Mando Único Policial.

Por: Mtro. Eduardo García Anguiano.

La centralización en las instituciones de organización piramidal como las policías y las fuerzas armadas, fortalece el control y mando sobre los elementos de la corporación.

El gobierno federal anunció que trabajará en un acuerdo con los gobernadores de los estados para avanzar en la creación del Mando Único Policial. Esta medida en diferentes momentos y con distintas acepciones ha sido planteada al debate político nacional, algunas veces bajo el concepto de policía nacional similar a la de los estados unitarios de régimen centralista, cuyos análisis se hicieron al final del sexenio de Carlos Salinas y más recientemente con ese nombre por un gobernador.

 ¿A qué se refiere el concepto de Mando Único Policial? Veamos la situación:

• Las tareas específicas de los tres órdenes de gobierno, se basan en la Constitución General de la República y en sus leyes reglamentarias, por lo que toda iniciativa debe apegarse a ella o modificar la propia constitución.

• El sentido del sistema federal que nos rige, se basa en la premisa de que los gobiernos locales son quienes de forma más especializada e inmediata, pueden atender las funciones y servicios públicos en sus territorios, caracterizados por la heterogeneidad de sus condiciones, no es lo mismo Aguascalientes cuya policía capitalina supera en diversos aspectos a la estatal o las policías de municipios Oaxaqueños de usos y costumbres. 

• Los ayuntamientos representan el nivel de gobierno más cercano a las necesidades de la población, lo que les otorga la posibilidad de identificar la aparición de fenómenos delictivos en las regiones y atacarlas desde su origen geográfico.

• Las policías municipales deben garantizar el orden público mediante la aplicación de diversos reglamentos municipales, en muchos casos, son las responsables de la circulación vial en sus territorios y coadyuvantes del Ministerio Público. Esta función primaria se vio trastocada porque prácticamente de un día para otro en los sexenios panistas más concretamente en el último, tuvieron que enfrentar al crimen organizado, actividad que le correspondía al gobierno federal por atribución legal y capacidad operativa.

  

• El artículo 21 de la Constitución General de la República, reformado en junio de 2008, estipula que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios; esta modificación reafirmó el espíritu de la autonomía municipal del artículo 115 constitucional. Posteriormente, se le agregó a las autoridades locales la competencia en narcomenudeo.

  

• En consonancia, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece los mecanismos para la depuración y capacitación de los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno y garantiza la debida coordinación de esfuerzos, en el marco de un sistema único de seguridad en donde el gobierno federal se erige como el eje rector de de las estrategias generales.

• En ese tenor, es atribución de la Secretaría de Gobernación federal, coordinar las políticas de seguridad que rigen en el país a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cual pertenecen los ayuntamientos.

Ahora bien, la iniciativa de buscar esquemas legales para la integración de mando de las policías preventivas municipales a las policías preventivas estatales, presenta al menos las cuestiones siguientes:


 

Si la iniciativa prospera, en breve tendremos debates de muy distinto talante, desde los políticos sobre las facultades del Estado y la forma de gobierno, los policiales sobre la operación cotidiana, sobre la compra de elementos por el crimen organizado, comandantes que piden “cuota” a sus efectivos, denuncias de policías por no tener INFONAVIT, los de percepción sobre policías que cumplen su deber y por ello son amenazados por un Senador de la República, hasta los de quejas sociales contra la corrupción como la de la policía de Tultitlán, Estado de México, que al ver a un automóvil con placas de otra entidad lo detienen y bajo la amenaza de alguna infracción, por supuesto no cometida y que siempre amerita “corralón” según ellos, extorsionan al conductor.

Por lo que vemos el tema no es nada fácil, mientras tanto es pertinente que se efectúen consultas a las autoridades municipales, a la academia y a la ciudadanía organizada, sobre un tema que sin duda levantará polémica.

@EGAnguiano