídica no siempre se traduce en independencia operativa. Los procesos de designación, los presupuestos, las permanencias en el cargo e incluso las prioridades institucionales continúan sujetas, en muchos casos, a presiones políticas. Mientras esa realidad no cambie, seguirá existiendo la percepción de que algunas investigaciones avanzan y otras permanecen congeladas dependiendo del contexto político.

Paradójicamente, la presión internacional podría convertirse en una oportunidad para fortalecer nuestras propias instituciones. No porque Estados Unidos deba marcar la agenda mexicana, sino porque el costo de no hacerlo comienza a ser demasiado alto.

La cooperación bilateral en materia de seguridad seguirá profundizándose. El tráfico de fentanilo, el lavado de dinero, el tráfico de armas, la migración irregular y las organizaciones delincuenciales ya no son problemas exclusivamente nacionales. Son fenómenos transnacionales que exigen instituciones igualmente sólidas a ambos lados de la frontera.

México necesita demostrar que puede investigar con el mismo rigor a un integrante de un grupo delincuencial que a cualquier servidor público, empresario o actor político que eventualmente haya facilitado sus operaciones, siempre bajo el principio irrenunciable del debido proceso, la presunción de inocencia, los derechos humanos y la existencia de pruebas suficientes. Esa es precisamente la diferencia entre un Estado de derecho y un Estado que administra coyunturas políticas.

Las declaraciones de Trump en el G7 probablemente pasarán pronto al archivo de los discursos diplomáticos. Lo verdaderamente importante no será recordar lo que dijo, sino preguntarnos por qué esas palabras parecen encajar cada vez con mayor facilidad en un rompecabezas que lleva años construyéndose.

Tal vez la discusión ya no sea si Estados Unidos seguirá investigando. La pregunta verdaderamente relevante es si México decidirá fortalecer sus propias instituciones antes de que otros continúen haciendo el trabajo que, por mandato constitucional, corresponde a las nuestras y que por intereses de todo tipo se obstaculizan.

hidalgomontes@gmail.com